Respuestas a las preguntas formuladas por la Comisión del Parlament de Catalunya sobre la ILP de Renta Garantizada para la Ciudadanía

Tras mi intervención en la Comisión, se me formularon diversas preguntas relativas a la ILP para una Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC). Estas preguntas quedaron recogidas en más de un folio de contenido resumido.

Los seis o siete minutos efectivos de los que dispuse no me dieron tiempo a contestar a todas las preguntas y, en aquellos temas en los que pude esbozar un amago de respuesta, la síntesis necesaria pudo prestarse a equívocos o malas interpretaciones. Algún comentario recogido en prensa induce a ello, por ejemplo en relación con el tratamiento de la pobreza infantil.

He considerado, por tanto, la conveniencia de recoger en texto, de forma breve, lo esencial de mi posición en relación con las distintas preguntas formuladas. Además de la cortesía hacia las personas que formularon preguntas que no pudieron ser respondidas, entiendo que el debate en curso sobre políticas de garantía de ingresos resulta esencial y no sólo para Cataluña. Ello merece por tanto un esfuerzo especial, aportando por escrito las respuestas a las preguntas formuladas.

Pincha aquí para ver las respuestas a las preguntas formuladas por la Comisión del Parlament de Catalunya sobre la ILP de Renta Garantizada para la Ciudadanía

Luis Sanzo

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Comparecencia en el Parlament de Catalunya analizando la Iniciativa Legislativa Popular para la Renta Garantizada de Ciudadania

Comparecencia en el Parlament de Catalunya analizando la Iniciativa Legislativa Popular para la Renta Garantizada de Ciudadania

A lo largo de las últimas semanas, tanto Luis Sanzo como Rafael Pinilla, los dos grandes colaboradores de este blog, fueron invitados como expertos a comparecer en el Parlament de Catalunya con el fin de analizar la Iniciativa Legislativa Popular para la renta Garantizada de Ciudadania que se está debatiendo actualmente en esta institución.

Dado el escaso tiempo disponible para las intervenciones, Luis Sanzo elaboró un documento de Ánalisis de la Iniciativa Legislativa Popular de Renta Garantizada para la Ciudadanía para su remisión a los diputados del Parlament, de modo que éstos dispongan del análisis completo y si lo estiman conveniente, incorporen sus recomendaciones al proyecto de ley.

Recordar que Luis Sanzo participó en el diseño del modelo vasco de garantías de ingresos mínimos, sin duda el sistema más avanzado y desarrollado en España, y es con casi toda probabilidad la persona con más experiencia en la implementación de sistemas de renta garantizada o ingresos mínimos en España.

Adjuntamos aquí la versión completa del análisis remitido al Parlament de Catalunya para que podáis valorar vosotros mismos las recomendaciones enviadas.

En breve, esperamos también los comentarios de Rafael Pinilla. 

Alberto Gavín

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Respuestas de Luis Sanzo a las preguntas formuladas por los parlamentarios catalantes

¿Por qué es preferible garantizar el derecho a la renta en vez de garantizar el derecho al trabajo? (I)

Vídeo documental sobre la renta básica universal

En un artículo anterior empezamos a explicar porqué queremos garantizar una renta básica de ciudadanía. La razón fundamental es que la garantía de los derechos humanos requiere de medios económicos. Os dejo aquí un vídeo de youtube donde se explica muy bien. Es un poco largo (unas 2 horas). A continuación resumo los que a mi juicio son los principales motivos.

Prácticamente todos los países del mundo han firmado la declaración universal de derechos humanos, pero ¿cuantos de ellos han puesto medios eficaces para garantizar que todos los ciudadanos puedan defender sus derechos individuales? Tener un sistema judicial, como poder independiente a los otros poderes del Estado, al que todo ciudadano pueda recurrir para defender sus derechos de los abusos de otras personas o del propio Estado es básico. Pero antes de recurrir al sistema judicial los ciudadanos deben poder ejercer los derechos por sí mismos y derechos humanos fundamentales como el derecho a la vida y a la libertad pueden quedar vacíos de contenido si no garantizamos que las personas puedan procurarse razonablemente medios económicos para la subsistencia y para hacer frente a la coacción.

El derecho fundamental a la vida y a la libertad no consiste sólo en que no te maten. Es necesario también que las personas no estén sometidas a la amenaza latente de la pobreza. Es necesario que las personas puedan vivir libremente, es decir, que puedan tomar con libertad las decisiones más importantes sobre su propia vida. En una sociedad en la que el dinero se ha convertido en el medio general de intercambio la gente no puede ejercer sus derechos a la vida y la libertad sin un mínimo de dinero. El mercado funciona como una democracia donde la gente vota a favor de lo que necesita o le gusta comprándolo con su dinero. Cuando existe libertad de empresa (para producir) y libertad de consumo (para elegir), las decisiones de compra de los consumidores gobiernan adecuadamente la economía para que produzca todo aquello que es necesario o sencillamente deseado por los ciudadanos. Pero si una parte de la población no puede comprar lo que necesita estamos negando a esa parte de la población el derecho a votar qué debe producir el mercado. El mercado es un buen mecanismo para decidir qué debemos producir (mecanismo de asignación). En general el mercado es un mecanismo de asignación mejor que el Estado, descentralizado y democrático. Pero para que el mercado funcione como un mecanismo democrático para todos es necesario que todos tengan algo de dinero y puedan votar comprando.

