El debate sobre la pobreza infantil en España

Está ampliamente extendida en España la idea de que la pobreza infantil es uno de los principales problemas sociales a los que el país tiene que enfrentarse. Este artículo no pretende sostener lo contrario pero sí contribuir a precisar los términos del debate.

A tales efectos, es preciso analizar el impacto real de la pobreza infantil, tanto en términos generales como en términos comparados respecto a otros grupos sociales. Conviene además analizar las diferencias territoriales existentes entre Comunidades Autónomas.

La pobreza infantil tiene un impacto destacado en España (aunque menos elevado de lo que reflejan los indicadores Eurostat)

Durante mucho tiempo he tratado de demostrar que los indicadores Eurostat de medición de la pobreza no resultan realistas, exagerando de forma notable la problemática. El indicador del 60% de la mediana de ingresos y, de forma aún más acusada, el indicador AROPE no miden de forma adecuada el fenómeno de la pobreza. Se trata, en la práctica, de indicadores de riesgo asociados a la medición de formas generales de ausencia de bienestar.

La pobreza es sin duda una forma de ausencia de bienestar, la más grave de las que pueden afectar a una población en la medida en que se relaciona directamente con la falta de cobertura adecuada de las necesidades básicas. Pero no es la única forma de ausencia de bienestar existente en una determinada sociedad.

El principal motivo para tratar de delimitar el impacto específico de esta problemática de pobreza es que, al tener un impacto bastante inferior al que reflejan las cifras AROPE y similares, permiten situar la actuación en un marco política y económicamente más realista.

No es fácil tratar de medir el impacto real de la pobreza en España porque el sistema estadístico europeo no está correctamente diseñado para ello. Teniendo en cuenta los indicadores de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE (ECV), sin embargo, una posible aproximación a la construcción de un indicador de pobreza real podría basarse en la concurrencia de dos tipos de situaciones de carencia.

La primera situación carencial se relaciona con la presencia de limitaciones evidentes en la capacidad de cubrir las necesidades básicas ligadas a la alimentación, el acceso y mantenimiento en la vivienda y el pago de los suministros básicos (energía, agua y similares). Dos hechos medibles en la ECV ponen de manifiesto, de forma inequívoca, la presencia de estas limitaciones

a) La existencia de problemas en el hogar para garantizar el acceso a una comida proteínica al menos cada dos días.

b) La presencia de retrasos significativos en la cobertura de las obligaciones de los hogares relacionadas con el pago de hipotecas o alquileres o de las facturas relacionadas con el suministro de energía, agua y similares. En este documento, se considera significativa a estos efectos la acumulación de dos o más experiencias de retraso en este tipo de pagos a lo largo del año.

Una segunda realidad carencial debe concurrir para poner en evidencia que los problemas anteriores no se vinculan únicamente a ingresos reducidos sino, más en general, a una carencia general de recursos, incluidos los patrimoniales, para abordar situaciones económicas extraordinarias. El indicador de falta de capacidad para afrontar gastos imprevistos de la ECV resulta operativo en este punto.

Como indicador de situaciones de pobreza real, se contempla en definitiva la presencia conjunta de problemas muy graves en la cobertura de las necesidades de alimentación, mantenimiento en la vivienda y/o garantía de los suministros básicos y de una falta de patrimonio de reserva susceptible de hacer frente a situaciones extraordinarias de falta de ingresos.

El primer dato relevante a destacar es la importancia del impacto del problema de la pobreza infantil en España. Aunque no llega a esa cifra mágica de 30% de menores de 15 años en situación de riesgo de pobreza y exclusión, la aproximación alternativa que se plantea en este artículo sigue reflejando una notable incidencia de la problemática. De esta forma, un 15% de la población menor de 15 años en España se encuentra en una situación real de pobreza, identificada en la forma señalada con anterioridad.

