Parte 3: Una propuesta
alternativa de actuación en la que se tengan además en cuenta las necesidades
de la población trabajadora con menores ingresos
España se
enfrenta a la necesidad de abordar la problemática de la pobreza. Y lo hace en un
contexto fiscal difícil, con una alta tasa de paro, una deuda acumulada cercana
al 100% del PIB y un escenario de elevados déficits anuales, todavía hoy
cercanos al 6%. Se enfrenta además a un proceso de envejecimiento en el que
tiene que afrontar el nivel más alto de gasto en pensiones hasta ahora
conocido.
En estas
circunstancias, resulta imprescindible anteponer el objetivo de eliminar la
pobreza a cualquier otra consideración, fomentando las soluciones que puedan
resultar más eficaces y que cuenten con el aval de la evidencia y los resultados
contrastados. Sacralizar determinados medios o instrumentos, en detrimento de
la consecución del objetivo, ya sea para imponer una solución basada en la
regulación estatal frente a la autonómica, ya sea para impulsar un cambio completo
de los fundamentos actuales del sistema de protección, constituiría un grave error.
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Tweet de José
Antonio Noguera, uno de los participantes en el Seminario sobre política de
garantía de ingreso celebrado el 11 de septiembre de 2015 en Zaragoza. En
agradecimiento al organizador, Pau Marí Klose.
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En este
contexto, una línea de intervención para España en materia de garantía de
ingresos podría pasar por tres tipos de actuaciones complementarias que contarían,
al menos en parte, con el apoyo de los distintos agentes impulsores del cambio
en las políticas de garantía de ingresos:
1. La
primera intentaría recoger los planteamientos hoy dominantes que pretenden
ampliar la extensión de la protección a las personas, ya sea en la línea Renta Básica
o en la de ampliación de la cobertura del sistema de prestaciones no
contributivas de la Seguridad Social.
Una
propuesta de este tipo implicaría profundizar en la línea planteada de mejorar de
las prestaciones para menores, con la perspectiva puesta en una Renta Básica
para la población menor de 18 años. Supondría igualmente extender la atención a
las personas sin ingresos, en especial en el caso de la población desempleada.
Las propuestas de Renta Básica para ciertos colectivos, el Mínimo Vital del
PSOE o la prestación para desempleados de UGT y CCOO constituyen ejemplos de
dinámicas positivas en esta dirección.
2. La
segunda línea de actuación debería centrarse en desarrollar un sistema
complementario de prestaciones autonómicas que, partiendo de los mínimos
establecidos en el ámbito de la Seguridad Social, procurara optimizar los recursos
disponibles para acercarse al objetivo de cobertura de las necesidades básicas
para la existencia en condiciones dignas. En un contexto de recursos
financieros escasos, aún queda un papel decisivo para las actuaciones que la
Constitución sitúa en el campo de la asistencia social.
La
línea de intervención de las Comunidades Autónomas debería seguir centrándose
en consolidar una última red de garantía que, en caso necesario, pudiera
completar la protección de base individual de la Seguridad Social a través de
un sistema de Rentas Mínimas que tengan en cuenta las necesidades de las unidades
de convivencia realmente existentes. Las Rentas Mínimas autonómicas también
deberían atender a los grupos desatendidos por el sistema de prestaciones
generales de la Seguridad Social.
La
política de Rentas Mínimas autonómicas debe sin embargo reformarse para garantizar
el derecho a la protección mientras persista la situación de necesidad, sin que
el apoyo pueda subordinarse a la existencia de disponibilidades presupuestarias
o a la aplicación de políticas de contraprestación. Las Rentas Mínimas deben
además diseñarse de acuerdo con planteamientos universalistas, favoreciendo la
atención a toda la población necesitada, con independencia de la situación en
relación con la actividad.
