Paro, desigualdad y pobreza en Euskadi a principios del siglo XXI

Luis Sanzo escribe en la revista Ekonomiaz, la Revista semestral de Economía del Gobierno del País Vasco, sobre la evolución del paro, la desigualdad y la pobreza en Euskadi desde inicios del S.XXI.   

El artículo analiza el impacto del incremento del desempleo a principios del siglo XXI en la evolución de los indicadores de desigualdad y pobreza en Euskadi. Se apoya, para ello, en las estadísticas oficiales del Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, en particular en la Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales, una de las más antiguas de Europa en este ámbito de investigación. 

El trabajo analiza los factores que causan, en especial a partir de 2012, un significativo incremento de los índices de desigualdad. Considera igualmente los elementos que han contribuido, sin embargo, a mitigar el deterioro de las condiciones de vida en Euskadi, situando a esta comunidad autónoma al margen de los altos niveles de pobreza y desigualdad que caracterizan al conjunto de los países del sur de Europa.

Enlace al artículo completo

Los datos presentados en el artículo reflejan una dinámica compleja en Euskadi, resultado de procesos de signo en ocasiones contradictorios. Por una parte, resulta evidente el deterioro de las condiciones de vida asociado al aumento de las situaciones de desempleo. Este deterioro es la base principal del incremento de los problemas de pobreza y desigualdad que caracteriza a la CAE entre 2008 y 2014.

El proceso de envejecimiento de la población vasca, en un contexto en el que aumenta tanto el volumen de población en hogares de personas inactivas como los ingresos medios de la población pensionista, es un factor que tiende sin embargo a limitar la presión alcista de la pobreza. Contribuye, por otra parte, a que se mantenga durante todo el periodo de crisis la participación al alza de la población en situación de completo bienestar. 

En cambio, el avance de los ingresos de la población en hogares de personas no activas, en un contexto de deterioro de los ingresos de la población en hogares con alguna persona desempleada, se traduce en un incremento de los índices de desigualdad. De forma inesperada, y para muchos sin duda paradójica, la mejora de las condiciones de vida de la población inactiva, sobre todo pensionista, contribuye a la recuperación al alza de estos índices.

Un segundo factor relevante en la CAE es la contención que supone la existencia del sistema RGI/PCV/AES para el avance de los procesos de deterioro de las condiciones de vida. La principal consecuencia es un claro alejamiento de Euskadi de los niveles de pobreza y desigualdad existentes en el contexto español, a pesar de la negativa evolución del periodo 2008-2014. En algunos de los indicadores más claramente asociados a las condiciones de vida a largo plazo, como el indicador de disponibilidad de recursos mínimos para hacer frente a gastos extraordinarios, Euskadi sigue situándose además entre las sociedades en mejor posición en este indicador en Europa.

Los dos factores señalados no son suficientes sin embargo para prevenir todas las consecuencias del deterioro social relacionado con el incremento de las situaciones de desempleo. Euskadi participa, en este sentido, de un proceso de movilidad descendente que se relaciona ante todo con la crisis de ocupación que afecta a la sociedad vasca a partir de 2007. En la medida en que sus consecuencias potenciales quedan en buena parte oscurecidas por el efecto de los factores compensatorios señalados, la intensidad de este proceso de movilidad descendente queda en parte diluida ante los ojos de observadores poco atentos a los cambios en la estructura social.

Resulta evidente sin embargo que, de mantenerse una situación cercana a la existente en la actualidad, y mucho más aún en caso de empeorar, las presiones sobre el sistema de protección podrían incrementarse, tanto en lo relativo al sistema RGI/PCV/AES como, desde una perspectiva más general, al sistema de pensiones. De ahí la necesidad de una reflexión sobre el futuro social y económico de Euskadi y de su entorno más cercano, tanto en la dimensión española como europea.

La necesidad de no infravalorar la dimensión de la crisis social en España

Los datos de afiliación a la Seguridad Social muestran que, en febrero o marzo de 2013, el ciclo económico cambia de sentido en España. A partir de esa fecha, se observa una progresiva reducción en los ritmos de caída interanual de la afiliación. Aunque será necesario esperar a febrero de 2014 para que este cambio de tendencia se traduzca en creación neta de nuevos empleos, lo cierto es que el inicio del nuevo ciclo puede situarse en aquellas fechas.

Sería absurdo por tanto negar que nos enfrentamos a una nueva dinámica económica alcista. En realidad, deberíamos alegrarnos de ello, sobre todo porque esta vez parece que unas inadecuadas políticas económicas, en España y en Europa, no acabarán por frustrar las perspectivas de recuperación. Porque eso es precisamente lo que ocurrió, en torno a abril-mayo de 2011, un periodo en el que la evolución de los datos de afiliación permitía vislumbrar una recuperación del empleo para los meses siguientes. Pero, ante la imposición de más medidas restrictivas y de una nueva reforma laboral, aquella primera recuperación iba a verse frustrada. Empezaba la segunda fase de la crisis.

Pero tan absurdo como rechazar la realidad del proceso de recuperación económico sería negar la persistencia de las consecuencias sociales que ha tenido la recesión en España. El cambio de ciclo no ha sacado a España del fondo de la crisis. Aún nos encontramos en ese fondo y es preciso recordarlo. Los siguientes datos ayudan a entender el contexto en el que nos encontramos.

Apenas se ha empezado a recuperar, en términos cuantitativos, el empleo perdido

Los datos de empleo sólo permiten indicar que hemos empezado al salir del pozo. Los datos de la Contabilidad Nacional Trimestral de España muestran que, en el último trimestre de 2014, los puestos de trabajo a tiempo completo en España eran 16,67 millones. Aunque se avanza respecto a los 16,28 millones de 2013, superando levemente los 16,58 de 2012, apenas se ha recuperado algo del grueso del empleo perdido.

