Debatiendo las políticas de garantía de rentas (I)

En los últimos meses, Twitter ha sido testigo de un debate de intensidad creciente sobre el futuro de la política de garantía de rentas en España. Consciente de la importancia de este debate, Pau Marí-Klose propuso reunir a sus protagonistas en un Seminario, de contenido y diseño informal, para profundizar en las principales cuestiones a contemplar. Con la asistencia de algunos de los principales especialistas en programas de garantía de ingresos, representantes de EAPN y FOESSA, así como de algunos miembros de partidos políticos y de instituciones autonómicas (Euskadi, Navarra y Aragón), el Seminario se convirtió en un interesante foro de reflexión y de contraste de opiniones.

En caso de poder disponer de las conclusiones de otros de los participantes en el encuentro de Zaragoza, el blog irá recogiendo información complementaria sobre el encuentro. Por ahora, recogemos la reflexión que realiza Luis Sanzo tras el Seminario.

 

Las principales tesis de Luis Sanzo en el contexto del debate en curso:

Parte 1: Un reto y una oportunidad: garantizar a toda la población el derecho a la existencia

El contexto político, económico y social que se vive en España permite pensar que nuestra sociedad tiene la oportunidad de empezar a superar los límites históricos a los que se ha enfrentado el sistema de protección social. Desaprovechar esta oportunidad constituiría un verdadero error histórico. Dejaría sin resolver una situación que ha permitido que persistiera la pobreza como realidad estructural que ha afectado a una parte, minoritaria pero significativa, de la población residente en España durante prácticamente todo el periodo posterior a la Constitución de 1978. Por esa razón, la oportunidad que se presenta se perfila también como un reto para quienes apuestan por un efectivo cambio en el diseño de la política social.

La propuesta de reforma de nuestro sistema de protección social puede resumirse en un único y simple objetivo general: garantizar una protección económica mínima pero suficiente a toda la población, sin excepciones. Esta protección debe así extenderse a los grupos tradicionalmente excluidos, incluida la población extranjera que se encuentre en situación irregular dentro de nuestro país. Se puede debatir acerca de la forma de llegar a consolidar este objetivo, e incluso pensar en diferentes instrumentos para acercarnos a él en función del tipo de población (la inmigración sin permiso de residencia, por ejemplo). Pero convendría aceptar el principio de la universalidad en la protección. No dejar a nadie al margen en aspectos que afecten al derecho a la existencia resulta fundamental.

Los datos avalan la conveniencia de esta política. Muestran, por una parte, que las comunidades autónomas que con mayor decisión han actuado en el ámbito de las políticas de garantía de ingresos han alcanzado buenos resultados comparativos en los indicadores más estructurales ligados a la medición del impacto de la pobreza a largo plazo. La capacidad para hacer frente a gastos imprevistos constituye, en este contexto, un interesante indicador de la capacidad de un determinado modelo social para garantizar una mínima seguridad económica a su población.

Al analizar la evolución de este indicador de inseguridad económica durante el periodo de crisis, tres aspectos merecen ser destacados. En primer lugar, los datos medios del periodo 2013-2014 muestran una notable distancia entre las distintas comunidades autónomas en la proporción de población en hogares sin capacidad para hacer frente a gastos extraordinarios. En diez comunidades autónomas, incluidas la Comunidad Valenciana, Cataluña y la Comunidad de Madrid, el porcentaje de personas en hogares sin una mínima seguridad económica resulta cercano o superior al 35%. Este porcentaje supera el 40% en Extremadura y en las comunidades del área nororiental (Baleares, Comunidad Valenciana y Cataluña) y franquea incluso niveles del 50% en Murcia, Andalucía y Canarias. La proporción de personas afectadas se sitúa en torno al 30% en Cantabria, Aragón y La Rioja, reduciéndose a niveles del 26-27% en Castilla-León y Asturias. En una posición opuesta al de la mayor parte de las regiones del sur y del noreste, el indicador alcanza un mínimo cercano al 22% en el País Vasco y Navarra.

