¿Qué propuestas de garantía de rentas incluir en el programa electoral de una CCAA cualquiera?

¿Qué propuestas de garantía de rentas incluir en el programa electoral de una CCAA?

Reflexión previa ¿Sirve de algo un programa electoral?

Existe una extendida creencia de que los programas electorales no sirven de mucho porque luego no se cumplen y tampoco pasa nada. Esta creencia está alimentada por la frecuencia con la que partidos políticos que han ganado las elecciones incumplen sus promesas, ya sea porque no las llevan a cabo o porque hacen incluso lo contrario de lo que dijeron.

Es verdad que los programas suelen incluir demasiadas promesas de modo que tanto políticos como electores sabemos que es imposible que se vayan a cumplir. Un programa de este tipo ya es un mal principio porque en ese caso el político podrá decidir con bastante libertad qué es lo que cumple y lo que no. Otra estrategia típica es elaborar un programa lleno de vaguedades en las que se está a favor de mejorar todo lo que alguien puede desear mejorar pero sin concretar cómo ni marcar prioridades. Con este tipo de programa los políticos tratan también de conseguir el máximo de votos cuidando de provocar el menor rechazo posible. Cuando este tipo de programas se convierten en la norma podemos concluir que los programas políticos demasiado extensos o demasiado vagos no sirven para mucho y se conviernten en documentos a los que nadie presta mucha atención. Pero no necesariamente debe ser así.

Es perfectamente posible elaborar programas que incluyan propuestas concretas que no sean una quimera, que se pueden realizar en un plazo de tiempo razonable con los recursos disponibles por la sociedad. Pero en estos programas no cabe todo. Lo que se puede hacer en un plazo de 4 años con recursos que siempre son limitados no pueden ser demasiadas cosas. Lo que queremos saber de un partido o coalición que se presenta bajo un mismo programa de acción es cuáles son sus propuestas estrella, a qué aspectos van a dedicar mayor energía y dedicación, y qué van a a hacer de nuevo o diferente que les vaya a tener éxito donde otros han fracasado, o a mejorar los resultados que otros han logrado. ¿Se puede hacer esto en política de rentas? ¿Qué acciones concretas cabría incluir sobre política de rentas en un programa electoral para que los electores entendamos que vale la pena apostar por esa opción? Más en concreto, ¿Qué propuestas de este tipo se podrían incluir en el programa de un partido que concurre a las elecciones autonómicas?

¿Que propuestas nos gustaría ver en los programas electorales sobre política de rentas?

 

Lo mínimo que esperaríamos ver: 

 

1. Que la pobreza, la desigualdad y el desempleo se consideran problemas prioritarios a los que es necesario dedicar más recursos y energía para resolverlos. Queremos saber qué hará su gobierno para reducir la pobreza y la desigualdad, y qué hará para reducir el desempleo.

2. Compromiso de mejora de la gestión e incremento presupuestario en política de rentas. Esta es la forma en que se expresa una prioridad política en la forma de compromiso de recursos. Si alguien dice que su prioridad es la lucha contra la pobreza y luego no incrementa significativamente los recursos que se dedican a combatir o paliar la pobreza, sencillamente miente.

3. Algunas ideas originales para mejorar los resultados en política de rentas. Parece evidente que estos problemas no se van a resolver haciendo lo mismo que se viene haciendo durante décadas. O proponiendo acciones que ya fracasaron una y otra vez. Queremos planteamientos innovadores que nos permitan tener esperanza. Al menos intentémoslo.

Algunas ideas que se podrían poner en práctica a escala de una Comunidad Autónoma en España en 2015

 

En primer lugar matizaremos el modo en que conviene incluir los dos primeros puntos  comentados anteriormente. Decir solo que la lucha contra la pobreza y el desempleo es una prioridad es una declaración política gratuita. Hay que concretar un poco más. A buen seguro muchos van a defender la idea de que "la mejor forma de luchar contra la pobreza es crear empleo". Sería estupendo si fuera cierto, pero la realidad en España es que hay cada vez más "empleados pobres", es decir, personas que trabajan, pero no consiguen ganar lo suficiente porque su empleo está mal remunerado o trabajan muy pocas horas. Cuidado, no basta con crear empleo para reducir la pobreza y la desigualdad.

