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viernes, 15 de mayo de 2015

El debate sobre la pobreza infantil en España

Está ampliamente extendida en España la idea de que la pobreza infantil es uno de los principales problemas sociales a los que el país tiene que enfrentarse. Este artículo no pretende sostener lo contrario pero sí contribuir a precisar los términos del debate.

A tales efectos, es preciso analizar el impacto real de la pobreza infantil, tanto en términos generales como en términos comparados respecto a otros grupos sociales. Conviene además analizar las diferencias territoriales existentes entre Comunidades Autónomas.

La pobreza infantil tiene un impacto destacado en España (aunque menos elevado de lo que reflejan los indicadores Eurostat)

Durante mucho tiempo he tratado de demostrar que los indicadores Eurostat de medición de la pobreza no resultan realistas, exagerando de forma notable la problemática. El indicador del 60% de la mediana de ingresos y, de forma aún más acusada, el indicador AROPE no miden de forma adecuada el fenómeno de la pobreza. Se trata, en la práctica, de indicadores de riesgo asociados a la medición de formas generales de ausencia de bienestar.

La pobreza es sin duda una forma de ausencia de bienestar, la más grave de las que pueden afectar a una población en la medida en que se relaciona directamente con la falta de cobertura adecuada de las necesidades básicas. Pero no es la única forma de ausencia de bienestar existente en una determinada sociedad.

El principal motivo para tratar de delimitar el impacto específico de esta problemática de pobreza es que, al tener un impacto bastante inferior al que reflejan las cifras AROPE y similares, permiten situar la actuación en un marco política y económicamente más realista.

No es fácil tratar de medir el impacto real de la pobreza en España porque el sistema estadístico europeo no está correctamente diseñado para ello. Teniendo en cuenta los indicadores de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE (ECV), sin embargo, una posible aproximación a la construcción de un indicador de pobreza real podría basarse en la concurrencia de dos tipos de situaciones de carencia.

La primera situación carencial se relaciona con la presencia de limitaciones evidentes en la capacidad de cubrir las necesidades básicas ligadas a la alimentación, el acceso y mantenimiento en la vivienda y el pago de los suministros básicos (energía, agua y similares). Dos hechos medibles en la ECV ponen de manifiesto, de forma inequívoca, la presencia de estas limitaciones

a) La existencia de problemas en el hogar para garantizar el acceso a una comida proteínica al menos cada dos días.
b) La presencia de retrasos significativos en la cobertura de las obligaciones de los hogares relacionadas con el pago de hipotecas o alquileres o de las facturas relacionadas con el suministro de energía, agua y similares. En este documento, se considera significativa a estos efectos la acumulación de dos o más experiencias de retraso en este tipo de pagos a lo largo del año.

Una segunda realidad carencial debe concurrir para poner en evidencia que los problemas anteriores no se vinculan únicamente a ingresos reducidos sino, más en general, a una carencia general de recursos, incluidos los patrimoniales, para abordar situaciones económicas extraordinarias. El indicador de falta de capacidad para afrontar gastos imprevistos de la ECV resulta operativo en este punto.

Como indicador de situaciones de pobreza real, se contempla en definitiva la presencia conjunta de problemas muy graves en la cobertura de las necesidades de alimentación, mantenimiento en la vivienda y/o garantía de los suministros básicos y de una falta de patrimonio de reserva susceptible de hacer frente a situaciones extraordinarias de falta de ingresos.

El primer dato relevante a destacar es la importancia del impacto del problema de la pobreza infantil en España. Aunque no llega a esa cifra mágica de 30% de menores de 15 años en situación de riesgo de pobreza y exclusión, la aproximación alternativa que se plantea en este artículo sigue reflejando una notable incidencia de la problemática. De esta forma, un 15% de la población menor de 15 años en España se encuentra en una situación real de pobreza, identificada en la forma señalada con anterioridad.