El mecanismo del mercado funciona bien para decidir la producción de la economía, pero tiende a generar desigualdad y pobreza

Si no garantizamos de algún modo que todos los ciudadanos consigan el mínimo de dinero que es necesario para su supervivencia el mercado no funcionará correctamente como mecanismo de asignación. A las personas que no tienen dinero y no pueden comprar lo que necesitan el mercado no les sirve. Creo que hasta aquí casi todos estaremos de acuerdo. Y algunos dirán: bueno, el que quiera dinero no tiene más que trabajar, para eso está el mercado de trabajo. El problema del mercado de trabajo es que funciona igual que el mercado de bienes y servicios, pero en este caso no se trata de productos sino de personas. Si en el mercado de bienes producimos demasiado y nos sobran algunos productos ¿qué pasa? el precio de los productos sobrantes baja, y si no hay modo de colocarlos los tiramos a la basura, y no pasa nada. Pero en el mercado de trabajo aplica las mismas reglas a las personas. Si sobra gente que quiere trabajar... ¿les bajamos el sueldo y si no hay modo de colocarlos los enviamos al extranjero? Pues sí, así es como funciona. Quien defiende el mecanismo de mercado a ultranza está defendiendo esto. Pero quienes defienden esto no pueden pretender que no pase nada. Los productos no tienen derechos, las personas sí. Y el mecanismo del mercado de trabajo atenta contra los derechos de las personas (derecho a supervivencia, derecho a la libertad de residencia). El mercado de trabajo es un mal mecanismo de distribución de la renta porque no garantiza que todas las personas consigan el mínimo de renta que es necesario para vivir y ejercer sus derechos fundamentales.

El mecanismo de mercado conduce a una distribución de la renta que se concentra cada vez más en unas pocas manos y tiende además a dejar a muchas personas con muy pocos ingresos o ninguno. Es decir, el mecanismo de mercado tiende a generar una distribución de los ingresos muy desigual y no es capaz de acabar por sí mismo con la pobreza. No hay nadie que discuta esto. Por ello todos los Estados, incluidos todos los capitalistas, han creado mecanismos "redistributivos" que normalmente pasan por la intervención del Estado en algunas áreas.

Durante el siglo pasado se han ido generalizando los sistemas de Seguridad Social. La Seguridad Social se financia mediante cotizaciones sociales que recaen sobre empresas y trabajadores, es decir, se financia mediante un impuesto al trabajo. La Seguridad Social nació para asegurar que llegue dinero a los que no pueden trabajar por un motivo u otro (accidente de trabajo o enfermedad profesional, vejez, enfermedad enfermedad común, incapacidad, embarazo y maternidad, prestaciones familiares, etc.). Además, los Estados crean directamente empleo al realizar parte de la producción que el mercado no proporciona en suficiente cantidad (obras públicas, seguridad, educación, sanidad...). El empleo generado directamente por el Estado (empleados públicos) puede estar entre el 10 y el 20% de los puestos de trabajo y el empleo generado indirectamente por el Estado (Inversiones y compra pública) puede alcanzar fácilmente otro 20%. Los gastos del Estado se financian mediante impuestos que en teoría deberían ser progresivos (pagan proporcionalmente más los que más tienen). Así, a finales del siglo XX todos los países de la OCDE tenían un sistema de Seguridad Social relativamente fuerte y un presupuesto del Estado que en conjunto pueden estar manejando entre el 35% y el 50% de la economía. Es una intervención muy importante que se acompaña además de toda una serie de regulaciones sobre lo que se puede hacer en el sector privado como salarios mínimos, prohibición de trabajar a los jubilados, etc. Todos estos mecanismos se han creado suponiendo que de algún modo todo el que quiera trabajar encontrará un empleo. Pero en España no hemos tenido "pleno empleo" desde 1975... ¿Por qué no puede trabajar todo el que quiera? ¿por qué el mercado no está ofreciendo el mercado suficientes puestos de trabajo para que todo el que quiera pueda conseguir el mínimo de ingresos necesario para defender sus derechos individuales? ¿Las elevadas tasas de desempleo actuales son un efecto transitorio de la crisis o la escasez de empleos refleja una tendencia de fondo más general?

El empleo garantizado es imposible y además es indeseable

Ya hemos visto que el mercado por sí mismo no crea tantos empleos como para llegar a una situación de pleno empleo. Con ayuda del Estado se ha conseguido el pleno empleo en algunas épocas de gran crecimiento económico, pero cuando el ritmo de crecimiento baja no se puede mantener el empleo por lo que sólo se ha demostrado que el pleno empleo es posible, de forma transitoria, con ayuda del Estado para mantener tasas de crecimiento muy elevado.

Si observamos la historia económica de la humanidad parece evidente que el pleno empleo no ha sido la norma sino la excepción. Al menos si en el empleo como puestos de trabajo remunerado que producen ingresos suficientes para cubrir las necesidades básicas de una familia. Las estadísticas de empleo actuales son engañosas porque en la Encuesta de Población Activa una persona que haya trabajado una hora de forma remunerada la semana anterior a la encuesta se clasifica como "empleado". Esta forma de establecer la categoría de empleado es estándar en Europa y homologable al resto de países de la OCDE. El supuesto "pleno empleo" de EEUU no impide que una proporción significativa de los empleados (10-20% según estados) obtengan sólo ingresos por debajo del umbral de la pobreza. Y es preciso tener en cuenta que en EEUU existe un complemento salarial para los salarios bajos (el Earned Income Tax Credit) que puede suponer en algunos estados hasta el 50% del salario. Es decir, en EEUU los salarios bajos del sector privado están subvencionados por el Estado. Por cierto que este es el sistema que propone aplicar en España el nuevo partido Ciudadanos. Pero incluso con la subvención del Estado a los bajos salarios en EEUU existe una elevada proporción de "trabajadores pobres" y unos niveles de pobreza elevados que desmerecen los grandes logros que presenta en otros campos este gran país.

