Reducción del tiempo de trabajo, renta básica universal y trabajo garantizado: ¿propuestas alternativas o complementarias?

El pasado día 17 de junio, en el marco de un seminario celebrado en el Museo de San Telmo en Donostia-San Sebastíán, Luis Sanzo intervino con una charla acerca de trabajo garantizado, renta básica universal y reducción de jornadas laborales. Trasncribimos aquí su intervención:

GARANTIZAR DERECHOS FRENTE A DEBATES ESENCIALISTAS SOBRE LA INCOMPATIBILIDAD O NO DE LAS SOLUCIONES PROPUESTAS

El debate que tenemos planteado se relaciona con las políticas a desarrollar para hacer efectivos dos tipos de derechos básicos para la ciudadanía:

a) El primero es el derecho a la existencia en condiciones dignas. La Constitución española señala por una parte, en su artículo 15, que todos tienen derecho a la vida, aspecto que tiene una dimensión económica. El artículo 41 señala así que la Seguridad Social debe ofrecer asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad.

 b) El segundo ámbito a proteger se relaciona con el derecho al trabajo al que se refiere el artículo 35 de la Constitución, un artículo que asocia además al trabajo una remuneración suficiente.

Es obvio que la España post-franquista, constitucional y democrática, ha fracasado en gran medida a la hora de hacer efectivos estos dos tipos de derecho. Y cómo resolver este fracaso, o al menos esta debilidad histórica de la democracia, es lo que hace necesario el debate al que nos enfrentamos.

Pero no para determinar que un tipo de actuación es necesario y no otros. En este sentido, diría que todas las medidas que se proponen pueden contribuir a avanzar en dirección al objetivo de garantizar los dos tipos de derechos señalados. De partida, las diversas propuestas no tienen por qué resultar incompatibles entre sí salvo que nosotros mismos queramos fijar tal incompatibilidad esencial.

EL DERECHO A UNOS INGRESOS Y RECURSOS MÍNIMOS NO SE LIMITA A LAS POLÍTICAS DE RENTA BÁSICA

En lo relativo al derecho a unos ingresos y recursos mínimos que garanticen el derecho a una protección económica suficiente, las políticas de Renta Básica me parecen esenciales. Es positiva la estrategia de que toda la población disfrute, con carácter individual, de unos recursos personales suficientes. 

En esa dirección, y con independencia de su mayor o menor éxito en garantizar este nivel de recursos personales suficientes, la introducción de la política de PNC resultó en su momento positiva; la propuesta de ampliación de la protección en materia de desempleo que plantea ahora UGT-CCOO también resulta de interés. El desarrollo de las prestaciones por hijos e hijas es otra posible vía de actuación, lo mismo que las propuestas de garantía de unos ingresos personales básicos a toda la población a través de la gestión del IRPF.

En mi opinión, sin embargo, las políticas de garantía de ingresos no pueden limitarse a esta única línea de actuación estratégica. Hay otras dos vías de intervención que resultan necesarias:

La primera se vincula al establecimiento de un sistema de última red que garantice a toda la población, de acuerdo con la situación real del hogar o de la unidad de convivencia, recursos adecuados. La necesidad de este tipo de políticas, que en Euskadi hemos tratado de desarrollar a través del sistema RGI/PCV/AES, se vincula a la insuficiencia de las políticas de garantía de ingresos individuales en España. Esta insuficiencia no sólo se vincula con la existencia de contingencias no cubiertas sino también con las bajas cuantías de prestaciones como las PNC. La última propuesta de UGT-CCOO también se sustenta en muy bajas cuantías garantizadas. Y no puede tampoco asegurarse que la introducción de un sistema de Renta Básica garantice necesariamente cuantías suficientes para prevenir la pobreza.

Resulta por tanto necesario establecer un sistema de última red como el que representa el sistema RGI/PCV/AES que aborde las posibles limitaciones del sistema general de protección. La experiencia vasca demuestra que, con un gasto limitado, es posible limitar el impacto de la pobreza y una ampliación moderada de ese gasto permitiría incluso eliminarla en lo fundamental, al menos en sus formas más graves. En una situación de crisis social como la actual, me parece por tanto prioritario orientar el gasto hacia este objetivo de fácil realización económica.

Esto no niega la bondad de las políticas de Renta Básica. Sólo insiste en la necesidad de prever medidas que prevengan que unas cuantías de RB insuficientes no permitan hacer frente a la pobreza.

La segunda vía de actuación necesaria en una política de garantía de ingresos es establecer medidas que aseguren a las familias trabajadoras unos ingresos suficientes, no sólo para superar la pobreza, sino para acceder a unos mínimos niveles de bienestar. El acceso al empleo debe suponer una garantía mínima de bienestar.

LAS POLÍTICAS DE APLICACIÓN DEL DERECHO AL EMPLEO SON POSITIVAS, TANTO PER SE COMO EN UNA POLÍTICA DE GARANTÍA DE INGRESOS

La experiencia histórica ha demostrado las limitaciones de las políticas orientadas a tratar de prevenir el desarrollo de un sistema de prestaciones de garantía de ingresos a través de medidas de inserción laboral. Por necesarias que éstas sean, no pueden en ningún caso sustituir a estas políticas de garantía económica.

