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viernes, 15 de mayo de 2015

El debate sobre la pobreza infantil en España

Está ampliamente extendida en España la idea de que la pobreza infantil es uno de los principales problemas sociales a los que el país tiene que enfrentarse. Este artículo no pretende sostener lo contrario pero sí contribuir a precisar los términos del debate.

A tales efectos, es preciso analizar el impacto real de la pobreza infantil, tanto en términos generales como en términos comparados respecto a otros grupos sociales. Conviene además analizar las diferencias territoriales existentes entre Comunidades Autónomas.

La pobreza infantil tiene un impacto destacado en España (aunque menos elevado de lo que reflejan los indicadores Eurostat)

Durante mucho tiempo he tratado de demostrar que los indicadores Eurostat de medición de la pobreza no resultan realistas, exagerando de forma notable la problemática. El indicador del 60% de la mediana de ingresos y, de forma aún más acusada, el indicador AROPE no miden de forma adecuada el fenómeno de la pobreza. Se trata, en la práctica, de indicadores de riesgo asociados a la medición de formas generales de ausencia de bienestar.

La pobreza es sin duda una forma de ausencia de bienestar, la más grave de las que pueden afectar a una población en la medida en que se relaciona directamente con la falta de cobertura adecuada de las necesidades básicas. Pero no es la única forma de ausencia de bienestar existente en una determinada sociedad.

El principal motivo para tratar de delimitar el impacto específico de esta problemática de pobreza es que, al tener un impacto bastante inferior al que reflejan las cifras AROPE y similares, permiten situar la actuación en un marco política y económicamente más realista.

No es fácil tratar de medir el impacto real de la pobreza en España porque el sistema estadístico europeo no está correctamente diseñado para ello. Teniendo en cuenta los indicadores de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE (ECV), sin embargo, una posible aproximación a la construcción de un indicador de pobreza real podría basarse en la concurrencia de dos tipos de situaciones de carencia.

La primera situación carencial se relaciona con la presencia de limitaciones evidentes en la capacidad de cubrir las necesidades básicas ligadas a la alimentación, el acceso y mantenimiento en la vivienda y el pago de los suministros básicos (energía, agua y similares). Dos hechos medibles en la ECV ponen de manifiesto, de forma inequívoca, la presencia de estas limitaciones

a) La existencia de problemas en el hogar para garantizar el acceso a una comida proteínica al menos cada dos días.
b) La presencia de retrasos significativos en la cobertura de las obligaciones de los hogares relacionadas con el pago de hipotecas o alquileres o de las facturas relacionadas con el suministro de energía, agua y similares. En este documento, se considera significativa a estos efectos la acumulación de dos o más experiencias de retraso en este tipo de pagos a lo largo del año.

Una segunda realidad carencial debe concurrir para poner en evidencia que los problemas anteriores no se vinculan únicamente a ingresos reducidos sino, más en general, a una carencia general de recursos, incluidos los patrimoniales, para abordar situaciones económicas extraordinarias. El indicador de falta de capacidad para afrontar gastos imprevistos de la ECV resulta operativo en este punto.

Como indicador de situaciones de pobreza real, se contempla en definitiva la presencia conjunta de problemas muy graves en la cobertura de las necesidades de alimentación, mantenimiento en la vivienda y/o garantía de los suministros básicos y de una falta de patrimonio de reserva susceptible de hacer frente a situaciones extraordinarias de falta de ingresos.

El primer dato relevante a destacar es la importancia del impacto del problema de la pobreza infantil en España. Aunque no llega a esa cifra mágica de 30% de menores de 15 años en situación de riesgo de pobreza y exclusión, la aproximación alternativa que se plantea en este artículo sigue reflejando una notable incidencia de la problemática. De esta forma, un 15% de la población menor de 15 años en España se encuentra en una situación real de pobreza, identificada en la forma señalada con anterioridad.

Gráfico 1
Fuente: Elaboración propia a partir de la ECV 2013
Los problemas considerados incluyen dificultades muy graves en la cobertura de las necesidades de alimentación y de los pagos relacionados con hipotecas, alquileres y suministros de energía, agua y similares así como la insuficiencia de recursos patrimoniales para hacer frente a gastos extraordinarios

Pobreza infantil y pobreza en otros colectivos sociales

Los datos del Gráfico 1 ponen de manifiesto un segundo hecho relevante. Se constata, en este sentido, que la incidencia de la pobreza infantil es muy superior a la que se observa en otros colectivos sociales. Esta incidencia es más del doble de la detectada entre la población en hogares en los que no existe presencia de menores de 15 años: 15% frente a 7,1%. Es más de cuatro veces superior, por otra parte, al impacto de las situaciones de pobreza real entre las personas mayores de 65 años, con un mínimo del 3,6% en este grupo.

