¿Que sistema de ingresos necesita el Estado para sostener la política de garantía de ingresos y todas las demás? Líneas maestras para una reforma fiscal con visión de futuro en la España en 2015
Introducción
Saber lo que queremos no garantiza que lo podamos hacer. Saber lo que se quiere es ciertamente importante, tanto a nivel personal como a nivel de la comunidad política de la que formamos parte, pero tanto o más importante es saber donde nos encontramos y tener la habilidad de trazar un camino transitable que nos conduzca al destino deseado.
Sin duda somos muchos, quizá mayoría, los españoles que queremos un país más próspero y libre donde todas las personas tengan garantizada una renta básica que puedan incrementar mediante su esfuerzo personal, es decir, encontrando sin dificultades insuperables un empleo remunerado o financiación para emprender un negocio como empresario autónomo. Pero España está lejos de ser ese país. Tenemos un altísimo nivel de desempleo y un sistema de bienestar que todavía no merece tal nombre, sensiblemente por debajo del promedio europeo. Para llegar a ser el país que queremos ser hay que hacer cambios importantes que permitan aumentar el nivel de empleo y de ingresos del Estado de modo que se pueda financiar de forma sostenible un sistema de garantías sociales de nivel verdaderamente europeo.
En la actualidad nuestro sistema fiscal recauda poco
(comparado con el estándar europeo) y
recauda mal (la carga de la imposición es injusta). La falta de recaudación
se debe en gran parte a que la evasión y el fraude fiscal son mucho más
elevados en España. Este elevado nivel de evasión se debe en parte a falta de
inspección efectiva, pero sobre todo a que la
mayoría de los ciudadanos percibimos el sistema tributario español como injusto
(pagamos esencialmente los trabajadores de ingresos medios) y excesivo (comparado con otros países
europeos lo que recibimos en forma de servicios públicos nos parece poco y de
calidad mediocre). Presento a continuación una gráfica elaborada por la
OCDE en la que muestra el porcentaje de transferencias comparado con el
promedio que recibe el 30% más rico de la población (Top 30% barras en color
gris) y el 30% más pobre (Bottom 30% en color azul) en cada país de la OCDE. O
sea, los autores de la gráfica han sumado para cada país el total de transferencias
sociales en metálico que reciben del Estado los ciudadano y han calculado el
promedio por persona. Después han hecho lo mismo con las transferencias que
recibe el 30% más rico y más pobre de la población. Si la barra gris es más
alta que la azul significa que los más ricos reciben del estado más
transferencias que los más pobres, de modo que independientemente de cómo se
obtengan los ingresos el gasto de ese Estado es “regresivo” porque no sólo no
disminuye la desigualdad sino que la aumenta.
A la luz de estos datos vemos que la
percepción de la ciudadanía sobre la injusticia del sistema fiscal y de gasto
social español es correcta. Si miramos la gráfica con atención vemos que
España es uno de los pocos países de Europa donde el 30% más rico de la
población recibe más transferencias del Estado que el 30% más pobre. En el
mismo grupo que España se encuentran los otros países mediterráneos, México y
Turquía.En cambio, si miramos el otro extremo de la distribución encontramos a Australia
y Nueva Zelanda, a países nórdicos (como Dinamarca y Suecia), Canadá, Holanda,
Suiza, UK. Cambiar esta distribución
injusta requiere realizar una reforma fiscal y del gasto social de gran calado
que cambie radicalmente el panorama. Y para ello es clave contemplar de forma conjunta tanto los principales recursos de
ingresos como los principales factores de gasto. Porque la capacidad de
redistribución y justicia social del sistema depende de ambos. Analizarlos de
forma aislada nos puede llevar a conclusiones equívocas.
