Invitación a colaborar en el blog

Hoy se cumplen tres meses desde que abrimos este blog, aunque realmente empezamos a dotarlo de contenido a partir de enero de este año. Poco más de mes y medio publicando entradas, en los que han intervenido dos autores con reconocida trayectoria.

Por un lado, Rafael Pinilla Pallejá, uno de los pioneros en Renta Básica en España, que ya hizo un modelo de implementación de un sistema de Renta Básica en España en el año 2004, y que gracias al impulso de este blog ha vuelto a publicar sus investigaciones acerca de modelos de renta básica y planteado cuestiones esenciales para su implementación. Ha expuesto en este blog su propuesta de "Renta Básica para la Ciudadanía"  y realizado una serie sobre la viabilidad política de la Renta Básica entre otras entradas interesantes y de actualidad como comentar la entrevista realizada a Julio Ramsés, jefe de inspectores de Hacienda y su propuesta de incluir el Impuesto Negativo sobre la Renta, la realizada por José Antonio Noguera de su artículo "el camino transitable a la Renta Básica" o las propuestas recién presentadas por Ciudadanos.

Por otro lado Luis Sanzo, quién ha colaborado activamente en el blog, exponiendo interesantes análisis a partir de la experiencia de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) que él mismo impulso en el País Vasco y planteamientos que van más allá de ese modelo con su serie de entradas sobre el coste de las políticas de garantías de ingresos.

La  motivaciòn de este blog es generar propuestas que puedan ser incluidas en los programas políticos de los partidos. Propuestas que deben ser realistas, rigurosas en su análisis y factibles en su implementación y que sobre todo contribuyan a dignificar las condiciones de vida de la población más desfavorecida (recordemos que recientes estudios cifran en un 27% la población española en riesgo de exclusión) y por otro lado que sean medidas que tengan efectos positivos sobre la economía española.  En un año con elecciones autonómicas y a la vuelta de la esquina de unas elecciones generales creemos que es responsabilidad de toda la sociedad generar un debate público y una presión social para que las cuestiones más relevantes que afectan a nuestras vidas sean objeto de análisis y sean incluidas en los programas electorales de los diferentes partidos, Nosotros creemos que la Renta Básica o sus diferentes aproximaciones más o menos modestas merecen esa atención.

En este momento, creemos que ha llegado el momento de invitar a nuestros lectores a colaborar en este debate, aportando nuevos análisis, comentando artículos que aparecen en otros medios o planteando otras opciones, en resumen, enriqueciendo este debate. Para ello, os invitamos a escribirnos a larentabasicaquepodemos@gmail.com o contactarnos vía Twitter @RBPodemos o Facebook www.facebook.com/larentabasicaquepodemos

Saludos y gracias por seguirnos y difundir!

Alberto Gavín

Sobre la viabilidad política de la Renta Básica de Ciudadanía. Comentarios de Luis Sanzo al análisis de Rafael Pinilla

Sobre la viabilidad política de la Renta Básica de Ciudadanía. Comentarios a la contribución de Rafael Pinilla

El análisis de Rafael Pinilla sobre la viabilidad política de la Renta Básica de Ciudadanía resulta de enorme interés. Introduzco a continuación algunas ideas que intentan contribuir al debate.

No habrá sistema digno de garantía de ingresos sin aceptación política y social del carácter incondicional del derecho a la existencia

El principal obstáculo para la consolidación de un sistema de garantía de ingresos eficaz en España ha sido la falta de compromiso suficiente con los sistemas de última red por parte de los partidos políticos hasta ahora mayoritarios en el ámbito estatal. La principal expresión de esta actitud ha sido la falta de apoyo de la Administración del Estado a los sistemas de Rentas Mínimas Autonómicas. Hasta ahora, el Estado nunca se ha planteado con seriedad la integración de estas prestaciones autonómicas en el modelo general de protección del Estado.

Algunos aspectos relacionados con la lucha política entre partidos explican en parte este distanciamiento. Uno de ellos es que el primer sistema de garantía de ingresos nació en el País Vasco, en contra además de la posición expresada por el Gobierno de España. La extensión del sistema a otras Comunidades Autónomas, en particular a la de Madrid, también se enfrentó en sus orígenes con la postura estatal. Es un nacimiento en falso que, en cierta forma, nunca ha sido por completo asimilado por los partidos dominantes en España, al menos en lo que se refiere a las estructuras centrales de esos partidos. Otra cosa ha sido la actitud de sus organizaciones regionales, en general mucho más abiertas a la promoción de estas medidas.

