La reforma del sistema de bonificación al empleo en Francia

Dentro de su plan plurianual contra la pobreza y por la inclusión social, el primer ministro de Francia, Manuel Valls, presentó el pasado 3 de febrero la reforma del sistema de bonificación al empleo para la población trabajadora con bajos ingresos. La reforma, cuyas ideas generales ya había adelantado en agosto del pasado año, entrará en vigor a partir del primero de enero de 2016, aunque la aprobación de la ley reguladora se adelantará a la segunda mitad de 2015, probablemente en septiembre. La reforma consiste en refundir en una nueva y única Prima de Actividad (PA) el llamado RSA Actividad y la Prima Para el Empleo (PPE), actualmente en vigor.

Manuel Valls durante la presentación de su plan contra la pobreza y por la inclusión social. 3 de marzo de 2015

La reforma trata de hacer frente a las insuficiencias de los dos dispositivos existentes, sujetos ambos a fuertes críticas en los últimos años. Pretende, por una parte, mejorar la efectividad en la reducción de la pobreza entre la población trabajadora, evitando que parte de las prestaciones, como sucede con la PPE, llegue a grupos ocupados en situación acomodada. En lo relativo al RSA Actividad, por otra, busca facilitar un método de cálculo de la prestación que resulte más sencillo para no disuadir la demanda entre sus potenciales beneficiarios. Apenas un 30% de ellos acceden en la actualidad al RSA.

En cualquier caso, el objetivo principal del sistema seguirá centrándose en incitar el acceso al empleo y, dentro de él, en aumentar las horas trabajadas. De esta forma, el sistema de protección social francés sigue apostando por prestaciones que contribuyan a aumentar el nivel de ingresos de la población trabajadora con menores salarios o ingresos por actividad autónoma. Busca, al mismo tiempo, disuadir a la población desempleada que prefiriera contentarse con las prestaciones sociales, acelerando el proceso de búsqueda activa de empleo.

Los principios básicos de la reforma

Los principios básicos de la reforma planteada por Manuel Valls son los siguientes:

1. El acceso a la nueva PA seguirá asociada al nivel de recursos. El umbral máximo para el acceso a la prestación se sitúa en 1,2 veces el salario mínimo (SMIC) para una persona sola. Teniendo en cuenta que se computa este SMIC en términos netos, descontadas las cotizaciones sociales obligatorias, dicho umbral se sitúa en 1.363,19 euros. En términos de Paridad de Poder de Compra, equivale a una cuantía de 1.098,61 euros para España.

2. El gasto principal se concentrará entre la población trabajadora que gane entre 568 euros y los 1.363,19 establecidos como límite máximo. La población que gane menos de 568 euros recibirá algún complemento pero de nivel inferior en términos relativos. Se trata con ello de no incentivar las formas más extremas del trabajo a tiempo parcial. Según el gobierno francés, el dispositivo debe tratar de incitar no sólo a trabajar sino a trabajar durante más tiempo.

3. El acceso a la PA se amplía a la población menor de 25 años aunque sobre la base de cuantías de protección algo más bajas y de la consideración de topes máximos ligados al nivel de ingresos del hogar. En la actualidad, estas personas jóvenes pueden beneficiarse de la PPE pero no del RSA.

4. Las personas trabajadoras vinculadas a familias monoparentales se beneficiarán de una prestación relativamente mayor que la correspondiente a la población en parejas.

5. Se simplificará la gestión por tres vías. En primer lugar, el cálculo de la cuantía de la prestación tendrá en cuenta las circunstancias existentes en el momento de la demanda y de las posteriores revisiones trimestrales. Una vez concedida, la prestación se mantendrá durante tres meses, con independencia de que cambie la situación de la persona.

    En segundo lugar, la prima se aplicará en lo fundamental teniendo en cuenta los ingresos de cada persona trabajadora. No obstante, se completará con otra parte que tenga en cuenta la composición y los recursos del conjunto del hogar. Los recursos máximos del hogar no podrán pasar de 2.200 euros para una pareja o una familia monoparental con un hijo y de 2.900 euros para familias compuestas por una pareja con dos hijos o hijas en las que dos de sus miembros se encuentren trabajando.

    En tercer lugar, una vez inscritos en el sistema, la actualización de la información sobre ingresos podrá realizarse por las propias personas interesadas, sin necesidad de presentarse ante las oficinas, por Internet o a través del correo normal.