De los 3.652.600 empleos equivalentes a tiempo completo destruidos entre el último trimestre de 2007 y el último de 2013, España sólo ha recuperado un 10,7% a finales de 2014. La recuperación del 89,3% del empleo destruido desde finales de 2007 sigue siendo, por tanto, una tarea pendiente. 

Fuente: Contabilidad Nacional de España. INE

Nuestras tasas actuales de crecimiento del empleo no son indicación de ningún liderazgo de país sino del impacto diferencial de nuestra caída durante la crisis

Alegrarse de que volvamos a la senda correcta no significa perder el sentido de las cosas. En el contexto definido por una caída del empleo como la señalada, nada tiene de extraño que un país en fase de recuperación tenga tasas de crecimiento superiores a la de vecinos que han sufrido menos el impacto de la recesión. Eso ocurre en la actualidad en España.

Los datos de Eurostat muestran de forma inequívoca el impacto diferencial de la crisis de empleo en España. En comparación con la ocupación media del último trimestre de los años 2005 a 2007, la cifra registrada por España en el último trimestre de 2014 refleja la pérdida de un 12,8% de la ocupación media existente en aquellos años, sólo superada por el 14,5% del conjunto formado por Portugal, Malta, Chipre y Grecia (Resto de países del Sur).

Pero esta caída contrasta con el incremento del 5,3% de la ocupación durante el mismo periodo en Alemania y en los países de su área de influencia más directa (Austria, Eslovenia y Croacia, Chequia y Eslovaquia, Hungría y Polonia). El aumento del empleo es del 2,6% en el conjunto formado por Francia y los países del norte de Europa (Irlanda, Reino Unido, los países del Benelux y los tres estados escandinavos de la UE). Aunque Italia pierde un 3,3% del empleo en el periodo considerado, la caída no tiene comparación con la de España. Nuestra recuperación no es por tanto modelo para nadie, al menos no por ahora.

                                                                        Fuente: Labor Force Survey. Eurostat

Los indicadores de riesgo de pobreza grave de España son entre cuatro y cinco veces superiores a los de Francia y Alemania. La privación más grave se previene en España dejando descapitalizados a los hogares

Contrariamente a lo que a veces se sostiene, el riesgo de pobreza grave es muy alto en España. Lo pone claramente de manifiesto una comparación de los datos basada en umbrales comparables, por ejemplo los umbrales de riesgo de los países con los que queremos compararnos, ajustados para la comparación con España en términos de paridades de poder de compra (PPC).

Si se toma como referencia el umbral del 40% de la mediana equivalente en PPC de esos países, se constata que España tiene en 2013 una tasa de riesgo de pobreza grave cuatro veces superior a la de Alemania (15,9 frente a 4,2% en términos del umbral alemán) y cinco a la de Francia (15,4% frente a 3% en términos del umbral francés).

          Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la UE-SILC, Eurostat, ECV, INE, y EDSS-ENS, DEPS Gobierno Vasco

Es verdad que la solidaridad social y familiar limita en España el impacto de la crisis, en especial en lo relativo a los problemas de alimentación. Pero también lo es que el mantenimiento del gasto en familias en riesgo se realiza en gran medida con cargo a los ahorros, provocando un alto nivel de deterioro en la situación patrimonial de los hogares en riesgo de pobreza. Un 12,4% de las personas viven en España en hogares que no hacen frente a los pagos a los que están obligados y un 42,6% en hogares que no podrían hacer frente a gastos extraordinarios. Son cifras claramente superiores a las de Francia o Alemania, tal y como puede observarse en el siguiente gráfico.

                                                Fuente: UE-SILC, Eurostat y EDSS-ENS, DEPS Gobierno Vasco

El deterioro de los indicadores de carencia es indiscutible en España y se acentúa en 2014

El efecto del proceso de descapitalización de los hogares es notable durante la crisis. Entre 2008 y 2014, la proporción de hogares sin capacidad para hacer frente a gastos extraordinarios aumenta de 29,9 a 42,6%. El porcentaje de hogares que no afrontan sus pagos y obligaciones económicas frente a terceros aumenta, por su parte, de 8,2 a 12,4% en ese mismo periodo.

En este contexto de descapitalización, el riesgo se traduce de manera inevitable en crisis social. Lo muestran los indicadores de privación material severa. Éstos pasan de un 3,6% en 2008 a un 5,8% en 2012, prolongándose la subida hasta un 7% en 2014. El incremento del bienio 2012-2014 es de los más altos del bienio.

En todos los indicadores considerados, 2014 marca de hecho un nivel máximo en el nivel de impacto de los problemas. La crisis social no ha terminado por tanto, aún sigue en realidad profundizándose. 

                                                                   Fuente: UE-SILC, Eurostat y ECV, INE

Los datos comparados entre Euskadi y el conjunto de España muestran el impacto diferencial de la existencia de un sistema de garantía de ingresos

La euforia que se transmite en la actualidad desde algunos sectores políticos y económicos no sería en exceso peligrosa si sólo reflejara una estrategia de supervivencia y mantenimiento ante la adversidad, a la espera de los resultados de la recuperación económica. Pero sí lo sería si pretendiera negar la necesidad de las reformas sociales.

Una de ellas pasa por la ampliación de las políticas de garantía de ingresos. Los datos de una comunidad en la que se han desarrollado sistemas de garantía de recursos más cercanos a los de Europa, como es el caso de la Comunidad Autónoma de Euskadi, muestran  que han alejado a ese tipo de territorios de la intensidad de la crisis social que ha afectado al resto de España.

A pesar de la recesión, los indicadores del País Vasco se acercan más a Francia y Alemania que a los de España. Así, en lo relativo al indicador del 40% de la mediana, Euskadi se sitúa (con datos de 2014) entre 3,5 y 4 puntos por encima de los de esos países pero no en los alrededor de 12 puntos más de España. A diferencia del conjunto de España, además, el haber apostado por un sistema más desarrollado de protección permite al País Vasco situarse por debajo de Italia en el indicador de riesgo de pobreza grave, a pesar de haber sufrido mucho más intensamente la crisis de empleo que el país transalpino. En términos del umbral PPC de Italia, la tasa de riesgo española de pobreza grave es del 10,6% por 8,3% en Italia. En términos de ese indicador, el riesgo de pobreza grave es sólo del 3,6% en el País Vasco.