Otros factores han tenido igualmente importancia. El más destacado de ellos se relaciona con la complacencia con la que la elite política, intelectual y, en ocasiones, académica ha considerado el sistema de protección estatal hasta finales de la pasada década. Eran muy pocos, dentro de esa elite, quienes reconocían las todavía importantes limitaciones en este sistema.

Esta falta de perspectiva crítica tenía algunos fundamentos reales, entre ellos el aparentemente imparable avance hacia el bienestar de la población ocupada de forma estable y de la población pensionista. No conviene dejar de reconocer los elementos fuertes del modelo de desarrollo del periodo posterior a la Transición en España. Uno de los principales éxitos del modelo social español ha sido el avance señalado, una mejora que ni siquiera la crisis económica se ha llevado del todo por delante.

La satisfacción dominante entre los grupos más favorecidos, claramente mayoritarios dentro de la sociedad, explica que la perspectiva social dominante hasta la crisis nos haya dejado como legado algunos planteamientos ideológicos poco favorables a medidas de protección de voluntad universalista, como la Renta Básica o las Rentas Mínimas. El principal de estos obstáculos ideológicos es el énfasis dominante en la idea de contribución o cotización previa como base justificativa del acceso a la protección en caso de necesidad.

Otra idea socialmente muy extendida que tampoco favorece la aceptación social de la Renta Básica o de las Rentas Mínimas es aquella que sostiene que el futuro de cada persona, en particular a través del acceso a un empleo estable, depende ante todo del esfuerzo personal. Este esfuerzo es particularmente relevante, en esta visión de las cosas, en los momentos iniciales de la vida laboral, precisamente cuando las personas jóvenes deben mostrar su máxima disposición a adaptarse a cualquier exigencia externa para conseguir prosperar en la vida.

La síntesis de este conjunto de ideas era, al menos antes de la crisis, la percepción de que, dado que a largo plazo toda persona trabajadora era capaz de “colocarse” en el sistema productivo, y que el sistema de protección permitía mantener en gran medida los ingresos de desempleados temporales y pensionistas, este sistema se acercaba poco a poco a un funcionamiento óptimo. Esta visión de las cosas parecía plenamente lógica para la gran mayoría hasta septiembre de 2008.

La realidad es que estas ideas han tenido tanta fuerza, y han estado tan extendidas, que explican en buena medida que no haya existido hasta ahora una demanda mayoritaria en España, ni en el ámbito político ni en el social, de una extensión del proyecto de universalización de una garantía de ingresos suficiente más allá del trabajo y de la protección basada en la cotización. Al contrario, existen grandes reticencias en amplios sectores hacia prestaciones que, como las actuales Rentas Mínimas, beneficiarían a personas que no han aportado lo suficiente a la sociedad (en forma de cotizaciones o de otro tipo de contribución social) para ser merecedoras de ellas. Estas reticencias ante las prestaciones aumentarían más claramente en ausencia de límites temporales a las ayudas y en caso de falta de capacidad de las entidades gestoras para determinar quiénes las merecerían y quiénes no.

Teniendo en cuenta lo señalado, es lógico que se plantee la parte de responsabilidad social que es exigible de personas susceptibles de beneficiarse de las Rentas Mínimas o de la Renta Básica, en particular cuando no hubiesen aportado previamente algo a la sociedad, por la vía del trabajo y de las cotizaciones sociales. Es así probable que una parte sustancial de la población, quizás mayoritaria, se oponga a garantizar a cambio de nada un mínimo de ingresos, en especial si hay sospechas de que esta política pudiera beneficiar a personas a las que pudiera calificarse de vagas, caraduras o defraudadoras.

Pero ahí no radica, en realidad, el problema principal. La cuestión básica es que la sociedad española, como sus partidos mayoritarios, no ha asumido hasta ahora la necesidad de profundizar en las implicaciones asociadas a la aplicación efectiva del derecho a la existencia, o a la vida como dice la Constitución Española. El respeto a ese derecho supone asumir la idea de una garantía de ingresos para la supervivencia dirigida al conjunto de la población. Es sin duda conveniente tratar de compatibilizar este derecho con la responsabilidad social de quienes se beneficien de él pero la aplicación de ese derecho básico tiene prioridad.