Sin embargo, en la medida en que permitan hacer efectivo el derecho al trabajo, las políticas de reparto del trabajo o de trabajo garantizado pueden ser positivas. Estas actuaciones, además, pueden contribuir a reducir el impacto relativo de las situaciones definidas por la existencia de bajos ingresos

Hay dos tipos de actuaciones en este ámbito que me parecen especialmente positivas:

a) El primer tipo se vincula a las formas de reparto del trabajo que se desarrollan a través de salidas completas, o casi completas, del sistema productivo durante periodos de tiempo suficientemente largos (tipo años sabáticos). Estas medidas son las que pueden resultar estructuralmente más ajustadas al funcionamiento del sistema productivo.

b) El segundo tipo se relaciona con las políticas que garantizan una experiencia de trabajo significativa a personas excluidas a largo plazo del sistema productivo y del desarrollo de su profesión. En una sociedad como la española, en la que el desempleo de muy larga duración y la exclusión del mercado de trabajo se han convertido en una realidad estructural, resulta necesaria la introducción de políticas que ofrezcan una experiencia de trabajo significativa a quienes se sitúen fuera del sistema por un tiempo excesivo, por ejemplo superior a dos años.

¿Por qué es preferible garantizar el derecho a la renta en vez de garantizar el derecho al trabajo? (II)

En un artículo anterior vimos que la mayoría de las personas no vive de su trabajo sino de transferencias de renta, ya sea de sus familiares o del Estado. También vimos que históricamente el pleno empleo ha sido más la excepción que la regla. Sin embargo, las ideologías políticas que han dominado la política europea durante el siglo XX (democratacristianos, liberales, conservadores, socialistas y comunistas) tienen en común la glorificación del empleo remunerado y continúan mitificando el pleno empleo como el mejor medio para lograr una distribución más equitativa de la renta. Consecuentemente, para combatir los fenómenos de la pobreza y la desigualdad excesiva siguen proponiendo políticas basadas esencialmente en "crear empleo" a cualquier precio, y para ello no les importa culpabilizar de su condición a los pobres y a quienes no tienen empleo. Después de varias décadas  implantando  "reformas estructurales y políticas activas orientadas a mejorar el empleo" sólo han conseguido degradar las condiciones de trabajo en Europa. En los mejores casos, han conseguido mantener el empleo (en países como Alemania que se presenta a sí misma como modelo), pero a costa de incrementar la precariedad de parte del empleo, un incremento en la desigualdad y de exportar parte de la carga de sus errores a otros países del sur de Europa. ¿No deberíamos empezar a pensar que estas políticas no han sido precisamente las mejores posibles? ¿Y si el Estado, en vez de tratar de asegurar que todo el mundo tenga un trabajo, tratase de garantizar sencillamente que todo el mundo tenga una renta, tanto si trabaja como si no?

El 2% de los trabajadores pueden producir todos los alimentos

Si lo que queremos es mejorar la calidad de vida de las personas, la clave está en la productividad

Cuando se habla de superar la crisis hay dos enunciados que se repiten constantemente:

1. Necesitamos que la producción de la economía crezca (el PIB) para crear empleo

2. Necesitamos mejorar la productividad de los trabajadores para poder competir

Estas dos afirmaciones se suelen aceptar sin discusión. Pero hay un problema. El crecimiento del PIB se puede conseguir aumentando el número de empleos (sin aumentar la productividad) o aumentando la productividad de los trabajadores (sin aumentar el empleo o incluso disminuyéndolo).

La productividad del empleo es justamente el resultado de dividir la producción total por el número de empleados. Es decir, que cuanto más aumentamos la productividad menos trabajadores se necesitan para conseguir el mismo nivel de producción. Las empresas aumentan la productividad cuando despiden trabajadores. El aumento de la productividad destruye empleo.

El 10 % de los trabajadores pueden producir todo lo demás

Desde que se inició la revolución industrial la productividad del trabajo humano ha aumentado de forma espectacular. Esto es un gran logro. La productividad aumenta como consecuencia del deseo humano de vivir mejor y trabajar menos. Naturalmente queremos tener una vida más cómoda, reducir el trabajo penoso y peligroso. Es una aspiración legítima de cualquier persona inteligente, vivir mejor. Gracias a la aplicación del conocimiento en estos momentos un 2% de los trabajadores podrían producir todos los alimentos necesarios para la humanidad y un 10% de los trabajadores serían más que suficientes para producir todos los bienes materiales que necesitamos. 

Hasta finales del siglo XX los incrementos de productividad se habían centrado en la agricultura y la industria, pero en las últimas décadas está aumentando también de forma espectacular la productividad de los servicios. Piensen en el sector financiero. Su crecimiento ha sido enorme en las últimas décadas. Sin embargo compañías de seguros y bandos han reducido drásticamente el número de los empleados en el sector. La banca online hace lo mismo que la convencional con una décima parte de personal. Lo mismo está sucediendo en cualquier sector intensivo en trabajo administrativo gracias al uso intensivo de los ordenadores. Incluso la administración pública está aumentando su productividad y reduciendo el empleo.

Es verdad que han aparecido nuevos sectores productivos que requieren de nuevos empleos, pero esto no cambia la tendencia general al aumento de la productividad. Y esto es lo que cabe esperar en cualquier sector tradicional o nuevo.

En último término, la mejora de la calidad de vida de las personas depende de la mejora de la productividad, es decir, depende de que seamos capaces de producir más con menos. Por tanto, si queremos mejorar la condición humana desde el punto de vista económico hemos de fijarnos ante todo en la productividad. La clave está en la productividad, no en el crecimiento económico.

