Primeras impresiones sobre el programa económico de Ciudadanos

Luis Garicano presenta el programa económico de Ciudadanos

Tal como se había anunciado Luis Garicano adelantó ayer las lineas generales del programa económico de Ciudadanos en compañía del también economista Manuel Conthe y del presidente de ciudadanos Albert Ribera. Por lo que respecta a la temática de este blog las preguntas clave son:

1. ¿Contempla el problema de la pobreza la desigualdad y el desempleo como una de las prioridades de la política económica?

2. ¿Propone políticas de garantía de rentas que pueden ser eficaces y además política y económicamente viables?

Sobre la prioridad asignada

Esta es la cita textual de su programa: "Primer Objetivo. Priorizaremos la lucha contra la desigualdad, la pobreza y la exclusión y aseguraremos que todos los ciudadanos reciben un salario digno por un trabajo digno". 

Decíamos ayer al hablar sobre propuestas electorales que lo mínimo que se podía exigir a un partido político en el contexto de España en 2015 es que fuese claro estableciendo la pobreza, la desigualdad y el desempleo como una de las prioridades fundamentales. Ciudadanos no deja lugar a dudas en este sentido y se alinea con el sentir de la mayoría de la población. También comentábamos que la forma de comprometer el grado de prioridad es establecer un compromiso presupuestario y esto no aparece por el momento. Sí que aparecen algunas políticas específicas que sin ser novedades en el terreno internacional sí lo serían de aplicarse en España. Pasaremos a comentarlas en el siguiente apartado. 

En cualquier caso, es evidente que el programa económico que se ha presentado está ofreciendo medidas para poner en práctica a escala de todo el Estado. Quizá porque Ciudadanos no se ve a tiempo de competir por el Gobierno de una CCAA y sí como una fuerza que podría ser decisiva en la conformación del próximo Gobierno de España. 

Políticas de Garantía de Rentas que propone Ciudadanos

Resulta llamativo que Ciudadanos habla en su objetivo de pobreza, desigualdad y exclusión, pero a la hora de establecer políticas de renta las medidas que propone consisten básicamente en mejoras para los trabajadores pobres y para favorecer que los desempleados logren empleo. Se habla de los países del norte de Europa como referentes, en concreto de Dinamarca. Pero no se hace ninguna mención a que Dinamarca posee el sistema de protección social universalista más sólido de Europa que incluye sistemas de garantías de rentas que cubren prácticamente a la totalidad de la población, tanto si trabajan como si no. En cualquier caso, Ciudadanos tiene el gran mérito de hablar con claridad a favor de introducir algunas medidas que sin duda mejorarían las condiciones de vida de muchas personas y ayudarían también a impulsar la economía. Ninguno de los partidos tradicionales en España ha hecho esto hasta ahora, ni desde el Gobierno ni desde la oposición. Vamos a resaltar algunas de las propuestas que me parecen más significativas: 

1. Proponen simplificar el sistema de contratación laboral introduciendo un tipo de contrato único llamado a ir sustituyendo todos los demás. Se eliminaría la contratación temporal sustituyéndola por el nuevo contrato indefinido que tendría una indemnización por despido pequeña, pero creciente con la antigüedad. Adicionalmente plantean un seguro de despido que los trabajadores podrían utilizar como un capital para reciclarse o en el momento de la jubilación. Expresado de este modo genérico suena bien, aunque en la práctica los efectos dependerían mucho de los detalles. 

2. Introducir un Complemento Salarial Anual Garantizado. Se trata de complementar los salarios bajos (parece ser que también los ingresos de los autónomos) por medio de una bonificación al empleo en el IRPF que funcionaría como un impuesto negativo sobre la renta. Más específicamente hablan de un tramo de complemento creciente, un tramo fijo y un tramo de salida. Hacen referencia a los modelos Americano (Earned Income Tax Credit) y británico, que con cuantías más reducidas se han ido extendiendo por otros países europeos. En este Blog hemos hablado de la necesidad de contar con un sistema de este tipo como uno de los elementos fundamentales de un sistema de garantía de rentas. Los efectos en la práctica dependerán mucho del entorno, como luego comentaremos. 