En la dimensión más estructural asociada a las carencias, los indicadores de Euskadi resultan incluso mejores que los de los países europeos considerados. Así, la proporción de hogares con problemas para hacer frente a gastos extraordinarios no sólo se sitúa 20 puntos por debajo de la de España (22,5 frente a 42,6%) sino más de 10 por debajo de los indicadores de Alemania o Francia (con cifras de 32,9 y 33,9%).

Garantizar una mínima estabilidad económica a los hogares resulta por tanto una reforma necesaria para que España no se quede atrás en materia social y económica.

Luis Sanzo

Primeras impresiones sobre el programa económico de Ciudadanos

Luis Garicano presenta el programa económico de Ciudadanos

Tal como se había anunciado Luis Garicano adelantó ayer las lineas generales del programa económico de Ciudadanos en compañía del también economista Manuel Conthe y del presidente de ciudadanos Albert Ribera. Por lo que respecta a la temática de este blog las preguntas clave son:

1. ¿Contempla el problema de la pobreza la desigualdad y el desempleo como una de las prioridades de la política económica?

2. ¿Propone políticas de garantía de rentas que pueden ser eficaces y además política y económicamente viables?

Sobre la prioridad asignada

Esta es la cita textual de su programa: "Primer Objetivo. Priorizaremos la lucha contra la desigualdad, la pobreza y la exclusión y aseguraremos que todos los ciudadanos reciben un salario digno por un trabajo digno". 

Decíamos ayer al hablar sobre propuestas electorales que lo mínimo que se podía exigir a un partido político en el contexto de España en 2015 es que fuese claro estableciendo la pobreza, la desigualdad y el desempleo como una de las prioridades fundamentales. Ciudadanos no deja lugar a dudas en este sentido y se alinea con el sentir de la mayoría de la población. También comentábamos que la forma de comprometer el grado de prioridad es establecer un compromiso presupuestario y esto no aparece por el momento. Sí que aparecen algunas políticas específicas que sin ser novedades en el terreno internacional sí lo serían de aplicarse en España. Pasaremos a comentarlas en el siguiente apartado. 

En cualquier caso, es evidente que el programa económico que se ha presentado está ofreciendo medidas para poner en práctica a escala de todo el Estado. Quizá porque Ciudadanos no se ve a tiempo de competir por el Gobierno de una CCAA y sí como una fuerza que podría ser decisiva en la conformación del próximo Gobierno de España. 

Políticas de Garantía de Rentas que propone Ciudadanos

Resulta llamativo que Ciudadanos habla en su objetivo de pobreza, desigualdad y exclusión, pero a la hora de establecer políticas de renta las medidas que propone consisten básicamente en mejoras para los trabajadores pobres y para favorecer que los desempleados logren empleo. Se habla de los países del norte de Europa como referentes, en concreto de Dinamarca. Pero no se hace ninguna mención a que Dinamarca posee el sistema de protección social universalista más sólido de Europa que incluye sistemas de garantías de rentas que cubren prácticamente a la totalidad de la población, tanto si trabajan como si no. En cualquier caso, Ciudadanos tiene el gran mérito de hablar con claridad a favor de introducir algunas medidas que sin duda mejorarían las condiciones de vida de muchas personas y ayudarían también a impulsar la economía. Ninguno de los partidos tradicionales en España ha hecho esto hasta ahora, ni desde el Gobierno ni desde la oposición. Vamos a resaltar algunas de las propuestas que me parecen más significativas: 

1. Proponen simplificar el sistema de contratación laboral introduciendo un tipo de contrato único llamado a ir sustituyendo todos los demás. Se eliminaría la contratación temporal sustituyéndola por el nuevo contrato indefinido que tendría una indemnización por despido pequeña, pero creciente con la antigüedad. Adicionalmente plantean un seguro de despido que los trabajadores podrían utilizar como un capital para reciclarse o en el momento de la jubilación. Expresado de este modo genérico suena bien, aunque en la práctica los efectos dependerían mucho de los detalles. 

2. Introducir un Complemento Salarial Anual Garantizado. Se trata de complementar los salarios bajos (parece ser que también los ingresos de los autónomos) por medio de una bonificación al empleo en el IRPF que funcionaría como un impuesto negativo sobre la renta. Más específicamente hablan de un tramo de complemento creciente, un tramo fijo y un tramo de salida. Hacen referencia a los modelos Americano (Earned Income Tax Credit) y británico, que con cuantías más reducidas se han ido extendiendo por otros países europeos. En este Blog hemos hablado de la necesidad de contar con un sistema de este tipo como uno de los elementos fundamentales de un sistema de garantía de rentas. Los efectos en la práctica dependerán mucho del entorno, como luego comentaremos. 

3. Un programa contra el paro de larga duración. Se trata de promover la formación profesional en los parados de larga duración "poniendo dinero en manos de los trabajadores" para que ellos elijan la formación. No especifican si van a proporcionar algún tipo de rentas mínima para estos trabajadores que por su condición habrán terminado el derecho a la prestación de desempleo. Sí hablan de bonificar a las empresas que los contraten y de establecer un servicio de orientación individualizado que tal como se describe parece seguir el modelo de Dinamarca. Lo que no parece que se haya tenido en cuenta es la cantidad de parados de larga duración que tenemos aquí, las dificultades de reciclaje de estos trabajadores ni el coste de un servicio de orientación profesional de estilo danés. 

