Reducción del tiempo de trabajo, renta básica universal y trabajo garantizado: ¿propuestas alternativas o complementarias?

El pasado día 17 de junio, en el marco de un seminario celebrado en el Museo de San Telmo en Donostia-San Sebastíán, Luis Sanzo intervino con una charla acerca de trabajo garantizado, renta básica universal y reducción de jornadas laborales. Trasncribimos aquí su intervención:

GARANTIZAR DERECHOS FRENTE A DEBATES ESENCIALISTAS SOBRE LA INCOMPATIBILIDAD O NO DE LAS SOLUCIONES PROPUESTAS

El debate que tenemos planteado se relaciona con las políticas a desarrollar para hacer efectivos dos tipos de derechos básicos para la ciudadanía:

a) El primero es el derecho a la existencia en condiciones dignas. La Constitución española señala por una parte, en su artículo 15, que todos tienen derecho a la vida, aspecto que tiene una dimensión económica. El artículo 41 señala así que la Seguridad Social debe ofrecer asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad.

 b) El segundo ámbito a proteger se relaciona con el derecho al trabajo al que se refiere el artículo 35 de la Constitución, un artículo que asocia además al trabajo una remuneración suficiente.

Es obvio que la España post-franquista, constitucional y democrática, ha fracasado en gran medida a la hora de hacer efectivos estos dos tipos de derecho. Y cómo resolver este fracaso, o al menos esta debilidad histórica de la democracia, es lo que hace necesario el debate al que nos enfrentamos.

Pero no para determinar que un tipo de actuación es necesario y no otros. En este sentido, diría que todas las medidas que se proponen pueden contribuir a avanzar en dirección al objetivo de garantizar los dos tipos de derechos señalados. De partida, las diversas propuestas no tienen por qué resultar incompatibles entre sí salvo que nosotros mismos queramos fijar tal incompatibilidad esencial.

EL DERECHO A UNOS INGRESOS Y RECURSOS MÍNIMOS NO SE LIMITA A LAS POLÍTICAS DE RENTA BÁSICA

En lo relativo al derecho a unos ingresos y recursos mínimos que garanticen el derecho a una protección económica suficiente, las políticas de Renta Básica me parecen esenciales. Es positiva la estrategia de que toda la población disfrute, con carácter individual, de unos recursos personales suficientes. 

En esa dirección, y con independencia de su mayor o menor éxito en garantizar este nivel de recursos personales suficientes, la introducción de la política de PNC resultó en su momento positiva; la propuesta de ampliación de la protección en materia de desempleo que plantea ahora UGT-CCOO también resulta de interés. El desarrollo de las prestaciones por hijos e hijas es otra posible vía de actuación, lo mismo que las propuestas de garantía de unos ingresos personales básicos a toda la población a través de la gestión del IRPF.

En mi opinión, sin embargo, las políticas de garantía de ingresos no pueden limitarse a esta única línea de actuación estratégica. Hay otras dos vías de intervención que resultan necesarias:

La primera se vincula al establecimiento de un sistema de última red que garantice a toda la población, de acuerdo con la situación real del hogar o de la unidad de convivencia, recursos adecuados. La necesidad de este tipo de políticas, que en Euskadi hemos tratado de desarrollar a través del sistema RGI/PCV/AES, se vincula a la insuficiencia de las políticas de garantía de ingresos individuales en España. Esta insuficiencia no sólo se vincula con la existencia de contingencias no cubiertas sino también con las bajas cuantías de prestaciones como las PNC. La última propuesta de UGT-CCOO también se sustenta en muy bajas cuantías garantizadas. Y no puede tampoco asegurarse que la introducción de un sistema de Renta Básica garantice necesariamente cuantías suficientes para prevenir la pobreza.

Resulta por tanto necesario establecer un sistema de última red como el que representa el sistema RGI/PCV/AES que aborde las posibles limitaciones del sistema general de protección. La experiencia vasca demuestra que, con un gasto limitado, es posible limitar el impacto de la pobreza y una ampliación moderada de ese gasto permitiría incluso eliminarla en lo fundamental, al menos en sus formas más graves. En una situación de crisis social como la actual, me parece por tanto prioritario orientar el gasto hacia este objetivo de fácil realización económica.

Esto no niega la bondad de las políticas de Renta Básica. Sólo insiste en la necesidad de prever medidas que prevengan que unas cuantías de RB insuficientes no permitan hacer frente a la pobreza.

La segunda vía de actuación necesaria en una política de garantía de ingresos es establecer medidas que aseguren a las familias trabajadoras unos ingresos suficientes, no sólo para superar la pobreza, sino para acceder a unos mínimos niveles de bienestar. El acceso al empleo debe suponer una garantía mínima de bienestar.

LAS POLÍTICAS DE APLICACIÓN DEL DERECHO AL EMPLEO SON POSITIVAS, TANTO PER SE COMO EN UNA POLÍTICA DE GARANTÍA DE INGRESOS

La experiencia histórica ha demostrado las limitaciones de las políticas orientadas a tratar de prevenir el desarrollo de un sistema de prestaciones de garantía de ingresos a través de medidas de inserción laboral. Por necesarias que éstas sean, no pueden en ningún caso sustituir a estas políticas de garantía económica.

Sin embargo, en la medida en que permitan hacer efectivo el derecho al trabajo, las políticas de reparto del trabajo o de trabajo garantizado pueden ser positivas. Estas actuaciones, además, pueden contribuir a reducir el impacto relativo de las situaciones definidas por la existencia de bajos ingresos

Hay dos tipos de actuaciones en este ámbito que me parecen especialmente positivas:

a) El primer tipo se vincula a las formas de reparto del trabajo que se desarrollan a través de salidas completas, o casi completas, del sistema productivo durante periodos de tiempo suficientemente largos (tipo años sabáticos). Estas medidas son las que pueden resultar estructuralmente más ajustadas al funcionamiento del sistema productivo.

b) El segundo tipo se relaciona con las políticas que garantizan una experiencia de trabajo significativa a personas excluidas a largo plazo del sistema productivo y del desarrollo de su profesión. En una sociedad como la española, en la que el desempleo de muy larga duración y la exclusión del mercado de trabajo se han convertido en una realidad estructural, resulta necesaria la introducción de políticas que ofrezcan una experiencia de trabajo significativa a quienes se sitúen fuera del sistema por un tiempo excesivo, por ejemplo superior a dos años.