3. Un programa contra el paro de larga duración. Se trata de promover la formación profesional en los parados de larga duración "poniendo dinero en manos de los trabajadores" para que ellos elijan la formación. No especifican si van a proporcionar algún tipo de rentas mínima para estos trabajadores que por su condición habrán terminado el derecho a la prestación de desempleo. Sí hablan de bonificar a las empresas que los contraten y de establecer un servicio de orientación individualizado que tal como se describe parece seguir el modelo de Dinamarca. Lo que no parece que se haya tenido en cuenta es la cantidad de parados de larga duración que tenemos aquí, las dificultades de reciclaje de estos trabajadores ni el coste de un servicio de orientación profesional de estilo danés. 

4. Asegurar una segunda oportunidad a todos los españoles. Esto es una buena idea. Se trata de facilitar la cancelación de las deudas personales promoviendo una valoración más justa de los bienes embargables y conceder a los ciudadanos de buena fe la posibilidad de llegar a un acuerdo con los acreedores que les libere de sus deudas o al menos parte de ellas. La propuesta la formulan de forma muy prudente, quizá para no irritar a quienes se encuentran en posición acreedora. La idea es buena, pero un exceso de prudencia podría esterilizar sus efectos en la práctica. 

5. Luchar por una política Europea Activa de lucha contra el desempleo. Esta propuesta viene a reconocer las importantes limitaciones de política económica en que se encuentra un país como España, cautivo dentro de la zona Euro. Pero lo que proponen, que la Europa del Norte contribuya financiando las políticas activas de empleo, a cambio de que España realice "reformas estructurales necesarias" no es algo que vaya a depender del Gobierno de España salvo que se estuviese dispuesto a lanzar y mantener un órdago a Alemania y el BCE al estilo de lo que está haciendo Grecia. 

Comentarios

En primer lugar, felicidades a Ciudadanos por lanzar un programa económico "sensato". Han elegido un buen adjetivo calificativo. Tanto las líneas generales como las medidas específicas de mejora de la situación de los trabajadores pobres son medidas probadas en Europa y EEUU con cierta capacidad de corrección de algunos de los problemas más graves de la distribución de la renta en España. Nada que no hubieran podido poner en práctica los partidos que vienen gobernando España en los últimos 30 años y no cabe duda de que si lo hubieran hecho España estaría mejor y hubiéramos soportado mejor la crisis. Al parecer es necesario que lleguen nuevas fuerzas políticas para que se pongan sobre la mesa propuestas de sentido común que están plenamente homologadas en Europa. Lo que alguien deberá explicar es por qué no se hicieron este tipo de reformas hace 15 o 10 años. 

La propuesta de simplificación de la contratación laboral tiene mucho sentido, aunque las resistencias al cambio pueden ser enormes. A nuestro modo de ver las ventajas de este tipo de reforma para las empresas y los desempleados están claras, pero no así para los trabajadores con empleo. En la propuesta se cuidan por ello de hablar de este contrato como algo a aplicar a las "nuevas contrataciones". 

Quizá la reforma con mayor interés es la de la introducción del complemento salarial como medio de bonificación al empleo. Nos parece que este es un elemento esencial de una política de garantía de rentas, porque es importante para conservar el sistema de incentivos que "el empleo pague". Pero no es correcto presentar esta medida como una "alternativa a la renta garantizada" sino como un complemento. Es verdad que ofrecer una "renta mínima garantizada" condicionada a no tener trabajo ni rentas (tipo renta mínima de inserción) puede desincentivar el trabajo remunerado. Es por ello que es necesario introducir un sistema de bonificación al empleo junto con la renta mínima garantizada para que el hecho de trabajar suponga siempre una mejora significativa de renta. Pero plantearlo como alternativa y demonizar la renta mínima garantizada significa que el único modo de acceder a rentas pasaría necesariamente por conseguir un empleo. El complemento de salarios que se cobra a través de la empresa se convertiría entonces más en una subvención para las empresas a las que el Estado pagaría parte del salario de los trabajadores, sin que los trabajadores tuvieran una mejora de su renta ni una garantía de renta alternativa que les permitiese negociar. De hecho, esto es lo que sucede en EEUU donde el EITC no ha servido para erradicar el problema de los trabajadores pobres a pesar de que hay estados en los que el 50% de la remuneración del trabajador puede ser la subvención estatal. Para que el complemento salarial garantizado mejore el nivel de renta de los trabajadores pobres es necesario acompañarlo de un derecho a una renta mínima garantizada que permita a los trabajadores sobrevivir sin empleo y negociar desde esa posición un complemento salarial justo por su trabajo. Con todo, entendemos que la introducción de un modelo tipo EITC supondría una mejora con respecto a la situación actual y ayudaría a dinamizar la actividad productiva y el crecimiento económico. 