Por esa razón, me parece imprescindible seguir sosteniendo la idea del carácter básicamente incondicional del derecho a la existencia. Puede que resulte necesario demostrar la presencia de la necesidad pero, una vez demostrada, el derecho a la protección debe quedar garantizado de forma efectiva.

El reto, por tanto, es conseguir que una mayoría social y política asuma el principio del derecho a la existencia que asiste a toda la ciudadanía, sin excepciones.

Esto no significa que los esfuerzos para aplicar este derecho no traten de acentuar al máximo el compromiso de la población objeto de apoyo con la sociedad. Pero las políticas orientadas a conseguir la participación social o la integración laboral deben enfocarse en términos de estímulos positivos y de derecho complementarios. El derecho a un apoyo personalizado para la inserción laboral, por ejemplo, es un planteamiento más adecuado que el principio de la contraprestación. Por eso, el principio de reciprocidad no debería plantearse en términos de contrapartidas por una prestación básica que haga efectivo el derecho a la existencia sino como un elemento asociado al conjunto de derechos y obligaciones en que se traduce el pacto de ciudadanía.

En ese pacto pueden igualmente concebirse circunstancias en las que pudieran limitarse algunos derechos, por ejemplo el de acceso a un mayor bienestar, pero no el relacionado con el derecho a la existencia. Sólo en circunstancias extraordinarias y con carácter temporal, cuando la propia pervivencia de la sociedad política estuviera en peligro, podría plantearse, no una limitación del derecho, sino la introducción de obligaciones extraordinarias asociadas en términos de contraprestación formativa o laboral.

La experiencia demuestra, por otra parte, que no es necesario presionar a la población para que busque una mejora en sus condiciones de vida o para que trate de aportar lo mejor de sí misma a la sociedad. Es lo que, de manera espontánea y habitual, hace la mayoría de las personas. En este ámbito, la principal tarea pendiente es ofrecer a la población vías adecuadas de participación en actividades de utilidad para la sociedad, se integren o no en el sistema productivo.

Algunas medidas de Renta Básica pueden plantearse a corto o medio plazo

Con respecto a las medidas a establecer para consolidar el sistema de garantía de ingresos, la cuestión no estriba en la mayor o menor radicalidad de la Renta Básica frente a otras medidas sino en las limitaciones económicas existentes. No debe olvidarse que el déficit público aún se mantiene en 2014 por encima del 4,5%, con una deuda acumulada que se va acercando al 100% del PIB, unos niveles de desempleo muy elevados y una perspectiva de aumento sustancial del volumen de población pensionista. En este contexto, un gobierno responsable debe analizar cuáles son las medidas más factibles para conseguir el objetivo de consolidar el derecho a la existencia sin poner en riesgo la estabilidad económica y financiera del Estado. A medio plazo, un buen sistema de rentas mínimas se presenta en este contexto como la vía más realista para hacer efectivo el derecho a la existencia.

Pero, como se señala en el documento de Rafael Pinilla, sí hay algunos ámbitos en los que se debería trabajar en la introducción de programas de Renta Básica. El más apropiado en estos momentos es el relativo a la infancia. En este caso se observa una conjunción de elementos favorables para la introducción de esa medida, en particular una cierta unanimidad en la voluntad de eliminar la pobreza infantil y una valoración positiva de las prestaciones familiares aplicadas en los países europeos más desarrollados. Aunque pudiera resultar aconsejable una extensión progresiva de las prestaciones al conjunto de la población beneficiaria, este modelo de Renta Básica para la infancia debería diseñarse desde planteamientos universalistas.

La positiva valoración que la sociedad española tiene del trabajo como mecanismo de integración social hace igualmente asumible la introducción de un sistema de bonificación al empleo para mejorar tanto los incentivos al trabajo como para proteger a la población trabajadora con menores salarios. Convendría por tanto plantear la introducción a corto plazo de un sistema operativo de bonificación al empleo.

Este sistema podría modularse de forma que se aplicaran mensualmente los complementos de ingresos a trabajadores y trabajadoras con menores ingresos. Este mecanismo de complemento regular a los bajos salarios podría tener en cuenta la experiencia de los estímulos al empleo de Euskadi, del RSA francés o de los créditos fiscales británicos. Debería poder completarse, por otra parte, con una aproximación similar a la del EITC de Estados Unidos La idea sería que, para categorías de trabajadores con bajos ingresos, aunque no cercanos o inferiores al umbral de pobreza, la liquidación anual del IRPF se tradujera en un complemento económico puntual que facilitara hacer frente a algún tipo de gasto extraordinario durante el año.