Gráfico 1

Fuente: Elaboración propia a partir de la ECV 2013

Los problemas considerados incluyen dificultades muy graves en la cobertura de las necesidades de alimentación y de los pagos relacionados con hipotecas, alquileres y suministros de energía, agua y similares así como la insuficiencia de recursos patrimoniales para hacer frente a gastos extraordinarios

Pobreza infantil y pobreza en otros colectivos sociales

Los datos del Gráfico 1 ponen de manifiesto un segundo hecho relevante. Se constata, en este sentido, que la incidencia de la pobreza infantil es muy superior a la que se observa en otros colectivos sociales. Esta incidencia es más del doble de la detectada entre la población en hogares en los que no existe presencia de menores de 15 años: 15% frente a 7,1%. Es más de cuatro veces superior, por otra parte, al impacto de las situaciones de pobreza real entre las personas mayores de 65 años, con un mínimo del 3,6% en este grupo.

Sin embargo, no puede olvidarse que la pobreza infantil no es mayor que la que afecta a las personas mayores de 15 años que residen en hogares en los que residen los menores. En realidad, en este último caso, resulta incluso ligeramente superior, alcanzando a un 15,8% de la población mayor de 15 años. Aunque baja al 13,8% en personas de 35 y más años que conviven con menores, alcanza un máximo del 20,6% entre personas de 15 a 34 años en hogares con presencia de población infantil.

El tratamiento político, social y económico de la pobreza infantil no debería, por tanto, enfocarse al margen de la consideración general de la problemática de los hogares con presencia de menores. De hecho, los datos cualitativos indican que la pobreza en estas circunstancias se vive más intensamente entre unos padres y madres que tratan, en general, de minimizar el impacto de la pobreza entre sus hijos e hijas. Los problemas resultan, además, mayores cuando hay presencia de adolescentes y jóvenes entre 15 y 24 años en este tipo de hogares.

Podría entenderse que las políticas priorizasen a la población infantil en caso de limitaciones presupuestarias. Pero carecería de cualquier pretensión de respeto a los valores de justicia e igualdad dejar en la estacada, a largo plazo, a sus padres o madres y a sus hermanos o hermanas más mayores.

Las diferencias territoriales en el impacto de las situaciones reales de pobreza en hogares con menores en España

El análisis de los datos territoriales a partir de la ECV se ve limitado por unos tamaños muestrales que resultan insuficientes y por un diseño muestral que no está pensado para realizar un estudio detallado por Comunidades Autónomas, menos aún si se introducen variables demográficas específicas en el análisis. Teniendo en cuentas estas limitaciones muestrales, el estudio de las diferencias entre CC.AA. se basa en una aproximación a la realidad conjunta de la población que reside en hogares con presencia de menores de 15 años. Considera además agrupaciones de CC.AA., definidas en función de ciertos rasgos sociales, demográficos y económicos comunes.

El resultado de esta aproximación muestra que la experiencia de situaciones de pobreza real es muy desigual en España en los hogares con presencia de población infantil. Se sitúa en niveles cercanos al 7-7,5% en la zona Norte y Oeste de España. Se trata de una zona en la que se combina un mayor desarrollo de los sistemas de garantía de ingresos con una dinámica demográfica marcada en muchas CC.AA. por el fuerte envejecimiento. Esta última circunstancia propicia con frecuencia mayores oportunidades de participación laboral entre la población con menores a cargo.

En el extremo opuesto, con una tasa media del 23,1%, se sitúan las CC.AA. de Illes Balears, Comunidad Valenciana y Murcia. El impacto es más de tres veces superior al 7% de País Vasco y Navarra y al 7,5% de las demás CC.AA. del Norte y el Oeste de España.