4. Asegurar una segunda oportunidad a todos los españoles. Esto es una buena idea. Se trata de facilitar la cancelación de las deudas personales promoviendo una valoración más justa de los bienes embargables y conceder a los ciudadanos de buena fe la posibilidad de llegar a un acuerdo con los acreedores que les libere de sus deudas o al menos parte de ellas. La propuesta la formulan de forma muy prudente, quizá para no irritar a quienes se encuentran en posición acreedora. La idea es buena, pero un exceso de prudencia podría esterilizar sus efectos en la práctica. 

5. Luchar por una política Europea Activa de lucha contra el desempleo. Esta propuesta viene a reconocer las importantes limitaciones de política económica en que se encuentra un país como España, cautivo dentro de la zona Euro. Pero lo que proponen, que la Europa del Norte contribuya financiando las políticas activas de empleo, a cambio de que España realice "reformas estructurales necesarias" no es algo que vaya a depender del Gobierno de España salvo que se estuviese dispuesto a lanzar y mantener un órdago a Alemania y el BCE al estilo de lo que está haciendo Grecia. 

Comentarios

En primer lugar, felicidades a Ciudadanos por lanzar un programa económico "sensato". Han elegido un buen adjetivo calificativo. Tanto las líneas generales como las medidas específicas de mejora de la situación de los trabajadores pobres son medidas probadas en Europa y EEUU con cierta capacidad de corrección de algunos de los problemas más graves de la distribución de la renta en España. Nada que no hubieran podido poner en práctica los partidos que vienen gobernando España en los últimos 30 años y no cabe duda de que si lo hubieran hecho España estaría mejor y hubiéramos soportado mejor la crisis. Al parecer es necesario que lleguen nuevas fuerzas políticas para que se pongan sobre la mesa propuestas de sentido común que están plenamente homologadas en Europa. Lo que alguien deberá explicar es por qué no se hicieron este tipo de reformas hace 15 o 10 años. 

La propuesta de simplificación de la contratación laboral tiene mucho sentido, aunque las resistencias al cambio pueden ser enormes. A nuestro modo de ver las ventajas de este tipo de reforma para las empresas y los desempleados están claras, pero no así para los trabajadores con empleo. En la propuesta se cuidan por ello de hablar de este contrato como algo a aplicar a las "nuevas contrataciones". 

Quizá la reforma con mayor interés es la de la introducción del complemento salarial como medio de bonificación al empleo. Nos parece que este es un elemento esencial de una política de garantía de rentas, porque es importante para conservar el sistema de incentivos que "el empleo pague". Pero no es correcto presentar esta medida como una "alternativa a la renta garantizada" sino como un complemento. Es verdad que ofrecer una "renta mínima garantizada" condicionada a no tener trabajo ni rentas (tipo renta mínima de inserción) puede desincentivar el trabajo remunerado. Es por ello que es necesario introducir un sistema de bonificación al empleo junto con la renta mínima garantizada para que el hecho de trabajar suponga siempre una mejora significativa de renta. Pero plantearlo como alternativa y demonizar la renta mínima garantizada significa que el único modo de acceder a rentas pasaría necesariamente por conseguir un empleo. El complemento de salarios que se cobra a través de la empresa se convertiría entonces más en una subvención para las empresas a las que el Estado pagaría parte del salario de los trabajadores, sin que los trabajadores tuvieran una mejora de su renta ni una garantía de renta alternativa que les permitiese negociar. De hecho, esto es lo que sucede en EEUU donde el EITC no ha servido para erradicar el problema de los trabajadores pobres a pesar de que hay estados en los que el 50% de la remuneración del trabajador puede ser la subvención estatal. Para que el complemento salarial garantizado mejore el nivel de renta de los trabajadores pobres es necesario acompañarlo de un derecho a una renta mínima garantizada que permita a los trabajadores sobrevivir sin empleo y negociar desde esa posición un complemento salarial justo por su trabajo. Con todo, entendemos que la introducción de un modelo tipo EITC supondría una mejora con respecto a la situación actual y ayudaría a dinamizar la actividad productiva y el crecimiento económico. 

En cuanto a la propuesta de formación para parados de larga duración. Debería acompañarse también de la garantía de una renta mínima y para que fuese efectiva en la incorporación de personas al empleo la formación debería proponerse como un derecho de los parados que quieren trabajar, no como una obligación que la sociedad impone a las personas para mantenerlas ocupadas con la ficción de que los están formando para el empleo. Porque no nos engañemos, una persona de más de 50 años que lleva 2 o más años en paro, que trabajaba en la construcción, que ha perdido la motivación y sus esquemas de relación social es difícil que compita en el mercado de trabajo actual con jóvenes de 25 o 30 años incluso aunque tuviera alguna oportunidad de volver a entrar en el sector de la construcción. Esta propuesta parece alejada del conocimiento de la dura realidad española. 

Como comentario final, me gustaría felicitar a Ciudadanos porque ha presentado un programa claro, que responde a los problemas que tiene el país y que ofrece soluciones valientes. En mi opinión establece un buen nivel de partida para el debate y esto es muy bueno. En los meses que faltan para las elecciones habrá ocasión de contrastar estas y otras propuestas con la opinión de expertos y ciudadanos lo que sin duda ayudará a la hora de implementar cambios reales, gobierne quien gobierne. Quizá lo que más me ha gustado es la declaración inicial en la que afirman que estas propuestas no son un punto final sino un punto de partida y que "Nos comprometemos a instaurar un riguroso programa de evaluación continua de todas las políticas, de forma que aquellas que no funcionen como deseamos sean rediseñadas o eliminadas". ¿Será posible que veamos algo así en España, el país donde la inmensa mayoría de políticos y periodistas continúan negándose sistemáticamente a aceptar la evidencia?

Rafael Pinilla

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Reflexión previa ¿Sirve de algo un programa electoral?

Existe una extendida creencia de que los programas electorales no sirven de mucho porque luego no se cumplen y tampoco pasa nada. Esta creencia está alimentada por la frecuencia con la que partidos políticos que han ganado las elecciones incumplen sus promesas, ya sea porque no las llevan a cabo o porque hacen incluso lo contrario de lo que dijeron.