El crecimiento económico no es un objetivo deseable en sí mismo. En la historia de la humanidad el crecimiento económico aparece asociado a la mejora del bienestar y es por ello que nos parece deseable, pero el responsable último de la mejora del bienestar no es el crecimiento económico sino la mejora de la productividad. 

Asociamos crecimiento económico a bienestar, pero el crecimiento económico también puede tener efectos negativos. El crecimiento económico es como el colesterol, hay del bueno y del malo. Es bueno el crecimiento que proviene de la productividad (ser capaces de producir más con menos recursos), pero en un mundo de recursos limitados es malo el crecimiento que promueve el despilfarro de recursos escasos (producir más utilizando cada vez más recursos). 

El crecimiento económico puede descomponerse en dos fracciones. Una parte del crecimiento se consigue empleando más recursos (más trabajadores, más capital y en ultimo término más recursos naturales). La otra parte del crecimiento se consigue por la mejora de la productividad (gracias a nuevos conocimientos se puede producir más valor con los mismos o incluso con menos recursos). 

Las grandes tasas de crecimiento logradas durante el siglo XX se consiguieron con una mezcla de ambos componentes. Se ha multiplicado la utilización de recursos naturales, se ha multiplicado la población humana sobre el planeta como nunca antes y se ha multiplicado también las infraestructuras y la maquinaria. Y también se ha multiplicado la productividad gracias el incremento del conocimiento. Pero el uso creciente de recursos llevado a cabo durante el siglo XX no es sostenible. Al ritmo del siglo pasado no llegaríamos al siglo XXII. 

Afortunadamente el ritmo de crecimiento basado en el uso de recursos ha empezado a disminuir. En particular ha empezado a disminuir el crecimiento de la población humana. El gran reto que tenemos como humanidad, como ciudadanos del mundo en el siglo XXI, es encontrar el modo de mantener el crecimiento del bienestar haciendo un uso responsable de los recursos naturales. Esto sólo es posible si nos concentramos en lograr crecimiento del bueno, es decir, el basado en la mejora de la productividad mediante el uso del conocimiento. Por eso hablamos de la necesidad de cambiar el modelo de crecimiento para ir desde el modelo de economía basado en el trabajo humano hacia una economía basada en el conocimiento humano.

Hacia una economía basada en el conocimiento

Cuando hablamos de conocimiento nos referimos al basado en la experiencia y el aprendizaje. El que mayor potencial ha demostrado es el conocimiento de tipo científico, es decir, el que comienza observando la realidad para entenderla y a partir de la comprensión de la realidad ser capaces de hacer innovaciones. El conocimiento científico aplicado a la agricultura y a la industria ha creado innovaciones técnicas que han mejorado la productividad de forma asombrosa. Y poco a poco el mismo método de conocer se ha ido extendiendo a otros ámbitos. ¿Por que no extender este método también al ámbito de la gestión política y social? De hecho, ya viene ocurriendo desde hace tiempo, aunque en este ámbito el progreso es más lento. 

En los países con mayor tradición democrática y científica (ambas tradiciones suelen coincidir), hace ya tiempo que se empezaron a utilizar métodos de evaluación y análisis objetivo de la realidad social para mejorar el funcionamiento de las instituciones políticas y económicas. Son métodos lentos, pero implacables. Los resultados pueden tardar en llegar, pero cuando llegan es para quedarse. Así, hoy día contamos con mucha información estadística fiable sobre la población, la economía, los recursos... Tenemos modelos matemáticos que nos permiten predecir el crecimiento de la población o el comportamiento de la economía en función de las decisiones que se tomen hoy... Los modelos de conocimiento científico de la realidad social y económica siguen teniendo grandes limitaciones, pero mejoran año a año. A nuestro modo de ver, en el análisis de la historia del desarrollo económico no se ha prestado la suficiente atención a la innovación social y económica. Sin embargo, en las próximas décadas la innovación social puede ser un factor crítico para superar el reto al que nos referíamos antes y encaminar el desarrollo humano hacia la calidad de vida.

La institucionalización de la economía del crecimiento basada en el trabajo: el Estado del Bienestar y su crisis

A principios del siglo XX, en Europa, ya se habían creado máquinas sofisticadas y grandes innovaciones transformaban el mundo. Durante el siglo XX gran parte del trabajo físico realizado por hombres y animales va a ser sustituido progresivamente por motores movidos por energía eléctrica o combustibles derivados del petróleo. Pero el ritmo de innovación era relativamente lento si lo comparamos con el ritmo de innovación actual. Los productos y las infraestructuras se hacían para durar. Los  hombres empezaban a trabajar muy jóvenes, muchos empezaban todavía niños, y tenían una profesión para toda su vida. Además, había una clara división del trabajo por géneros. La mayoría de las mujeres se casaban pronto y tenían muchos hijos. La esperanza de vida no llegaba a los 50 años de edad. Y, un dato muy importante, la mayor parte de la producción se creaba y se consumía dentro de cada país. Hace solo 100 años de esto. En este contexto se extendió por Europa una innovación social reciente (se implantó por primera vez en Alemania entre 1983 y 1989) que ha sido determinante: los sistemas de seguridad social que son el origen del Estado del Bienestar. 