Por otra parte, existen varias experiencias a nivel internacional en las que se ha intentado conseguir el pleno empleo por la vía del empleo público directo: los países del área de la Rusia soviética, China en su etapa comunista, Cuba, etc. Con estos antecedentes resulta realmente anacrónico que alguien proponga el "trabajo garantizado" como alternativa a la renta básica universal para España en 2015. Sobre el complemento salarial garantizado para los salarios bajos vale la pena entrar a discutir sobre sus ventajas e inconvenientes en contraste con políticas de renta garantizada. Después de todo, el complemento a los salarios bajos reconoce la realidad: la tendencia de la economía de mercado es incapaz de generar suficiente número de empleos con una remuneración mínima adecuada. Por supuesto, la demanda de trabajo de las empresas es prácticamente infinita eso no es un problema, el problema es que la empresa privada no puede pagar más salario que el valor de mercado que producen los empleados. Reconocida esta realidad los EEUU --o en España Ciudadanos-- proponen como solución que el Estado subvencione los salarios bajos, que viene ser lo mismo que subvencionar a las empresas para que utilicen mano de obra barata en vez de destruir empleo sustituyendo mano de obra cara por maquinaria, que es lo que harían sin la subvención.

¿Quien puede creer hoy día que el Estado o la empresa pública va a ser capaz de crear suficientes empleos productivos para emplear a toda la población cuando la empresa privada no puede hacerlo? La verdad es que nadie lo cree porque no es posible. El Estado, al igual que la empresa privada, sólo puede crear un número limitado de empleos productivos. Y el Estado, como la empresa privada, debe intentar ser lo más eficiente posible para producir los bienes que debe producir. Es decir, debe intentar producir más con menos, ser más productivo. Y es lo que están haciendo, correctamente, todos los Estados modernos cuando incorporan las tecnologías de la información y agilizan los procedimientos administrativos, lo que en la práctica significa que el Estado puede hacer más trabajo con menos funcionarios. Es posible que se necesiten más funcionarios y más empleados públicos para realizar algunas tareas (policías, profesores, personal sanitario...), pero siempre será un número limitado cuyo crecimiento deberíamos mantener controlado. Proponer como estrategia de garantía de rentas el empleo público garantizado implica comprometerse a pagar a la gente un salario mayor que el valor de lo que producen y esto es totalmente indeseable por motivos económicos y éticos.

1. Desde el punto de vista económico, que el Estado pague a los empleados públicos más de lo que producen (más de lo que les pagaría el sector privado) es indeseable porque distorsiona el mercado de trabajo haciendo competencia desleal al sector privado y creando un sistema dual en el que los empleados públicos gozarían de un salario más alto y con mayor seguridad en el empleo que el que ofrece el sector privado. A corto plazo es malo, pero a largo plazo peor. El sector privado solo pagaría a los trabajadores muy productivos y el Estado tendría que ir absorbiendo a un número creciente de trabajadores improductivos mientras que los trabajadores realmente productivos del sector público tendrían fuertes incentivos para irse al sector privado. El resultado sería un Estado hipertrofiado, muy ineficiente y unos servicios públicos desastrosos.

2. Desde el punto de vista ético el trabajo garantizado no es más deseable de lo que pueda ser la esclavitud o la servidumbre. Significa que el Estado le dice a la gente "el que no trabaje, que no coma".

¿El que no trabaje que no coma? Afortunadamente ningún país de la OCDE sigue ya esta doctrina

La realidad es que nunca ha existido ni existirá una sociedad en la que todas las personas consigan sus ingresos por medio del trabajo. Por eso mismo resulta chocante la frecuencia con la que hoy día políticos y periodistas de todas las tendencias hablan del trabajo remunerado como si fuese la única fuente legítima de ingresos. El problema es que en cualquier discusión sobre el trabajo remunerado se suelen mezclar argumentos económicos con valores y creencias profundas. No se trata de un debate racional, se trata de cuestiones de fe. Estas creencias no son estúpidas, tienen su razón de ser histórica. En la antigüedad el trabajo duro lo realizaban los esclavos o los siervos. Pero una economía basada en trabajo esclavo o en la servidumbre es muy poco productiva. Tanto en la guerra como en el trabajo, el rendimiento mejora mucho cuando la gente cree que defiende su propio país o cuando cree que trabaja para sí mismo. El rendimiento de quien lucha o trabaja por algo en lo que se cree es muy superior al de quien lucha por miedo al castigo o al látigo. Nuestra civilización democrática y de garantía de las libertades debe mucho a la ética del trabajo.

La ética del trabajo se remonta al relato bíblico de la expulsión del hombre del paraíso: "te ganarás el pan con el sudor de tu frente". Esta idea fue remachada en el Nuevo Testamento por Pablo de Tarso (San Pablo) con esta frase lapidaria: "el que no trabaje, que no coma". Este principio nos suena bien, suena a un acuerdo social lógico para superar penalidades, que todo el mundo debe arrimar el hombro y el que quien no lo hace es un insolidario y debe ser castigado. Un pacto de camaradas. Hemos sido educados para que este principio nos suene bien. Comparado con la organización de la economía basada en la esclavitud de hace 2.000 años no hay duda de que se trata de un principio más que razonable. Pero, ¿hasta dónde queremos hacer llegar ese principio?¿Sigue teniendo vigencia hoy día? y suponiendo que siga en vigor ¿Por cuánto tiempo podremos mantenerlo?