En niveles cercanos, situados por término medio en el 20,2%, todavía casi 3 veces superiores a los de las CC.AA. con menor impacto de la pobreza, se encuentran las CC.AA. del sur español: Andalucía, Canarias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

La incidencia de la pobreza en hogares con presencia de población infantil resulta todavía más de dos veces superior a las regiones con menor pobreza en las CC.AA. de Madrid y Castilla-La Mancha, con una media del 15,2%. Cataluña también supera en casi 5 puntos el indicador medio de las zonas menos afectadas, con un 11,9%.

En comparación con zonas comparativamente similares como Navarra y el País Vasco, Madrid y Cataluña destacan por tanto por un muy superior impacto de la pobreza en hogares con presencia de menores (entre 5 y 8 puntos porcentuales más). La diferencia está sin duda relacionada con la prioridad política atribuida en las comunidades forales al sistema de protección contra la pobreza (a pesar del impacto diferencial del proceso inmigratorio en estas zonas durante los años de crisis, factor que ha presionado al alza las tasas en esas CC.AA.).

Gráfico 2

Fuente: Elaboración propia a partir de la ECV 2013

Los problemas considerados incluyen dificultades muy graves en la cobertura de las necesidades de alimentación y de los pagos relacionados con hipotecas, alquileres y suministros de energía, agua y similares así como la insuficiencia de recursos patrimoniales para hacer frente a gastos extraordinarios

Resto Noroeste/Oeste: Galicia, Castilla-León, Extremadura, Asturias, Cantabria, La Rioja y Aragón.

Sur: Andalucía, Canarias, Ceuta y Melilla.

Levante y Baleares: Illes Balears, Comunidad Valenciana y Murcia.

Conclusión

Los datos presentados revelan la alta incidencia de la pobreza infantil en España y su íntima relación con la pobreza general de los hogares con presencia de menores.

Esta realidad viene acompañada por dos realidades de desigualdad comparada. Por una parte, se constata que la protección social a los hogares con población infantil es muy inferior a aquella de la que disfrutan los hogares sin población menor, en particular entre las personas mayores de 65 años.

Por otra parte, se observa la notable divergencia existente entre el Norte y el Oeste de España y el resto del país, con tasas de pobreza infantil y juvenil sustancialmente alejadas las unas de las otras. Aunque parte de estas diferencias se vinculan al mayor dinamismo demográfico y socio-económico de zonas como Madrid, Cataluña o el Levante español durante el periodo de crecimiento económico, hay otros elementos diferenciadores. La realidad del País Vasco y de Navarra muestra, en este sentido, una posición más favorable vinculada a una política más desarrollada de garantía de ingresos.

Es evidente que la política social español debería adaptarse para superar esta realidad desigual. En ese camino, sin embargo, constituiría un error olvidarse de la necesidad de proteger no sólo a la población infantil sino también a las demás personas que conviven con ella.

Luis Sanzo

La necesidad de no infravalorar la dimensión de la crisis social en España

Los datos de afiliación a la Seguridad Social muestran que, en febrero o marzo de 2013, el ciclo económico cambia de sentido en España. A partir de esa fecha, se observa una progresiva reducción en los ritmos de caída interanual de la afiliación. Aunque será necesario esperar a febrero de 2014 para que este cambio de tendencia se traduzca en creación neta de nuevos empleos, lo cierto es que el inicio del nuevo ciclo puede situarse en aquellas fechas.

Sería absurdo por tanto negar que nos enfrentamos a una nueva dinámica económica alcista. En realidad, deberíamos alegrarnos de ello, sobre todo porque esta vez parece que unas inadecuadas políticas económicas, en España y en Europa, no acabarán por frustrar las perspectivas de recuperación. Porque eso es precisamente lo que ocurrió, en torno a abril-mayo de 2011, un periodo en el que la evolución de los datos de afiliación permitía vislumbrar una recuperación del empleo para los meses siguientes. Pero, ante la imposición de más medidas restrictivas y de una nueva reforma laboral, aquella primera recuperación iba a verse frustrada. Empezaba la segunda fase de la crisis.