La experiencia de los sistemas de rentas mínimas da pistas sobre cómo actuar de manera eficaz y eficiente. Un elemento clave es que se alejen de los principios de temporalidad en el acceso

Muchas de las propuestas que realiza Rafael Pinilla, algunas de ellas muy novedosas, son positivas de cara a mejorar los sistemas actuales de rentas mínimas. La experiencia de estos programas es lo suficientemente amplia en España, además, como para permitir asegurar un rendimiento social suficiente por parte de estos programas, incluso en términos de contribución a la mejora de los niveles de empleo.

Algunos aspectos planteados por Pinilla merecen alguna consideración, sin embargo, en concreto los siguientes:

1.   Resultan acertadas las propuestas que realiza Rafael Pinilla en lo relativo a la mejora y simplificación de los procedimientos de solicitud y acceso a las Rentas Mínimas. De particular utilidad resulta la vía de auto-declaración que se plantea. Su aplicación permitiría reducir de forma significativa el tiempo de tramitación de las prestaciones.

       Sin embargo, la experiencia demuestra que en muchos casos resultará necesario mantener una referencia institucional de contacto para la población necesitada, en especial si están presentes necesidades o problemáticas asociadas que no son de naturaleza estrictamente económica. En este punto, conviene señalar que la asignación de la gestión de las ayudas a los servicios sociales de los ayuntamientos sí resultó en general eficaz y eficiente, aun cuando pueda interferir de forma negativa en la gestión del propio trabajo social. Hay otros modelos de gestión que pueden funcionar adecuadamente pero uno descentralizado, sustentado en las instituciones locales, no tiene por qué tener inconvenientes diferenciales. No debe olvidarse que el clientelismo local potencial puede minimizarse con una buena gestión profesional.

2.   Un segundo aspecto a matizar tiene que ver con un posible registro público de solicitantes o demandantes en programas de rentas mínimas. Una cosa es la responsabilidad de la Administración en garantizar una gestión eficaz y eficiente de las ayudas y otra facilitar información personalizada sobre qué personas concretas reciben ayuda, en qué cuantía y durante cuánto tiempo. Esta información es personal y no debería poder ser objeto de debate público.

       El respeto a la intimidad de las personas así como de su derecho a la auto-organización de la vida, incluso en el caso de los más pobres y desfavorecidos, me lleva igualmente a ver con reticencia medidas que implicaran un control de las personas respecto a su política de gastos. No se trata de negar la posibilidad de usar tarjetas de gasto para facilitar la gestión de las transferencias pero sí que la Administración controle ese gasto. Si es necesario un control de esta naturaleza, debería ser atribuido a la Justicia cuando hubiera motivos para ello, no a la Administración general. Es verdad que el gasto debería vincularse a productos o servicios relacionados con la subsistencia pero, vistas las cuantías de las prestaciones, es imposible que se aplique de forma significativa a otras partidas en condiciones normales.

       Un indicador claro de la corrección de las actuaciones a adoptar en este tipo de cuestiones es la medida en que se ajustan a los instrumentos de control que se pretende aplicar a los propios de los programas dirigidos a la población general. No es adecuado, por ejemplo, que lo que no se aplica a las PNC o a los subsidios de desempleo, sí se aplicara a las personas que se beneficiaran, en términos reales, de una Renta Básica o de las Rentas Mínimas.

3.   Otro aspecto a destacar es que los programas tipo rentas mínimas deberían poder llegar a toda la población necesitada. España está en condiciones de garantizar unos mínimos suficientes a todo el colectivo necesitado, sin necesidad de aplicar políticas de reparto basadas en límites temporales en el acceso a las prestaciones. Si los presupuestos disponibles resultan inicialmente limitados, es mejor empezar inicialmente con un nivel de cuantía más reducido, aunque suficiente, tratando de ajustar progresivamente al alza las cuantías hasta alcanzar el nivel considerado adecuado.

       El hecho de que las disponibilidades presupuestarias resulten probablemente limitadas durante los próximos años sí justifica en cambio que, frente a una aproximación individual, se apueste inicialmente por vías de cobertura de las necesidades que tengan en cuenta las formas reales de convivencia entre las personas. Es una vía de aprovechar las economías de escala en el tratamiento de las situaciones de necesidad.