El compromiso en mejorar el presupuesto para luchar contra la pobreza ha de cuantificarse. No basta dejarlo en términos indefinidos. Tampoco hace falta decir la cantidad en euros. Bastaría con indicar el incremento de porcentaje de los presupuestos públicos que se va a dedicar a planes de lucha contra la pobreza, emergencia social, programas de creación de empleo y prevención de la exclusión... España se encuentra a la cola de Europa en recursos dedicados a luchar contra la pobreza y la exclusión. Con toda seguridad es necesario incrementar los recursos dedicados a estos programas. Por tanto, ¿En qué medida va a incrementar el presupuesto para la garantía de rentas? Queremos ver un compromiso claro. Y por supuesto querremos también que el gasto actual se gestione mejor y logre mejores resultados, pero no basta con mejorar la gestión de los recursos existentes cuando son en muchas CCAA una décima parte de lo que deberían emplear. Ciertamente no se puede lograr en un año, se necesita un plan y condicionarlo a la capacidad financiera. ¡Pero se necesita un compromiso y un plan de incremento bien definido!

Dicho esto, la realidad es que las CCAA tienen en España competencias de servicios sociales para poner en marcha políticas de garantía de rentas y prácticamente todas ellas tienen un programa de garantía de rentas. Pero la mayoría no tienen capacidad para incrementar por sí mismas los presupuestos necesarios si no reciben mayores transferencias del Estado o una mayor autonomía financiera. Por este motivo, la capacidad real de incrementar los presupuestos va a estar muy condicionada a la política estatal. Sin embargo, esto no significa que las CCAA no puedan hacer mucho más de lo que actualmente están haciendo. Las CCAA sí tienen capacidad para tomar muchas iniciativas que mejorarían la gestión del actual sistema y lo prepararían para ser más efectivas y eficientes cuando logren incrementar los presupuestos con ayuda del Estado. Se nos ocurre que podrían hacer al menos algunas de estas cosas:

1. Mejorar el sistema de información y seguimiento de la pobreza. Quizá el modo más rápido y eficiente de hacerlo sería crear un Registro Público de Solicitantes de la Renta Mínima de Inserción (tienen nombres diferentes en cada CCAA) en Internet. De modo que cualquier persona pudiera enviar la solicitud por sí mismo o con ayuda de un trabajador social de un Ayuntamiento o de una ONG. En el formulario de petición los solicitantes pueden proporcionar mucha información útil para conocer mejor el problema en la Comunidad y dirigir mejor los recursos a los más necesitados. Se podría incentivar fácilmenta a los solicitantes para que informasen regularmente sobre su situación y lo hiciesen de forma veraz.

2. Elaborar y publicar una estadística sobre el problema de la pobreza. Procesar la información y hacerla pública es necesario para incrementar la conciencia social sobre el problema, sobre lo que el Gobierno está haciendo, sobre la efectividad de las distintas soluciones... Y esta conciencia social es necesaria para legitimar políticamente el presupuesto que se dedica a resolver estos problemas.