Mediante la Seguridad Social el Estado complementa el modelo privado de crecimiento económico basado en el trabajo. Por una parte asegura que los trabajadores sigan obteniendo rentas aunque no puedan trabajar en caso de enfermedad, incapacidad o vejez. Por otra parte asegura una función distributiva. Asegura que el dinero llegue a quienes no pueden obtener sus ingresos del trabajo. De este modo las transferencias del Estado juegan un importante papel en el mantenimiento del consumo de la demanda agregada de la economía. A lo largo del siglo XX se extienden también la educación pública obligatoria y los sistemas sanitarios públicos. Todos estos sistemas se fundamentan en el modelo de crecimiento basado en el trabajo. Y se financian con cargo al trabajo. 

La Seguridad Social se financia con cotizaciones que pagan trabajadores y empresarios. Aunque desde el punto del empresario ambas cuotas son un coste salarial, por lo que se puede decir que el coste recae 100% sobre los salarios. Adicionalmente los salarios son cargados con el impuesto sobre las rentas. Este sistema llego a su esplendor en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial llegando a denominarse al conjunto del sistema como Estado del Bienestar. 

Pero este sistema empezó a tener problemas en los años setenta. En parte debido a su propio éxito y en parte por los efectos positivos de la mejora del conocimiento. El éxito del sistema garantizando restas, sanidad y educación de forma extensiva propicia el crecimiento de la esperanza de vida (lo que le obligará a pagar pensiones durante mas años) y la incorporación de las mujeres al trabajo (que cada vez tienen menos hijos con la previsible reducción de población en próximas generaciones). Pero también por la aceleración de la innovación tecnológica y la "globalización". Es difícil separar unos efectos de otros porque se dan conjuntamente y se refuerzan unos en otros. El resultado de todos estos efectos es un tipo de estructura social muy diferente a la de hace 100 años. Y el sistema de Seguridad Social que funcionó muy bien durante décadas resulta disfuncional con la estructura social y económica de principios del siglo XXI. Necesitamos un nuevo modelo adaptado a las nuevas realidades. 

Los retos más importantes de un nuevo modelo de protección son los siguientes:

1. Debe ser capaz de hacer llegar ingresos suficientes a todos en un mundo en que los jóvenes permanecen mucho más tiempo educándose (en promedio hasta más allá de los 20 años) y se incorporan tarde al trabajo remunerado (muchos con más de 25 o 30 años). Además, va a ser raro que trabajen en lo mismo durante toda su vida laboral. Las profesiones aparecen y desaparecen en pocos años. Cada vez es más normal perder un empleo y necesitar aprender otro diferente. Incluso los que mantienen una misma profesión deben dedicar cada vez más tiempo a la formación para incorporar nuevos conocimientos.

2. Los hombres y las mujeres tienen los mismos derechos y las mismas capacidades. La pequeña ventaja física de los hombres ha desaparecido por completo en un mundo donde lo que tiene valor es el conocimiento y la capacidad de aprendizaje. Pero entonces es preciso encontrar también una solución al problema de la renovación demográfica.

3. Debe ser capaz de recaudar suficiente en un mundo donde la mayor parte del trabajo lo hacen las máquinas, no las personas. Si cada vez tenemos menos personas trabajando no es una buena idea que la mayor parte de los ingresos procedan de impuestos al trabajo.

4. La esperanza de vida es alta y va a seguir creciendo. Está aumentando mucho el número de personas mayores en buen estado de salud, pero también el número de personas mayores con problemas de dependencia que necesitan mayores cuidados.

5. La globalización ha llegado para quedarse. Ahora la mayor parte de los bienes de consumo de cualquier parte del mundo han sido producidos en cualquier otra. Esto es bueno. Pero nos obliga a estar en condiciones de competir en los mercados internacionales y en ese contexto los sistemas de bienestar tal como se concibieron hace 100 años son un lastre.

6. El medio ambiente y los recursos naturales están en riesgo y dan muestras de agotamiento. En los medios de comunicación se habla del calentamiento global o el posible agotamiento de combustibles fósiles como los mayores problemas, quizá porque parecen tener un impacto económico más inmediato. Pero podemos adaptarnos a eso. Lo que no tiene solución son los cambios irreversibles que significan la extinción masiva de especies biológicas con reducción de la biodiversidad o la acumulación de deshechos químicos y físicos de efectos imprevisibles que van a durar cientos o miles de años.

Diseñar un modelo capaz de conseguir todo esto al mismo tiempo es una tarea realmente difícil. Pero a estos 6 retos hay que añadir uno más, el de conseguir una transición desde el viejo modelo del Estado del Bienestar al nuevo modelo de garantía de la calidad de vida. Este proceso de transformación ya ha comenzado tratando de poner parches a los principales agujeros del sistema. Por ejemplo, ante las amenazas incontestables como el envejecimiento demográfico se han introducido reformas en los sistemas de pensiones que intentan alargar los periodos de cotización, reducir los niveles de prestaciones y favorecer que las personas mayores puedan trabajar más tiempo. Este tipo de reformas no van a resolver los problemas, aunque sí permitirán ganar algo de tiempo y concienciar a los jóvenes de que no pueden esperar jubilarse a la misma edad que sus padres y cobrar una pensión de jubilación elevada durante dos o tres décadas.