Luis Sanzo

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Sobre la viabilidad política de la Renta Básica de Ciudadanía (V): La viabilidad de comportamiento

La viabilidad política de la Renta Basica de Ciudadanía (V): La viabilidad del comportamiento inducido

La viabilidad política de la Renta Basica de Ciudadanía (V): La viabilidad del comportamiento inducido

(Este es el 5º y último post de una serie sobre viabilidad política de la RBC. Si quieres leer la serie empezando por el primer post puedes hacer clic aquí).

¿Serán aceptables para los mayoría los comportamientos
inducidos por la Renta Básica de Ciudadanía?

Para asegurar la viabilidad de una política de garantía de rentas no sólo es necesario que la mayoría de los ciudadanos voten en algún momento a favor de esa política. Es necesario que los comportamientos inducidos por la introducción de la política sean también aceptables para la mayoría a lo largo del tiempo. Precisamente una de las mayores controversias sobre la Renta Básica es el riesgo de que su introducción pudiera inducir a algunas o muchas personas a abandonar el trabajo remunerado.

Si el número de personas que abandonan el trabajo llega a ser importante amenazarían de hecho la viabilidad económica del programa, pero la mayor parte de la experiencia empírica existente indica que es poco probable que el abandono del trabajo sea importante. No se ha implantado un modelo completo de Renta Básica Garantizada en ningún país del mundo, pero sí existen algunos experimentos y multitud de experiencias que nos indican lo que se puede esperar. 

En realidad la mayoría de la gente no sólo trabaja por el dinero y son muchos los que prefieren tener un empleo aunque no lo necesiten económicamente. Por ejemplo, es bien sabido que la mayor parte de los “ricos” que no necesitarían trabajar realizan sin embargo actividades remuneradas. También sabemos que es muy raro que alguien deje su empleo cuando le toca la lotería, aunque se trate de un premio importante. Algunos investigadores se han dedicado a observar durante años qué ocurre con los ganadores de los sorteos y loterías en los que se gana “un sueldo para toda la vida” y lo que se han encontrado es que casi nadie abandona el trabajo. Sí que se dan cambios de empleo, no es raro que padres y madres con niños pequeños reduzcan su jornada para dedicar más tiempo a estar con sus hijos y algunas personas dejan el empleo para asumir el riesgo de buscar otro mejor, montar un negocio o crear obras de arte. También sabemos que muchos jubilados participan de un modo u otro en actividades productivas y de utilidad social. Otra fuente de evidencia son países como los nórdicos, que disponen de sistemas de garantía de rentas más costosos de lo que representaría un sistema de renta básica y siguen siendo países prósperos que han sorteado la crisis económica sin demasiados problemas. Por todo ello creemos que la introducción de un programa de renta básica de ciudadanía no representaría un riesgo económico real. La inmensa mayoría de la gente sencillamente seguirá trabajando porque una RBC nunca será más que una cantidad modesta y la mayoría de la gente prefiere vivir mejor de lo que la RBC permite.

Sin embargo, el problema de la “viabilidad política de los comportamientos inducidos” es más sutil. El problema es que incluso una minoría exigua de personas que decidiesen “vivir de la RBC” y simplemente no hacer nada, vaguear de forma nihilista, el típico “joven que ni estudia ni trabaja”, podría ser políticamente inaceptable. No es una cuestión cuantitativa, sino cualitativa. Estas personas representan un modelo de vida que gran parte de la sociedad rechaza y podrían comprometer la sostenibilidad política del sistema. Los enemigos de garantizar las rentas son quizá una minoría, pero son poderosos y no tardarán en encontrar a unos cuantos jóvenes de aspecto irreverente para sacarlos en la TV haciendo burla de los trabajadores honestos que pagan impuestos para pagar su modo de vida indolente e insolidario. El efecto podría ser políticamente demoledor. Tampoco les sería difícil encontrar a residentes de origen extranjero que viven de la RBC para presentarlos como buscadores de rentas que han venido a nuestro país a vivir a nuestra costa.  

Dificultades para la viabilidad política debido a los comportamientos inducidos por la política de rentas

Es preciso reconocer que el hecho de que ningún país o comunidad política haya introducido un sistema completo de garantía de la RBC supone un serio problema para la viabilidad política porque genera una notable incertidumbre sobre los comportamientos que inducirá. Existe una notable incertidumbre sobre los efectos en los comportamientos individuales y sobre los efectos en los comportamientos de grupo que conforman la economía agregada.