Estas cifras no sólo muestran las profundas diferencias existentes entre las distintas comunidades autónomas, en sus indicadores de garantía de seguridad económica a medio plazo, sino las existentes entre las que tradicionalmente han liderado el progreso económico en España. El indicador del País Vasco, por ejemplo, es en 2013-2014 23,2 puntos inferior al de la Comunidad Valenciana, 18,4 al de Cataluña y 16,3 al de la Comunidad de Madrid. Las cifras indican también una posición mucho más favorable en el indicador de las comunidades autónomas que más han apostado por la política de rentas mínimas en España, entre ellas País Vasco, Navarra, Asturias y Castilla y León.

Fuente: INE y Eurostat.

Los datos de los mejores países UE hacen referencia al indicador conjunto de los siguientes Estados: Austria, Bélgica, Países Bajos, Dinamarca, Suecia y Finlandia. En este caso, el dato del último periodo es de 2013 al no disponerse de información de 2014 para todos los países considerados.

Se observa, en segundo lugar, que la mayor parte de las comunidades autónomas españolas se alejan de forma llamativa de los niveles del indicador conjunto de los países socialmente más desarrollados de la Unión Europea (Austria, Bélgica, Países Bajos y los tres escandinavos). Sin embargo, tres de esas comunidades autónomas, precisamente las más comprometidas con las políticas de garantía de ingresos, se sitúan en niveles que no superan en más de 3 puntos el indicador conjunto de inseguridad económica de esos países. Esta posición caracteriza a Asturias, Navarra y País Vasco. En estas dos últimas comunidades, el nivel resulta incluso algo más bajo que el indicador conjunto del grupo de estados europeos considerados.

En tercer lugar, se detecta una evidente correlación entre la posición de cada comunidad autónoma en el periodo 2013-2014 y el nivel de deterioro del indicador durante el periodo de crisis, con un incremento medio de 12 puntos en el porcentaje de personas en hogares sin capacidad para hacer frente a gastos extraordinarios en el conjunto de España. En 2007/2008, un 30,4% de la población vivía en hogares que no podían hacer frente a gastos imprevistos, una proporción que aumenta a 42,4% en 2013/2014.

En doce comunidades, el incremento observado es superior a 10 puntos, situándose entre 7,1 y 9,3 puntos en tres de ellas. El aumento se limita sin embargo a niveles de 3,3 a 5,2 puntos en Castilla-León, Asturias, Navarra y País Vasco. Si se analiza la dinámica del País Vasco, la comunidad que más ha apostado por una política de garantía de ingresos, el aumento del indicador es el más bajo de España. En este territorio, el indicador repunta durante la crisis en apenas 3,3 puntos, lo que contrasta con el incremento observado en comunidades de dinámica históricamente similar pero con escaso desarrollo de las Rentas Mínimas: 8,1 puntos en la Comunidad de Madrid, a pesar de su centralidad económica en España, 12,7 en Cataluña y 15,7 en la Comunidad Valenciana.

Los datos presentados avalan sin duda la tesis de que la apuesta por una política mínimamente ambiciosa de garantía de ingresos ha tenido un impacto verdaderamente decisivo a largo plazo en algunas de las comunidades autónomas del Estado, explicando las profundas diferencias existentes en España en los indicadores autonómicos de pobreza. Mientras en algunas comunidades la crisis ha empeorado de forma drástica la situación, y las ha alejados de los indicadores sociales de los países socialmente más desarrollados de la UE, en otras no se ha alterado la cercanía fundamental respecto a esos países.

Pero la defensa de una política de garantía de ingresos no se relaciona únicamente con una apuesta a largo plazo de contención de la pobreza y de garantía a toda la población de una suficiente seguridad económica. La crisis ha puesto de manifiesto que, a corto plazo, esta política es imprescindible para enfrentarse a algunos de los más graves problemas vinculados a la pobreza, entre ellos los relacionados con la cobertura de las necesidades de alimentación. Aunque en la mayoría de los casos el tipo de pobreza que afecta a España no es propio de las situaciones de miseria que habitualmente se vinculan a este fenómeno social, no debe infravalorarse el impacto en nuestro país de las problemáticas más extremas asociadas a la pobreza.