Los sistemas de Seguridad Social y el Estado del Bienestar están enfrentando serias dificultades. Y no es solo por la crisis económica reciente, las raíces de las dificultades del Estado de Bienestar son más antiguas. Por ello necesitan una transformación profunda. Los sistemas de Seguridad Social se financian mediante cotizaciones sociales, por ello deben restringir las prestaciones a quienes reúnen unos mínimos de cotización. Pero cada vez hay más grupos de población que no reúnen los requisitos. Los más perjudicados son los jóvenes que necesitan dedicar mayor tiempo a formarse aunque ni siquiera un buen nivel de educación les asegura encontrar un empleo homologable a los empleos que eran normales en el siglo XX. También están los desempleados que agotan su prestación o las mujeres que se ven forzadas a elegir entre tener hijos (pocos) o una carrera profesional y en general cualquier persona que no pueda acreditar un número suficiente de años cotizados. Dado que los sistemas de Seguridad Social financiados por cotizaciones no alcanzan a toda la población ha sido necesario crear sistemas asistenciales de último recurso a cuyas ayudas se puede tener acceso sin necesidad de haber cotizado antes, aunque normalmente se exige reunir toda una serie de requisitos bastante estrictos que incluyen demostrar que no se dispone de medios económicos y una disposición favorable al trabajo. El problema es que cada vez hay más personas que quedan excluidas del sistema de Seguridad Social y los sistemas de asistencia social no pueden atenderlos a todos. El resultado es que la pobreza y la desigualdad, después de haber disminuido durante décadas han comenzado a aumentar de nuevo. Y esto está sucediendo en los países más desarrollados de la Tierra. ¿Realmente no sabríamos hacerlo mejor?

Necesitamos un nuevo modelo de protección social adaptado a la economía del conocimiento

El nuevo modelo debería ser más robusto y ofrecer mejor respuesta a los 6 retos comentados anteriormente. El nuevo sistema debería ser capaz de:

1. Garantizar a todos los ciudadanos una renta básica de forma universal que les permita sobrevivir independientemente del trabajo de modo que las personas puedan dedicar los periodos en los que no tienen trabajo a formarse y puedan arriesgar su tiempo en proyectos de emprendimiento.

2. Las personas que tienen hijos y cuidan de ellos deben recibir también de la sociedad una renta básica por sus hijos ya que están contribuyendo al mantenimiento demográfico.

3. En una economía en la que cada vez mayor parte del trabajo lo realizan las máquinas, los impuestos sobre el trabajo no son la mejor base de financiación. Sería conveniente desplazar gradualmente la base de la financiación de los impuestos al trabajo hacia los impuestos al consumo, en concreto al IVA. Esto permitiría reducir las cotizaciones sociales y mantener los impuestos a la renta en niveles no excesivos.

4. La garantía de una renta básica debería extenderse hasta el final de la vida.

5. Con el sistema actual los países que tenemos una carga elevada de cotizaciones sociales e impuestos sobre el trabajo estamos en desventaja ya que nuestros productos de exportación llevan incorporados dichos impuestos y los países que no protegen a sus trabajadores tienen costes laborales más reducidos. Una solución obvia sería bajar los impuestos que gravan los salarios y elevar en la misma medida el IVA. Por una parte, el precio de nuestros productos de exportación bajaría y podríamos competir mejor, por otra parte, el IVA recae sobre todos los productos, incluidos los productos importados por lo que también dentro del nuestro propio país nuestro productos serían más competitivos.

6. Sin la presión de crear empleos a toda costa nos podríamos evitar las políticas de obras públicas innecesarias de corte keynesiano.

Por supuesto, el cambio de modelo no se puede hacer demasiado rápido. Existen muchos derechos adquiridos y cualquier cambio en el escenario económico de esta magnitud requiere plazos de reforma relativamente largos. Además, cualquier innovación de gran alcance conviene realizarla con prudencia. El conocimiento de tipo científico se adquiere de forma gradual, por ensayo y error, realizando experimentos y aprendiendo de ellos. Hace tiempo que deberíamos haber comenzado a experimentar. El tiempo perdido ya no se puede recuperar, pero esté en nuestras manos lo que podemos hacer a partir de ahora.

Rafael Pinilla

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¿Por qué es preferible garantizar el derecho a la renta en vez de garantizar el derecho al trabajo? (I)

¿Por qué queremos garantizar una Renta Básica Universal?

Revisamos el proyecto económico de Ciudadanos contra el paro, la pobreza y la desigualdad (1/3)

Presentación del programa económico de Ciudadanos. (EFE)

El pasado 17 de febrero, el partido Ciudadanos presentaba una serie de propuestas encaminadas a “devolver a España su futuro” y hacer frente al paro, la pobreza y la desigualdad. Desde este blog, Rafael Pinilla comentó sus primeras impresiones, hoy Luis Sanzo comienza una serie de tres entradas analizando en detalle las principales propuestas relacionadas con la política de ingresos que propone este partido, desde el complemento al empleo, la discusión sobre el salario mínimo o el contrato único. 

En los aspectos relativos a la política de garantía de ingresos, o de recursos en sentido más amplio, la propuesta sugiere una serie reflexiones que podrían ser de interés para los seguidores de este blog.

Salario digno por un trabajo digno.

En su propuesta contra la desigualdad, la pobreza y la exclusión, Ciudadanos define como su primer, y sin duda principal, objetivo asegurar “que todos los ciudadanos reciben un salario digno por un trabajo digno”.