Gráfico 1
Fuente: Elaboración propia a partir de la ECV 2013
Los problemas considerados incluyen dificultades muy graves en la cobertura de las necesidades de alimentación y de los pagos relacionados con hipotecas, alquileres y suministros de energía, agua y similares así como la insuficiencia de recursos patrimoniales para hacer frente a gastos extraordinarios

Pobreza infantil y pobreza en otros colectivos sociales

Los datos del Gráfico 1 ponen de manifiesto un segundo hecho relevante. Se constata, en este sentido, que la incidencia de la pobreza infantil es muy superior a la que se observa en otros colectivos sociales. Esta incidencia es más del doble de la detectada entre la población en hogares en los que no existe presencia de menores de 15 años: 15% frente a 7,1%. Es más de cuatro veces superior, por otra parte, al impacto de las situaciones de pobreza real entre las personas mayores de 65 años, con un mínimo del 3,6% en este grupo.

Sin embargo, no puede olvidarse que la pobreza infantil no es mayor que la que afecta a las personas mayores de 15 años que residen en hogares en los que residen los menores. En realidad, en este último caso, resulta incluso ligeramente superior, alcanzando a un 15,8% de la población mayor de 15 años. Aunque baja al 13,8% en personas de 35 y más años que conviven con menores, alcanza un máximo del 20,6% entre personas de 15 a 34 años en hogares con presencia de población infantil.

El tratamiento político, social y económico de la pobreza infantil no debería, por tanto, enfocarse al margen de la consideración general de la problemática de los hogares con presencia de menores. De hecho, los datos cualitativos indican que la pobreza en estas circunstancias se vive más intensamente entre unos padres y madres que tratan, en general, de minimizar el impacto de la pobreza entre sus hijos e hijas. Los problemas resultan, además, mayores cuando hay presencia de adolescentes y jóvenes entre 15 y 24 años en este tipo de hogares.

Podría entenderse que las políticas priorizasen a la población infantil en caso de limitaciones presupuestarias. Pero carecería de cualquier pretensión de respeto a los valores de justicia e igualdad dejar en la estacada, a largo plazo, a sus padres o madres y a sus hermanos o hermanas más mayores.

Las diferencias territoriales en el impacto de las situaciones reales de pobreza en hogares con menores en España

El análisis de los datos territoriales a partir de la ECV se ve limitado por unos tamaños muestrales que resultan insuficientes y por un diseño muestral que no está pensado para realizar un estudio detallado por Comunidades Autónomas, menos aún si se introducen variables demográficas específicas en el análisis. Teniendo en cuentas estas limitaciones muestrales, el estudio de las diferencias entre CC.AA. se basa en una aproximación a la realidad conjunta de la población que reside en hogares con presencia de menores de 15 años. Considera además agrupaciones de CC.AA., definidas en función de ciertos rasgos sociales, demográficos y económicos comunes.

El resultado de esta aproximación muestra que la experiencia de situaciones de pobreza real es muy desigual en España en los hogares con presencia de población infantil. Se sitúa en niveles cercanos al 7-7,5% en la zona Norte y Oeste de España. Se trata de una zona en la que se combina un mayor desarrollo de los sistemas de garantía de ingresos con una dinámica demográfica marcada en muchas CC.AA. por el fuerte envejecimiento. Esta última circunstancia propicia con frecuencia mayores oportunidades de participación laboral entre la población con menores a cargo.

En el extremo opuesto, con una tasa media del 23,1%, se sitúan las CC.AA. de Illes Balears, Comunidad Valenciana y Murcia. El impacto es más de tres veces superior al 7% de País Vasco y Navarra y al 7,5% de las demás CC.AA. del Norte y el Oeste de España.

En niveles cercanos, situados por término medio en el 20,2%, todavía casi 3 veces superiores a los de las CC.AA. con menor impacto de la pobreza, se encuentran las CC.AA. del sur español: Andalucía, Canarias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

La incidencia de la pobreza en hogares con presencia de población infantil resulta todavía más de dos veces superior a las regiones con menor pobreza en las CC.AA. de Madrid y Castilla-La Mancha, con una media del 15,2%. Cataluña también supera en casi 5 puntos el indicador medio de las zonas menos afectadas, con un 11,9%.