3. Crear fuentes de financiación específicas para los programas de lucha contra la pobreza y en particular para resolver problemas que por su gravedad o urgencia se consdieran una emergencia social. En España hemos llegado en estos últimos años a algunos casos de extrema injusticia con situyaciones muy graves en que personas que cometieron la imprudencia de avalar a sus hijos para comprar una casa han acavado perdiendo la suya propia y viéndose en la calle a una edad en la que ya no es posible buscar empleo siquiera. Quizá no sean casos muy numerosos, pero con mayor razón es necesario actuar y no se puede esperar a que el Estado envíe más fondos. De hecho, en muchos de estos casos la ciudadanía se ha organizado para resolver de un modo a otro algunos de los casos que han llamado la atención. Con toda seguridad el Gobierno de una Comunidad Autónoma, incluso aunque no disponga de presupuestos, pueden actuar como catalizador para movilizar la generosidad social de forma más organizada y también más efectiva. El Gobierno de la Comunidad tiene poder para dar a conocer casos a resolver y promover toda una serie de formas de recaudación de fondos o movilización de otros recursos. Por ejemplo: puede crear una lotería social, puede promover que empresas importantes como bancos, empresas de distribución de enetgía o de telecoomunicaciónes se impliquen desde sus programas de responsabilidad social corporativa para contribuir en dinero o en especie a resolver los casos de emergencia social.

4. Dar alas al tercer sector.  En los debates políticos todavía existe una tendencia muy fuerte a polarizar las soluciones en un contexto un poco antiguo de izquierda-derecha en el que parece que la izquierda apuesta por soluciones de tipo público-estatal que han de financiarse por impuestos mientras la derecha apuesta por soluciones de tipo privado-mercado que funcionarán mejor si se bajan los impuestos. Esto es un debate viejo e inútil. El mercado funciona muy bien para algunas cosas y en muchos casos en los que no funciona del todo bien se puede mejorar con alguna regulaciones sencillas. En otros casos la intervención del Estado o de la Adminsitración ha demostrado ser más eficiente. Muchos de los debates publico-privado son falsos porque lo importante no es tanto la titularidad de un recurso (un hospital, por ejemplo) como la transparencia con la que se gestione y que exista una competencia real. Pero además, solemos olvidar al tercer sector. El tercer sector reúne a todas aquellas entidades que son privadas pero cuya finalidad princial no es el afán de lucro. Incluye a ONGs, Fundaciones Asociaciones, cooperativas e incluso empresas que formalmente pueden ser una SL o una SA pero en la práctica pueden estar priorizando otros valores como la inserción social. Para la lucha efectiva contra la pobreza y la desigualdad es esencial facilitar el trabajo del tercer sector. Porque las entidades del tercer sector pueden llevar a cabo mejor, de forma más transparente, más económica y más rápida programas de empleo y de integración social que desde la "izquierda" se ha considerado tradicionalmente que deberían hacerse desde la Administración. La iniciativa privada no es necesariamente con fines de lucro.

Rafael Pinilla

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El coste de las políticas de garantía de ingresos (IV). Bonificación al empleo, ayudas de emergencia y algunas breves consideraciones finales.

(Este artículo es el cuarto artículo de una serie de 4. Si quieres leer el primer artículo de la serie puedes pincuar aquí)

Las medidas de bonificación al empleo

Como se señalaba en las entregas I y II de esta serie, tanto el modelo vasco -como algunas de las propuestas alternativas que se planteaban- se asociaba a la aplicación paralela de un sistema de bonificación al empleo. El objetivo de éste es garantizar una protección más amplia a las personas que, a través de su actividad económica, contribuyen al mantenimiento del sistema productivo.

Se considera en este apartado, de forma separada, el coste de estos programas de bonificación al empleo. Para ello se tienen en cuenta los tres modelos básicos de las entregas I y II. El resultado aparece en la siguiente tabla.

Coste de aplicación de algunos sistemas de bonificación al empleo (en euros)
Tamaño de la unidad de convivencia	MODELO 426+Bon.empleo: Cobertura mínima (mensual)		MODELO 500+Bon.Empleo Cobertura intermedia (mensual)		Modelo similar al del País Vasco con bonificación al empleo (mensual)
	Ingresos act.económica		Ingresos act.económica		Ingresos act.económica
	0	> 250 euros	0	> 350 euros	0	> 350 euros
1 persona	426	639	500	750	600	900
2 personas	576	806	675	945	810	1.134
3 personas	661	892	775	1.046	930	1.256
4 personas	746	988	875	1.159	1.050	1.391
5 personas	831	1.080	975	1.268	1.170	1.521
6 o más personas	916	1.191	1.075	1.398	1.290	1.677
	Coste		Coste		Coste
	1.239.459.630		1.923.390.651		3.915.105.416
	0,12		0,18		0,37
	APROXIMACIÓN ALTERNATIVA CON APORTACIÓN MÁXIMA DE 2.000 € AL AÑO
	Coste		Coste		Coste
	775.997.929		963.047.120		1.554.514.968
	0,07		0,09		0,15