Además, tanto los defensores como los detractores de la garantía de una RBC estamos de acuerdo en una cosa: una renta garantizada de cuantía suficiente para la supervivencia podría tener efectos importantes en muchos comportamientos humanos incluyendo la actitud hacia el trabajo, la motivación para estudiar, la inclinación al emprendimiento, el uso del tiempo dedicado por las personas a actividades de cuidado de otros o al voluntariado… Y el modo concreto en que se llevase a cabo la reforma podría influir de forma decisiva en el crecimiento o disminución de la economía sumergida, el cumplimiento y la recaudación fiscal, el grado de civismo de los ciudadanos, la participación política en los asuntos públicos, el comportamiento reproductivo o en la dimensión de las migraciones.

Esta incertidumbre sobre tantos aspectos importantes para la sociedad es un problema serio porque no se puede proponer a una comunidad política entera que se arriesgue a embarcarse en un experimento social de consecuencias incalculables sin saber cómo prevenir los posibles efectos indeseables y tener un buen plan de contingencia para hacer frente a cualquier imprevisto que pueda suceder.

Ideas para mejorar la viabilidad política de los comportamientos inducidos por las políticas de garantía de rentas

Ante todo necesitamos que la política de garantía de rentas no sea un modelo rígido sino una estrategia adaptativa para dotarla de la robustez necesaria. Basta con mirar un poco hacia el pasado reciente para ver que la economía sufre de ciclos de expansión y de recesión. Con toda seguridad volverá a haber en el futuro ciclos expansivos y recesivos ¿Cómo diseñar un sistema de garantía de rentas para que funcione de forma efectiva incluso en periodos de crisis económicas? 

Pero esa es solo una de las preguntas posibles. Una política de garantía de rentas debe tener una respuesta clara a esta pregunta, pero también a algunas otras como ¿Qué pasa si aumenta la inmigración? ¿Y si aumenta la natalidad? ¿Y si el empleo disminuye? ¿Y si disminuye el interés de los jóvenes por estudiar? ¿Y si no aumenta el crecimiento económico y disminuye la recaudación fiscal? ¿Y si aumenta el nivel de precios de los productos básicos? ¿Y si…? El problema es que no podemos realmente predecir qué sucederá porque los comportamientos humanos son esencialmente impredecibles y porque los efectos de la política de rentas no sólo dependerán de las acciones de esa política sino de muchos otros factores externos. En un libro que publiqué hace casi 10 años ya planteé estas cuestiones y propuse una metodología para responderlas. Para resumirlo en una frase podríamos sencillamente recordar que cuando tratamos de una propuesta política con un poder transformador tan grande, y con un elevado grado de incertidumbre es necesario experimentar primero y es mejor empezar por hacer “experimentos con gaseosa”.

Como en los anteriores post de esta serie ha llegado el momento de proponer algunas ideas concretas, realizables en un tiempo breve (quizá durante este mismo año 2015), con un coste reducido y con escaso riesgo político para el partido que se atreva a incluirlas en su programa:

1.    Establecer un sistema de información que recoja datos fiables sobre los comportamientos de los beneficiarios. Es sorprendente la facilidad con la que cualquier político o periodista tiene rápidamente una opinión sobre lo que ocurrirá cuando se dé a la gente una renta básica universal y el poco interés que parecen demostrar en estudiar qué sucedería en realidad. Ahora mismo ya existe un sistema de garantía de Rentas Mínimas en todas las CCAA, pero casi ninguna de ellas ha establecido un sistema de recogida de información sobre el comportamiento de los beneficiarios. O si recoge esa información no la publica. ¿Está resolviendo el problema de pobreza? ¿Les está ayudando a encontrar empleo o a la integración social? No lo sabemos. Crear un sistema de recogida de información depende sólo de la voluntad política y es un primer paso imprescindible. Se puede hacer de varias formas, rápidamente y con muy bajo coste. Hay cosas elementales que las CCAA podrían hacer inmediatamente para mejorar la política de garantía de rentas existente:

a.   Crear un registro público de solicitantes y beneficiarios para conseguir información de seguimiento. Ya he comentado este aspecto en el artículo sobre viabilidad administrativa. El sistema de gestión debe suministrar información útil para la gestión, pero también para la mejora del sistema y para poder documentar ante la ciudadanía cuáles son los comportamientos reales de solicitantes y beneficiarios. Los ciudadanos que pagamos impuestos tenemos derecho a saber en qué medida los recursos dedicados a luchar contra la pobreza están siendo bien empleados. El recuento y seguimiento de los solicitantes es también muy importante para ofrecer información sobre el estado de necesidad. Esto no lo hace todavía ninguna CCAA y es también algo sencillo de crear, rápido de implementar y muy poco costoso de mantener. Tendría un gran poder como elemento de legitimación política del programa.