Sin embargo, no puede olvidarse que la pobreza infantil no es mayor que la que afecta a las personas mayores de 15 años que residen en hogares en los que residen los menores. En realidad, en este último caso, resulta incluso ligeramente superior, alcanzando a un 15,8% de la población mayor de 15 años. Aunque baja al 13,8% en personas de 35 y más años que conviven con menores, alcanza un máximo del 20,6% entre personas de 15 a 34 años en hogares con presencia de población infantil.

El tratamiento político, social y económico de la pobreza infantil no debería, por tanto, enfocarse al margen de la consideración general de la problemática de los hogares con presencia de menores. De hecho, los datos cualitativos indican que la pobreza en estas circunstancias se vive más intensamente entre unos padres y madres que tratan, en general, de minimizar el impacto de la pobreza entre sus hijos e hijas. Los problemas resultan, además, mayores cuando hay presencia de adolescentes y jóvenes entre 15 y 24 años en este tipo de hogares.

Podría entenderse que las políticas priorizasen a la población infantil en caso de limitaciones presupuestarias. Pero carecería de cualquier pretensión de respeto a los valores de justicia e igualdad dejar en la estacada, a largo plazo, a sus padres o madres y a sus hermanos o hermanas más mayores.

Las diferencias territoriales en el impacto de las situaciones reales de pobreza en hogares con menores en España

El análisis de los datos territoriales a partir de la ECV se ve limitado por unos tamaños muestrales que resultan insuficientes y por un diseño muestral que no está pensado para realizar un estudio detallado por Comunidades Autónomas, menos aún si se introducen variables demográficas específicas en el análisis. Teniendo en cuentas estas limitaciones muestrales, el estudio de las diferencias entre CC.AA. se basa en una aproximación a la realidad conjunta de la población que reside en hogares con presencia de menores de 15 años. Considera además agrupaciones de CC.AA., definidas en función de ciertos rasgos sociales, demográficos y económicos comunes.

El resultado de esta aproximación muestra que la experiencia de situaciones de pobreza real es muy desigual en España en los hogares con presencia de población infantil. Se sitúa en niveles cercanos al 7-7,5% en la zona Norte y Oeste de España. Se trata de una zona en la que se combina un mayor desarrollo de los sistemas de garantía de ingresos con una dinámica demográfica marcada en muchas CC.AA. por el fuerte envejecimiento. Esta última circunstancia propicia con frecuencia mayores oportunidades de participación laboral entre la población con menores a cargo.

En el extremo opuesto, con una tasa media del 23,1%, se sitúan las CC.AA. de Illes Balears, Comunidad Valenciana y Murcia. El impacto es más de tres veces superior al 7% de País Vasco y Navarra y al 7,5% de las demás CC.AA. del Norte y el Oeste de España.

En niveles cercanos, situados por término medio en el 20,2%, todavía casi 3 veces superiores a los de las CC.AA. con menor impacto de la pobreza, se encuentran las CC.AA. del sur español: Andalucía, Canarias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

La incidencia de la pobreza en hogares con presencia de población infantil resulta todavía más de dos veces superior a las regiones con menor pobreza en las CC.AA. de Madrid y Castilla-La Mancha, con una media del 15,2%. Cataluña también supera en casi 5 puntos el indicador medio de las zonas menos afectadas, con un 11,9%.

En comparación con zonas comparativamente similares como Navarra y el País Vasco, Madrid y Cataluña destacan por tanto por un muy superior impacto de la pobreza en hogares con presencia de menores (entre 5 y 8 puntos porcentuales más). La diferencia está sin duda relacionada con la prioridad política atribuida en las comunidades forales al sistema de protección contra la pobreza (a pesar del impacto diferencial del proceso inmigratorio en estas zonas durante los años de crisis, factor que ha presionado al alza las tasas en esas CC.AA.).