Es verdad que los programas suelen incluir demasiadas promesas de modo que tanto políticos como electores sabemos que es imposible que se vayan a cumplir. Un programa de este tipo ya es un mal principio porque en ese caso el político podrá decidir con bastante libertad qué es lo que cumple y lo que no. Otra estrategia típica es elaborar un programa lleno de vaguedades en las que se está a favor de mejorar todo lo que alguien puede desear mejorar pero sin concretar cómo ni marcar prioridades. Con este tipo de programa los políticos tratan también de conseguir el máximo de votos cuidando de provocar el menor rechazo posible. Cuando este tipo de programas se convierten en la norma podemos concluir que los programas políticos demasiado extensos o demasiado vagos no sirven para mucho y se conviernten en documentos a los que nadie presta mucha atención. Pero no necesariamente debe ser así.

Es perfectamente posible elaborar programas que incluyan propuestas concretas que no sean una quimera, que se pueden realizar en un plazo de tiempo razonable con los recursos disponibles por la sociedad. Pero en estos programas no cabe todo. Lo que se puede hacer en un plazo de 4 años con recursos que siempre son limitados no pueden ser demasiadas cosas. Lo que queremos saber de un partido o coalición que se presenta bajo un mismo programa de acción es cuáles son sus propuestas estrella, a qué aspectos van a dedicar mayor energía y dedicación, y qué van a a hacer de nuevo o diferente que les vaya a tener éxito donde otros han fracasado, o a mejorar los resultados que otros han logrado. ¿Se puede hacer esto en política de rentas? ¿Qué acciones concretas cabría incluir sobre política de rentas en un programa electoral para que los electores entendamos que vale la pena apostar por esa opción? Más en concreto, ¿Qué propuestas de este tipo se podrían incluir en el programa de un partido que concurre a las elecciones autonómicas?

¿Que propuestas nos gustaría ver en los programas electorales sobre política de rentas?

 

Lo mínimo que esperaríamos ver: 

 

1. Que la pobreza, la desigualdad y el desempleo se consideran problemas prioritarios a los que es necesario dedicar más recursos y energía para resolverlos. Queremos saber qué hará su gobierno para reducir la pobreza y la desigualdad, y qué hará para reducir el desempleo.

2. Compromiso de mejora de la gestión e incremento presupuestario en política de rentas. Esta es la forma en que se expresa una prioridad política en la forma de compromiso de recursos. Si alguien dice que su prioridad es la lucha contra la pobreza y luego no incrementa significativamente los recursos que se dedican a combatir o paliar la pobreza, sencillamente miente.

3. Algunas ideas originales para mejorar los resultados en política de rentas. Parece evidente que estos problemas no se van a resolver haciendo lo mismo que se viene haciendo durante décadas. O proponiendo acciones que ya fracasaron una y otra vez. Queremos planteamientos innovadores que nos permitan tener esperanza. Al menos intentémoslo.

Algunas ideas que se podrían poner en práctica a escala de una Comunidad Autónoma en España en 2015

 

En primer lugar matizaremos el modo en que conviene incluir los dos primeros puntos  comentados anteriormente. Decir solo que la lucha contra la pobreza y el desempleo es una prioridad es una declaración política gratuita. Hay que concretar un poco más. A buen seguro muchos van a defender la idea de que "la mejor forma de luchar contra la pobreza es crear empleo". Sería estupendo si fuera cierto, pero la realidad en España es que hay cada vez más "empleados pobres", es decir, personas que trabajan, pero no consiguen ganar lo suficiente porque su empleo está mal remunerado o trabajan muy pocas horas. Cuidado, no basta con crear empleo para reducir la pobreza y la desigualdad.

El compromiso en mejorar el presupuesto para luchar contra la pobreza ha de cuantificarse. No basta dejarlo en términos indefinidos. Tampoco hace falta decir la cantidad en euros. Bastaría con indicar el incremento de porcentaje de los presupuestos públicos que se va a dedicar a planes de lucha contra la pobreza, emergencia social, programas de creación de empleo y prevención de la exclusión... España se encuentra a la cola de Europa en recursos dedicados a luchar contra la pobreza y la exclusión. Con toda seguridad es necesario incrementar los recursos dedicados a estos programas. Por tanto, ¿En qué medida va a incrementar el presupuesto para la garantía de rentas? Queremos ver un compromiso claro. Y por supuesto querremos también que el gasto actual se gestione mejor y logre mejores resultados, pero no basta con mejorar la gestión de los recursos existentes cuando son en muchas CCAA una décima parte de lo que deberían emplear. Ciertamente no se puede lograr en un año, se necesita un plan y condicionarlo a la capacidad financiera. ¡Pero se necesita un compromiso y un plan de incremento bien definido!

Dicho esto, la realidad es que las CCAA tienen en España competencias de servicios sociales para poner en marcha políticas de garantía de rentas y prácticamente todas ellas tienen un programa de garantía de rentas. Pero la mayoría no tienen capacidad para incrementar por sí mismas los presupuestos necesarios si no reciben mayores transferencias del Estado o una mayor autonomía financiera. Por este motivo, la capacidad real de incrementar los presupuestos va a estar muy condicionada a la política estatal. Sin embargo, esto no significa que las CCAA no puedan hacer mucho más de lo que actualmente están haciendo. Las CCAA sí tienen capacidad para tomar muchas iniciativas que mejorarían la gestión del actual sistema y lo prepararían para ser más efectivas y eficientes cuando logren incrementar los presupuestos con ayuda del Estado. Se nos ocurre que podrían hacer al menos algunas de estas cosas:

1. Mejorar el sistema de información y seguimiento de la pobreza. Quizá el modo más rápido y eficiente de hacerlo sería crear un Registro Público de Solicitantes de la Renta Mínima de Inserción (tienen nombres diferentes en cada CCAA) en Internet. De modo que cualquier persona pudiera enviar la solicitud por sí mismo o con ayuda de un trabajador social de un Ayuntamiento o de una ONG. En el formulario de petición los solicitantes pueden proporcionar mucha información útil para conocer mejor el problema en la Comunidad y dirigir mejor los recursos a los más necesitados. Se podría incentivar fácilmenta a los solicitantes para que informasen regularmente sobre su situación y lo hiciesen de forma veraz.