En 2014, España tenía una población de 46,5 millones de personas y de algún modo todos ellos consiguían ingresos para sobrevivir. ¿Cuantos consiguen sus ingresos de su trabajo? Según la última encuesta de población activa a final de 2014 había en España 17,5 millones de ocupados. Ya hemos comentado que esta cifra incluye autónomos y trabajadores por cuenta ajena que en la semana anterior a la encuesta trabajaron al menos una hora a la semana de forma remunerada, de modo que en esta cifra hay personas que realmente no consiguen todos los ingresos necesarios por el trabajo, pero vamos a suponer que fuese así. El cálculo es sencillo, en España hay unos 29 millones de personas que consiguen comer sin trabajar. De algún modo estos 17,5% de ocupados (38% de la población) dan de comer al resto. Este 62% de personas que reciben ingresos sin trabajar de forma remunerada los consiguen de alguna de estas otras tres formas:

• Un 25% son niños o jóvenes a quienes mantiene su familia mientras estudian, ya sea porque son menores de edad (15%) o porque siguen estudiando o buscando empleo. Es decir, viven de transferencias de rentas directas de sus familiares.
• Un 18% son mayores de 65 años y disfrutan de una pensión de jubilación o de viudedad. Es decir, viven de transferencias de rentas proporcionadas por la Seguridad Social.
• Un 19% son adultos en edad de trabajar que no tienen empleo ni se encuentran en una edad en que parece lógico que pueda estar manteniéndoles su familia (no incluimos aquí a los jóvenes menores de 25 años no independizados, pero sí a los mayores de esa edad). Algunas de estas personas viven de su pareja, otras de prestaciones de desempleo o de tipo asistencial, otras de la ayuda de familiares. 

 La situación en otros países europeos es algo diferente, sobre todo por el ehcho de que en España la proporción de desempleados es más elevada, pero no modifica el hecho esencial: el porcentaje de ocupados que consiguen sus ingresos por su trabajo ronda en toda Europa y en general en los países de la OCDE el 40%. El resto de la población no vive de su trabajo sino de transferencias. Es decir, que afortunadamente estamos muy lejos de aplicar el principio de "quien no trabaje que no coma".

Conclusiones provisionales sobre política de rentas por la vía del trabajo

• El mercado es un buen mecanismo para asignar medios materiales y trabajo a la produccion de los bienes y servicios que una sociedad necesita. Si se produce poco los bienes son escasos, su precio sube y las empresas producen más. Si se produce demasiado los precios bajan y en caso de sobrar se destruye, por lo que las empresas se acaban adaptando a producir menos. 
• El mercado de trabajo funciona igual que el mercado de bienes, pero las personas no pueden ser tratadas como los bienes. Si hay poca oferta de trabajo suben los salarios y aumenta el empleo. Esto nos parece bien a todos porque las personas tienen derechos que corren el riesgo de ser vulnerados. Si hay más oferta de trabajo que demanda bajan los salarios y si los salarios no bajan lo bastante aumenta el desempleo y la gente se ve forzada a emigrar. Esto no nos parece bien a casi nadie. El mercado de trabajo es eficiente, pero los resultados de distribución que produce no nos gustan: concentración de ingresos, desigualdad creciente y pobreza.
• Una solución provisional que puede funcionar es que el Estado subvencione los salarios bajos, lo que reduce el coste de las empresas. Las empresas pueden mantener el empleo que de otro modo sustituirían por máquinas o tecnología. La parte buena de esto, a corto plazo, es que mantienen el empleo. La parte mala, a medio y largo plazo, es que tienen menos incentivos para mejorar la productividad. 
• El empleo garantizado es sencillamente una mala idea tanto desde el punto de vista económico como ético. Es anacrónico, económicamente imposible de alcanzar y todavía más insostenible. Y desde el punto de vista ético se parece demasiado a la esclavitud o a algún tipo de servidumbre que nadie queremos. No vale la pena perder mucho tiempo escribiendo sobre esto.

Ya hemos visto que en todos los países de la OCDE la mayoría de las personas no vive de su trabajo sino de transferencias de renta. ¿Y si el Estado en vez de tratar de asegurar que todo el mundo tenga un trabajo tratase de garantizar sencillamente que todo el mundo tenga una renta tanto si trabaja como si no?  En el próximo artículo argumentaremos las ventajas en el corto y el medio plazo de que un Estado moderno reforme sus políticas de rentas para caminar hacia un sistema de garantía universalista y desligado del empleo. Veremos que económicamente puede ser mucho mejor. Tanto en el corto plazo como --sobre todo-- en el largo plazo. Y que desde el punto de vista ético está perfectamente alineado con la garantía de los derechos humanos fundamentales.

Rafael Pinilla

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¿Por qué queremos garantizar una Renta Básica Universal?

Invitación a colaborar en el blog

Hoy se cumplen tres meses desde que abrimos este blog, aunque realmente empezamos a dotarlo de contenido a partir de enero de este año. Poco más de mes y medio publicando entradas, en los que han intervenido dos autores con reconocida trayectoria.

Por un lado, Rafael Pinilla Pallejá, uno de los pioneros en Renta Básica en España, que ya hizo un modelo de implementación de un sistema de Renta Básica en España en el año 2004, y que gracias al impulso de este blog ha vuelto a publicar sus investigaciones acerca de modelos de renta básica y planteado cuestiones esenciales para su implementación. Ha expuesto en este blog su propuesta de "Renta Básica para la Ciudadanía"  y realizado una serie sobre la viabilidad política de la Renta Básica entre otras entradas interesantes y de actualidad como comentar la entrevista realizada a Julio Ramsés, jefe de inspectores de Hacienda y su propuesta de incluir el Impuesto Negativo sobre la Renta, la realizada por José Antonio Noguera de su artículo "el camino transitable a la Renta Básica" o las propuestas recién presentadas por Ciudadanos.

Por otro lado Luis Sanzo, quién ha colaborado activamente en el blog, exponiendo interesantes análisis a partir de la experiencia de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) que él mismo impulso en el País Vasco y planteamientos que van más allá de ese modelo con su serie de entradas sobre el coste de las políticas de garantías de ingresos.

La  motivaciòn de este blog es generar propuestas que puedan ser incluidas en los programas políticos de los partidos. Propuestas que deben ser realistas, rigurosas en su análisis y factibles en su implementación y que sobre todo contribuyan a dignificar las condiciones de vida de la población más desfavorecida (recordemos que recientes estudios cifran en un 27% la población española en riesgo de exclusión) y por otro lado que sean medidas que tengan efectos positivos sobre la economía española.  En un año con elecciones autonómicas y a la vuelta de la esquina de unas elecciones generales creemos que es responsabilidad de toda la sociedad generar un debate público y una presión social para que las cuestiones más relevantes que afectan a nuestras vidas sean objeto de análisis y sean incluidas en los programas electorales de los diferentes partidos, Nosotros creemos que la Renta Básica o sus diferentes aproximaciones más o menos modestas merecen esa atención.