Gráfico 2
Fuente: Elaboración propia a partir de la ECV 2013
Los problemas considerados incluyen dificultades muy graves en la cobertura de las necesidades de alimentación y de los pagos relacionados con hipotecas, alquileres y suministros de energía, agua y similares así como la insuficiencia de recursos patrimoniales para hacer frente a gastos extraordinarios
Resto Noroeste/Oeste: Galicia, Castilla-León, Extremadura, Asturias, Cantabria, La Rioja y Aragón.
Sur: Andalucía, Canarias, Ceuta y Melilla.
Levante y Baleares: Illes Balears, Comunidad Valenciana y Murcia.

Conclusión

Los datos presentados revelan la alta incidencia de la pobreza infantil en España y su íntima relación con la pobreza general de los hogares con presencia de menores.

Esta realidad viene acompañada por dos realidades de desigualdad comparada. Por una parte, se constata que la protección social a los hogares con población infantil es muy inferior a aquella de la que disfrutan los hogares sin población menor, en particular entre las personas mayores de 65 años.
Por otra parte, se observa la notable divergencia existente entre el Norte y el Oeste de España y el resto del país, con tasas de pobreza infantil y juvenil sustancialmente alejadas las unas de las otras. Aunque parte de estas diferencias se vinculan al mayor dinamismo demográfico y socio-económico de zonas como Madrid, Cataluña o el Levante español durante el periodo de crecimiento económico, hay otros elementos diferenciadores. La realidad del País Vasco y de Navarra muestra, en este sentido, una posición más favorable vinculada a una política más desarrollada de garantía de ingresos.


Es evidente que la política social español debería adaptarse para superar esta realidad desigual. En ese camino, sin embargo, constituiría un error olvidarse de la necesidad de proteger no sólo a la población infantil sino también a las demás personas que conviven con ella.

Luis Sanzo

lunes, 23 de febrero de 2015

Revisamos el proyecto económico de Ciudadanos contra el paro, la pobreza y la desigualdad (1/3)













Presentación del programa económico de Ciudadanos. (EFE)



El pasado 17 de febrero, el partido Ciudadanos presentaba una serie de propuestas encaminadas a “devolver a España su futuro” y hacer frente al paro, la pobreza y la desigualdad. Desde este blog, Rafael Pinilla comentó sus primeras impresiones, hoy Luis Sanzo comienza una serie de tres entradas analizando en detalle las principales propuestas relacionadas con la política de ingresos que propone este partido, desde el complemento al empleo, la discusión sobre el salario mínimo o el contrato único. 

En los aspectos relativos a la política de garantía de ingresos, o de recursos en sentido más amplio, la propuesta sugiere una serie reflexiones que podrían ser de interés para los seguidores de este blog.

Salario digno por un trabajo digno.

En su propuesta contra la desigualdad, la pobreza y la exclusión, Ciudadanos define como su primer, y sin duda principal, objetivo asegurar “que todos los ciudadanos reciben un salario digno por un trabajo digno”.

El instrumento para acercarse a este fin es el llamado complemento salarial anual garantizado (CSAG) concentrado. Su finalidad, asegurar que no se creen desincentivos al trabajo en forma de excesivas pérdidas de ingresos cuando uno trabaja más horas o más miembros del hogar consiguen encontrar trabajo. De esta forma, aquellos hogares en los que las personas principales hayan obtenido rentas salariales y/o ingresos del trabajo por cuenta propia, sin llegar a alcanzar una cuantía mínima anual, tendrán derecho al complemento. La referencia para esta actuación son los modelos anglosajones de bonificación al empleo, en particular el EITC estadounidense o el sistema británico de créditos fiscales a población trabajadora con bajos salarios.

La propuesta de Ciudadanos enlaza sin duda con una de las líneas de actuación para la garantía de ingresos que se han adelantado en este blog, centrada en la necesidad de vincular las políticas de renta garantizada con un sistema de bonificación al empleo. Antes de entrar a valorar esta cuestión, hay una cuestión previa que plantea problemas en el planteamiento de Ciudadanos y es el papel que se perfila para la CSAG como alternativa a “la subida en el salario mínimo, que expulsa del empleo a los trabajadores peor pagados”.

La realidad es que la propuesta de un sistema de créditos fiscales para la bonificación al empleo no es incompatible ni con la introducción de un salario mínimo ni con la mejora del mismo. Uno de los problemas a resolver en el diseño de este tipo de sistemas consiste precisamente en prevenir los abusos que podrían derivarse de una reducción salarial por parte de un empresariado que supiera que los bajos salarios serán compensados por el Estado y que no tuviera que atenerse, en la contratación, a un salario mínimo.