En lo relativo a los problemas de alimentación, la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) sitúa de hecho en un 3,3% el porcentaje de personas que no pueden permitirse en 2014 una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días. En términos absolutos, esta cifra nos habla de una problemática muy grave que afecta a alrededor de un 1,5 millones de personas en España.

El impacto de los problemas de alimentación es sin embargo bastante mayor de lo que reflejan los indicadores de la ECV. El País Vasco dispone de un sistema estadístico que permite conocer con algo mayor precisión el impacto de la problemática de las carencias de alimentación. Por una parte, en esta comunidad autónoma la muestra de viviendas que permite medir el impacto de los problemas de pobreza incluye una sub-muestra de población en especial situación de riesgo, la población beneficiaria del sistema de Rentas Mínimas (alrededor de un 7% de la población vasca). Por otra, el instrumento de medición de los problemas de alimentación tiene en cuenta varios indicadores parciales que, considerados en una perspectiva a medio plazo (que tiene en cuenta lo ocurrido en el último año), permiten acercarse de forma más matizadas a las distintas problemáticas existentes en el acceso a una alimentación suficiente, adecuada y segura.

La principal conclusión es que, en Euskadi, hasta un 4,6% de la población había experimentado en algún momento del año problemas graves de alimentación en 2014, un porcentaje que se reducía al 2,9% al considerar en exclusiva los problemas muy graves y al 1,2% al tener en cuenta a las personas en hogares donde se había experimentado en algún momento del año la sensación de hambre. Se trata, en todo caso, de porcentajes significativos que en el conjunto de España resultarán sin duda bastante superiores (en 2014, el indicador UE de no acceso a una pobreza proteínica era de 1,6% en el País Vasco por 3,3% en España). 

Los sondeos del Pew Research Center confirman las tendencias que señalan las estadísticas del País Vasco. Una de las preguntas contenidas en esos sondeos, aplicada también a España en distintos momentos, recoge el impacto de las situaciones en las que, en algún momento del último año, las personas han carecido de dinero suficiente para comprar alimentos necesitados por la familia. Se constata que la proporción de personas en esta situación aumenta en España de alrededor del 8% en 2007 al 14% en 2013.

Fuente: INE y Eurostat, elaboración propia

Por tanto, los problemas ligados a las dificultades de acceso a la alimentación tienen en España un impacto superior a lo que se considera habitualmente. Aunque este impacto queda lejos de los niveles todavía dominantes en países como Brasil o Argentina, la evolución comparada muestra además una tendencia negativa, alcista en España y a la caída en estos grandes países sudamericanos (de 38 a 22% entre 2002 y 2013 en Argentina, por ejemplo). Lo mismo sucede en el país más representativo del bloque oriental de la UE, Polonia, con una reducción del 35 al 16% entre 2002 y 2013. En contraste con lo que se observa también en Alemania e Italia, España sigue el preocupante camino de países como el Reino Unido y Estados Unidos, caracterizados por un notable deterioro entre 2007 y 2013 de los indicadores de seguridad en el acceso a la alimentación.

Es cierto que los programas de garantía de ingresos en España no han sido sometidos a una profunda evaluación de sus resultados pero la información presentada hasta ahora aporta suficiente evidencia empírica para sostener dos ideas fundamentales. Por un lado, los programas de garantía de ingresos introducidos en España han colocado a las comunidades autónomas que los han desarrollado con mayor intensidad en una posición comparativamente ventajosa, no sólo en el contexto español sino incluso en el ámbito europeo. Por otro, la pobreza que se ha vivido en España durante el periodo de crisis, y que aún se vive en el momento actual, tiene algunos rasgos propios de las situaciones más graves relacionadas con la experiencia de este fenómeno. Aunque esta realidad trata de ocultarse por la propia población afectada, en gran medida para evitar procesos de estigmatización social, no por ello tiene menor relevancia.

Resulta por tanto necesario actuar en el conjunto de España para garantizar una suficiente cobertura de las necesidades básicas para toda la población. Y esa necesidad de actuar debe abordarse con urgencia. No hacerlo sería perder de nuevo la oportunidad de avanzar hacia una sociedad más justa y más próspera. Es el reto al que se enfrenta en estos momentos nuestra sociedad.