En comparación con zonas comparativamente similares como Navarra y el País Vasco, Madrid y Cataluña destacan por tanto por un muy superior impacto de la pobreza en hogares con presencia de menores (entre 5 y 8 puntos porcentuales más). La diferencia está sin duda relacionada con la prioridad política atribuida en las comunidades forales al sistema de protección contra la pobreza (a pesar del impacto diferencial del proceso inmigratorio en estas zonas durante los años de crisis, factor que ha presionado al alza las tasas en esas CC.AA.).

Gráfico 2
Fuente: Elaboración propia a partir de la ECV 2013
Los problemas considerados incluyen dificultades muy graves en la cobertura de las necesidades de alimentación y de los pagos relacionados con hipotecas, alquileres y suministros de energía, agua y similares así como la insuficiencia de recursos patrimoniales para hacer frente a gastos extraordinarios
Resto Noroeste/Oeste: Galicia, Castilla-León, Extremadura, Asturias, Cantabria, La Rioja y Aragón.
Sur: Andalucía, Canarias, Ceuta y Melilla.
Levante y Baleares: Illes Balears, Comunidad Valenciana y Murcia.

Conclusión

Los datos presentados revelan la alta incidencia de la pobreza infantil en España y su íntima relación con la pobreza general de los hogares con presencia de menores.

Esta realidad viene acompañada por dos realidades de desigualdad comparada. Por una parte, se constata que la protección social a los hogares con población infantil es muy inferior a aquella de la que disfrutan los hogares sin población menor, en particular entre las personas mayores de 65 años.
Por otra parte, se observa la notable divergencia existente entre el Norte y el Oeste de España y el resto del país, con tasas de pobreza infantil y juvenil sustancialmente alejadas las unas de las otras. Aunque parte de estas diferencias se vinculan al mayor dinamismo demográfico y socio-económico de zonas como Madrid, Cataluña o el Levante español durante el periodo de crecimiento económico, hay otros elementos diferenciadores. La realidad del País Vasco y de Navarra muestra, en este sentido, una posición más favorable vinculada a una política más desarrollada de garantía de ingresos.


Es evidente que la política social español debería adaptarse para superar esta realidad desigual. En ese camino, sin embargo, constituiría un error olvidarse de la necesidad de proteger no sólo a la población infantil sino también a las demás personas que conviven con ella.

Luis Sanzo

viernes, 6 de marzo de 2015

La reforma del sistema de bonificación al empleo en Francia

Dentro de su plan plurianual contra la pobreza y por la inclusión social, el primer ministro de Francia, Manuel Valls, presentó el pasado 3 de febrero la reforma del sistema de bonificación al empleo para la población trabajadora con bajos ingresos. La reforma, cuyas ideas generales ya había adelantado en agosto del pasado año, entrará en vigor a partir del primero de enero de 2016, aunque la aprobación de la ley reguladora se adelantará a la segunda mitad de 2015, probablemente en septiembre. La reforma consiste en refundir en una nueva y única Prima de Actividad (PA) el llamado RSA Actividad y la Prima Para el Empleo (PPE), actualmente en vigor.

Manuel Valls durante la presentación de su plan contra la pobreza y por la inclusión social. 3 de marzo de 2015

La reforma trata de hacer frente a las insuficiencias de los dos dispositivos existentes, sujetos ambos a fuertes críticas en los últimos años. Pretende, por una parte, mejorar la efectividad en la reducción de la pobreza entre la población trabajadora, evitando que parte de las prestaciones, como sucede con la PPE, llegue a grupos ocupados en situación acomodada. En lo relativo al RSA Actividad, por otra, busca facilitar un método de cálculo de la prestación que resulte más sencillo para no disuadir la demanda entre sus potenciales beneficiarios. Apenas un 30% de ellos acceden en la actualidad al RSA.

En cualquier caso, el objetivo principal del sistema seguirá centrándose en incitar el acceso al empleo y, dentro de él, en aumentar las horas trabajadas. De esta forma, el sistema de protección social francés sigue apostando por prestaciones que contribuyan a aumentar el nivel de ingresos de la población trabajadora con menores salarios o ingresos por actividad autónoma. Busca, al mismo tiempo, disuadir a la población desempleada que prefiriera contentarse con las prestaciones sociales, acelerando el proceso de búsqueda activa de empleo.