En este momento, creemos que ha llegado el momento de invitar a nuestros lectores a colaborar en este debate, aportando nuevos análisis, comentando artículos que aparecen en otros medios o planteando otras opciones, en resumen, enriqueciendo este debate. Para ello, os invitamos a escribirnos a larentabasicaquepodemos@gmail.com o contactarnos vía Twitter @RBPodemos o Facebook www.facebook.com/larentabasicaquepodemos

Saludos y gracias por seguirnos y difundir!

Alberto Gavín

El coste de las políticas de garantía de ingresos. Una aproximación a las distintas alternativas (II)

(Este artículo es el segundo de una serie de 4. Si quieres leer el primer artículo de la serie puedes pincuar aquí)

El coste de aplicación en España de un modelo de garantía de ingresos similar al del País Vasco supone, tal y como se pudo comprobar en la primera entrega, un gasto suplementario para las Administraciones Públicas de alrededor de 15.295 millones de euros.

El esfuerzo social que implicaría movilizar esta cuantía en transferencias hacia la parte más desfavorecida de la población puede parecer escaso a algunos sectores en España, en especial a aquellos que defienden programas de aplicación de la Renta Básica. Como veremos en entregas posteriores, el coste de introducción de un modelo de Renta Básica, incluso basado en cuantías muy reducidas, por ejemplo 426 euros por persona, resulta en efecto alrededor de cuatro veces superior al requerido para aplicar un modelo de rentas mínimas similar al de Euskadi.

Pero habrá probablemente también grupos sociales, probablemente más numerosos y poderosos, que considerarán elevado el esfuerzo que requiere pone en marcha el modelo vasco. En esta entrega nos centramos en las alternativas e garantía de ingresos que podrían suponer un menor gasto social añadido. Como en la entrega anterior, se presentan los datos generales, sin entrar a un análisis detallado de las implicaciones. Éstas se formularán en la entrega final de las serie.

Se plantean tres modelos alternativos en esta entrega. En el primero de ellos, modelo A, se reduce la cuantía base de garantía para una persona sola de 600 a 500 euros, ajustándose proporcionalmente y a la baja la bonificación al empleo asociada. La aplicación de este modelo, para personas sin actividad económica, implica un complemento de 175 euros para la segunda persona del hogar y de 100 para las siguientes (frente a 210 y 120 en el modelo más asimilable al vasco).

En el segundo modelo, modelo B, se reduce la cuantía base para una persona sola a 426 euros, una cifra en línea con el sistema de ayudas mínimas del Estado, por ejemplo en relación con las nuevas ayudas a parados sin derecho a prestación o subsidio. La aplicación de este modelo, para personas sin actividad económica, implica un complemento de 150 euros para la segunda persona del hogar y de 85 para las siguientes. Se mantiene el sistema de bonificación al empleo, de nuevo ajustado a la baja en términos proporcionales.

En el tercer modelo, modelo C, se mantienen las cifras base del modelo B pero con carácter general, sin aplicar por tanto estímulos al empleo. Todas las unidades familiares accederían al mismo nivel de recursos, tanto si tuvieran relación con el sistema productivo como en caso contrario.

El coste de aplicación de los tres modelos permitiría una sustancial reducción del gasto en relación con la aplicación del modelo similar al vasco. En el modelo menos ambicioso, el C, el coste sería de 4.601,5 millones de euros, apenas un 0,48% del PIB. La aplicación de las cuantías previstas en el modelo C, pero en paralelo a la aplicación de un sistema de bonificación al empleo, llevaría el gasto suplementario a 5.840,9 millones de euros, un 0,60% del PIB. Una aproximación más cercana al modelo vasco, pero con cuantías mucho más moderadas, supondría gastar 8.487,6 millones suplementarios, un 0,85% del PIB. Se trata de una cuantía ya relevante pero bastante alejada del coste del sistema asimilable al de Euskadi.

La aplicación de estas vías alternativas para la garantía de ingresos beneficiaría a Andalucía, comunidad que recogería entre el 29,8 y el 33% del gasto suplementario a realizar (frente al 27,7% asociados al modelo vasco). Pero también tendría un importante impacto en la Comunidad Valenciana, con variaciones entre el 9,8 y el 10,9% del gasto suplementario total. 

Madrid y Cataluña recogerían entre un 16,2% y un 19,8% del gasto, creciente conforme más generoso fuera el sistema de garantías. Su participación se alejaría sin embargo del 21,5% de participación vinculado a la aplicación del modelo Euskadi. 

Canarias y Castilla-La Mancha participarían, por su parte, con entre un 12,1 y un 12,6% del gasto. En las comunidades del noroeste español, Galicia y Castilla-León recogerían entre un 11,3 y un 11,5% del gasto. En estas cuatro comunidades, así como en la Comunidad Valenciana, Como en el caso de la Comunidad Valenciana, se trataría de porcentajes cercanos a los asociados al modelo vasco.

En el resto de la zona noroeste (Asturias, Cantabria, Rioja, Navarra y Euskadi), la participación sería mínima, entre el 2,4 y el 3,1%, inferior incluso al 3,7% de aplicación del modelo vasco. A una mejor social de estas zonas se unen sistemas autonómicos de garantía de ingresos que cubren ya las necesidades de garantía planteadas. El gasto suplementario de aplicación sería así muy reducido.