De ahí, precisamente, la necesidad de un salario base que recoja las condiciones mínimas en las que se debe remunerar el trabajo asalariado, de acuerdo con la evolución de los precios, la productividad media alcanzada, la coyuntura económica general y la participación del trabajo en la renta nacional, tal y como se establece en el artículo 27.1 del Estatuto de los Trabajadores. Tanto si existen o no sistemas de bonificación como el CSAG, las organizaciones sindicales tienen la obligación de contribuir a garantizar un nivel salarial mínimo aceptable para el trabajo.

Centrándonos en el nivel del salario base español, resulta evidente que el salario mínimo en España sí puede y debe ser objeto de subida sin que ello tenga que venir asociado a consecuencias negativas sobre el empleo. Lo contrario sería dejar en manos del empresariado un exceso de poder para fijar las retribuciones mínimas en la empresa, en especial al amparo de un sistema tipo CSAG.

El Real Decreto 1106/2014 que fija el salario mínimo para 2015 en España establece este salario en términos diarios o mensuales con lo que no es fácil traducirlo en términos de salario/hora como suele ser habitual en otros países. En España, de hecho, la regulación de la jornada se vincula no sólo a una ley general sino a la negociación entre las partes sociales. Una referencia sin embargo al valor horario al que hace referencia nuestro salario mínimo puede encontrarse en el artículo 4.2 donde se sitúa en 5,08 euros/hora el salario mínimo de los empleados de hogar.

En términos comparados, se constata que esa cuantía se aleja con claridad de las establecidas en otros contextos cercanos, en especial en los países europeos más cercanos y comparables. Así, limitándonos a países en los que existe algún tipo de sistema de bonificación al empleo similar al que propone Ciudadanos, podemos comprobar que la cuantía del ingreso mínimo se sitúa en la actualidad en 8,50 euros/hora en Alemania o en 9,61 euros/hora en Francia.

La cuantía del salario mínimo también es superior a la establecida en España en los países anglosajones en los que se inspira más claramente el modelo CSAG de Ciudadanos. Así, en el Reino Unido, el salario mínimo es de 6,50 libras/hora (8,79 euros) para los mayores de 21 años.
En EE.UU., por su parte, existe un salario mínimo federal de 7,25$/hora (6,37 euros/hora) que se combina con sistemas de salarios mínimos estatales, algunos de los cuales pueden plantear distintas cuantías según la ciudad (de 9,60$ en Richmond a 12,25$ a Oakland en California, por ejemplo). En algunos Estados, el salario mínimo estatal es superior al federal, siendo entonces aplicable el primero.

Es cierto que en algunos países algunas limitadas categorías de empleados están exentas del sistema de salario mínimo y otros están remunerados a un nivel más bajo. Así ocurre, en Estados Unidos, en este último caso, con las personas trabajadoras menores de 20 años o que trabajan en base al sistema de propinas (tips). La justificación es que esta aproximación ayuda a prevenir la caída del empleo para este tipo de población trabajadora.

Es posible por tanto acordar que, en ciertas circunstancias especiales, pudiera justificarse un tratamiento igualmente especial en términos del salario mínimo. En lo relativo al colectivo asalariado, tal tratamiento debe presuponer sin embargo ese carácter especial y ser pactado con las partes, tanto en el ámbito social como en el político. En caso de que, en determinadas ramas de actividad o profesiones, no pudieran garantizarse determinados niveles salariales, la solución no debería pasar por una salida estructural del sistema de salario mínimo más que en circunstancias muy especiales (así ocurre incluso en EE.UU). La vía para la solución de estas disfunciones debería pasar, más bien, por mecanismos de reparto de los riesgos entre empresarios y trabajadores que se tradujeran en algún tipo de compensación vía participación en los beneficios potenciales para este tipo de población trabajadora.


En cualquier caso, la necesidad de apoyar el empleo en ciertas categorías especiales mal remuneradas no implica renunciar al principio de contar con un salario mínimo de nivel aceptable, creciente en función del aumento de la productividad y de la riqueza de un país.

sábado, 17 de enero de 2015

La revista Basic Income Studies publica dos artículos sobre la Renta Básica en España

Publicado el último volumen de Basic Income Studies

Esta semana pasada se ha publicado en Internet el volumen 9 de la revista internacional de referencia sobre Renta Básica de Ciudadanía, la Basic Income Studies. Este volumen, que reúne el contenido de los dos números correspondientes al año 2014 incluye dos artículos, de un total de nueve, sobre la Renta Básica en España. Quizá es un síntoma de la relevancia que España tiene actualmente en el debate sobre la Renta Básica a nivel internacional. 

