Está ampliamente extendida en España la idea de que la
pobreza infantil es uno de los principales problemas sociales a los que el país
tiene que enfrentarse. Este artículo no pretende sostener lo contrario pero sí
contribuir a precisar los términos del debate.
A tales efectos, es preciso analizar el impacto real de la
pobreza infantil, tanto en términos generales como en términos comparados
respecto a otros grupos sociales. Conviene además analizar las diferencias
territoriales existentes entre Comunidades Autónomas.
La pobreza infantil tiene
un impacto destacado en España (aunque menos elevado de lo que reflejan los
indicadores Eurostat)
Durante mucho tiempo he tratado de demostrar que los
indicadores Eurostat de medición de la pobreza no resultan realistas,
exagerando de forma notable la problemática. El indicador del 60% de la mediana
de ingresos y, de forma aún más acusada, el indicador AROPE no miden de forma
adecuada el fenómeno de la pobreza. Se trata, en la práctica, de indicadores de
riesgo asociados a la medición de formas generales de ausencia de bienestar.
La pobreza es sin duda una forma de ausencia de bienestar,
la más grave de las que pueden afectar a una población en la medida en que se
relaciona directamente con la falta de cobertura adecuada de las necesidades
básicas. Pero no es la única forma de ausencia de bienestar existente en una
determinada sociedad.
El principal motivo para tratar de delimitar el impacto específico
de esta problemática de pobreza es que, al tener un impacto bastante inferior
al que reflejan las cifras AROPE y similares, permiten situar la actuación en
un marco política y económicamente más realista.
No es fácil tratar de medir el impacto real de la pobreza en
España porque el sistema estadístico europeo no está correctamente diseñado
para ello. Teniendo en cuenta los indicadores de la Encuesta de Condiciones de
Vida del INE (ECV), sin embargo, una posible aproximación a la construcción de
un indicador de pobreza real podría basarse en la concurrencia de dos tipos de
situaciones de carencia.
La primera situación carencial se relaciona con la presencia
de limitaciones evidentes en la capacidad de cubrir las necesidades básicas
ligadas a la alimentación, el acceso y mantenimiento en la vivienda y el pago
de los suministros básicos (energía, agua y similares). Dos hechos medibles en
la ECV ponen de manifiesto, de forma inequívoca, la presencia de estas
limitaciones
a) La existencia de problemas en el hogar para
garantizar el acceso a una comida proteínica al menos cada dos días.
b) La presencia de retrasos significativos en la
cobertura de las obligaciones de los hogares relacionadas con el pago de
hipotecas o alquileres o de las facturas relacionadas con el suministro de
energía, agua y similares. En este documento, se considera significativa a
estos efectos la acumulación de dos o más experiencias de retraso en este tipo
de pagos a lo largo del año.
Una segunda realidad carencial debe concurrir para poner en
evidencia que los problemas anteriores no se vinculan únicamente a ingresos
reducidos sino, más en general, a una carencia general de recursos, incluidos
los patrimoniales, para abordar situaciones económicas extraordinarias. El
indicador de falta de capacidad para afrontar gastos imprevistos de la ECV resulta
operativo en este punto.
Como indicador de situaciones de pobreza real, se contempla
en definitiva la presencia conjunta de problemas muy graves en la cobertura de
las necesidades de alimentación, mantenimiento en la vivienda y/o garantía de
los suministros básicos y de una falta de patrimonio de reserva susceptible de
hacer frente a situaciones extraordinarias de falta de ingresos.
El primer dato relevante a destacar es la importancia del
impacto del problema de la pobreza infantil en España. Aunque no llega a esa
cifra mágica de 30% de menores de 15 años en situación de riesgo de pobreza y
exclusión, la aproximación alternativa que se plantea en este artículo sigue
reflejando una notable incidencia de la problemática. De esta forma, un 15% de la población menor de 15 años en
España se encuentra en una situación real de pobreza, identificada en la
forma señalada con anterioridad.
Gráfico 1
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Fuente: Elaboración propia a partir de la ECV 2013
Los problemas considerados incluyen dificultades muy
graves en la cobertura de las necesidades de alimentación y de los pagos
relacionados con hipotecas, alquileres y suministros de energía, agua y
similares así como la insuficiencia de recursos patrimoniales para hacer frente
a gastos extraordinarios
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Pobreza infantil y
pobreza en otros colectivos sociales
Los datos del Gráfico 1 ponen de manifiesto un segundo hecho
relevante. Se constata, en este sentido, que la incidencia de la pobreza infantil
es muy superior a la que se observa en otros colectivos sociales. Esta incidencia
es más del doble de la detectada entre la población en hogares en los que no
existe presencia de menores de 15 años: 15% frente a 7,1%. Es más de cuatro
veces superior, por otra parte, al impacto de las situaciones de pobreza real
entre las personas mayores de 65 años, con un mínimo del 3,6% en este grupo.
Sin embargo, no puede olvidarse que la pobreza infantil no
es mayor que la que afecta a las personas mayores de 15 años que residen en
hogares en los que residen los menores. En realidad, en este último caso,
resulta incluso ligeramente superior, alcanzando a un 15,8% de la población
mayor de 15 años. Aunque baja al 13,8% en personas de 35 y más años que
conviven con menores, alcanza un máximo del 20,6% entre personas de 15 a 34
años en hogares con presencia de población infantil.