Como puede comprobarse, el coste específico de estos programas de bonificación al empleo varía entre un mínimo de 1.239,5 millones de euros, en la aproximación más conservadora, y unas cifras en 3.915,1 millones de euros en la aproximación similar a la del modelo vasco. En relación al PIB, la variación se sitúa entre un mínimo del 0,12% y un máximo del 0,37% del PIB.

Una alternativa a la aproximación planteada, que requeriría la gestión de una cobertura mensual de las necesidades de la población trabajadora más pobre, sería pensar en una aproximación más cercana a la del EITC estadounidense, asociada a una liquidación anual de la ayuda. En este caso, el planteamiento alternativo es facilitar una aportación anual de un máximo de 2.000 euros a los hogares de personas trabajadoras con bajos salarios. 

Dentro del modelo planteado de baremos en cada modelo, y teniendo en cuenta ese máximo anual (susceptible de realizarse en una o dos entregas), el coste podría reducirse sustancialmente. Se situaría entre un mínimo de 776 millones de euros en la aproximación más conservadora y en un máximo de 1554,5 en la versión adaptada del modelo vasco. En términos del PIB, se trataría de un gasto situado entre 0,07 y 0,15% del PIB.

Aunque en esta segunda aproximación la ayuda es menor, la experiencia del EITC demuestra que podría tener un efecto claramente positivo al aportar un ingreso de forma acumulada que, habitualmente, sirve para hacer frente a necesidades especiales de los hogares con menos recursos.

Las ayudas complementarias y de emergencia

La experiencia de las políticas de garantía de ingresos en territorios como Euskadi revela que no es posible atender correctamente todas las necesidades a través de una prestación de garantía de ingresos. Son necesarias ayudas complementarias para atender los siguientes tipos de situaciones:

• Emergencias sociales, por ejemplo situaciones de desahucio.
• Gastos de acceso y mantenimiento en la vivienda, tanto los relacionados con alquileres e hipotecas como los requeridos para hacer frente a la pobreza energética, etc.
• Gastos necesarios para mantener una vivienda en mínimas condiciones.
• Modalidades especiales de gasto entre colectivos en situación de riego de pobreza, etc.

Este tipo de problemáticas han sido atendidas en el País Vasco a través de las llamadas Ayudas de Emergencia Social y de la Prestación Complementaria de Vivienda. Su coste es importante, pudiendo estimarse en el caso vasco en torno a un 20% de lo que representa la prestación de garantía de ingresos en sentido estricto.

Esto supondría, en aplicación al conjunto español de estas ayudas, y teniendo en cuenta los distintos modelos alternativos analizados, un gasto suplementario de entre 920 y 3.058 millones de euros, entre un 0,09 y un 0,29% del PIB.

Unas breves consideraciones finales

El objetivo de las cuatro entregas realizadas ha sido tratar de situar el contexto económico que supondría poner en marcha una política complementaria de garantía de ingresos en España, señalando el coste de distintas medidas alternativas. Es conveniente, en este sentido, que el debate sobre la Renta Básica o las Rentas Mínimas se sitúe en un contexto económico real, facilitando con ello la toma de decisiones. 

En relación a los datos económicos presentados, debe señalarse que se trata de estimaciones generales, suficientemente ajustadas aunque lógicamente sujetas a revisión. Sería necesaria una aproximación minuciosa por parte de las personas responsables de desarrollar las distintas medidas pero los costes planteados en las entregas son suficientemente orientativos.