En cuanto a la propuesta de formación para parados de larga duración. Debería acompañarse también de la garantía de una renta mínima y para que fuese efectiva en la incorporación de personas al empleo la formación debería proponerse como un derecho de los parados que quieren trabajar, no como una obligación que la sociedad impone a las personas para mantenerlas ocupadas con la ficción de que los están formando para el empleo. Porque no nos engañemos, una persona de más de 50 años que lleva 2 o más años en paro, que trabajaba en la construcción, que ha perdido la motivación y sus esquemas de relación social es difícil que compita en el mercado de trabajo actual con jóvenes de 25 o 30 años incluso aunque tuviera alguna oportunidad de volver a entrar en el sector de la construcción. Esta propuesta parece alejada del conocimiento de la dura realidad española. 

Como comentario final, me gustaría felicitar a Ciudadanos porque ha presentado un programa claro, que responde a los problemas que tiene el país y que ofrece soluciones valientes. En mi opinión establece un buen nivel de partida para el debate y esto es muy bueno. En los meses que faltan para las elecciones habrá ocasión de contrastar estas y otras propuestas con la opinión de expertos y ciudadanos lo que sin duda ayudará a la hora de implementar cambios reales, gobierne quien gobierne. Quizá lo que más me ha gustado es la declaración inicial en la que afirman que estas propuestas no son un punto final sino un punto de partida y que "Nos comprometemos a instaurar un riguroso programa de evaluación continua de todas las políticas, de forma que aquellas que no funcionen como deseamos sean rediseñadas o eliminadas". ¿Será posible que veamos algo así en España, el país donde la inmensa mayoría de políticos y periodistas continúan negándose sistemáticamente a aceptar la evidencia?

Rafael Pinilla

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Reflexión previa ¿Sirve de algo un programa electoral?

Existe una extendida creencia de que los programas electorales no sirven de mucho porque luego no se cumplen y tampoco pasa nada. Esta creencia está alimentada por la frecuencia con la que partidos políticos que han ganado las elecciones incumplen sus promesas, ya sea porque no las llevan a cabo o porque hacen incluso lo contrario de lo que dijeron.

Es verdad que los programas suelen incluir demasiadas promesas de modo que tanto políticos como electores sabemos que es imposible que se vayan a cumplir. Un programa de este tipo ya es un mal principio porque en ese caso el político podrá decidir con bastante libertad qué es lo que cumple y lo que no. Otra estrategia típica es elaborar un programa lleno de vaguedades en las que se está a favor de mejorar todo lo que alguien puede desear mejorar pero sin concretar cómo ni marcar prioridades. Con este tipo de programa los políticos tratan también de conseguir el máximo de votos cuidando de provocar el menor rechazo posible. Cuando este tipo de programas se convierten en la norma podemos concluir que los programas políticos demasiado extensos o demasiado vagos no sirven para mucho y se conviernten en documentos a los que nadie presta mucha atención. Pero no necesariamente debe ser así.