El instrumento para acercarse a este fin es el llamado complemento salarial anual garantizado (CSAG) concentrado. Su finalidad, asegurar que no se creen desincentivos al trabajo en forma de excesivas pérdidas de ingresos cuando uno trabaja más horas o más miembros del hogar consiguen encontrar trabajo. De esta forma, aquellos hogares en los que las personas principales hayan obtenido rentas salariales y/o ingresos del trabajo por cuenta propia, sin llegar a alcanzar una cuantía mínima anual, tendrán derecho al complemento. La referencia para esta actuación son los modelos anglosajones de bonificación al empleo, en particular el EITC estadounidense o el sistema británico de créditos fiscales a población trabajadora con bajos salarios.

La propuesta de Ciudadanos enlaza sin duda con una de las líneas de actuación para la garantía de ingresos que se han adelantado en este blog, centrada en la necesidad de vincular las políticas de renta garantizada con un sistema de bonificación al empleo. Antes de entrar a valorar esta cuestión, hay una cuestión previa que plantea problemas en el planteamiento de Ciudadanos y es el papel que se perfila para la CSAG como alternativa a “la subida en el salario mínimo, que expulsa del empleo a los trabajadores peor pagados”.

La realidad es que la propuesta de un sistema de créditos fiscales para la bonificación al empleo no es incompatible ni con la introducción de un salario mínimo ni con la mejora del mismo. Uno de los problemas a resolver en el diseño de este tipo de sistemas consiste precisamente en prevenir los abusos que podrían derivarse de una reducción salarial por parte de un empresariado que supiera que los bajos salarios serán compensados por el Estado y que no tuviera que atenerse, en la contratación, a un salario mínimo.

De ahí, precisamente, la necesidad de un salario base que recoja las condiciones mínimas en las que se debe remunerar el trabajo asalariado, de acuerdo con la evolución de los precios, la productividad media alcanzada, la coyuntura económica general y la participación del trabajo en la renta nacional, tal y como se establece en el artículo 27.1 del Estatuto de los Trabajadores. Tanto si existen o no sistemas de bonificación como el CSAG, las organizaciones sindicales tienen la obligación de contribuir a garantizar un nivel salarial mínimo aceptable para el trabajo.

Centrándonos en el nivel del salario base español, resulta evidente que el salario mínimo en España sí puede y debe ser objeto de subida sin que ello tenga que venir asociado a consecuencias negativas sobre el empleo. Lo contrario sería dejar en manos del empresariado un exceso de poder para fijar las retribuciones mínimas en la empresa, en especial al amparo de un sistema tipo CSAG.

El Real Decreto 1106/2014 que fija el salario mínimo para 2015 en España establece este salario en términos diarios o mensuales con lo que no es fácil traducirlo en términos de salario/hora como suele ser habitual en otros países. En España, de hecho, la regulación de la jornada se vincula no sólo a una ley general sino a la negociación entre las partes sociales. Una referencia sin embargo al valor horario al que hace referencia nuestro salario mínimo puede encontrarse en el artículo 4.2 donde se sitúa en 5,08 euros/hora el salario mínimo de los empleados de hogar.

En términos comparados, se constata que esa cuantía se aleja con claridad de las establecidas en otros contextos cercanos, en especial en los países europeos más cercanos y comparables. Así, limitándonos a países en los que existe algún tipo de sistema de bonificación al empleo similar al que propone Ciudadanos, podemos comprobar que la cuantía del ingreso mínimo se sitúa en la actualidad en 8,50 euros/hora en Alemania o en 9,61 euros/hora en Francia.

La cuantía del salario mínimo también es superior a la establecida en España en los países anglosajones en los que se inspira más claramente el modelo CSAG de Ciudadanos. Así, en el Reino Unido, el salario mínimo es de 6,50 libras/hora (8,79 euros) para los mayores de 21 años.

En EE.UU., por su parte, existe un salario mínimo federal de 7,25$/hora (6,37 euros/hora) que se combina con sistemas de salarios mínimos estatales, algunos de los cuales pueden plantear distintas cuantías según la ciudad (de 9,60$ en Richmond a 12,25$ a Oakland en California, por ejemplo). En algunos Estados, el salario mínimo estatal es superior al federal, siendo entonces aplicable el primero.

Es cierto que en algunos países algunas limitadas categorías de empleados están exentas del sistema de salario mínimo y otros están remunerados a un nivel más bajo. Así ocurre, en Estados Unidos, en este último caso, con las personas trabajadoras menores de 20 años o que trabajan en base al sistema de propinas (tips). La justificación es que esta aproximación ayuda a prevenir la caída del empleo para este tipo de población trabajadora.

Es posible por tanto acordar que, en ciertas circunstancias especiales, pudiera justificarse un tratamiento igualmente especial en términos del salario mínimo. En lo relativo al colectivo asalariado, tal tratamiento debe presuponer sin embargo ese carácter especial y ser pactado con las partes, tanto en el ámbito social como en el político. En caso de que, en determinadas ramas de actividad o profesiones, no pudieran garantizarse determinados niveles salariales, la solución no debería pasar por una salida estructural del sistema de salario mínimo más que en circunstancias muy especiales (así ocurre incluso en EE.UU). La vía para la solución de estas disfunciones debería pasar, más bien, por mecanismos de reparto de los riesgos entre empresarios y trabajadores que se tradujeran en algún tipo de compensación vía participación en los beneficios potenciales para este tipo de población trabajadora.

En cualquier caso, la necesidad de apoyar el empleo en ciertas categorías especiales mal remuneradas no implica renunciar al principio de contar con un salario mínimo de nivel aceptable, creciente en función del aumento de la productividad y de la riqueza de un país.