Comentamos brevemente el contenido de estos dos artículos, y más abajo la posible utilidad para el debate sobre el diseño de una estrategia viable para garantizar una Renta Básica de Ciudadanía en España. 

Sobre la factibilidad económica de la Renta Basica


El primero de los dos artículos comentados trata de la factibilidad económcia de financiar un modelo de Renta Básica y sus autores son Jordi Arcarons, Daniel Raventos y Lluis Torrens, profesores de la Universidad de Barcelona y del a U Pompeu Fabra (Feasibility of Financing a Basic Income, de Jordi Arcarons, Daniel Raventos Pañella y Lluís Torrens Mèlich). A partir de la muestra de declarantes del IRPF de Cataluña y mediante un modelo de microsimulación demuestran que sería factible financiar una Renta Básica Universal con un modelo fiscal de tipo único del 49%. Con este modelo aproximadamente el 70% de la población saldría beneficiada y sólo habría un 30% de perdedores, normalmente los más ricos. Una versión de este modelo puede obtenerse en castellano en el repositorio de documentación de la Red Renta Básica. Recientemente estos mismos autores han replicado este trabajo para el conjunto de España (excluidos País Vasco y Navarra) obteniendo resultados similares. 

Como cualquier ejercicio de microsimulación, este trabajo tiene la virtud de aproximarnos al volumen real de redistribución que puede implicar un modelo de Renta Básica Universal. Este tipo de ejercicio demuestra con claridad que en este momento existe suficiente dinero en la economía para garantizar una renta básica a todos los ciudadanos, incluso sin tener en cuenta el dinero que se mueve en la economía sumergida. Por otra parte hablar de un tipo impositivo único del 49% cuando el tipo máximo del IRPF en 2015 va a ser del 47% da una idea de la cantidad de recaudación que puede ser necesaria y de la dificultad política para explicar y aplicar en la práctica un modelo de este tipo. Estos resultados son en cualquier caso consistentes con hallados por otros autores que han utilizado técnicas de microsimulación aunque hayan utilizado muestras menores o datos de ingresos declarados en encuestas. Podemos concluir, por tanto, que "hay suficiente dinero en la economía", pero "este modelo no hay político capaz de promoverlo sin morir en el intento". A esta conclusión ya habían llegado Luis Sanzo y Rafael Pinilla en 2004. Por ello plantearon al cuestión de ¿Cómo podemos alcanzar los objetivos deseados de garantizar una renta de forma universal con un coste fiscal reducido y una estrategia de explicación y presentación del modelo que la sociedad comprenda y pueda aceptar? Y este es el propósito de este blog, seguir trabajando para encontrar la mejor respuesta a esta pregunta. 

Sobre coste de una renta que satisfaga las necesidades básicas


El segundo artículo tiene un enfoque diferente y ha sido publicado por profesores de la Universidad del País Vasco (A First Approach to the Cost of a Basic Social Benefit, de Noemi Peña-Miguel, J Iñaki De LaPeña Esteban y Ana Fernandez-Sainz). Se preguntan qué cantidad de renta es necesaria para satisfacer las necesidades básicas, para ello utilizan los datos de las encuestas de presupuestos familiares que no ofrecen datos de ingresos sino del gasto de los hogares. A partir de los datos de gasto hacen una estimación mediante un modelo econométrico que tiene en cuenta el gasto en productos básicos de los hogares y otras variables como tamaño del hogar, edad o tamaño de la población. Una versión de este trabajo puede encontrarse en castellano en la web de EuscomediaEn este caso los niveles de renta personal a garantizar son crecientes con la edad empezando por unos 4.000€ anuales, pero alcanzando los 12.000€ para personas en el entorno de los 65-70 años. Puesto que los niveles de renta a garantizar son en promedio muy elevados, de la multiplicación de estas cifras por el conjunto de la población salen cifras también muy elevadas del orden de 170.000 millones de € en el año 2010.