Pero tan absurdo como rechazar la realidad del proceso de recuperación económico sería negar la persistencia de las consecuencias sociales que ha tenido la recesión en España. El cambio de ciclo no ha sacado a España del fondo de la crisis. Aún nos encontramos en ese fondo y es preciso recordarlo. Los siguientes datos ayudan a entender el contexto en el que nos encontramos.

Apenas se ha empezado a recuperar, en términos cuantitativos, el empleo perdido

Los datos de empleo sólo permiten indicar que hemos empezado al salir del pozo. Los datos de la Contabilidad Nacional Trimestral de España muestran que, en el último trimestre de 2014, los puestos de trabajo a tiempo completo en España eran 16,67 millones. Aunque se avanza respecto a los 16,28 millones de 2013, superando levemente los 16,58 de 2012, apenas se ha recuperado algo del grueso del empleo perdido.

De los 3.652.600 empleos equivalentes a tiempo completo destruidos entre el último trimestre de 2007 y el último de 2013, España sólo ha recuperado un 10,7% a finales de 2014. La recuperación del 89,3% del empleo destruido desde finales de 2007 sigue siendo, por tanto, una tarea pendiente. 

Fuente: Contabilidad Nacional de España. INE

Nuestras tasas actuales de crecimiento del empleo no son indicación de ningún liderazgo de país sino del impacto diferencial de nuestra caída durante la crisis

Alegrarse de que volvamos a la senda correcta no significa perder el sentido de las cosas. En el contexto definido por una caída del empleo como la señalada, nada tiene de extraño que un país en fase de recuperación tenga tasas de crecimiento superiores a la de vecinos que han sufrido menos el impacto de la recesión. Eso ocurre en la actualidad en España.

Los datos de Eurostat muestran de forma inequívoca el impacto diferencial de la crisis de empleo en España. En comparación con la ocupación media del último trimestre de los años 2005 a 2007, la cifra registrada por España en el último trimestre de 2014 refleja la pérdida de un 12,8% de la ocupación media existente en aquellos años, sólo superada por el 14,5% del conjunto formado por Portugal, Malta, Chipre y Grecia (Resto de países del Sur).

Pero esta caída contrasta con el incremento del 5,3% de la ocupación durante el mismo periodo en Alemania y en los países de su área de influencia más directa (Austria, Eslovenia y Croacia, Chequia y Eslovaquia, Hungría y Polonia). El aumento del empleo es del 2,6% en el conjunto formado por Francia y los países del norte de Europa (Irlanda, Reino Unido, los países del Benelux y los tres estados escandinavos de la UE). Aunque Italia pierde un 3,3% del empleo en el periodo considerado, la caída no tiene comparación con la de España. Nuestra recuperación no es por tanto modelo para nadie, al menos no por ahora.

                                                                        Fuente: Labor Force Survey. Eurostat

Los indicadores de riesgo de pobreza grave de España son entre cuatro y cinco veces superiores a los de Francia y Alemania. La privación más grave se previene en España dejando descapitalizados a los hogares

Contrariamente a lo que a veces se sostiene, el riesgo de pobreza grave es muy alto en España. Lo pone claramente de manifiesto una comparación de los datos basada en umbrales comparables, por ejemplo los umbrales de riesgo de los países con los que queremos compararnos, ajustados para la comparación con España en términos de paridades de poder de compra (PPC).

Si se toma como referencia el umbral del 40% de la mediana equivalente en PPC de esos países, se constata que España tiene en 2013 una tasa de riesgo de pobreza grave cuatro veces superior a la de Alemania (15,9 frente a 4,2% en términos del umbral alemán) y cinco a la de Francia (15,4% frente a 3% en términos del umbral francés).

          Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la UE-SILC, Eurostat, ECV, INE, y EDSS-ENS, DEPS Gobierno Vasco

Es verdad que la solidaridad social y familiar limita en España el impacto de la crisis, en especial en lo relativo a los problemas de alimentación. Pero también lo es que el mantenimiento del gasto en familias en riesgo se realiza en gran medida con cargo a los ahorros, provocando un alto nivel de deterioro en la situación patrimonial de los hogares en riesgo de pobreza. Un 12,4% de las personas viven en España en hogares que no hacen frente a los pagos a los que están obligados y un 42,6% en hogares que no podrían hacer frente a gastos extraordinarios. Son cifras claramente superiores a las de Francia o Alemania, tal y como puede observarse en el siguiente gráfico.

                                                Fuente: UE-SILC, Eurostat y EDSS-ENS, DEPS Gobierno Vasco

El deterioro de los indicadores de carencia es indiscutible en España y se acentúa en 2014

El efecto del proceso de descapitalización de los hogares es notable durante la crisis. Entre 2008 y 2014, la proporción de hogares sin capacidad para hacer frente a gastos extraordinarios aumenta de 29,9 a 42,6%. El porcentaje de hogares que no afrontan sus pagos y obligaciones económicas frente a terceros aumenta, por su parte, de 8,2 a 12,4% en ese mismo periodo.

En este contexto de descapitalización, el riesgo se traduce de manera inevitable en crisis social. Lo muestran los indicadores de privación material severa. Éstos pasan de un 3,6% en 2008 a un 5,8% en 2012, prolongándose la subida hasta un 7% en 2014. El incremento del bienio 2012-2014 es de los más altos del bienio.

En todos los indicadores considerados, 2014 marca de hecho un nivel máximo en el nivel de impacto de los problemas. La crisis social no ha terminado por tanto, aún sigue en realidad profundizándose. 

                                                                   Fuente: UE-SILC, Eurostat y ECV, INE

Los datos comparados entre Euskadi y el conjunto de España muestran el impacto diferencial de la existencia de un sistema de garantía de ingresos

La euforia que se transmite en la actualidad desde algunos sectores políticos y económicos no sería en exceso peligrosa si sólo reflejara una estrategia de supervivencia y mantenimiento ante la adversidad, a la espera de los resultados de la recuperación económica. Pero sí lo sería si pretendiera negar la necesidad de las reformas sociales.

Una de ellas pasa por la ampliación de las políticas de garantía de ingresos. Los datos de una comunidad en la que se han desarrollado sistemas de garantía de recursos más cercanos a los de Europa, como es el caso de la Comunidad Autónoma de Euskadi, muestran  que han alejado a ese tipo de territorios de la intensidad de la crisis social que ha afectado al resto de España.

A pesar de la recesión, los indicadores del País Vasco se acercan más a Francia y Alemania que a los de España. Así, en lo relativo al indicador del 40% de la mediana, Euskadi se sitúa (con datos de 2014) entre 3,5 y 4 puntos por encima de los de esos países pero no en los alrededor de 12 puntos más de España. A diferencia del conjunto de España, además, el haber apostado por un sistema más desarrollado de protección permite al País Vasco situarse por debajo de Italia en el indicador de riesgo de pobreza grave, a pesar de haber sufrido mucho más intensamente la crisis de empleo que el país transalpino. En términos del umbral PPC de Italia, la tasa de riesgo española de pobreza grave es del 10,6% por 8,3% en Italia. En términos de ese indicador, el riesgo de pobreza grave es sólo del 3,6% en el País Vasco.

En la dimensión más estructural asociada a las carencias, los indicadores de Euskadi resultan incluso mejores que los de los países europeos considerados. Así, la proporción de hogares con problemas para hacer frente a gastos extraordinarios no sólo se sitúa 20 puntos por debajo de la de España (22,5 frente a 42,6%) sino más de 10 por debajo de los indicadores de Alemania o Francia (con cifras de 32,9 y 33,9%).

Garantizar una mínima estabilidad económica a los hogares resulta por tanto una reforma necesaria para que España no se quede atrás en materia social y económica.

Luis Sanzo