Dentro de su plan
plurianual contra la pobreza y por la inclusión social, el primer ministro de
Francia, Manuel Valls, presentó el pasado 3 de febrero la reforma del sistema
de bonificación al empleo para la población trabajadora con bajos ingresos. La
reforma, cuyas ideas generales ya había adelantado en agosto del pasado año,
entrará en vigor a partir del primero de enero de 2016, aunque la aprobación de
la ley reguladora se adelantará a la segunda mitad de 2015, probablemente en
septiembre. La reforma consiste en refundir en una nueva y única Prima de
Actividad (PA) el llamado RSA Actividad y la Prima Para el Empleo (PPE),
actualmente en vigor.
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Manuel Valls durante la presentación de su plan contra la pobreza y por la
inclusión social. 3 de marzo de 2015
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La reforma trata de
hacer frente a las insuficiencias de los dos dispositivos existentes, sujetos
ambos a fuertes críticas en los últimos años. Pretende, por una parte, mejorar la
efectividad en la reducción de la pobreza entre la población trabajadora,
evitando que parte de las prestaciones, como sucede con la PPE, llegue a grupos
ocupados en situación acomodada. En lo relativo al RSA Actividad, por otra,
busca facilitar un método de cálculo de la prestación que resulte más sencillo
para no disuadir la demanda entre sus potenciales beneficiarios. Apenas un 30%
de ellos acceden en la actualidad al RSA.
En cualquier caso, el
objetivo principal del sistema seguirá centrándose en incitar el acceso al
empleo y, dentro de él, en aumentar las horas trabajadas. De esta forma, el
sistema de protección social francés sigue apostando por prestaciones que
contribuyan a aumentar el nivel de ingresos de la población trabajadora con
menores salarios o ingresos por actividad autónoma. Busca, al mismo tiempo,
disuadir a la población desempleada que prefiriera contentarse con las
prestaciones sociales, acelerando el proceso de búsqueda activa de empleo.
Los principios básicos de la reforma
Los principios básicos
de la reforma planteada por Manuel Valls son los siguientes:
1. El
acceso a la nueva PA seguirá asociada al nivel de recursos. El umbral máximo
para el acceso a la prestación se sitúa en 1,2 veces el salario mínimo (SMIC)
para una persona sola. Teniendo en cuenta que se computa este SMIC en términos
netos, descontadas las cotizaciones sociales obligatorias, dicho umbral se
sitúa en 1.363,19 euros. En términos de Paridad de Poder de Compra, equivale a
una cuantía de 1.098,61 euros para España.
2. El
gasto principal se concentrará entre la población trabajadora que gane entre
568 euros y los 1.363,19 establecidos como límite máximo. La población que gane
menos de 568 euros recibirá algún complemento pero de nivel inferior en
términos relativos. Se trata con ello de no incentivar las formas más extremas
del trabajo a tiempo parcial. Según el gobierno francés, el dispositivo debe
tratar de incitar no sólo a trabajar sino a trabajar durante más tiempo.
3. El
acceso a la PA se amplía a la población menor de 25 años aunque sobre la base
de cuantías de protección algo más bajas y de la consideración de topes máximos
ligados al nivel de ingresos del hogar. En la actualidad, estas personas
jóvenes pueden beneficiarse de la PPE pero no del RSA.
4. Las personas
trabajadoras vinculadas a familias monoparentales se beneficiarán de una
prestación relativamente mayor que la correspondiente a la población en
parejas.
5. Se
simplificará la gestión por tres vías. En primer lugar, el cálculo de la
cuantía de la prestación tendrá en cuenta las circunstancias existentes en el
momento de la demanda y de las posteriores revisiones trimestrales. Una vez
concedida, la prestación se mantendrá durante tres meses, con independencia de
que cambie la situación de la persona.
En
segundo lugar, la prima se aplicará en lo fundamental teniendo en cuenta los
ingresos de cada persona trabajadora. No obstante, se completará con otra parte
que tenga en cuenta la composición y los recursos del conjunto del hogar. Los
recursos máximos del hogar no podrán pasar de 2.200 euros para una pareja o una
familia monoparental con un hijo y de 2.900 euros para familias compuestas por
una pareja con dos hijos o hijas en las que dos de sus miembros se encuentren
trabajando.
En
tercer lugar, una vez inscritos en el sistema, la actualización de la
información sobre ingresos podrá realizarse por las propias personas
interesadas, sin necesidad de presentarse ante las oficinas, por Internet o a
través del correo normal.