2. Elaborar y publicar una estadística sobre el problema de la pobreza. Procesar la información y hacerla pública es necesario para incrementar la conciencia social sobre el problema, sobre lo que el Gobierno está haciendo, sobre la efectividad de las distintas soluciones... Y esta conciencia social es necesaria para legitimar políticamente el presupuesto que se dedica a resolver estos problemas.

3. Crear fuentes de financiación específicas para los programas de lucha contra la pobreza y en particular para resolver problemas que por su gravedad o urgencia se consdieran una emergencia social. En España hemos llegado en estos últimos años a algunos casos de extrema injusticia con situyaciones muy graves en que personas que cometieron la imprudencia de avalar a sus hijos para comprar una casa han acavado perdiendo la suya propia y viéndose en la calle a una edad en la que ya no es posible buscar empleo siquiera. Quizá no sean casos muy numerosos, pero con mayor razón es necesario actuar y no se puede esperar a que el Estado envíe más fondos. De hecho, en muchos de estos casos la ciudadanía se ha organizado para resolver de un modo a otro algunos de los casos que han llamado la atención. Con toda seguridad el Gobierno de una Comunidad Autónoma, incluso aunque no disponga de presupuestos, pueden actuar como catalizador para movilizar la generosidad social de forma más organizada y también más efectiva. El Gobierno de la Comunidad tiene poder para dar a conocer casos a resolver y promover toda una serie de formas de recaudación de fondos o movilización de otros recursos. Por ejemplo: puede crear una lotería social, puede promover que empresas importantes como bancos, empresas de distribución de enetgía o de telecoomunicaciónes se impliquen desde sus programas de responsabilidad social corporativa para contribuir en dinero o en especie a resolver los casos de emergencia social.

4. Dar alas al tercer sector.  En los debates políticos todavía existe una tendencia muy fuerte a polarizar las soluciones en un contexto un poco antiguo de izquierda-derecha en el que parece que la izquierda apuesta por soluciones de tipo público-estatal que han de financiarse por impuestos mientras la derecha apuesta por soluciones de tipo privado-mercado que funcionarán mejor si se bajan los impuestos. Esto es un debate viejo e inútil. El mercado funciona muy bien para algunas cosas y en muchos casos en los que no funciona del todo bien se puede mejorar con alguna regulaciones sencillas. En otros casos la intervención del Estado o de la Adminsitración ha demostrado ser más eficiente. Muchos de los debates publico-privado son falsos porque lo importante no es tanto la titularidad de un recurso (un hospital, por ejemplo) como la transparencia con la que se gestione y que exista una competencia real. Pero además, solemos olvidar al tercer sector. El tercer sector reúne a todas aquellas entidades que son privadas pero cuya finalidad princial no es el afán de lucro. Incluye a ONGs, Fundaciones Asociaciones, cooperativas e incluso empresas que formalmente pueden ser una SL o una SA pero en la práctica pueden estar priorizando otros valores como la inserción social. Para la lucha efectiva contra la pobreza y la desigualdad es esencial facilitar el trabajo del tercer sector. Porque las entidades del tercer sector pueden llevar a cabo mejor, de forma más transparente, más económica y más rápida programas de empleo y de integración social que desde la "izquierda" se ha considerado tradicionalmente que deberían hacerse desde la Administración. La iniciativa privada no es necesariamente con fines de lucro.

Rafael Pinilla

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Vivimos en un país extraño donde políticos y periodistas parecen empeñados en discutir en los medios de comunicación de masas sobre los datos que ya son pasado o en predecir lo que sucederá en el futuro en vez de debatir sobre lo que podemos hacer hoy para que tengamos un futuro mejor. En este blog nos proponemos esto último con la esperanza de que el cuerpo electoral del que formamos parte vaya aprendiendo a dejar de lado las discusiones estériles y a formular las preguntas que realmente importan. En este año en que todos los españoles estamos convocados a votar al menos en dos ocasiones, y en Andalucía o Cataluña por tres veces, lo que necesitamos conocer es de qué manera se proponen actuar los aspirantes a representantes políticos y qué garantías nos pueden ofrecer de que harán lo que dicen y no cualquier otra cosa.

Reconociendo algunos hechos tras lo peor de la crisis económica

Es un hecho que tenemos un nivel de desempleo en el entorno del 25%, que entre los jóvenes llega al 50%. España ya era un país con un nivel de pobreza y desigualdad relativamente alto antes de la  crisis, ahora es uno de los líderes de Europa en estos conceptos. Es un hecho que los salarios de la mayoría que conservan un empleo han disminuido y las condiciones laborales de han deteriorado para los trabajadores. Durante la crisis se consideró prioritario salvar al país de la catástrofe financiera y se dedicaron ingentes cantidades de recursos a sanear el sistema bancario. Recursos que se obtuvieron recortando el gasto social y subiendo los impuestos. No vamos a discutir sobre el pasado. Esto es lo que se hizo y tal vez no había mucho margen para hacer otra cosa. El resultado es que durante la crisis se ha producido de forma manifiesta lo que se conoce como "efecto Mateo", por la conclusión que saca el evangelista de la parábola de los talentos: "al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero al que no tiene se le quitará aun lo que tiene".