Luis Sanzo

Artículos relacionados:
http://larentabasicaquepodemos.blogspot.com.es/2015/02/primeras-impresiones-sobre-el-programa.html

Primeras impresiones sobre el programa económico de Ciudadanos

Luis Garicano presenta el programa económico de Ciudadanos

Tal como se había anunciado Luis Garicano adelantó ayer las lineas generales del programa económico de Ciudadanos en compañía del también economista Manuel Conthe y del presidente de ciudadanos Albert Ribera. Por lo que respecta a la temática de este blog las preguntas clave son:

1. ¿Contempla el problema de la pobreza la desigualdad y el desempleo como una de las prioridades de la política económica?

2. ¿Propone políticas de garantía de rentas que pueden ser eficaces y además política y económicamente viables?

Sobre la prioridad asignada

Esta es la cita textual de su programa: "Primer Objetivo. Priorizaremos la lucha contra la desigualdad, la pobreza y la exclusión y aseguraremos que todos los ciudadanos reciben un salario digno por un trabajo digno". 

Decíamos ayer al hablar sobre propuestas electorales que lo mínimo que se podía exigir a un partido político en el contexto de España en 2015 es que fuese claro estableciendo la pobreza, la desigualdad y el desempleo como una de las prioridades fundamentales. Ciudadanos no deja lugar a dudas en este sentido y se alinea con el sentir de la mayoría de la población. También comentábamos que la forma de comprometer el grado de prioridad es establecer un compromiso presupuestario y esto no aparece por el momento. Sí que aparecen algunas políticas específicas que sin ser novedades en el terreno internacional sí lo serían de aplicarse en España. Pasaremos a comentarlas en el siguiente apartado. 

En cualquier caso, es evidente que el programa económico que se ha presentado está ofreciendo medidas para poner en práctica a escala de todo el Estado. Quizá porque Ciudadanos no se ve a tiempo de competir por el Gobierno de una CCAA y sí como una fuerza que podría ser decisiva en la conformación del próximo Gobierno de España. 

Políticas de Garantía de Rentas que propone Ciudadanos

Resulta llamativo que Ciudadanos habla en su objetivo de pobreza, desigualdad y exclusión, pero a la hora de establecer políticas de renta las medidas que propone consisten básicamente en mejoras para los trabajadores pobres y para favorecer que los desempleados logren empleo. Se habla de los países del norte de Europa como referentes, en concreto de Dinamarca. Pero no se hace ninguna mención a que Dinamarca posee el sistema de protección social universalista más sólido de Europa que incluye sistemas de garantías de rentas que cubren prácticamente a la totalidad de la población, tanto si trabajan como si no. En cualquier caso, Ciudadanos tiene el gran mérito de hablar con claridad a favor de introducir algunas medidas que sin duda mejorarían las condiciones de vida de muchas personas y ayudarían también a impulsar la economía. Ninguno de los partidos tradicionales en España ha hecho esto hasta ahora, ni desde el Gobierno ni desde la oposición. Vamos a resaltar algunas de las propuestas que me parecen más significativas: 

1. Proponen simplificar el sistema de contratación laboral introduciendo un tipo de contrato único llamado a ir sustituyendo todos los demás. Se eliminaría la contratación temporal sustituyéndola por el nuevo contrato indefinido que tendría una indemnización por despido pequeña, pero creciente con la antigüedad. Adicionalmente plantean un seguro de despido que los trabajadores podrían utilizar como un capital para reciclarse o en el momento de la jubilación. Expresado de este modo genérico suena bien, aunque en la práctica los efectos dependerían mucho de los detalles. 

2. Introducir un Complemento Salarial Anual Garantizado. Se trata de complementar los salarios bajos (parece ser que también los ingresos de los autónomos) por medio de una bonificación al empleo en el IRPF que funcionaría como un impuesto negativo sobre la renta. Más específicamente hablan de un tramo de complemento creciente, un tramo fijo y un tramo de salida. Hacen referencia a los modelos Americano (Earned Income Tax Credit) y británico, que con cuantías más reducidas se han ido extendiendo por otros países europeos. En este Blog hemos hablado de la necesidad de contar con un sistema de este tipo como uno de los elementos fundamentales de un sistema de garantía de rentas. Los efectos en la práctica dependerán mucho del entorno, como luego comentaremos. 

3. Un programa contra el paro de larga duración. Se trata de promover la formación profesional en los parados de larga duración "poniendo dinero en manos de los trabajadores" para que ellos elijan la formación. No especifican si van a proporcionar algún tipo de rentas mínima para estos trabajadores que por su condición habrán terminado el derecho a la prestación de desempleo. Sí hablan de bonificar a las empresas que los contraten y de establecer un servicio de orientación individualizado que tal como se describe parece seguir el modelo de Dinamarca. Lo que no parece que se haya tenido en cuenta es la cantidad de parados de larga duración que tenemos aquí, las dificultades de reciclaje de estos trabajadores ni el coste de un servicio de orientación profesional de estilo danés. 

4. Asegurar una segunda oportunidad a todos los españoles. Esto es una buena idea. Se trata de facilitar la cancelación de las deudas personales promoviendo una valoración más justa de los bienes embargables y conceder a los ciudadanos de buena fe la posibilidad de llegar a un acuerdo con los acreedores que les libere de sus deudas o al menos parte de ellas. La propuesta la formulan de forma muy prudente, quizá para no irritar a quienes se encuentran en posición acreedora. La idea es buena, pero un exceso de prudencia podría esterilizar sus efectos en la práctica. 

