Comentarios de Rafael Pinilla sobre la ILP de Renta Garantizada de Ciudadanía de Cataluña
Como comentaba Alberto Gavín en otro post, Tanto Luis Sanzo como yo mismo comparecimos el pasado día 8 de abril ante la comisión del Parlamento de Cataluña que está tramitando la iniciativa legislativa popular (ILP) de Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC).
Luis Sanzo, al que reconozco sin duda como el mayor experto en España en garantía de rentas, elaboró un documento de análisis de la ILP detallado y de gran calidad al que se puede acceder desde este blog aquí. Comparto en gran parte sus puntos de vista allí expuestos por lo que en este artículo me limitaré a reflejar las ideas que expresé a los parlamentarios.
Antes que nada me gustaría comentar que soy bastante escéptico sobre las ILP en general. Sin embargo, en un tema como la garantía de rentas, que parece haber importado muy poco o nada a los principales partidos políticos que han regido los destinos de España desde que se promulgó la actual Constitución, puede ser la única vía de obligar a un Parlamento a desarrollar lo que en Cataluña es además un mandato estatutario. El articulo 24.3 del Estatuto de Autonomía de Cataluña establece el derecho de las personas y familias en situación de pobreza a recibir como un derecho una renta garantizada en las condiciones que legalmente se establezcan. La ILP trata de establecer estas condiciones para lograr que este derecho reconocido por la mayoría de las fuerzas políticas se convierta en un derecho efectivo. Y esto me parece muy positivo y el gran valor de la ILP, que obliga al parlamento a legislar sobre algo que "todos los partidos políticos reconocen que es necesario", pero luego por un motivo u otro nunca se llega a hacer. Parece que en el calendario de los parlamentos y los Gobiernos siempre hay cosas más importantes que hacer que atender las necesidades de los más pobres.
Dicho esto, mi lectura de la ILP de Cataluña es esencialmente positiva. Incluye 2 aspectos muy positivos en el camino hacia un sistema de garantía de rentas eficaz:
1. Reconocer la RGC como un derecho individual (si bien de cuantía condicionada a la unidad de convivencia)
2. No condicionar la RGC a un compromiso de trabajo o de inserción (si bien se reconoce también la importancia del derecho a la inserción y al trabajo).
En mi comparecencia evité ser crítico con la iniciativa y procuré aportar ideas para la mejora de la eficacia económica del sistema. En concreto, teniendo en cuenta que los recursos presupuestarios para luchar contra la pobreza siempre son escasos la sugerí estas mejoras:
1. La ILP reconoce cuantías condicionadas al tamaño de la unidad de convivencia tomando un factor de economía de escala del 70% para la segunda y siguientes personas convivientes. Es decir, que por cada persona adicional en el hogar la RGC a repartir entre los convivientes se incrementa un 70%. De acuerdo con lo que sabemos por encuestas de hogares, por la práctica internacional en la estimación de umbrales de pobreza y por el sentido común las escalas a aplicar deberían ser más planas. Es decir, la renta a garantizar por persona adicional podría ser menor, del 40% o menos, y ser decreciente con el número de personas. Una previsión de este tipo permitiría llegar a más personas con un presupuesto limitado.
2. La RGC se define como complementaria a otros ingresos, de modo que si las personas consiguen ingresos por el trabajo o de cualquier otra fuente se reduce el nivel de garantía. El problema de este sistema es que desincentiva totalmente la búsqueda de empleo o la realización de actividad económica productiva alguna. Para que el sistema sea sostenible es necesario asegurar que "el trabajo remunerado siempre valga la pena". Esto se puede hacer dejando fuera del cómputo de rentas del hogar o unidad de convivencia una parte de los ingresos por el trabajo. El modelo del País Vasco es un referente útil en este sentido.
3. La RGC supondrá un compromiso presupuestario elevado, muy superior a los recursos que actualmente se dedican. Para ser operativos y asegurar que la RGC se implanta realmente sería conveniente establecer un plan de transición con incrementos sucesivos de presupuesto. Para ello convendría también que el Parlamento establezca con claridad las prioridades.
Las preguntas que me formularon los parlamentarios fueron en la línea de que aclarase la relación de la RGC con el trabajo remunerado y sobre qué prioridades establecer para una transición a la RGC.
En cuanto a la relación con el trabajo, en este blog hemos defendido la importancia de que una estrategia de garantía de rentas tenga dos niveles de garantía bien definidos, uno para quienes no tienen ingresos y otro para los que participan en la actividad productiva. Las dos garantías con esenciales. No podemos dejar sin garantía a quienes no trabajan porque no les podemos culpar a priori de no trabajar. Condicionar la garantía de renta a la obligación de trabajar sólo sería admisible éticamente si estuviésemos en condiciones de suministrar un empleo a todos aquellos que necesitan una renta y esto no es posible ni deseable. Por otra parte es imprescindible que quieres logran participar en una actividad productiva obtengan un "beneficio" por ello, en comparación con aquellos que no lo han logrado. Si no fuese así el trabajo remunerado no estaría proporcionando en realidad ninguna remuneración. Seguramente el mejor modo de lograr un incentivo adecuado para el trabajo compatible con una política de garantía de rentas es implantar un tramo de impuesto negativo sobre la renta que sirva para complementar los salarios bajos. Este modelo, que es estándar en EEUU, Gran Bretaña y otros países europeos, es en esencia lo que ha propuesto el programa económico de Ciudadanos y ya hemos comentado en este blog. Como dijimos entonces, es una buena idea siempre que se acompañe de un sistema complementario de garantía de renta mínima no condicionada al trabajo y de cuantía algo inferior.
Casi todos los grupos parlamentarios mostraron interés en la idea de establecer un periodo transitorio con un plan de implantación de la RGC y la necesidad de establecer prioridades. Quisieron conocer qué prioridades propongo. La verdad es que el tema de las prioridades es esencialmente un tema político y no tiene una respuesta técnica. Una primera opción sería abogar por un crecimiento gradual del nivel de garantía partiendo de niveles de garantía más bajos (como los que actualmente tiene el PIRMI, como se llama la actual renta mínima de inserción de Cataluña) para extenderlos primero a toda la población (el PIRMI no llega ni al 10% de los potenciales beneficiarios). Otra posibilidad sería definir colectivos prioritarios. En la comparecencia expresé que en caso de elegir colectivos yo optaría por elegir como prioritarios a los hogares que tienen niños pequeños.
Rafael Pinilla
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