En cuanto a las cuantías, el máximo de la ayuda se centrará en torno a la población trabajadora con ingresos en torno a los 800 euros, equivalentes a 667,75 euros en términos de PPC para España. Entre los ejemplos planteados por el gobierno francés para señalar el nivel de las cuantías de la futura PA, destacan los siguientes aspectos:

a) Para una persona sola que trabaja a tiempo completo por el valor del SMIC, la PA se situaría en torno a los 130 € mensuales.

b) El máximo de ayudas previsto alcanzaría los 280 euros mensuales en el caso de una persona sola con un único hijo o hija a cargo con acceso al SMIC a tiempo completo.

Llama la atención que se trata de cuantías reducidas, en general inferiores a las previstas en el sistema de estímulos al empleo existente en el País Vasco. Así, la bonificación estándar para un hogar con ingresos equivalentes al salario mínimo se sitúa en torno a los 300 euros (unos 360 euros en términos ajustado a paridades de poder de compra). Aunque la extensión del grupo protegido es más limitada que en Francia, se trata por tanto  de cuantías claramente superiores a las que se plantean en el país vecino. La proporción de acceso de población potencialmente beneficiaria al sistema resulta además superior en el País Vasco.

Según el documento presentado por el gobierno francés, la ayuda beneficiará a entre cuatro y cinco millones de personas, en torno al más del 15% de la población empleada en Francia. En la actualidad, la RSA llega a 700.000 personas, por una cuantía media de 176 euros mensuales. La PPE llega, por su parte, a 6,3 millones, aunque sobre la base de una media mensual de apenas 36 euros. Esta prestación se pagará por última vez en septiembre de 2015.

El coste previsto de la prestación es de unos 4.000 millones de euros. Se trata de un coste similar al actualmente existente, con un gasto de alrededor de 2.450 millones en la PPE y de 1.600 en el RSA. Teniendo en cuenta el coste previsto de la prestación, esto supone la aplicación de cuantías medias de ayuda bajas, situadas en torno a los 800-1.000 euros anuales de apoyo.

El modelo francés sigue así apostando por la extensión de ayudas de baja, e incluso muy baja cuantía, a un volumen relativamente amplio de población frente a modelos que protegen más favorablemente a la población con bajos salarios pero centrando el apoyo en la minoría con menores recursos.

La aplicación de un sistema similar en España

La introducción de un sistema de bonificación al empleo en el sistema español debería tener en cuenta el importante nivel de protección a los muy bajos salarios del sistema vasco, frente a las cuantías claramente insuficientes del modelo francés. Las diferencias de ingresos asociados al trabajo deben ser suficientes para que los sistemas de bonificación resulten relevantes para evitar la llamada trampa de la pobreza. En ese aspecto, los datos disponibles muestran un mayor éxito comparado del sistema vasco que del sistema hasta ahora vigente en Francia.

En este contexto, los datos avanzados no aseguran del todo que la reforma francesa vaya a superar una de las críticas de las que había sido objeto, en particular la de tratar de llegar a un colectivo demasiado amplio con unos recursos limitados que acaban traduciéndose en un efecto redistributivo muy limitado. Sin embargo, en España debería tenerse en cuenta la voluntad de actuación más amplia introducida en Francia, tratando de mejorar las condiciones de vida del conjunto de la parte más desfavorecida de la población trabajadora. En ese punto, es evidente que Francia ha ido más lejos que el sistema vasco, muy centrado en la parte más baja de las capas de trabajadores con bajos salarios.

La aproximación más realista podría pasar por combinar distintas modalidades de actuación. Por una parte, podría aplicarse una modalidad de ayuda mensual a los muy bajos salarios, en la línea del sistema establecido en el País Vasco, aunque garantizando la aplicación estructural, y no sólo temporal, del modelo de garantía. Esta aproximación podría complementarse con un sistema más extendido de créditos fiscales, de cuantía modesta, pero significativa. Se trataría de aplicar un sistema similar al EITC para el grupo amplio de población trabajadora de bajos salarios pero no tan bajos como para hacer imprescindible una aportación complementaria mensual.

Es probable que un modelo de este tipo resultara mucho más efectivo que el programa planteado en Francia, de perfil bastante continuista respecto a la realidad hoy existente. De hecho, todo parece indicar que el modelo de funcionamiento de la nueva PA será muy similar al del actual RSA. Los objetivos de cobertura de la población beneficiaria se mantienen de hecho en niveles reducidos, situándose en un 50% el nivel esperado de cobertura de la población potencialmente beneficiaria.

Luis Sanzo