Es perfectamente posible elaborar programas que incluyan propuestas concretas que no sean una quimera, que se pueden realizar en un plazo de tiempo razonable con los recursos disponibles por la sociedad. Pero en estos programas no cabe todo. Lo que se puede hacer en un plazo de 4 años con recursos que siempre son limitados no pueden ser demasiadas cosas. Lo que queremos saber de un partido o coalición que se presenta bajo un mismo programa de acción es cuáles son sus propuestas estrella, a qué aspectos van a dedicar mayor energía y dedicación, y qué van a a hacer de nuevo o diferente que les vaya a tener éxito donde otros han fracasado, o a mejorar los resultados que otros han logrado. ¿Se puede hacer esto en política de rentas? ¿Qué acciones concretas cabría incluir sobre política de rentas en un programa electoral para que los electores entendamos que vale la pena apostar por esa opción? Más en concreto, ¿Qué propuestas de este tipo se podrían incluir en el programa de un partido que concurre a las elecciones autonómicas?

¿Que propuestas nos gustaría ver en los programas electorales sobre política de rentas?

 

Lo mínimo que esperaríamos ver: 

 

1. Que la pobreza, la desigualdad y el desempleo se consideran problemas prioritarios a los que es necesario dedicar más recursos y energía para resolverlos. Queremos saber qué hará su gobierno para reducir la pobreza y la desigualdad, y qué hará para reducir el desempleo.

2. Compromiso de mejora de la gestión e incremento presupuestario en política de rentas. Esta es la forma en que se expresa una prioridad política en la forma de compromiso de recursos. Si alguien dice que su prioridad es la lucha contra la pobreza y luego no incrementa significativamente los recursos que se dedican a combatir o paliar la pobreza, sencillamente miente.

3. Algunas ideas originales para mejorar los resultados en política de rentas. Parece evidente que estos problemas no se van a resolver haciendo lo mismo que se viene haciendo durante décadas. O proponiendo acciones que ya fracasaron una y otra vez. Queremos planteamientos innovadores que nos permitan tener esperanza. Al menos intentémoslo.

Algunas ideas que se podrían poner en práctica a escala de una Comunidad Autónoma en España en 2015

 

En primer lugar matizaremos el modo en que conviene incluir los dos primeros puntos  comentados anteriormente. Decir solo que la lucha contra la pobreza y el desempleo es una prioridad es una declaración política gratuita. Hay que concretar un poco más. A buen seguro muchos van a defender la idea de que "la mejor forma de luchar contra la pobreza es crear empleo". Sería estupendo si fuera cierto, pero la realidad en España es que hay cada vez más "empleados pobres", es decir, personas que trabajan, pero no consiguen ganar lo suficiente porque su empleo está mal remunerado o trabajan muy pocas horas. Cuidado, no basta con crear empleo para reducir la pobreza y la desigualdad.

El compromiso en mejorar el presupuesto para luchar contra la pobreza ha de cuantificarse. No basta dejarlo en términos indefinidos. Tampoco hace falta decir la cantidad en euros. Bastaría con indicar el incremento de porcentaje de los presupuestos públicos que se va a dedicar a planes de lucha contra la pobreza, emergencia social, programas de creación de empleo y prevención de la exclusión... España se encuentra a la cola de Europa en recursos dedicados a luchar contra la pobreza y la exclusión. Con toda seguridad es necesario incrementar los recursos dedicados a estos programas. Por tanto, ¿En qué medida va a incrementar el presupuesto para la garantía de rentas? Queremos ver un compromiso claro. Y por supuesto querremos también que el gasto actual se gestione mejor y logre mejores resultados, pero no basta con mejorar la gestión de los recursos existentes cuando son en muchas CCAA una décima parte de lo que deberían emplear. Ciertamente no se puede lograr en un año, se necesita un plan y condicionarlo a la capacidad financiera. ¡Pero se necesita un compromiso y un plan de incremento bien definido!