No se trata de teorizar ni de inventar nada. Sólo hay que mirar hacia aquellos
países que han sabido crear y mantener un sistema fiscal y de bienestar robusto
en Europa, así como otros países de la OCDE, los que están al otro extremo en la
gráfica de distribución. No es una casualidad que los países del extremo
redistributivo hayan capeado mejor la crisis económica. Me refiero a países
como Dinamarca y el resto de países nórdicos. Pero los países nórdicos tal como
son hoy día, no como eran hace 30 años. Durante las últimas décadas los países
nórdicos han realizado reformas importantes para conservar y mejorar su sistema
de bienestar al mismo tiempo que se adaptaban a un entorno de economía global
más liberalizado y competitivo. ¿Qué han hecho? Quizá para sorpresa de algunos
defensores del modelo socialdemócrata clásico han reducido la
imposición sobre el trabajo, han generalizado los sistemas de imposición
dual (las rentas del capital pagan menos que las del trabajo para
evitar la fuga de capitales) y tienen los tipos de IVA y de imposición
indirecta más elevados de Europa. Y sin embargo, siguen siendo los estados
con mayor capacidad de redistribución efectiva de toda Europa y del mundo.
Estos datos demuestran que tener un IVA elevado no significa que
el sistema en su conjunto vaya a ser menos redistributivo, dependerá de cómo se
distribuya el gasto. Lo que garantiza la
redistribución y la justicia social es tener un sistema de protección social y garantía
de ingresos efectivo que cubre a toda la población (con vocación universal).
Los países nórdicos tienen un sistema sólido de servicios sociales y garantía
de rentas de carácter universal que asegura una buena protección a los que más
lo necesitan. No es la falta de progresividad en la imposición sobre la renta o
el capital sino la carencia de un sistema
de garantía de rentas en España, y los otros países mediterráneos, lo que nos
coloca en el otro extremo de la gráfica.
Por tanto, si queremos mejorar la justicia distributiva necesitamos en primer lugar crear un sistema eficaz de garantía de rentas a nivel estatal. Pero para lograr esto necesitamos una financiación suficiente y sostenible. Por ello necesitamos realizar mismo tiempo una reforma sustancial del sistema fiscal que lo convierta en un sistema más sencillo, transparente, justo, con verdadera potencia recaudatoria. Si nos fijamos en los países nórdicos la tendencia debería ser: no elevar sino mantener o incluso reducir la carga de los impuestos y cotizaciones sociales sobre el trabajo, igualar los impuestos que pagan los autónomos a los que pagan las rentas del trabajo dependiente, garantizar la proporcionalidad de las cotizaciones a la seguridad (actualmente regresiva sobre todo en el caso de los autónomos) y aumentar la eficacia de la recaudación de los impuestos sobre el consumo (fundamentalmente el IVA). La reforma debe lograr recaudar más, pero no subiendo los tipos impositivos, sino eliminando deducciones, excepciones y otras formas de evasión fiscal.
Por tanto, si queremos mejorar la justicia distributiva necesitamos en primer lugar crear un sistema eficaz de garantía de rentas a nivel estatal. Pero para lograr esto necesitamos una financiación suficiente y sostenible. Por ello necesitamos realizar mismo tiempo una reforma sustancial del sistema fiscal que lo convierta en un sistema más sencillo, transparente, justo, con verdadera potencia recaudatoria. Si nos fijamos en los países nórdicos la tendencia debería ser: no elevar sino mantener o incluso reducir la carga de los impuestos y cotizaciones sociales sobre el trabajo, igualar los impuestos que pagan los autónomos a los que pagan las rentas del trabajo dependiente, garantizar la proporcionalidad de las cotizaciones a la seguridad (actualmente regresiva sobre todo en el caso de los autónomos) y aumentar la eficacia de la recaudación de los impuestos sobre el consumo (fundamentalmente el IVA). La reforma debe lograr recaudar más, pero no subiendo los tipos impositivos, sino eliminando deducciones, excepciones y otras formas de evasión fiscal.
Lo relevante para mejorar la justicia del sistema fiscal en
España no es subir o bajar este u otro impuesto. Lo esencial es que todo el mundo debe pagar lo que le corresponda. Lo que nos diferencia de los países nórdicos
ante todo es que ellos tienen un elevado nivel de transparencia y de ética en
la gestión pública. La escasa ética que demuestran los políticos
responsables de la gestión pública en España no es algo que llevemos en los
genes, es solo una cultura, que como toda cultura se puede cambiar, aunque
requiera una buena dosis de motivación y un esfuerzo sostenido.