Los principios básicos de la reforma

Los principios básicos de la reforma planteada por Manuel Valls son los siguientes:

1. El acceso a la nueva PA seguirá asociada al nivel de recursos. El umbral máximo para el acceso a la prestación se sitúa en 1,2 veces el salario mínimo (SMIC) para una persona sola. Teniendo en cuenta que se computa este SMIC en términos netos, descontadas las cotizaciones sociales obligatorias, dicho umbral se sitúa en 1.363,19 euros. En términos de Paridad de Poder de Compra, equivale a una cuantía de 1.098,61 euros para España.
2. El gasto principal se concentrará entre la población trabajadora que gane entre 568 euros y los 1.363,19 establecidos como límite máximo. La población que gane menos de 568 euros recibirá algún complemento pero de nivel inferior en términos relativos. Se trata con ello de no incentivar las formas más extremas del trabajo a tiempo parcial. Según el gobierno francés, el dispositivo debe tratar de incitar no sólo a trabajar sino a trabajar durante más tiempo.
3. El acceso a la PA se amplía a la población menor de 25 años aunque sobre la base de cuantías de protección algo más bajas y de la consideración de topes máximos ligados al nivel de ingresos del hogar. En la actualidad, estas personas jóvenes pueden beneficiarse de la PPE pero no del RSA.
4. Las personas trabajadoras vinculadas a familias monoparentales se beneficiarán de una prestación relativamente mayor que la correspondiente a la población en parejas.
5. Se simplificará la gestión por tres vías. En primer lugar, el cálculo de la cuantía de la prestación tendrá en cuenta las circunstancias existentes en el momento de la demanda y de las posteriores revisiones trimestrales. Una vez concedida, la prestación se mantendrá durante tres meses, con independencia de que cambie la situación de la persona.
    En segundo lugar, la prima se aplicará en lo fundamental teniendo en cuenta los ingresos de cada persona trabajadora. No obstante, se completará con otra parte que tenga en cuenta la composición y los recursos del conjunto del hogar. Los recursos máximos del hogar no podrán pasar de 2.200 euros para una pareja o una familia monoparental con un hijo y de 2.900 euros para familias compuestas por una pareja con dos hijos o hijas en las que dos de sus miembros se encuentren trabajando.
    En tercer lugar, una vez inscritos en el sistema, la actualización de la información sobre ingresos podrá realizarse por las propias personas interesadas, sin necesidad de presentarse ante las oficinas, por Internet o a través del correo normal.

En cuanto a las cuantías, el máximo de la ayuda se centrará en torno a la población trabajadora con ingresos en torno a los 800 euros, equivalentes a 667,75 euros en términos de PPC para España. Entre los ejemplos planteados por el gobierno francés para señalar el nivel de las cuantías de la futura PA, destacan los siguientes aspectos:

a) Para una persona sola que trabaja a tiempo completo por el valor del SMIC, la PA se situaría en torno a los 130 € mensuales.
b) El máximo de ayudas previsto alcanzaría los 280 euros mensuales en el caso de una persona sola con un único hijo o hija a cargo con acceso al SMIC a tiempo completo.

Llama la atención que se trata de cuantías reducidas, en general inferiores a las previstas en el sistema de estímulos al empleo existente en el País Vasco. Así, la bonificación estándar para un hogar con ingresos equivalentes al salario mínimo se sitúa en torno a los 300 euros (unos 360 euros en términos ajustado a paridades de poder de compra). Aunque la extensión del grupo protegido es más limitada que en Francia, se trata por tanto  de cuantías claramente superiores a las que se plantean en el país vecino. La proporción de acceso de población potencialmente beneficiaria al sistema resulta además superior en el País Vasco.

Según el documento presentado por el gobierno francés, la ayuda beneficiará a entre cuatro y cinco millones de personas, en torno al más del 15% de la población empleada en Francia. En la actualidad, la RSA llega a 700.000 personas, por una cuantía media de 176 euros mensuales. La PPE llega, por su parte, a 6,3 millones, aunque sobre la base de una media mensual de apenas 36 euros. Esta prestación se pagará por última vez en septiembre de 2015.