5. Luchar por una política Europea Activa de lucha contra el desempleo. Esta propuesta viene a reconocer las importantes limitaciones de política económica en que se encuentra un país como España, cautivo dentro de la zona Euro. Pero lo que proponen, que la Europa del Norte contribuya financiando las políticas activas de empleo, a cambio de que España realice "reformas estructurales necesarias" no es algo que vaya a depender del Gobierno de España salvo que se estuviese dispuesto a lanzar y mantener un órdago a Alemania y el BCE al estilo de lo que está haciendo Grecia. 

Comentarios

En primer lugar, felicidades a Ciudadanos por lanzar un programa económico "sensato". Han elegido un buen adjetivo calificativo. Tanto las líneas generales como las medidas específicas de mejora de la situación de los trabajadores pobres son medidas probadas en Europa y EEUU con cierta capacidad de corrección de algunos de los problemas más graves de la distribución de la renta en España. Nada que no hubieran podido poner en práctica los partidos que vienen gobernando España en los últimos 30 años y no cabe duda de que si lo hubieran hecho España estaría mejor y hubiéramos soportado mejor la crisis. Al parecer es necesario que lleguen nuevas fuerzas políticas para que se pongan sobre la mesa propuestas de sentido común que están plenamente homologadas en Europa. Lo que alguien deberá explicar es por qué no se hicieron este tipo de reformas hace 15 o 10 años. 

La propuesta de simplificación de la contratación laboral tiene mucho sentido, aunque las resistencias al cambio pueden ser enormes. A nuestro modo de ver las ventajas de este tipo de reforma para las empresas y los desempleados están claras, pero no así para los trabajadores con empleo. En la propuesta se cuidan por ello de hablar de este contrato como algo a aplicar a las "nuevas contrataciones". 

Quizá la reforma con mayor interés es la de la introducción del complemento salarial como medio de bonificación al empleo. Nos parece que este es un elemento esencial de una política de garantía de rentas, porque es importante para conservar el sistema de incentivos que "el empleo pague". Pero no es correcto presentar esta medida como una "alternativa a la renta garantizada" sino como un complemento. Es verdad que ofrecer una "renta mínima garantizada" condicionada a no tener trabajo ni rentas (tipo renta mínima de inserción) puede desincentivar el trabajo remunerado. Es por ello que es necesario introducir un sistema de bonificación al empleo junto con la renta mínima garantizada para que el hecho de trabajar suponga siempre una mejora significativa de renta. Pero plantearlo como alternativa y demonizar la renta mínima garantizada significa que el único modo de acceder a rentas pasaría necesariamente por conseguir un empleo. El complemento de salarios que se cobra a través de la empresa se convertiría entonces más en una subvención para las empresas a las que el Estado pagaría parte del salario de los trabajadores, sin que los trabajadores tuvieran una mejora de su renta ni una garantía de renta alternativa que les permitiese negociar. De hecho, esto es lo que sucede en EEUU donde el EITC no ha servido para erradicar el problema de los trabajadores pobres a pesar de que hay estados en los que el 50% de la remuneración del trabajador puede ser la subvención estatal. Para que el complemento salarial garantizado mejore el nivel de renta de los trabajadores pobres es necesario acompañarlo de un derecho a una renta mínima garantizada que permita a los trabajadores sobrevivir sin empleo y negociar desde esa posición un complemento salarial justo por su trabajo. Con todo, entendemos que la introducción de un modelo tipo EITC supondría una mejora con respecto a la situación actual y ayudaría a dinamizar la actividad productiva y el crecimiento económico. 

En cuanto a la propuesta de formación para parados de larga duración. Debería acompañarse también de la garantía de una renta mínima y para que fuese efectiva en la incorporación de personas al empleo la formación debería proponerse como un derecho de los parados que quieren trabajar, no como una obligación que la sociedad impone a las personas para mantenerlas ocupadas con la ficción de que los están formando para el empleo. Porque no nos engañemos, una persona de más de 50 años que lleva 2 o más años en paro, que trabajaba en la construcción, que ha perdido la motivación y sus esquemas de relación social es difícil que compita en el mercado de trabajo actual con jóvenes de 25 o 30 años incluso aunque tuviera alguna oportunidad de volver a entrar en el sector de la construcción. Esta propuesta parece alejada del conocimiento de la dura realidad española. 

Como comentario final, me gustaría felicitar a Ciudadanos porque ha presentado un programa claro, que responde a los problemas que tiene el país y que ofrece soluciones valientes. En mi opinión establece un buen nivel de partida para el debate y esto es muy bueno. En los meses que faltan para las elecciones habrá ocasión de contrastar estas y otras propuestas con la opinión de expertos y ciudadanos lo que sin duda ayudará a la hora de implementar cambios reales, gobierne quien gobierne. Quizá lo que más me ha gustado es la declaración inicial en la que afirman que estas propuestas no son un punto final sino un punto de partida y que "Nos comprometemos a instaurar un riguroso programa de evaluación continua de todas las políticas, de forma que aquellas que no funcionen como deseamos sean rediseñadas o eliminadas". ¿Será posible que veamos algo así en España, el país donde la inmensa mayoría de políticos y periodistas continúan negándose sistemáticamente a aceptar la evidencia?

Rafael Pinilla

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