Pero también es un hecho que después de varios años de contracción de la economía España vuelve al crecimiento. Ha tenido crecimiento durante el 2014, todavía débil pero se ha creado empleo. También es verdad que una parte importante del empleo creado es temporal o a tiempo parcial, con remuneraciones que no alcanzan el umbral de la pobreza. Es lo que hay. El año 2015 promete ser mejor, cabe esperar que se creen más puestos de trabajo y que aumente la recaudación fiscal. Esto significa que los gobiernos recuperan cierto margen para hacer cosas positivas que benefician a los ciudadanos. Pero según lo que hagan benefician a unos ciudadanos más que a otros. Lo que digan que van a hacer no importa mucho realmente si podemos ver el resultado de lo que hacen. El gobierno actual ya decidió qué quería hacer con su margen de maniobra. Diseñó una reforma del IRPF para devolver el dinero a la gente y usted no tiene más que mirar en su nómina de enero y compararla con la de noviembre para saber más o menos cuanto de más va a cobrar cada mes. Si usted gana 60.000€ brutos al año o más notará que cobra 200€ más al més, o más. Si usted gana en trono a 40.000€ brutos al año habrá notado que cobra unos 40€ más al mes. Si gana 25.000€ al año no estoy seguro de si habrá notado algo. Si gana unos 12.000€ al año creo que sí lo habrá notado porque debe ganar al menos 20 o 30€ más al mes. Y si no tiene ningún sueldo, pues no habrá notado nada. Bueno, sí, que cuesta algo menos llenar el depósito de la gasolina. El ministro de Hacienda ha calificado esta reforma como una reforma que beneficia sobre todo a los trabajadores de salarios más bajos. Pero si tenemos en cuenta que durante la crisis la mayor subida de impuestos se realizó en el IVA, que paga todo el mundo por igual cuando compra cualquier cosa, tanto si gana 60.000€ como si no gana nada... el resultado se parece mucho al efecto Mateo "al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero al que no tiene se le quitará aun lo que tiene".

Entonces ¿Cómo repartirá su partido el beneficio del crecimiento?

Sabemos lo que está haciendo el partido en el gobierno. Es preciso reconocer que esto es lo que dijo que haría cuando se presentó a las elecciones de 2011. Lo está haciendo tarde, pero lo está haciendo. Si usted gana menos de 40.000€ y votó al Partido Popular igual se le está quedando cara de idiota, pero es lo que llevaba en el programa electoral. Ahora habría que preguntarles si van a seguir por esta línea. Y a mí me gustaría saber qué piensan hacer el resto de partidos con aspiraciones de gobierno.

Si reclamamos para España un lugar en Europa y nos queremos parecer a un país europeo medio, que significaría mejorar bastante lo que tenemos, nos tenemos que comparar con ellos y tratar de mejorar en lo que estamos peor. No hay duda de que en lo que se refiere a política fiscal y de protección social nuestro sistema es menos redistributivo, tiene muy poca progresividad efectiva. También podemos decir que nuestro sistema fiscal es menos transparente y facilita más el fraude, tanto en el IRPF, como en el IVA, Y en cuanto a política social es evidente que tenemos un desempleo muy por encima de la media europea, una política de gatantía de rentas ridículamente pequeña (prácticamente sin compromiso del Estado) y una política de ayuda a la infancia también muy escasa y alejada del promedio europeo. En estos dos últimos aspectos no es que España haya retrocedido en el Estado de Bienestar, es que nunca lo alcanzó. Y no lo alcanzó porque durante los anteriores periodos de prosperidad ninguno de los Gobiernos del Estado que ha habido en España desde 1977 hizo realmente nada en serio para reducir la pobreza, ni para mejorar la ayuda económica a las familias con hijos. Así se explica que tengamos uno de los mayores niveles de pobreza y una de las tasas de fecundidad más bajas. Lo que sí han hecho es decirnos que como las tasas de fecundidad son muy bajas hay que reducir las pensiones... ¿No séría mejor ayudar a los jóvenes que quieren tener hijos? Esto último es lo que hicieron en Suecia y en Francia y les ha ido muy bien.

Estas son las preguntas para los partidos:

¿Qué van a hacer en concreto para reducir la pobreza?

¿Cómo piensan reducir el desempleo?

¿En qué medida van a aumentar el apoyo económico a las familias y de qué manera?

No son preguntas de derechas ni de izquierdas. En los países al norte de los Pirineos existen políticas claras para tratar de responder a estos problemas que se reconocen como problemas importantes a lso que hay que hacer frente. Las respuestas a estas preguntas sí pueden ser diferentes dependiendo de la orientación ideológica de cada cual. Pero yo me conformaría para empezar con que se reconociese que estos problemas son importantes y un partido serio no puede presentar un programa electoral que no proponga soluciones creibles para estos problemas.

Si Esepaña recupera el crecimiento, ha llegado el momento de que nos digan cómo van a utilizar el pequeño margen de maniobra política que tienen.

Rafael Pinilla

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El presidente de los Inspectores de Hacienda a favor de garantizar una Renta Básica a través del IRPF

Reseña del artículo publicado en El País

Julio Ransés Pérez Boga

En un artículo publicado en El País el 19 de enero JulioRansés Pérez Boga, Presidente de la asociación profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) (http://www.inspectoresdehacienda.org/ ) critica la estructura del actual impuesto sobre la renta (IRPF) reclamando: “Hay que transformarlo en un impuesto más simple y más neutral, que favorezca el empleo y la producción, y que sea más equitativo para que contribuya a reducir el déficit de pobreza y desigualdad.”

Para ello propone recurrir a la figura del Impuesto Negativo sobre la Renta (INR) que considera acertadamente como la formulación teórica más completa para actuar en todos estos ámbitos, es decir, para lograr un impuesto más sencillo y equitativo que favorezca el empleo y la producción al mismo tiempo que logra reducir la pobreza y la desigualdad. Explica de forma muy clara el funcionamiento del impuesto negativo mediante un ejemplo y sus principales ventajas. Hay muchos modos de aplicarlo, pero el principio es muy simple: todo el mundo haría la declaración del IRPF, incluso los que no tienen ingresos, y la Renta Básica Garantizada se aplicaría en forma de deducción en la cuota del impuesto. A las personas que tienen rentas por encima de una cierta cantidad les saldría en la declaración una cuota positiva a pagar que recaudaría el Estado, mientras que a las personas que tienen ingresos inferiores les saldría una cuota negativa que el Estado pagaría a los ciudadanos (por ello el nombre de Impuesto Negativo). 