Un aspecto interesante de este trabajo es plantear la cuestión de la necesidad de establecer una metodología para definir el nivel de renta que se considera suficiente para cubrir las necesidades básicas. Sin embargo, el método utilizado, aunque aparentemente elegante desde el punto de vista técnico, obtiene resultados contraintuitivos, que contradicen la experiencia vital de las personas sobre la necesidad. Además, en el artículo no se comparan estos resultados con los que se obtienen en otros métodos como el de estimación de los umbrales de riesgo de pobreza (utilizado por EUROSTAT) o el interesante método vasco de estimación de los umbrales de pobreza que sin duda los autores conocen ya que citan profusamente a su autor (Luis Sanzo) en su artículo. Luis Sanzo ha venido utilizando en sus encuestas preguntas para estimar el nivel de renta que los ciudadanos consideran realmente necesario para vivir y lo que viene hallando de forma consistente desde hace 30 años es que los jóvenes tienen un nivel de percepción de la necesidad superior al de los mayores aunque su gasto efectivo puede ser inferior. 

¿De qué nos sirven realmente estos trabajos?


Estos dos trabajos, como mucho de lo que se publica en las revistas académicas, tienen en común la utilización de la técnica para responder a algún tipo de pregunta sencilla. Este tipo de enfoque es muy útil en general en ciencias naturales, donde es posible aislar preguntas simples relevantes y encontrar respuestas precisas valiosas. Cuando tratamos de ciencias sociales las técnicas estadísticas y econométricas pueden ser también muy útiles, pero es necesario ponerlos en la perspectiva y el contexto complejo de las realidades sociales. En el caso de una idea sencilla, pero de gran alcance político como la Renta Basica de Ciudadanía, decíamos en nuestra propuesta inicial que consideramos clave el concepto de ciudadanía.  La Renta Básica de Ciudadanía es un concepto "político" en el sentido de que sólo podemos entenderlo en relación con la comunidad política que lo sustenta, definida por un territorio, un sistema normativo y un poder político con capacidad de garantizar derechos y de exigir deberes. 

Puesto que estamos hablando de comunidades políticas españolas hemos de tener como premisa la necesidad de establecer un diálogo, debate o como se le quiera llamar con la percepción política que los ciudadanos tienen. Su percepción de la renta que es necesaria para vivir, de los impuestos que es razonable exigir y por tanto del contenido que la comunidad política está dispuesta a reconocer dentro del concepto de "garantía de rentas". Los cálculos de estos artículos tienen utilidad cuando los ponemos en el contexto actual. Nos sirven para tener una idea de las cantidades que estamos manejando y hacernos una idea de lo que no es posible o sí lo es, incluso pueden ayudar a clarificar qué conjunto de derechos y deberes tiene sentido social para conseguir un modelo de garantía de rentas eficaz y sostenible en el tiempo. Creo que nos ayudan a centrar el debate que queremos promover, orientado a sentar bases comunes y generalmente aceptadas para una estrategia que conduzca a la garantía de la renta básica. 

Por ejemplo, pensando en este tipo de trabajos, el profesor José Antonio Noguera opina que introducir hoy día en España el objetivo de la Renta Básica en un programa político sería suicida. Yo no soy de esa opinión, pero entiendo lo que quiere decir. Yo sostengo que es importante incluir el concepto de la Renta Básica como un objetivo ideal que ilumina el camino, aunque comparto con él la idea de que sería suicida incluir en un programa político, que en España es teóricamente un plan a 4 años, el compromiso de establecer una Renta Básica Universal individual y no condicionada al nivel de renta ni al deseo de encontrar empleo, que más o menos es lo que incluía el famoso programa de Podemos a las Elecciones Europeas de 2014. 

jueves, 8 de enero de 2015

España, líder en desigualdad y pobreza, a la cola en la lucha contra la exclusión

España, líder en desigualdad y pobreza, a la cola en la lucha contra la exclusión social. ¿Ayuda la reforma del IRPF de 2015 a cambiar esta situación?

En comparación con Europa España dedica muy pocos recursos a los pobres


Nos estamos acostumbrando a que España sea uno de los países con mayor desigualdad en Europa y en el que mayor proporción de la población se encuentra en riesgo de pobreza (cerca del 21% con los últimos datos de la Encuesta de Condiciones de Vida de 2013). Pero quizá lo más escandaloso es que tengamos casi 3 millones de personas en situación de pobreza extrema. En este país este tipo de noticias se publican, producen cierto revuelo transitorio, y luego se olvidan. La realidad es que dedicamos muy poco esfuerzo en España a luchar contra la pobreza, como se pude observar en el gráfico en el que se muestra con datos de la UE la proporción de gasto social que dedican los diferentes países a la lucha contra la exclusión y a la garantía de rentas. Vemos que España dedica incluso menos que Grecia y Portugal.