b.   Dotar de transparencia y publicidad al registro. La publicidad sirve para regular el sistema y para favorecer acciones complementarias de otros programas de asistencia pública o de ayuda privada. Para actuar eficazmente sobre un problema es necesario conocerlo bien, conocer el conjunto de acciones que se están realizando y los efectos que están teniendo. En la actualidad hay muchas acciones públicas y privadas descoordinadas por lo que su eficacia está con toda seguridad por debajo de lo posible. No nos podemos permitir un desperdicio de recursos que son de importancia vital para quienes los necesitan. 

c.    Seguimiento en paralelo mediante datos de encuesta. Las encuestas tienen la ventaja de suministrar información sobre toda la población, no sólo sobre solicitantes y beneficiarios. Se puede optar por crear una encuesta propia como hizo el País Vasco, o sencillamente por estudiar en detalle los datos proporcionados por la Encuesta de Condiciones de Vida del INE.

d.   Encomendar la recopilación e interpretación de toda esta información a una Agencia Independiente del Gobierno. La independencia es importante para evitar la politización de este programa. Se trata de un programa demasiado importante para que se lo pueda apropiar una fuerza política. Preferiblemente a una agencia que rinda cuentas al Parlamento. Podría ser una agencia transversal de Evaluación de Políticas Públicas o una agencia creada específicamente para seguir y evaluar los efectos del programa de garantía de rentas. La información proporcionada por esta Agencia será clave para adaptar los presupuestos y normas al comportamiento del programa.

2.    Una forma de prevenir los efectos indeseables de una política de garantía de rentas sería establecer normativamente alguna forma de autoregulación adaptativa del presupuesto dedicado al programa, es decir, un servomecanismo que funcione como un “termostato”. Por ejemplo, una vez establecido un presupuesto para la garantía de rentas, se puede indexar el crecimiento del presupuesto a repartir a la evolución de la recaudación fiscal. Todas las CCAA tienen ya un presupuesto de Rentas Mínimas, quizá ridículo en algunos casos, pero lo tienen. La idea es comprometerse políticamente a que este presupuesto se mantenga al menos en relación con la capacidad recaudatoria de la CCAA. Naturalmente, si un partido político incluye entre sus objetivos la reducción de la pobreza y la desigualdad debería establecer también un compromiso de crecimiento del porcentaje de recursos dedicados a garantizar rentas. Algunos ejemplos:

a.    Establecer un “presupuesto diana a alcanzar” que se adapte a la cantidad de solicitudes previstas a partir de la información de años anteriores. Los presupuestos públicos se aprueban con antelación. Para realizar un proceso racional de presupuesto es necesario tener una previsión de los recursos que serían necesarios para alcanzar a toda la población necesitada (presupuesto deseado).

b.    Ajustar el proyecto de presupuesto del Gobierno a la capacidad presupuestaria de la comunidad política. Sabemos que partimos de una situación en la que los presupuestos que las CCAA dedican a la garantía de rentas están muy por debajo de lo necesario, pero no se puede exigir a un gobierno a repartir más recursos de los que dispone. De modo que el presupuesto aprobado será inicialmente inferior al deseado. Pero sí se puede establecer el compromiso de incrementar gradualmente este presupuesto con la ambición de alcanzar lo antes posible la dimensión del presupuesto deseado.

c.    Establecer normas sencillas de reparto de los recursos presupuestarios disponibles dando prioridad a los más pobres entre los pobres y a extender la ayuda al máximo número de personas. Estas normas deben incluir la máxima transparencia para prevenir cualquier tipo de desviación o fraude que comprometería la viabilidad política del programa. Deben establecer asimismo las obligaciones de información de los solicitantes para poder ser elegibles y de los beneficiarios para seguir recibiendo la ayuda.