En cuanto a las
cuantías, el máximo de la ayuda se centrará en torno a la población trabajadora
con ingresos en torno a los 800 euros, equivalentes a 667,75 euros en términos
de PPC para España. Entre los ejemplos planteados por el gobierno francés para
señalar el nivel de las cuantías de la futura PA, destacan los siguientes
aspectos:
a) Para
una persona sola que trabaja a tiempo completo por el valor del SMIC, la PA se
situaría en torno a los 130 € mensuales.
b) El
máximo de ayudas previsto alcanzaría los 280 euros mensuales en el caso de una
persona sola con un único hijo o hija a cargo con acceso al SMIC a tiempo
completo.
Llama la atención que
se trata de cuantías reducidas, en general inferiores a las previstas en el
sistema de estímulos al empleo existente en el País Vasco. Así, la bonificación
estándar para un hogar con ingresos equivalentes al salario mínimo se sitúa en
torno a los 300 euros (unos 360 euros en términos ajustado a paridades de poder
de compra). Aunque la extensión del grupo protegido es más limitada que en
Francia, se trata por tanto de cuantías
claramente superiores a las que se plantean en el país vecino. La proporción de
acceso de población potencialmente beneficiaria al sistema resulta además
superior en el País Vasco.
Según el documento presentado por el gobierno francés, la
ayuda beneficiará a entre cuatro y cinco millones de personas, en torno al más
del 15% de la población empleada en Francia. En la actualidad, la RSA llega a
700.000 personas, por una cuantía media de 176 euros mensuales. La PPE llega,
por su parte, a 6,3 millones, aunque sobre la base de una media mensual de
apenas 36 euros. Esta prestación se pagará por última vez en septiembre de
2015.
El coste previsto de la prestación es de unos 4.000 millones
de euros. Se trata de un coste similar al actualmente existente, con un gasto
de alrededor de 2.450 millones en la PPE y de 1.600 en el RSA. Teniendo en
cuenta el coste previsto de la prestación, esto supone la aplicación de
cuantías medias de ayuda bajas, situadas en torno a los 800-1.000 euros anuales
de apoyo.
El modelo francés sigue así apostando por la extensión de
ayudas de baja, e incluso muy baja cuantía, a un volumen relativamente amplio
de población frente a modelos que protegen más favorablemente a la población
con bajos salarios pero centrando el apoyo en la minoría con menores recursos.
La aplicación de un
sistema similar en España
La introducción de un sistema de bonificación al empleo en
el sistema español debería tener en cuenta el importante nivel de protección a
los muy bajos salarios del sistema vasco, frente a las cuantías claramente
insuficientes del modelo francés. Las diferencias de ingresos asociados al
trabajo deben ser suficientes para que los sistemas de bonificación resulten
relevantes para evitar la llamada trampa de la pobreza. En ese aspecto, los
datos disponibles muestran un mayor éxito comparado del sistema vasco que del
sistema hasta ahora vigente en Francia.
En este contexto, los datos avanzados no aseguran del todo
que la reforma francesa vaya a superar una de las críticas de las que había
sido objeto, en particular la de tratar de llegar a un colectivo demasiado
amplio con unos recursos limitados que acaban traduciéndose en un efecto
redistributivo muy limitado. Sin embargo, en España debería tenerse en cuenta
la voluntad de actuación más amplia introducida en Francia, tratando de mejorar
las condiciones de vida del conjunto de la parte más desfavorecida de la
población trabajadora. En ese punto, es evidente que Francia ha ido más lejos
que el sistema vasco, muy centrado en la parte más baja de las capas de
trabajadores con bajos salarios.
La aproximación más realista podría pasar por combinar
distintas modalidades de actuación. Por una parte, podría aplicarse una
modalidad de ayuda mensual a los muy bajos salarios, en la línea del sistema
establecido en el País Vasco, aunque garantizando la aplicación estructural, y
no sólo temporal, del modelo de garantía. Esta aproximación podría
complementarse con un sistema más extendido de créditos fiscales, de cuantía
modesta, pero significativa. Se trataría de aplicar un sistema similar al EITC
para el grupo amplio de población trabajadora de bajos salarios pero no tan
bajos como para hacer imprescindible una aportación complementaria mensual.
Es probable que un modelo de este tipo resultara mucho más
efectivo que el programa planteado en Francia, de perfil bastante continuista
respecto a la realidad hoy existente. De hecho, todo parece indicar que el
modelo de funcionamiento de la nueva PA será muy similar al del actual RSA. Los
objetivos de cobertura de la población beneficiaria se mantienen de hecho en
niveles reducidos, situándose en un 50% el nivel esperado de cobertura de la
población potencialmente beneficiaria.
Luis Sanzo