Su queremos parecernos más a un país europeo normal ¿No sería preferible hacer algo por los más pobres antes de bajar los tipos del IRPF?


Acabamos de inaugurar el año 2015 y muchos analistas y comentaristas se felicitan de que en 2014 se haya creado algo de empleo por primera vez en muchos años. Parece que sí, que la economía muestra débiles signos de crecimiento y el Gobierno se ha apresurado a "bajar los impuestos". ¿Se acuerdan de que 2015 es un año electoral? El comentario más celebrado estos primeros días del año en las tertulias que juegan a crear opinión política es "nos alegramos de que el dinero vuelva a estar en las manos de la gente en vez de en manos del Estado".

La cuestión es que el Gobierno, después de haber subido todo tipo de impuestos, ha podido elegir qué impuestos bajar y a elegido bajar los impuestos directos. Según cálculos del propio Gobierno con la reforma del IRPF se devuelve a manos de la gente unos 6.000 millones de euros al año (3.400 ya en 2015 y 2.600 adicionales a partir de 2016), lo que ayudará a reactivar la economía por la vía de la demanda. Y con bastante cinismo se dice que esta reforma se ha hecho para "beneficiar a las personas con ingresos más bajos". Lo que no se dice es que esta rebaja del IRPF no va a llegar ni un solo euro a los más pobres, porque los más pobres no hacen la declaración del IRPF. Sin embargo sí han tenido que sufrir también los más pobres la mayor presión fiscal de la subida del IVA, los precios de los medicamentos al incrementarse el copago farmacéutico, el incremento de impuestos especiales sobre tabaco, alcohol y carburantes, etc. No me parece mal que se devuelvan ingresos a la gente, pero yo pediría que se alivie primero la carga de los más pobres ¿No es esto de humanidad y sentido común? Me figuro que hasta el Papa Francisco estaría de acuerdo en esto.

Que seamos casi el país con mayor desigualdad económica y mayor proporción de pobres de la Eurozona no es un hecho fortuito de la naturaleza. Es una elección social y política, de nuestros lideres políticos a quienes votamos. Así que somos cómplices. Yo soy un privilegiado. Me dicen que cuando vea la nómina de final de enero veré que me pagan quizá 20 o 30€ más. La primera subida que tenemos los funcionarios en 5 años. Personalmente hubiera preferido que el Gobierno hubiera decidido empezar por aliviar la carga de los más pobres, los más castigados por la crisis y por los políticos que vienen gobernando este país en los últimos 30 años. Pero, una vez más, no lo han hecho así. Quizá porque entre los más pobres hay hoy día muchos inmigrantes que no tiene derecho a voto. Quizá porque, en cualquier caso, los pobres van poco a votar y una parte de ellos, no se sabe si por que se dejan engañar o porque se equivocan, acaban votando a quienes más les castigan.

La cuestión para el debate es si con una fracción del coste de la reforma fiscal del IRPF podemos crear una renta básica para reducir significativamente la pobreza


Más precisamente la pregunta a responder sería esta: ¿Con un presupuesto máximo de 6.000€ al año podemos acabar con la pobreza extrema en España? Francisco Lorenzo, coordinador del equipo de estudios de Cáritas y de FOESSA estimó que bastaría con 2.600 millones de euros para establecer un sistema de garantía de rentas mínimas que llegase al medio millón de hogares y casi un millón y medio de personas que se encuentran en España en situación de pobreza extrema. Si esto fuese cierto, con un coste notablemente inferior a los 3.400 millones de euros que dejará de ingresar la Hacienda pública durante 2015 se podría acabar con la pobreza extrema en España. Según mis cálculos ni siquiera hace falta tanto. ¿Podemos estimar la cantidad necesaria a partir de los datos disponibles?

Se trata de un cálculo relativamente sencillo de hacer. Empezamos por ir a los últimos resultados disponibles (de 2013) de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) en el apartado de personas en riesgo de exclusiòn social. De ahí podemos obtener el porcentaje de personas que se encuentran en situación de carencia material severa por CCAA. Multiplicando estos porcentajes por la población de cada CCAA obtenemos el número de personas en esta situación por CCAA y en el conjunto de España. Ahora ya sólo necesitamos saber cuánto dinero habría que transferirles. Para ello fijamos como objetivo determinar el presupuesto que sería necesario para poder cubrir a toda esta población necesitada con los actuales sistemas de Rentas Mínimas de Inserción (RMI) de las CCAA. Obtenemos los importes de las rentas mínimas en cada CCAA del Informe sobre Rentas Mínimas 2013 del Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad. Finalmente multiplicamos el número de personas pobres en cada CCAA por la renta básica que le correspondería por su residencia. En realidad, las CCAA nunca asignan tanto dinero a los pobres ya que sólo asignan la cantidad básica de la RMI (renta mínima de inserción) a la persona que figura como titular del hogar y cantidades decrecientes al resto de las personas que conviven con él (normalmente se recibe entre 15-30% adicional por cada persona dependiente hasta un máximo que no puede superar el Salario Mínimo o poco más). Es decir, que las cantidades que estamos calculando aquí están bastante sobreestimadas. El resultado de este cálculo se puede ver en la tabla siguiente.
 