Luis Sanzo

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El coste de las políticas de garantía de ingresos (III)

El coste de las políticas de garantía de ingresos (I)

Una propuesta de la Renta Básica de Ciudadanía que podemos tener en España a partir de 2015

La viabilidad política de la Renta Basica de Ciudadanía (V): La viabilidad del comportamiento inducido

La viabilidad política de la Renta Basica de Ciudadanía (V): La viabilidad del comportamiento inducido

(Este es el 5º y último post de una serie sobre viabilidad política de la RBC. Si quieres leer la serie empezando por el primer post puedes hacer clic aquí).

¿Serán aceptables para los mayoría los comportamientos
inducidos por la Renta Básica de Ciudadanía?

Para asegurar la viabilidad de una política de garantía de rentas no sólo es necesario que la mayoría de los ciudadanos voten en algún momento a favor de esa política. Es necesario que los comportamientos inducidos por la introducción de la política sean también aceptables para la mayoría a lo largo del tiempo. Precisamente una de las mayores controversias sobre la Renta Básica es el riesgo de que su introducción pudiera inducir a algunas o muchas personas a abandonar el trabajo remunerado.

Si el número de personas que abandonan el trabajo llega a ser importante amenazarían de hecho la viabilidad económica del programa, pero la mayor parte de la experiencia empírica existente indica que es poco probable que el abandono del trabajo sea importante. No se ha implantado un modelo completo de Renta Básica Garantizada en ningún país del mundo, pero sí existen algunos experimentos y multitud de experiencias que nos indican lo que se puede esperar. 

En realidad la mayoría de la gente no sólo trabaja por el dinero y son muchos los que prefieren tener un empleo aunque no lo necesiten económicamente. Por ejemplo, es bien sabido que la mayor parte de los “ricos” que no necesitarían trabajar realizan sin embargo actividades remuneradas. También sabemos que es muy raro que alguien deje su empleo cuando le toca la lotería, aunque se trate de un premio importante. Algunos investigadores se han dedicado a observar durante años qué ocurre con los ganadores de los sorteos y loterías en los que se gana “un sueldo para toda la vida” y lo que se han encontrado es que casi nadie abandona el trabajo. Sí que se dan cambios de empleo, no es raro que padres y madres con niños pequeños reduzcan su jornada para dedicar más tiempo a estar con sus hijos y algunas personas dejan el empleo para asumir el riesgo de buscar otro mejor, montar un negocio o crear obras de arte. También sabemos que muchos jubilados participan de un modo u otro en actividades productivas y de utilidad social. Otra fuente de evidencia son países como los nórdicos, que disponen de sistemas de garantía de rentas más costosos de lo que representaría un sistema de renta básica y siguen siendo países prósperos que han sorteado la crisis económica sin demasiados problemas. Por todo ello creemos que la introducción de un programa de renta básica de ciudadanía no representaría un riesgo económico real. La inmensa mayoría de la gente sencillamente seguirá trabajando porque una RBC nunca será más que una cantidad modesta y la mayoría de la gente prefiere vivir mejor de lo que la RBC permite.

Sin embargo, el problema de la “viabilidad política de los comportamientos inducidos” es más sutil. El problema es que incluso una minoría exigua de personas que decidiesen “vivir de la RBC” y simplemente no hacer nada, vaguear de forma nihilista, el típico “joven que ni estudia ni trabaja”, podría ser políticamente inaceptable. No es una cuestión cuantitativa, sino cualitativa. Estas personas representan un modelo de vida que gran parte de la sociedad rechaza y podrían comprometer la sostenibilidad política del sistema. Los enemigos de garantizar las rentas son quizá una minoría, pero son poderosos y no tardarán en encontrar a unos cuantos jóvenes de aspecto irreverente para sacarlos en la TV haciendo burla de los trabajadores honestos que pagan impuestos para pagar su modo de vida indolente e insolidario. El efecto podría ser políticamente demoledor. Tampoco les sería difícil encontrar a residentes de origen extranjero que viven de la RBC para presentarlos como buscadores de rentas que han venido a nuestro país a vivir a nuestra costa.  

Dificultades para la viabilidad política debido a los comportamientos inducidos por la política de rentas

Es preciso reconocer que el hecho de que ningún país o comunidad política haya introducido un sistema completo de garantía de la RBC supone un serio problema para la viabilidad política porque genera una notable incertidumbre sobre los comportamientos que inducirá. Existe una notable incertidumbre sobre los efectos en los comportamientos individuales y sobre los efectos en los comportamientos de grupo que conforman la economía agregada.

Además, tanto los defensores como los detractores de la garantía de una RBC estamos de acuerdo en una cosa: una renta garantizada de cuantía suficiente para la supervivencia podría tener efectos importantes en muchos comportamientos humanos incluyendo la actitud hacia el trabajo, la motivación para estudiar, la inclinación al emprendimiento, el uso del tiempo dedicado por las personas a actividades de cuidado de otros o al voluntariado… Y el modo concreto en que se llevase a cabo la reforma podría influir de forma decisiva en el crecimiento o disminución de la economía sumergida, el cumplimiento y la recaudación fiscal, el grado de civismo de los ciudadanos, la participación política en los asuntos públicos, el comportamiento reproductivo o en la dimensión de las migraciones.

Esta incertidumbre sobre tantos aspectos importantes para la sociedad es un problema serio porque no se puede proponer a una comunidad política entera que se arriesgue a embarcarse en un experimento social de consecuencias incalculables sin saber cómo prevenir los posibles efectos indeseables y tener un buen plan de contingencia para hacer frente a cualquier imprevisto que pueda suceder.

Ideas para mejorar la viabilidad política de los comportamientos inducidos por las políticas de garantía de rentas

Ante todo necesitamos que la política de garantía de rentas no sea un modelo rígido sino una estrategia adaptativa para dotarla de la robustez necesaria. Basta con mirar un poco hacia el pasado reciente para ver que la economía sufre de ciclos de expansión y de recesión. Con toda seguridad volverá a haber en el futuro ciclos expansivos y recesivos ¿Cómo diseñar un sistema de garantía de rentas para que funcione de forma efectiva incluso en periodos de crisis económicas? 