El análisis de los datos presentados refleja en mi opinión lo siguiente:

1. En primer lugar, las necesidades a las que es preciso atender son muy llamativas. La aplicación de un modelo complejo, pero aun así de objetivos de cobertura limitados, como el que representa el conjunto del modelo vasco de rentas mínimas y prestaciones complementarias, implicaría un gasto suplementario en España cercano a los 18.000 millones de pesetas en España, un 1,71% del PIB. Esta elevada cuantía refleja sin duda el retraso de casi 30 años que acumula el resto del Estado respecto al País Vasco en la aplicación de este tipo de media
2. A pesar del coste, lo cierto es que se trata de una cuantía que un Estado como el español puede asumir sin problemas a medio plazo. No actuar en los próximos cuatro años sería dramático, inasumible y no fundamentado en la realidad de la economía española (en especial la de sus grupos favorecidos, totalmente capaces de asumir ese coste).
3. La aplicación de programas de Renta Básica implica un gasto suplementario mucho más alto, incluso en el caso de aplicarse en exclusiva a algunos colectivos limitados. Quiénes asumieran esta vía de intervención a corto plazo se verían condicionados por esta realidad, en especial en un contexto de alto endeudamiento del país y de presión sobre las pensiones asociada al envejecimiento.

Las opciones que se plantean a partir del escenario señalado dependen sin embargo de la voluntad política y social, en última instancia de las decisiones de los electores y electoras. Es a ellos a quiénes les corresponde decidir entre los distintos planteamientos que se puedan realizar.

En el caso de que tuviera que proponer un programa concreto de actuación para los próximos cuatro años, mi recomendación se traduciría en los siguientes puntos:

1. Introducir inicialmente un programa estatal de rentas mínimas, gestionado y complementado en su caso desde las comunidades autónomas. Este programa, en especial si se fundamenta en cuantías de protección limitadas, debería complementarse con un sistema de ayudas de emergencia asociado que tenga cierta ambición. En su versión más moderada, esta política costaría alrededor de 6.000 millones de euros, alrededor del 0,57% del PIB. Podría introducirse en dos fases, introduciendo inicialmente un Fondo Social para situaciones de emergencia a atender y al cabo de un año el sistema de rentas mínimas.
2. Introducir un programa de bonificación al empleo vinculado al IRPF que garantizara hasta 2.000 euros anuales complementarios a la población trabajadora con salarios más bajos. El coste de este programa, en una versión relativamente ambiciosa, se situaría en torno a 1.500 millones, un 0,15% del PIB.
3. Introducir un sistema de Renta Básica para menores que, en los próximos cuatro años, llegara hasta los 6, 7 u 8 años, con un coste potencial entre los 2.994 y los 3.992 millones de euros, entre el 0,28 y el 0,38% del PIB.
4. Mejorar en lo posible, y de forma complementaria a las propuestas anteriores, el sistema de subsidios y prestaciones no contributivas (PNC).

En conjunto, las medidas propuestas podrían situarse en un gasto cercano al 1% del PIB anual, claramente asumible en una perspectiva a cuatro o cinco años.

Pasado los cuatro o cinco años de puesta en marcha inicial de estas medidas, podrían plantearse entonces avances más ambiciosos, evaluando previamente los resultados alcanzados con las medidas iniciales.

Por supuesto, otras personas considerarán demasiado conservador este escenario. Queda en sus manos defender otras líneas de actuación que puedan considerar más apropiadas. El debate sobre todo ello resultará sin duda enriquecedor. Es necesario ese debate sobre cifras en un país en el que, habitualmente, se descalifica a los demás antes de analizar sus propuestas.

En mi opinión, el único escenario que, de partida, debería por completo rechazarse sería el de no hacer nada o centrarse en actuaciones casi simbólicas. España necesita una inversión sustancial en el futuro de su población más desfavorecida. Debe romperse la inercia que ha presidido en este punto la experiencia de los últimos 20 años.

Luis Sanzo

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