El tratamiento político, social y económico de la pobreza
infantil no debería, por tanto, enfocarse al margen de la consideración general
de la problemática de los hogares con presencia de menores. De hecho, los datos
cualitativos indican que la pobreza en estas circunstancias se vive más
intensamente entre unos padres y madres que tratan, en general, de minimizar el
impacto de la pobreza entre sus hijos e hijas. Los problemas resultan, además,
mayores cuando hay presencia de adolescentes y jóvenes entre 15 y 24 años en
este tipo de hogares.
Podría entenderse que las políticas priorizasen a la
población infantil en caso de limitaciones presupuestarias. Pero carecería de cualquier
pretensión de respeto a los valores de justicia e igualdad dejar en la estacada,
a largo plazo, a sus padres o madres y a sus hermanos o hermanas más mayores.
Las diferencias
territoriales en el impacto de las situaciones reales de pobreza en hogares con
menores en España
El análisis de los datos territoriales a partir de la ECV se
ve limitado por unos tamaños muestrales que resultan insuficientes y por un
diseño muestral que no está pensado para realizar un estudio detallado por
Comunidades Autónomas, menos aún si se introducen variables demográficas
específicas en el análisis. Teniendo en cuentas estas limitaciones muestrales,
el estudio de las diferencias entre CC.AA. se basa en una aproximación a la
realidad conjunta de la población que reside en hogares con presencia de
menores de 15 años. Considera además agrupaciones de CC.AA., definidas en
función de ciertos rasgos sociales, demográficos y económicos comunes.
El resultado de esta aproximación muestra que la experiencia
de situaciones de pobreza real es muy desigual en España en los hogares con
presencia de población infantil. Se sitúa en niveles cercanos al 7-7,5% en la
zona Norte y Oeste de España. Se trata de una zona en la que se combina un
mayor desarrollo de los sistemas de garantía de ingresos con una dinámica
demográfica marcada en muchas CC.AA. por el fuerte envejecimiento. Esta última circunstancia
propicia con frecuencia mayores oportunidades de participación laboral entre la
población con menores a cargo.
En el extremo opuesto, con una tasa media del 23,1%, se
sitúan las CC.AA. de Illes Balears, Comunidad Valenciana y Murcia. El impacto
es más de tres veces superior al 7% de País Vasco y Navarra y al 7,5% de las demás
CC.AA. del Norte y el Oeste de España.
En niveles cercanos, situados por término medio en el 20,2%,
todavía casi 3 veces superiores a los de las CC.AA. con menor impacto de la
pobreza, se encuentran las CC.AA. del sur español: Andalucía, Canarias y las
ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
La incidencia de la pobreza en hogares con presencia de
población infantil resulta todavía más de dos veces superior a las regiones con
menor pobreza en las CC.AA. de Madrid y Castilla-La Mancha, con una media del
15,2%. Cataluña también supera en casi 5 puntos el indicador medio de las zonas
menos afectadas, con un 11,9%.
En comparación con zonas comparativamente similares como
Navarra y el País Vasco, Madrid y Cataluña destacan por tanto por un muy
superior impacto de la pobreza en hogares con presencia de menores (entre 5 y 8
puntos porcentuales más). La diferencia está sin duda relacionada con la prioridad
política atribuida en las comunidades forales al sistema de protección contra
la pobreza (a pesar del impacto diferencial del proceso inmigratorio en estas
zonas durante los años de crisis, factor que ha presionado al alza las tasas en
esas CC.AA.).
Gráfico 2
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Fuente: Elaboración propia a partir de la ECV 2013
Los problemas considerados incluyen dificultades muy graves en la cobertura de las necesidades de alimentación y de los pagos relacionados con hipotecas, alquileres y suministros de energía, agua y similares así como la insuficiencia de recursos patrimoniales para hacer frente a gastos extraordinarios
Resto Noroeste/Oeste: Galicia, Castilla-León, Extremadura, Asturias, Cantabria, La Rioja y Aragón.
Sur: Andalucía, Canarias, Ceuta y Melilla.
Levante y Baleares: Illes Balears, Comunidad Valenciana y Murcia.
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Conclusión
Los datos presentados revelan la alta incidencia de la pobreza
infantil en España y su íntima relación con la pobreza general de los hogares
con presencia de menores.
Esta realidad viene acompañada por dos realidades de
desigualdad comparada. Por una parte, se constata que la protección social a
los hogares con población infantil es muy inferior a aquella de la que
disfrutan los hogares sin población menor, en particular entre las personas
mayores de 65 años.
Por otra parte, se observa la notable divergencia existente
entre el Norte y el Oeste de España y el resto del país, con tasas de pobreza
infantil y juvenil sustancialmente alejadas las unas de las otras. Aunque parte
de estas diferencias se vinculan al mayor dinamismo demográfico y
socio-económico de zonas como Madrid, Cataluña o el Levante español durante el
periodo de crecimiento económico, hay otros elementos diferenciadores. La
realidad del País Vasco y de Navarra muestra, en este sentido, una posición más
favorable vinculada a una política más desarrollada de garantía de ingresos.
Es evidente que la política social español debería adaptarse
para superar esta realidad desigual. En ese camino, sin embargo, constituiría
un error olvidarse de la necesidad de proteger no sólo a la población infantil
sino también a las demás personas que conviven con ella.
Luis Sanzo
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