Pero esa es solo una de las preguntas posibles. Una política de garantía de rentas debe tener una respuesta clara a esta pregunta, pero también a algunas otras como ¿Qué pasa si aumenta la inmigración? ¿Y si aumenta la natalidad? ¿Y si el empleo disminuye? ¿Y si disminuye el interés de los jóvenes por estudiar? ¿Y si no aumenta el crecimiento económico y disminuye la recaudación fiscal? ¿Y si aumenta el nivel de precios de los productos básicos? ¿Y si…? El problema es que no podemos realmente predecir qué sucederá porque los comportamientos humanos son esencialmente impredecibles y porque los efectos de la política de rentas no sólo dependerán de las acciones de esa política sino de muchos otros factores externos. En un libro que publiqué hace casi 10 años ya planteé estas cuestiones y propuse una metodología para responderlas. Para resumirlo en una frase podríamos sencillamente recordar que cuando tratamos de una propuesta política con un poder transformador tan grande, y con un elevado grado de incertidumbre es necesario experimentar primero y es mejor empezar por hacer “experimentos con gaseosa”.

Como en los anteriores post de esta serie ha llegado el momento de proponer algunas ideas concretas, realizables en un tiempo breve (quizá durante este mismo año 2015), con un coste reducido y con escaso riesgo político para el partido que se atreva a incluirlas en su programa:

1.    Establecer un sistema de información que recoja datos fiables sobre los comportamientos de los beneficiarios. Es sorprendente la facilidad con la que cualquier político o periodista tiene rápidamente una opinión sobre lo que ocurrirá cuando se dé a la gente una renta básica universal y el poco interés que parecen demostrar en estudiar qué sucedería en realidad. Ahora mismo ya existe un sistema de garantía de Rentas Mínimas en todas las CCAA, pero casi ninguna de ellas ha establecido un sistema de recogida de información sobre el comportamiento de los beneficiarios. O si recoge esa información no la publica. ¿Está resolviendo el problema de pobreza? ¿Les está ayudando a encontrar empleo o a la integración social? No lo sabemos. Crear un sistema de recogida de información depende sólo de la voluntad política y es un primer paso imprescindible. Se puede hacer de varias formas, rápidamente y con muy bajo coste. Hay cosas elementales que las CCAA podrían hacer inmediatamente para mejorar la política de garantía de rentas existente:

a.   Crear un registro público de solicitantes y beneficiarios para conseguir información de seguimiento. Ya he comentado este aspecto en el artículo sobre viabilidad administrativa. El sistema de gestión debe suministrar información útil para la gestión, pero también para la mejora del sistema y para poder documentar ante la ciudadanía cuáles son los comportamientos reales de solicitantes y beneficiarios. Los ciudadanos que pagamos impuestos tenemos derecho a saber en qué medida los recursos dedicados a luchar contra la pobreza están siendo bien empleados. El recuento y seguimiento de los solicitantes es también muy importante para ofrecer información sobre el estado de necesidad. Esto no lo hace todavía ninguna CCAA y es también algo sencillo de crear, rápido de implementar y muy poco costoso de mantener. Tendría un gran poder como elemento de legitimación política del programa.

b.   Dotar de transparencia y publicidad al registro. La publicidad sirve para regular el sistema y para favorecer acciones complementarias de otros programas de asistencia pública o de ayuda privada. Para actuar eficazmente sobre un problema es necesario conocerlo bien, conocer el conjunto de acciones que se están realizando y los efectos que están teniendo. En la actualidad hay muchas acciones públicas y privadas descoordinadas por lo que su eficacia está con toda seguridad por debajo de lo posible. No nos podemos permitir un desperdicio de recursos que son de importancia vital para quienes los necesitan. 

c.    Seguimiento en paralelo mediante datos de encuesta. Las encuestas tienen la ventaja de suministrar información sobre toda la población, no sólo sobre solicitantes y beneficiarios. Se puede optar por crear una encuesta propia como hizo el País Vasco, o sencillamente por estudiar en detalle los datos proporcionados por la Encuesta de Condiciones de Vida del INE.

d.   Encomendar la recopilación e interpretación de toda esta información a una Agencia Independiente del Gobierno. La independencia es importante para evitar la politización de este programa. Se trata de un programa demasiado importante para que se lo pueda apropiar una fuerza política. Preferiblemente a una agencia que rinda cuentas al Parlamento. Podría ser una agencia transversal de Evaluación de Políticas Públicas o una agencia creada específicamente para seguir y evaluar los efectos del programa de garantía de rentas. La información proporcionada por esta Agencia será clave para adaptar los presupuestos y normas al comportamiento del programa.

2.    Una forma de prevenir los efectos indeseables de una política de garantía de rentas sería establecer normativamente alguna forma de autoregulación adaptativa del presupuesto dedicado al programa, es decir, un servomecanismo que funcione como un “termostato”. Por ejemplo, una vez establecido un presupuesto para la garantía de rentas, se puede indexar el crecimiento del presupuesto a repartir a la evolución de la recaudación fiscal. Todas las CCAA tienen ya un presupuesto de Rentas Mínimas, quizá ridículo en algunos casos, pero lo tienen. La idea es comprometerse políticamente a que este presupuesto se mantenga al menos en relación con la capacidad recaudatoria de la CCAA. Naturalmente, si un partido político incluye entre sus objetivos la reducción de la pobreza y la desigualdad debería establecer también un compromiso de crecimiento del porcentaje de recursos dedicados a garantizar rentas. Algunos ejemplos:

a.    Establecer un “presupuesto diana a alcanzar” que se adapte a la cantidad de solicitudes previstas a partir de la información de años anteriores. Los presupuestos públicos se aprueban con antelación. Para realizar un proceso racional de presupuesto es necesario tener una previsión de los recursos que serían necesarios para alcanzar a toda la población necesitada (presupuesto deseado).