La concepción y la gestión autonómica de este sistema no implican que el Estado no
pueda establecer en una ley general unos mínimos a garantizar. En tal caso, en esta
ley general el Estado debería igualmente definir la parte de financiación del
programa que le correspondería para hacer efectivos esos mínimos garantizados.
3. La
actuación autonómica para establecer una última red de protección no termina
sin embargo con las prestaciones de garantía de ingresos. Resulta necesario
prever, en tercer lugar, mecanismos complementarios que hagan frente a
necesidades puntuales de la población. Estos programas son necesarios para
prevenir crisis de ajuste entre ingresos y gastos. Deben enfocarse, además, con
criterios más amplios que el del programa de garantía de ingresos anterior en
cuanto a la población destinataria del sistema de ayudas y prestaciones.
Las
necesidades a atender tendrían que tomar en consideración el objetivo de
garantizar el acceso y mantenimiento de la población en la vivienda, además de
hacer frente a otras necesidades puntuales y a situaciones de emergencia.
Las actuaciones señaladas pueden complementarse con otras
medidas más ambiciosas, orientadas a mejorar el bienestar general de la
población. En particular, resulta de importancia introducir un sistema de
bonificación al empleo que garantice en toda situación una mejor posición
personal y familiar en caso de acceso al trabajo. En función de las
preferencias que se establezcan, estas medidas pueden aplicarse en vinculación
al sistema de garantía de ingresos o integrarse dentro del sistema fiscal.
Junto a unas políticas familiares que tiendan a la
universalización y un sistema de ayudas de emergencia de objetivos amplios, este
tipo de actuaciones de bonificación al empleo constituyen una pieza clave en
unas políticas sociales equilibradas que pretendan mejorar el bienestar de toda
la población y no sólo de la parte más desfavorecida de la misma. El proceso de
acceso a la protección social no puede introducir fronteras bruscas y estancas
entre quienes acceden o no a ella. No puede tampoco situar en mejores
condiciones sociales y económicas a quienes no participan del proceso productivo.
Sólo si se cumplen esas condiciones, una decidida política de apoyo a la parte
más débil de la sociedad llegará a ser considerada completamente legítima por
el conjunto de la población.
Las distintas actuaciones señaladas deben integrarse en el
modelo general de protección social en España. Pero las medidas a incorporar a
una propuesta ambiciosa de política contra la pobreza tampoco terminan ahí. Los
programas de garantía de ingresos deben completarse con otras actuaciones.
Entre ellas se incluyen todas las medidas que contribuyan a hacer efectivo el
derecho al trabajo a través de programas de activación, formación,
intermediación, apoyo y acceso al empleo. También deben contemplarse
actuaciones que aborden el problema de sobreendeudamiento que afecta a muchas
familias en España.
Este conjunto de medidas podría incorporarse a un Plan
Interinstitucional de Lucha contra la Pobreza en España que hiciera realidad la
necesidad de acción coordinada de las distintas Administraciones públicas. El
Senado sería el marco racional en el que pudiera hacerse efectivo el debate y
el acuerdo respecto a este Plan.
El Plan no debería olvidar que, además de garantizar a toda
la población la cobertura de las necesidades básicas para la existencia,
nuestra sociedad tiene también otra obligación clave. Se trata, en particular,
de hacer posible que las nuevas generaciones jóvenes que acceden a la vida
adulta tengan la oportunidad de tener un acceso normalizado a los bienes que
hacen posible la estabilidad de un país: una vivienda adecuada y a precios
razonables y un empleo estable y suficientemente remunerado.
En los próximos meses, muchas de las incógnitas hoy
planteadas empezarán a resolverse. Pero dos experiencias del pasado reciente en
España deberían inspirar la actuación. La primera nos indica que es necesario
ampliar la protección; la segunda que ninguna posibilidad de intervención debe
ser menospreciada, ni siquiera en lo relativa a la política social autonómica.
Ambición y flexibilidad deben presidir cualquier reforma de las actuaciones
públicas en la lucha contra la pobreza.