Dicho esto, la realidad es que las CCAA tienen en España competencias de servicios sociales para poner en marcha políticas de garantía de rentas y prácticamente todas ellas tienen un programa de garantía de rentas. Pero la mayoría no tienen capacidad para incrementar por sí mismas los presupuestos necesarios si no reciben mayores transferencias del Estado o una mayor autonomía financiera. Por este motivo, la capacidad real de incrementar los presupuestos va a estar muy condicionada a la política estatal. Sin embargo, esto no significa que las CCAA no puedan hacer mucho más de lo que actualmente están haciendo. Las CCAA sí tienen capacidad para tomar muchas iniciativas que mejorarían la gestión del actual sistema y lo prepararían para ser más efectivas y eficientes cuando logren incrementar los presupuestos con ayuda del Estado. Se nos ocurre que podrían hacer al menos algunas de estas cosas:

1. Mejorar el sistema de información y seguimiento de la pobreza. Quizá el modo más rápido y eficiente de hacerlo sería crear un Registro Público de Solicitantes de la Renta Mínima de Inserción (tienen nombres diferentes en cada CCAA) en Internet. De modo que cualquier persona pudiera enviar la solicitud por sí mismo o con ayuda de un trabajador social de un Ayuntamiento o de una ONG. En el formulario de petición los solicitantes pueden proporcionar mucha información útil para conocer mejor el problema en la Comunidad y dirigir mejor los recursos a los más necesitados. Se podría incentivar fácilmenta a los solicitantes para que informasen regularmente sobre su situación y lo hiciesen de forma veraz.

2. Elaborar y publicar una estadística sobre el problema de la pobreza. Procesar la información y hacerla pública es necesario para incrementar la conciencia social sobre el problema, sobre lo que el Gobierno está haciendo, sobre la efectividad de las distintas soluciones... Y esta conciencia social es necesaria para legitimar políticamente el presupuesto que se dedica a resolver estos problemas.

3. Crear fuentes de financiación específicas para los programas de lucha contra la pobreza y en particular para resolver problemas que por su gravedad o urgencia se consdieran una emergencia social. En España hemos llegado en estos últimos años a algunos casos de extrema injusticia con situyaciones muy graves en que personas que cometieron la imprudencia de avalar a sus hijos para comprar una casa han acavado perdiendo la suya propia y viéndose en la calle a una edad en la que ya no es posible buscar empleo siquiera. Quizá no sean casos muy numerosos, pero con mayor razón es necesario actuar y no se puede esperar a que el Estado envíe más fondos. De hecho, en muchos de estos casos la ciudadanía se ha organizado para resolver de un modo a otro algunos de los casos que han llamado la atención. Con toda seguridad el Gobierno de una Comunidad Autónoma, incluso aunque no disponga de presupuestos, pueden actuar como catalizador para movilizar la generosidad social de forma más organizada y también más efectiva. El Gobierno de la Comunidad tiene poder para dar a conocer casos a resolver y promover toda una serie de formas de recaudación de fondos o movilización de otros recursos. Por ejemplo: puede crear una lotería social, puede promover que empresas importantes como bancos, empresas de distribución de enetgía o de telecoomunicaciónes se impliquen desde sus programas de responsabilidad social corporativa para contribuir en dinero o en especie a resolver los casos de emergencia social.

4. Dar alas al tercer sector.  En los debates políticos todavía existe una tendencia muy fuerte a polarizar las soluciones en un contexto un poco antiguo de izquierda-derecha en el que parece que la izquierda apuesta por soluciones de tipo público-estatal que han de financiarse por impuestos mientras la derecha apuesta por soluciones de tipo privado-mercado que funcionarán mejor si se bajan los impuestos. Esto es un debate viejo e inútil. El mercado funciona muy bien para algunas cosas y en muchos casos en los que no funciona del todo bien se puede mejorar con alguna regulaciones sencillas. En otros casos la intervención del Estado o de la Adminsitración ha demostrado ser más eficiente. Muchos de los debates publico-privado son falsos porque lo importante no es tanto la titularidad de un recurso (un hospital, por ejemplo) como la transparencia con la que se gestione y que exista una competencia real. Pero además, solemos olvidar al tercer sector. El tercer sector reúne a todas aquellas entidades que son privadas pero cuya finalidad princial no es el afán de lucro. Incluye a ONGs, Fundaciones Asociaciones, cooperativas e incluso empresas que formalmente pueden ser una SL o una SA pero en la práctica pueden estar priorizando otros valores como la inserción social. Para la lucha efectiva contra la pobreza y la desigualdad es esencial facilitar el trabajo del tercer sector. Porque las entidades del tercer sector pueden llevar a cabo mejor, de forma más transparente, más económica y más rápida programas de empleo y de integración social que desde la "izquierda" se ha considerado tradicionalmente que deberían hacerse desde la Administración. La iniciativa privada no es necesariamente con fines de lucro.