d.   Prever un mecanismo de autorregulación para el momento en que el presupuesto disponible permita alcanzar la cantidad que se necesita. Inicialmente la diferencia entre lo deseable y lo posible será grande por lo que el presupuesto asignado inicialmente deberá aumentarse gradualmente. Pero ha de llegar un momento en que el presupuesto para la RBC se acerque al deseado. En este momento ya no debería crecer más sino buscar la estabilidad consolidándose como un mecanismo social de garantía de rentas robusto con capacidad para resistir los ciclos económicos. Un mecanismo que podría funcionar bien para cumplir este papel sería ajustar el presupuesto a repartir al promedio del presupuesto del programa en los 4 años anteriores. Al mismo tiempo, la cantidad máxima de renta individual a repartir no debería superar la cantidad resultante de dividir el “presupuesto deseado” por el total de beneficiarios. La combinación de estos dos mecanismos daría gran estabilidad al sistema de garantía de rentas evitando crecimientos excesivos en épocas de expansión y reducciones bruscas en épocas de recesión. Además, en épocas de crecimiento podría generar un excedente que debería guardarse como fondo de reserva para utilizar en los años malos.

  

3.    Adicionalmente es importante promover “experimentos con gaseosa”. Las ideas propuestas en el punto 2 tienen el problema de ser lentas y de partir del modelo actual de Rentas Mínimas que es un modelo bastante alejado de lo que podríamos considerar un modelo de garantía de rentas ideal. Para saber cómo se comportaría la gente al recibir una renta garantizada sin comprobación previa de medios económicos ni condicionada a un programa de inserción necesitamos poner en marcha iniciativas de tipo experimental de alcance reducido en tiempo y población. De este modo podemos obtener rápidamente el conocimiento que necesitamos para tomar decisiones políticas acertadas, con un bajo coste económico y político. Podemos imaginar muchos experimentos, pero para que sirva a los efectos de obtener respuestas para las principales controversias políticas experimentales conviene cuidar muy bien el diseño del experimento. Así, para conocer el impacto de la introducción de la RBC en la población el experimento debe incluir a personas que no la necesitan para poder observar los efectos en todo tipo de personas. Propongo un diseño experimental que podría funcionar bien para evaluar científicamente los efectos de un modelo de garantía de rentas semejante a la idea de la RBC: 

a.    La administración de la comunidad política crea una lotería en la que los premiados recibirán una renta de cuantía semejante a la deseada para la RBC. Cualquier persona puede participar en la lotería comprando números. Y quienes figuren en el registro de solicitantes de la RBC participarían en el sorteo en cualquier caso, sin necesidad de comprar números. Las cantidades recaudadas se dedicarían íntegramente a pagar los premios. La cantidad a repartir podría ser incrementada mediante una asignación presupuestaria inicial para asegurar que se alcanza un número suficiente de premiados independientemente de lo que se recaude por venta de números de la lotería. Se podría organizar un sorteo mensual hasta conseguir una muestra suficiente. 

b.    Se pueden establecer premios de distinta cuantía pero que necesariamente se cobrarán en forma de renta mensual. En la práctica significaría que habría premios que darían para pagar una renta durante 6 meses, o 12 meses o 24 meses, por ejemplo. Los ganadores deberían firmar un compromiso de información al aceptar el premio rellenando un cuestionario mensual sobre su comportamiento. De este modo los costes de recogida de la información del experimento serían muy bajos.

c.    Los compradores de números podrían recibir números adicionales a cambio de suministrar también información mediante un cuestionario semejante al de los solicitantes y beneficiarios. De este modo tendríamos dos grupos en seguimiento que proporcionan información comparable, un grupo experimental de premiados que son beneficiarios de una renta mensual y un grupo de de personas no premiadas que servirían de grupo de control para evaluar objetivamente las diferencias de comportamiento y de resultados entre ambos grupos. ¿Serán los resultados aceptables para la mayoría del electorado? Esta es la cuestión clave que ha de resolver el experimento. 

d.    Este experimento permitiría disponer de información empírica muy relevante en muy pocos meses. Esta información, elaborada por la agencia independiente de evaluación, permitiría resolver de forma objetiva muchas de las incertidumbres de comportamiento comentadas anteriormente. A partir de esta información la administración podría modelar la normativa de regulación de la política de garantía de rentas con mayor probabilidad de lograr un sistema eficaz, eficiente y exento de efectos indeseables.

Con este post damos por terminada la serie sobre viabilidad política de la RBC. ¿Serán capaces los partidos españoles de provechar alguna de las ideas propuestas para incorporarla en los programas políticos con los que se batirán en las próximas contiendas electorales? Desde aquí manifestamos la mejor disposición para colaborar con cualquier partido interesado en incorporar en sus programas una propuesta de garantía de rentas políticamente viable en España.

Rafael Pinilla

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