CCAA Tasa de carencia material severa Pobreza extrema antes de RMI Cobertura actual de pobres por RMI Pobreza extrema sin RMI en la actualidad RMI básica por CCAA en 2013 Presupuesto: extensión de RMI actual a todos los pobres
ANDALUCÍA 7,0      748.967 21,12%        590.821     400,09 €      236.381.574 €
ARAGÓN 3,3        69.722 36,24%          44.456     441,00 €        19.605.074 €
ASTURIAS 4,2        72.011 37,70%          44.863     442,96 €        19.872.483 €
BALEARES 10,4      123.040 6,04%        115.614     425,70 €        49.216.921 €
CANARIAS 8,5      192.026 6,22%        180.088     472,16 €        85.030.216 €
CANTABRIA 3,9        32.641 29,28%          23.084     426,01 €          9.833.858 €
CASTILLA-LA MANCHA 5,8      127.593 4,49%        121.858     372,76 €        45.423.745 €
CASTILLA Y LEÓN 1,8        71.611 36,66%          45.358     426,00 €        19.322.402 €
CATALUÑA 6,1      523.416 11,97%        460.773     423,70 €      195.229.372 €
CEUTA 15,3        14.276 9,78%          12.880     300,00 €          3.863.862 €
EXTREMADURA 3,7        44.043 7,25%          40.848     399,38 €        16.313.933 €
GALICIA 4,6      151.692 16,12%        127.233     399,38 €        50.814.411 €
MADRID 7,3      537.921 11,85%        474.175     375,55 €      178.076.505 €
MELILLA 14,8        14.789 16,26%          12.384     387,18 €          4.795.028 €
MURCIA 9,0      139.342 4,92%        132.484     300,00 €        39.745.323 €
NAVARRA 0,6        35.617 89,14%            3.867     548,51 €          2.121.012 €
PAÍS VASCO 4,8      241.259 56,40%        105.201     662,51 €        69.696.540 €
LA RIOJA 6,6        23.466 9,43%          21.254     372,76 €          7.922.560 €
C VALENCIANA 7,1      394.463 7,96%        363.081     385,18 €      139.851.488 €
TOTAL 6,2   3.559.620 17,91%     2.922.047     418,99 €   1.193.116.305 €

Podemos observar que si hubiera un medio sencillo y eficaz de hacer llegar la renta básica a los más pobres bastaría con unos 1.200 millones de euros al año para acabar con la pobreza extrema en España. Esta cantidad es ciertamente grande, pero poco más  de la tercera parte de lo que la rebaja electoralista del IRPF costará al Estado durante el año 2015. ¿Y este Gobierno se atreve a llamar populistas a los que proponen tomar medidas eficaces para acabar con la pobreza?

Ciertamente, no he entrado a valorar en este post de qué modo podemos hacer llegar el dinero de la renta básica garantizada a los más pobres. Dejamos este asunto para próximas publicaciones. En cualquier caso la conclusión es clara: sí existe margen con los recursos disponibles en la España de 2015 para hacer una política de reducción de la pobreza y la desigualdad. Y es evidente que el Gobierno actual --que ha castigando y empobrecido a los más pobres de entre los pobres-- ha elegido también hacer una reforma que no beneficiará en absoluto al tercio de personas más desfavorecidas de España y de la que se beneficiarán en mayor cuantía el 0,5% de los hogares con rentas más elevadas. Eso sí, la mayoría de los españoles, o al menos los que todavía formamos parte de las clases medias, recibiremos algunas migajas con la esperanza de que no veamos lo evidente, que esta reforma mantiene en la pobreza a los más pobres y aumenta la desigualdad todavía un poquito más.

Rafael Pinilla Pallejà
Doctor en Economía Aplicada Cuantitativa


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