Rafael Pinilla

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La Declaración de Pamplona de 2009 sobre inclusión social y pobreza en España: una propuesta a recordar en 2015

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El 10 y 11 de diciembre de 2009, dos centenares de profesionales, voluntarios e investigadores pertenecientes a diversas universidades, ONGs y administraciones públicas de todo el Estado se reunieron en Pamplona en un Foro Propositivo. Elaboraron, debatieron y apoyaron una declaración conjunta para una Estrategia Inclusiva, con 40 propuestas concretas relacionadas con la lucha contra la pobreza y la inclusión social. Es la llamada Declaración de entidades sociales, profesionales y personal investigador por una estrategia inclusiva, durante y después de la crisis o Declaración de Pamplona. 

Dos aspectos resaltan el interés de aquella Declaración. El primero es que se trata de uno de los escasos ejemplos en los que los profesionales del sector social en España han planteado una actuación específica para abordar los problemas vinculados a la crisis, en aquel momento en plena fase emergente. El segundo es que se realizan algunas propuestas relacionadas con las cuestiones objeto de debate en este blog y es por ello que resulta muy relevante recordarlas ahora. Como se podrá ver, muchas de las propuestas que apoyamos en este blog son propuestas que ya recibieron ael apoyo consensuado de los principales expertos en pobreza y exclusión social en España hace 6 años.

Se presentan a continuación los aspectos más destacados de la Declaración de Pamplona en lo relativo a los aspectos vinculados directamente con la lucha contra la pobreza. Se recogen directamente los términos utilizados en la Declaración.

Situar en un lugar destacado de la agenda el debate de cómo enfrentar la pobreza y la exclusión social crecientes para acabar con ellas, al menos en sus expresiones más severas

Ahora que “los impagos se han multiplicado, las visitas a los bancos de alimentos son cada vez más frecuentes, las colas en los comedores sociales son cada día más largas y está creciendo la visita a la parte trasera de las grandes superficies”, ahora que las solicitudes de rentas mínimas se han disparado en toda España, y que las demandas registradas en las entidades sociales han experimentado un notable aumento en estos dos años, es ineludible que la sociedad española sitúe en un lugar destacado de la agenda el debate de cómo enfrentar la pobreza y la exclusión social crecientes.

Por desgracia, no se ha avanzado significativamente en el largo periodo de bonanza económica para resolver los problemas de crisis social estructural que venimos padeciendo: los niveles de desigualdad social se han mantenido inalterados, las carencias de nuestros sistemas de protección social no han sido resueltos y las mejoras en las condiciones de vida de los más pobres se han debido más al aumento general de los recursos que a una transformación de nuestra estructura social.

La respuesta a la crisis debería ser ... la ocasión para hacer frente con decisión a este déficit estructural de una “España social escasa”: no se trata sólo de lograr un patrón de crecimiento más equilibrado entre los sectores económicos, sino de mejorar la cohesión social, de reducir las desigualdades y de acabar con la pobreza y la exclusión social, al menos en sus expresiones más severas.

Se plantea así una línea específica de actuación priorizando la lucha contra la pobreza como estrategia social.

La pobreza debe ser considerada ilegal y la pobreza infantil, en particular, debe ser erradicada

La pobreza y la exclusión social, antes de la crisis y ahora que estamos instalados en ella, es una injusticia social que afecta a la dignidad de las personas y conculca los derechos humanos de un modo inadmisible en una sociedad que dispone de recursos y de riqueza suficiente para todos. Debería por ello ser declarada ilegal.

Deberá garantizarse especialmente la erradicación de la pobreza infantil.