Las principales ventajas que resalta Pérez Boga son las siguientes: 

-          Simplificación del sistema que permitiría eliminar el complejo sistema de bonificaciones y deducciones.

-          La Renta Básica Garantizada podría sustituir (al menos parcialmente) a la mayoría de subsidios y prestaciones para mantenimiento de rentas permitiendo reducir y simplificar la administración asistencial y los procesos de concesión de las ayudas.

-          Supondría un impulso al consumo al poner dinero en manos de los ciudadanos

-          Favorecería el empleo porque el INR recibido es compatible con el empleo y no crea los desincentivos típicos de los subsidios

-          Permitiría aceptar empleos de baja remuneración lo que puede ayudar a generar un mayor número de empleos con coste reducido para las empresas incrementando la competitividad

Aclara Pérez Boga que este tipo de impuesto, incluso aunque sólo tuviera un tipo impositivo, tendría una mayor progresividad que el actual IRPF de varios tramos (que apenas lo es en la práctica debido a las exenciones y deducciones). De hecho, los contribuyentes de más bajos ingresos serían los más beneficiados, los contribuyentes de rentas medias se quedarían más o menos igual y los contribuyentes de rentas más elevadas pagarían algo más aunque propone que no paguen más del 50%.

En cuanto a los inconvenientes del impuesto negativo comenta los siguientes:

-          El coste inicial puede ser elevado, por lo que requiere ajustarse con cuidado calibrando bien los parámetros para que sea económicamente viable

-          Requeriría establecer un férreo control del fraude ya que de lo contrario la ocultación de ingresos podría ser premiada con mayor transferencia de renta básica

Termina Pérez Boga comentando que: “Medidas de este corte harían innecesarias otras propuestas más arriesgadas, como la reestructuración de la deuda, que sí podrían dañar por muchos años la confianza de los inversores internacionales en nuestra economía y perder la oportunidad de alcanzar la ansiada recuperación económica.”

Nuestra opinión

Para cualquier estudioso de los sistemas de garantía de rentas es evidente que el Impuesto Negativo sobre la Renta (INR) está llamado a jugar un papel esencial en la gestión de la Renta Básica de Ciudadanía (RBC) como el elemento esencial de la integración de todos los sistemas de garantía de rentas. Es por ello que incluimos esta propuesta dentro de la estrategia para la implantación de la RBC en 2015. Además de las ventajas comentadas por Pérez Boga, el IRPF es una herramienta particularmente adecuada para la gestión de la garantía de rentas por los siguientes motivos: 

-          La potencia de gestión de la Administración Tributaria, que ya maneja los datos de millones de españoles y residentes extranjeros necesita pocas adaptaciones para la gestión eficaz de la RBC. La incorporación a las bases de datos de Hacienda de todos los solicitantes de la RBC no supondría ningún desafío para la AEAT.

-          El hecho de que para cobrar la RBC fuese necesario realizar la solicitud y declarar los datos de domicilio, convivencia e ingresos a la AEAT dejaría fuera del sistema de garantía de la RBC a todos aquellos que no desean ser “fichados” por dedicarse a actividades delictivas o encontrarse en situación irregular.

-          La gestión conjunta de las declaraciones de renta y de la RBC facilita enormemente el control de rentas y el ajuste de las cantidades a transferir en concepto de RBC en función de los ingresos y renta disponible de cada ciudadano. Por tanto, la RBC a recibir por cada persona estaría en función de la renta disponible y sus circunstancias de convivencia, pero no sería necesario esperar a la comprobación de los datos por hacienda sino que se transferiría la RBC en función de la declaración, como sucede con los impuestos. Por supuesto, las declaraciones estarían sometidas a posterior comprobación mediante procedimientos de inspección, pero hoy día existen medios muy eficaces para hacer este control de forma automática mediante cruce de datos administrativos.

-          Desde hace 2 semanas la propia Agencia Tributaria ha habilitado un procedimiento para adelantar mensualmente en forma de crédito fiscal las nuevas cuantías de deducción por hijo a cargo que se han introducido en la última reforma del IRPF y que se admite por primera vez que puedan ser cobradas como una forma de INR (si bien restringido al cumplimiento de una serie de condiciones). Sería muy sencillo habilitar un procedimiento de este tipo para “adelantar” buena parte del importe de la RBC a los beneficiarios pudiendo calcular con escaso margen de error las cantidades correspondientes en función de la renta declarada y las personas con las que se convive en el hogar.

-          Permitiría establecer algún mecanismo de autorregulación de la cuantía de RBC para asegurar que el sistema se mantiene dentro de lo económicamente sostenible sin comprometer la financiación del resto de los gastos públicos. Por ejemplo, se podría indexar la cantidad global de RBC máxima a garantizar en función de la recaudación fiscal efectiva mediante el propio IRPF (una forma de indexación adecuada que actuaría además como estabilizador automático de la economía sería ligar el crecimeinto de la RBC a la media móvil de la recaudación de los 4 años fiscales anteriores).

-          El hecho de que una parte de la recaudación del IRPF esté cedida a las CCAA y tengan éstas capacidad normativa permitiría realizar ajustes de la cuantía de RBC por CCAA, limitándose el Estado a garantizar un mínimo común para todos los ciudadanos del Estado y dejando para cada CCAA un margen de libertad para fijar la cantidad de RBC que consdieren más adecuada para el nivel de precios y de riqueza en cada CCAA.

En las próximas semanas dedicaremos nuevos artículos a tratar con más detalle las posibilidades que ofrece la figura del INR como medio de gestión de la RBC, ya que puede facilitar enormemente la implantación de la RBC y asegurar una gestión transparente, eficaz y económicamente sostenible.

Rafael Pinilla

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