El coste previsto de la prestación es de unos 4.000 millones de euros. Se trata de un coste similar al actualmente existente, con un gasto de alrededor de 2.450 millones en la PPE y de 1.600 en el RSA. Teniendo en cuenta el coste previsto de la prestación, esto supone la aplicación de cuantías medias de ayuda bajas, situadas en torno a los 800-1.000 euros anuales de apoyo.

El modelo francés sigue así apostando por la extensión de ayudas de baja, e incluso muy baja cuantía, a un volumen relativamente amplio de población frente a modelos que protegen más favorablemente a la población con bajos salarios pero centrando el apoyo en la minoría con menores recursos.

La aplicación de un sistema similar en España

La introducción de un sistema de bonificación al empleo en el sistema español debería tener en cuenta el importante nivel de protección a los muy bajos salarios del sistema vasco, frente a las cuantías claramente insuficientes del modelo francés. Las diferencias de ingresos asociados al trabajo deben ser suficientes para que los sistemas de bonificación resulten relevantes para evitar la llamada trampa de la pobreza. En ese aspecto, los datos disponibles muestran un mayor éxito comparado del sistema vasco que del sistema hasta ahora vigente en Francia.

En este contexto, los datos avanzados no aseguran del todo que la reforma francesa vaya a superar una de las críticas de las que había sido objeto, en particular la de tratar de llegar a un colectivo demasiado amplio con unos recursos limitados que acaban traduciéndose en un efecto redistributivo muy limitado. Sin embargo, en España debería tenerse en cuenta la voluntad de actuación más amplia introducida en Francia, tratando de mejorar las condiciones de vida del conjunto de la parte más desfavorecida de la población trabajadora. En ese punto, es evidente que Francia ha ido más lejos que el sistema vasco, muy centrado en la parte más baja de las capas de trabajadores con bajos salarios.

La aproximación más realista podría pasar por combinar distintas modalidades de actuación. Por una parte, podría aplicarse una modalidad de ayuda mensual a los muy bajos salarios, en la línea del sistema establecido en el País Vasco, aunque garantizando la aplicación estructural, y no sólo temporal, del modelo de garantía. Esta aproximación podría complementarse con un sistema más extendido de créditos fiscales, de cuantía modesta, pero significativa. Se trataría de aplicar un sistema similar al EITC para el grupo amplio de población trabajadora de bajos salarios pero no tan bajos como para hacer imprescindible una aportación complementaria mensual.


Es probable que un modelo de este tipo resultara mucho más efectivo que el programa planteado en Francia, de perfil bastante continuista respecto a la realidad hoy existente. De hecho, todo parece indicar que el modelo de funcionamiento de la nueva PA será muy similar al del actual RSA. Los objetivos de cobertura de la población beneficiaria se mantienen de hecho en niveles reducidos, situándose en un 50% el nivel esperado de cobertura de la población potencialmente beneficiaria.

Luis Sanzo

viernes, 13 de febrero de 2015

El coste de las políticas de garantía de ingresos. Bonificación al empleo, ayudas de emergencia y algunas breves consideraciones finales (IV)



El coste de las políticas de garantía de ingresos (IV). Bonificación al empleo, ayudas de emergencia y algunas breves consideraciones finales.



(Este artículo es el cuarto artículo de una serie de 4. Si quieres leer el primer artículo de la serie puedes pincuar aquí)


Las medidas de bonificación al empleo

Como se señalaba en las entregas I y II de esta serie, tanto el modelo vasco -como algunas de las propuestas alternativas que se planteaban- se asociaba a la aplicación paralela de un sistema de bonificación al empleo. El objetivo de éste es garantizar una protección más amplia a las personas que, a través de su actividad económica, contribuyen al mantenimiento del sistema productivo.


Se considera en este apartado, de forma separada, el coste de estos programas de bonificación al empleo. Para ello se tienen en cuenta los tres modelos básicos de las entregas I y II. El resultado aparece en la siguiente tabla.