Es posible actuar contra la pobreza

El impacto de la crisis económica ha puesto de manifiesto … la necesidad ineludible de consolidar una última red de seguridad que haga realidad el derecho de toda la población española a unos recursos mínimos suficientes para hacer frente a las necesidades básicas. La experiencia de algunos sistemas de rentas mínimas autonómicas en los últimos 20 años demuestra la posibilidad de consolidar adecuadamente este objetivo con un coste limitado, situado entre el 0,25 y el 0,35% del PIB.

La propuesta de una renta equivalente de 600 euros para toda la población

En materia de garantía de ingresos, la principal propuesta que se realiza en el Documento es la siguiente:

Garantizar unos ingresos adecuados para todos los ciudadanos y ciudadanas de forma que nadie se encuentre por debajo de una renta equivalente de 600 € (según la composición del hogar).

Las medidas concretas para hacer operativo el objetivo de garantía de ingresos

Se defiende conseguir el objetivo anterior “reformando y articulando el sistema de garantía de ingresos mínimos, desde el subsidio por desempleo o los complementos de mínimos de pensiones hasta las pensiones no contributivas o las rentas mínimas”.

En su versión detallada, el planteamiento se consolidaría:

·      Reformando y articulando el sistema de garantía de ingresos mínimos, desde el subsidio por desempleo o los complementos de mínimos de pensiones hasta las pensiones no contributivas;

·      Ampliando las modalidades de protección, con una atención especial a los hogares con menores de forma que pueda romperse el ciclo de reproducción de la pobreza.

·      Y participando, en coordinación con las comunidades autónomas, en la consolidación del sistema de rentas mínimas autonómicas, en especial en la dimensión financiera. La articulación de este sistema con las modalidades generales de protección de la Seguridad Social y de la protección al desempleo resulta fundamental.

·      Este conjunto de actuaciones debería desarrollarse en un contexto de superación de la actual fragmentación y dispersión del sistema de prestaciones de garantía.

El objetivo se consolidaría asimismo:

Manteniendo el esfuerzo en la mejora progresiva de las pensiones mínimas y del salario mínimo.

En coherencia con el papel atribuido a las instituciones autonómicas, el documento planteaba:

Que las Comunidades Autónomas asuman su responsabilidad como gestoras de una buena parte de las políticas sociales e incorporen una lógica inclusiva en todas ellas:

Desarrollando, en coordinación con la Administración del Estado, un sistema de rentas mínimas autonómicas que garantice, desde una perspectiva de derecho, unos ingresos suficientes para cubrir las necesidades básicas de toda la población. Este sistema deberá tener en cuenta las experiencias históricas de las distintas comunidades autónomas, particularmente en lo relativo a los aspectos siguientes:

·      La aplicación del doble derecho a una prestación de garantía y a acciones de apoyo a la inserción, desligando la gestión del sistema de prestaciones de la aplicación de las políticas de inserción, tanto en su dimensión social como laboral. Debe tenerse en cuenta, en este sentido, que tanto la población objeto de atención de ambos tipos de actuaciones como las lógicas y modalidades de aplicación de estos derechos resultan diferentes. Habría que considerar especialmente la situación de las personas que no tienen posibilidades de acceso al empleo, garantizándoles una modalidad de protección no sujeta a controles periódicos ni a exigencias asociadas a un objetivo imposible de inserción laboral, sin perjuicio de la necesidad de seguir garantizando su acceso a los programas generales de apoyo de los servicios sociales.

·      La consideración de un sistema múltiple de prestaciones que incorpore actuaciones orientadas a la cobertura de las necesidades básicas pero también a hacer frente a gastos especiales necesarios para superar la pobreza y el riesgo de exclusión.

·      La introducción de mecanismos de bonificación al empleo.

La Administración Central del Estado y las comunidades autónomas, cada una en su ámbito competencial, tienen la obligación de actuar de forma coordinada en el objetivo de consolidar este sistema de rentas mínimas autonómicas. La definición de unos niveles mínimos comunes para el conjunto del Estado, a financiar por el Estado, debe ser objeto de una iniciativa legislativa conjunta, de acuerdo con lo previsto en la Constitución, los Estatutos de Autonomía y otras normas legales de aplicación.

 

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