Este artículo es el primero
de una serie en el que se abordará, de forma breve y esquemática, el coste de
distintas medidas alternativas para hacer efectiva una política de garantía de
ingresos en España. Las estimaciones se basan en
la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, considerando datos de 2011 (con
renta estimada para 2010). Se toma este año como posible referencia de la
situación que resultaría previsible esperar en los próximos años, conforme se
vaya recuperando parte del empleo perdido en el periodo posterior a la segunda
reforma laboral.
En esta primera entrega se
estima el coste económico de la aplicación de un modelo de garantía de ingresos
similar al del País Vasco, incluyendo por tanto un sistema de bonificación al
empleo. Los presupuestos básicos consistirían en garantizar unos ingresos
mínimos equivalentes de 600 euros por persona, aportando una bonificación al
empleo de entre 300 y 400 euros suplementarios en caso de una presencia mínima
en el sistema productivo (con unos ingresos por actividad iguales o superiores
a 350 euros).
En comparación con el actual
modelo vasco, se trata de una propuesta con cuantías garantizadas algo más
bajas, en especial en lo relativo a la población pensionista. Sin embargo, en
sentido contrario, se eliminarían los topes de ingresos garantizados para
unidades de 3 o más miembros.
Las cuantías garantizadas en
el modelo serían las siguientes:
Ingresos mínimos garantizados (euros
mensuales)
|
||
Tamaño de la unidad
de convivencia |
Sin ingresos
por actividad económica |
Con ingresos
por actividad económica |
Una persona
|
600
|
900
|
Dos personas
|
810
|
1.134
|
Tres personas
|
930
|
1.256
|
Cuatro personas
|
1.050
|
1.391
|
Cinco personas
|
1.170
|
1.521
|
Seis o más personas
|
1.290
|
1.677
|
El coste efectivo de
aplicación de este modelo sería de 15.295 millones de euros, lo que supondría
un 1,45% del PIB. Se trata por tanto de una cuantía significativa,
prácticamente equivalente al doble de lo que representa el coste del actual modelo
vigente en el País Vasco.
Llama la atención que
prácticamente un 60% del gasto suplementario que implicaría la introducción de
este modelo, un 59,2% en concreto, se concentraría en exclusiva en cuatro
comunidades autónomas: Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid. La
proporción llegaría al 71,7% al incluir a Canarias y Castilla-La Mancha.
En cambio, la participación
en el gasto suplementario requerido para aplicar el modelo sólo significaría un
15% del total en las comunidades del noroeste de España (Galicia, Asturias,
Cantabria, Castilla-León, Rioja, Navarra y País Vasco). Se trata de las menos
afectadas por la pobreza. Son también las comunidades con mayor desarrollo
general del sistema de garantía de ingresos.
Distribución del gasto suplementario en
aplicación del modelo
|
|
Comunidad Autónoma
|
% ver.
|
Total
|
100
|
Andalucía
|
27,7
|
Cataluña
|
12,4
|
Comunidad Valenciana
|
10,1
|
Comunidad de Madrid
|
9,1
|
Canarias
|
6,5
|
Castilla-La Mancha
|
6,1
|
Galicia
|
5,7
|
Castilla y León
|
5,6
|
Región de Murcia
|
3,8
|
Extremadura
|
3,3
|
Aragón
|
3,0
|
Illes Balears
|
2,8
|
Cantabria
|
1,2
|
Principado de Asturias
|
0,9
|
La Rioja
|
0,9
|
Comunidad Foral de Navarra
|
0,4
|
País Vasco
|
0,3
|
Ciudad Autónoma de Melilla
|
0,2
|
Ciudad Autónoma de Ceuta
|
0,1
|
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