Coste de aplicación de algunos sistemas de bonificación al empleo (en euros)
Tamaño de la
unidad de convivencia
MODELO 426+Bon.empleo:
Cobertura mínima
(mensual)
MODELO 500+Bon.Empleo
Cobertura intermedia
(mensual)

Modelo similar al del País Vasco con bonificación al empleo
(mensual)
Ingresos act.económica
Ingresos act.económica
Ingresos act.económica
0
> 250 euros
0
> 350 euros
0
> 350 euros
1 persona
426
639
500
750
600
900
2 personas
576
806
675
945
810
1.134
3 personas
661
892
775
1.046
930
1.256
4 personas
746
988
875
1.159
1.050
1.391
5 personas
831
1.080
975
1.268
1.170
1.521
6 o más personas
916
1.191
1.075
1.398
1.290
1.677

Coste
Coste
Coste

1.239.459.630
1.923.390.651
3.915.105.416

0,12
0,18
0,37

APROXIMACIÓN ALTERNATIVA CON APORTACIÓN MÁXIMA DE 2.000 € AL AÑO

Coste
Coste
Coste

775.997.929
963.047.120
1.554.514.968

0,07
0,09
0,15

Como puede comprobarse, el coste específico de estos programas de bonificación al empleo varía entre un mínimo de 1.239,5 millones de euros, en la aproximación más conservadora, y unas cifras en 3.915,1 millones de euros en la aproximación similar a la del modelo vasco. En relación al PIB, la variación se sitúa entre un mínimo del 0,12% y un máximo del 0,37% del PIB.


Una alternativa a la aproximación planteada, que requeriría la gestión de una cobertura mensual de las necesidades de la población trabajadora más pobre, sería pensar en una aproximación más cercana a la del EITC estadounidense, asociada a una liquidación anual de la ayuda. En este caso, el planteamiento alternativo es facilitar una aportación anual de un máximo de 2.000 euros a los hogares de personas trabajadoras con bajos salarios. 


Dentro del modelo planteado de baremos en cada modelo, y teniendo en cuenta ese máximo anual (susceptible de realizarse en una o dos entregas), el coste podría reducirse sustancialmente. Se situaría entre un mínimo de 776 millones de euros en la aproximación más conservadora y en un máximo de 1554,5 en la versión adaptada del modelo vasco. En términos del PIB, se trataría de un gasto situado entre 0,07 y 0,15% del PIB.


Aunque en esta segunda aproximación la ayuda es menor, la experiencia del EITC demuestra que podría tener un efecto claramente positivo al aportar un ingreso de forma acumulada que, habitualmente, sirve para hacer frente a necesidades especiales de los hogares con menos recursos.

Las ayudas complementarias y de emergencia



La experiencia de las políticas de garantía de ingresos en territorios como Euskadi revela que no es posible atender correctamente todas las necesidades a través de una prestación de garantía de ingresos. Son necesarias ayudas complementarias para atender los siguientes tipos de situaciones:


  • Emergencias sociales, por ejemplo situaciones de desahucio.
  • Gastos de acceso y mantenimiento en la vivienda, tanto los relacionados con alquileres e hipotecas como los requeridos para hacer frente a la pobreza energética, etc.
  • Gastos necesarios para mantener una vivienda en mínimas condiciones.
  • Modalidades especiales de gasto entre colectivos en situación de riego de pobreza, etc.


Este tipo de problemáticas han sido atendidas en el País Vasco a través de las llamadas Ayudas de Emergencia Social y de la Prestación Complementaria de Vivienda. Su coste es importante, pudiendo estimarse en el caso vasco en torno a un 20% de lo que representa la prestación de garantía de ingresos en sentido estricto.

Esto supondría, en aplicación al conjunto español de estas ayudas, y teniendo en cuenta los distintos modelos alternativos analizados, un gasto suplementario de entre 920 y 3.058 millones de euros, entre un 0,09 y un 0,29% del PIB.

Unas breves consideraciones finales




El objetivo de las cuatro entregas realizadas ha sido tratar de situar el contexto económico que supondría poner en marcha una política complementaria de garantía de ingresos en España, señalando el coste de distintas medidas alternativas. Es conveniente, en este sentido, que el debate sobre la Renta Básica o las Rentas Mínimas se sitúe en un contexto económico real, facilitando con ello la toma de decisiones. 


En relación a los datos económicos presentados, debe señalarse que se trata de estimaciones generales, suficientemente ajustadas aunque lógicamente sujetas a revisión. Sería necesaria una aproximación minuciosa por parte de las personas responsables de desarrollar las distintas medidas pero los costes planteados en las entregas son suficientemente orientativos.