b.    Ajustar el proyecto de presupuesto del Gobierno a la capacidad presupuestaria de la comunidad política. Sabemos que partimos de una situación en la que los presupuestos que las CCAA dedican a la garantía de rentas están muy por debajo de lo necesario, pero no se puede exigir a un gobierno a repartir más recursos de los que dispone. De modo que el presupuesto aprobado será inicialmente inferior al deseado. Pero sí se puede establecer el compromiso de incrementar gradualmente este presupuesto con la ambición de alcanzar lo antes posible la dimensión del presupuesto deseado.

c.    Establecer normas sencillas de reparto de los recursos presupuestarios disponibles dando prioridad a los más pobres entre los pobres y a extender la ayuda al máximo número de personas. Estas normas deben incluir la máxima transparencia para prevenir cualquier tipo de desviación o fraude que comprometería la viabilidad política del programa. Deben establecer asimismo las obligaciones de información de los solicitantes para poder ser elegibles y de los beneficiarios para seguir recibiendo la ayuda.

d.   Prever un mecanismo de autorregulación para el momento en que el presupuesto disponible permita alcanzar la cantidad que se necesita. Inicialmente la diferencia entre lo deseable y lo posible será grande por lo que el presupuesto asignado inicialmente deberá aumentarse gradualmente. Pero ha de llegar un momento en que el presupuesto para la RBC se acerque al deseado. En este momento ya no debería crecer más sino buscar la estabilidad consolidándose como un mecanismo social de garantía de rentas robusto con capacidad para resistir los ciclos económicos. Un mecanismo que podría funcionar bien para cumplir este papel sería ajustar el presupuesto a repartir al promedio del presupuesto del programa en los 4 años anteriores. Al mismo tiempo, la cantidad máxima de renta individual a repartir no debería superar la cantidad resultante de dividir el “presupuesto deseado” por el total de beneficiarios. La combinación de estos dos mecanismos daría gran estabilidad al sistema de garantía de rentas evitando crecimientos excesivos en épocas de expansión y reducciones bruscas en épocas de recesión. Además, en épocas de crecimiento podría generar un excedente que debería guardarse como fondo de reserva para utilizar en los años malos.

  

3.    Adicionalmente es importante promover “experimentos con gaseosa”. Las ideas propuestas en el punto 2 tienen el problema de ser lentas y de partir del modelo actual de Rentas Mínimas que es un modelo bastante alejado de lo que podríamos considerar un modelo de garantía de rentas ideal. Para saber cómo se comportaría la gente al recibir una renta garantizada sin comprobación previa de medios económicos ni condicionada a un programa de inserción necesitamos poner en marcha iniciativas de tipo experimental de alcance reducido en tiempo y población. De este modo podemos obtener rápidamente el conocimiento que necesitamos para tomar decisiones políticas acertadas, con un bajo coste económico y político. Podemos imaginar muchos experimentos, pero para que sirva a los efectos de obtener respuestas para las principales controversias políticas experimentales conviene cuidar muy bien el diseño del experimento. Así, para conocer el impacto de la introducción de la RBC en la población el experimento debe incluir a personas que no la necesitan para poder observar los efectos en todo tipo de personas. Propongo un diseño experimental que podría funcionar bien para evaluar científicamente los efectos de un modelo de garantía de rentas semejante a la idea de la RBC: 

a.    La administración de la comunidad política crea una lotería en la que los premiados recibirán una renta de cuantía semejante a la deseada para la RBC. Cualquier persona puede participar en la lotería comprando números. Y quienes figuren en el registro de solicitantes de la RBC participarían en el sorteo en cualquier caso, sin necesidad de comprar números. Las cantidades recaudadas se dedicarían íntegramente a pagar los premios. La cantidad a repartir podría ser incrementada mediante una asignación presupuestaria inicial para asegurar que se alcanza un número suficiente de premiados independientemente de lo que se recaude por venta de números de la lotería. Se podría organizar un sorteo mensual hasta conseguir una muestra suficiente. 

b.    Se pueden establecer premios de distinta cuantía pero que necesariamente se cobrarán en forma de renta mensual. En la práctica significaría que habría premios que darían para pagar una renta durante 6 meses, o 12 meses o 24 meses, por ejemplo. Los ganadores deberían firmar un compromiso de información al aceptar el premio rellenando un cuestionario mensual sobre su comportamiento. De este modo los costes de recogida de la información del experimento serían muy bajos.

c.    Los compradores de números podrían recibir números adicionales a cambio de suministrar también información mediante un cuestionario semejante al de los solicitantes y beneficiarios. De este modo tendríamos dos grupos en seguimiento que proporcionan información comparable, un grupo experimental de premiados que son beneficiarios de una renta mensual y un grupo de de personas no premiadas que servirían de grupo de control para evaluar objetivamente las diferencias de comportamiento y de resultados entre ambos grupos. ¿Serán los resultados aceptables para la mayoría del electorado? Esta es la cuestión clave que ha de resolver el experimento. 

d.    Este experimento permitiría disponer de información empírica muy relevante en muy pocos meses. Esta información, elaborada por la agencia independiente de evaluación, permitiría resolver de forma objetiva muchas de las incertidumbres de comportamiento comentadas anteriormente. A partir de esta información la administración podría modelar la normativa de regulación de la política de garantía de rentas con mayor probabilidad de lograr un sistema eficaz, eficiente y exento de efectos indeseables.

Con este post damos por terminada la serie sobre viabilidad política de la RBC. ¿Serán capaces los partidos españoles de provechar alguna de las ideas propuestas para incorporarla en los programas políticos con los que se batirán en las próximas contiendas electorales? Desde aquí manifestamos la mejor disposición para colaborar con cualquier partido interesado en incorporar en sus programas una propuesta de garantía de rentas políticamente viable en España.

Rafael Pinilla

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