El análisis de los datos presentados refleja en mi opinión lo siguiente:

  1. En primer lugar, las necesidades a las que es preciso atender son muy llamativas. La aplicación de un modelo complejo, pero aun así de objetivos de cobertura limitados, como el que representa el conjunto del modelo vasco de rentas mínimas y prestaciones complementarias, implicaría un gasto suplementario en España cercano a los 18.000 millones de pesetas en España, un 1,71% del PIB. Esta elevada cuantía refleja sin duda el retraso de casi 30 años que acumula el resto del Estado respecto al País Vasco en la aplicación de este tipo de media
  2. A pesar del coste, lo cierto es que se trata de una cuantía que un Estado como el español puede asumir sin problemas a medio plazo. No actuar en los próximos cuatro años sería dramático, inasumible y no fundamentado en la realidad de la economía española (en especial la de sus grupos favorecidos, totalmente capaces de asumir ese coste).
  3. La aplicación de programas de Renta Básica implica un gasto suplementario mucho más alto, incluso en el caso de aplicarse en exclusiva a algunos colectivos limitados. Quiénes asumieran esta vía de intervención a corto plazo se verían condicionados por esta realidad, en especial en un contexto de alto endeudamiento del país y de presión sobre las pensiones asociada al envejecimiento.

Las opciones que se plantean a partir del escenario señalado dependen sin embargo de la voluntad política y social, en última instancia de las decisiones de los electores y electoras. Es a ellos a quiénes les corresponde decidir entre los distintos planteamientos que se puedan realizar.

En el caso de que tuviera que proponer un programa concreto de actuación para los próximos cuatro años, mi recomendación se traduciría en los siguientes puntos:

  1. Introducir inicialmente un programa estatal de rentas mínimas, gestionado y complementado en su caso desde las comunidades autónomas. Este programa, en especial si se fundamenta en cuantías de protección limitadas, debería complementarse con un sistema de ayudas de emergencia asociado que tenga cierta ambición. En su versión más moderada, esta política costaría alrededor de 6.000 millones de euros, alrededor del 0,57% del PIB. Podría introducirse en dos fases, introduciendo inicialmente un Fondo Social para situaciones de emergencia a atender y al cabo de un año el sistema de rentas mínimas.
  2. Introducir un programa de bonificación al empleo vinculado al IRPF que garantizara hasta 2.000 euros anuales complementarios a la población trabajadora con salarios más bajos. El coste de este programa, en una versión relativamente ambiciosa, se situaría en torno a 1.500 millones, un 0,15% del PIB.
  3. Introducir un sistema de Renta Básica para menores que, en los próximos cuatro años, llegara hasta los 6, 7 u 8 años, con un coste potencial entre los 2.994 y los 3.992 millones de euros, entre el 0,28 y el 0,38% del PIB.
  4. Mejorar en lo posible, y de forma complementaria a las propuestas anteriores, el sistema de subsidios y prestaciones no contributivas (PNC).

En conjunto, las medidas propuestas podrían situarse en un gasto cercano al 1% del PIB anual, claramente asumible en una perspectiva a cuatro o cinco años.

Pasado los cuatro o cinco años de puesta en marcha inicial de estas medidas, podrían plantearse entonces avances más ambiciosos, evaluando previamente los resultados alcanzados con las medidas iniciales.

Por supuesto, otras personas considerarán demasiado conservador este escenario. Queda en sus manos defender otras líneas de actuación que puedan considerar más apropiadas. El debate sobre todo ello resultará sin duda enriquecedor. Es necesario ese debate sobre cifras en un país en el que, habitualmente, se descalifica a los demás antes de analizar sus propuestas.

En mi opinión, el único escenario que, de partida, debería por completo rechazarse sería el de no hacer nada o centrarse en actuaciones casi simbólicas. España necesita una inversión sustancial en el futuro de su población más desfavorecida. Debe romperse la inercia que ha presidido en este punto la experiencia de los últimos 20 años.

Luis Sanzo

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El coste de las políticas de garantía de ingresos (I)

El coste de las políticas de garantía de ingresos (II)