Creo que los ciudadanos españoles tenemos suficientemente claros los motivos por los que necesitamos reformar el sistema: resolver los que consideramos principales problemas: el desempleo, la pobreza y la corrupción. También somos conscientes de que el cambio no es tan sencillo como cambiar a unos gobernantes por otros, ni hacer nuevas leyes. El mundo está cambiando hacia un modelo económico donde el valor reside en el conocimiento. Necesitamos un esfuerzo sostenido para reformar el sistema fiscal y de seguridad social de forma consistente con el cambio del sistema productivo hacia una economía menos basada en el ladrillo y más en el conocimiento. Intentaré ser concreto para sintetizar todo esto en un solo artículo.
Creo que los ciudadanos españoles tenemos suficientemente claros los motivos por los que necesitamos reformar el sistema: resolver los que consideramos principales problemas: el desempleo, la pobreza y la corrupción. También somos conscientes de que el cambio no es tan sencillo como cambiar a unos gobernantes por otros, ni hacer nuevas leyes. El mundo está cambiando hacia un modelo económico donde el valor reside en el conocimiento. Necesitamos un esfuerzo sostenido para reformar el sistema fiscal y de seguridad social de forma consistente con el cambio del sistema productivo hacia una economía menos basada en el ladrillo y más en el conocimiento. Intentaré ser concreto para sintetizar todo esto en un solo artículo.
Objetivo de este artículo
El objetivo de este artículo es proponer que en el debate sobre la reforma fiscal se tengan en cuenta de forma conjunta los principales instrumentos de recaudación del Estado y que la “justicia social” del mismo se valore teniendo en cuenta tanto lo que pagamos al Estado como lo que recibimos de él. Es decir, teniendo en cuenta conjuntamente al menos las principales fuentes de ingresos (Cotizaciones sociales, IRPF e IVA). Y teniendo presente que lo relevante para la justicia distributiva es valorar el efecto redistributivo neto (distribución del resultado de ingresos - gastos).
Método de razonamiento
1. Datos más relevantes para comparar el sistema español con Europa:
- Nivel de presión fiscal total sobre el PIB.
- Proporción de ingresos que recaudan los principales instrumentos de recaudación, esencialmente: cotizaciones de la Seguridad Social, Impuestos sobre la renta (IRPF), IVA, Impuesto de sociedades, y otros.
- Conclusiones que se pueden extraer de la comparativa.
2. Líneas para una reforma fiscal en España: cambios posibles y su impacto cuantitativo potencial.
3. Consideraciones sobre el modelo productivo y la competitividad internacional.
4. Consideraciones sobre el impacto distributivo neto.
2. Líneas para una reforma fiscal en España: cambios posibles y su impacto cuantitativo potencial.
3. Consideraciones sobre el modelo productivo y la competitividad internacional.
4. Consideraciones sobre el impacto distributivo neto.
El sistema de recaudación español en perspectiva europea
Las gráficas que reproduzco en este apartado han sido extraídas del análisis realizado en el documento: “ESTRUCTURA IMPOSITIVA Y CAPACIDAD RECAUDATORIA ENESPAÑA: UN ANÁLISIS COMPARADO CON LA UE” cuyos autores son Pablo Hernández de Cos y David López Rodríguez, publicado por el Banco de España en 2014. El documento completo con todos los datos actualizados y gráficas se puede descargar libremente en Internet haciendo clic en este enlace:
En primer lugar hay
que destacar que la presión fiscal
global en España es inferior al del conjunto de la Unión Europea. En Europa
se encuentra en el entorno del 40% del PIB. En España es 7 puntos inferior, sin llegar al 33%. Los países
nórdicos se encuentran por encima del promedio con más del 40% del PIB de
recaudación. En todos los países de la UE la mayor parte de la recaudación procede de tres clases de recursos: 
cotizaciones sociales (en la gráfica en color rosa), impuestos indirectos
sobre bienes y servicios (de los cuales el más importante es el IVA, en la
gráfica en color verde) e impuestos directos (de los cuales el más importante
es el impuesto sobre la renta personal o IRPF que aparece en color azul y el
segundo la imposición sobre los beneficios de las empresas que aparecen en la
gráfica en color amarillo). Si comparamos España con el conjunto de la UE vemos
que en España las Cotizaciones a la Seguridad Social suponen una parte
proporcionalmente mayor siendo menores las proporciones de impuestos sobre la
renta personal, IVA y sociedades. En cambio se paga más por impuestos sobre la
propiedad. Llama la atención que desde 2008 disminuye sensiblemente el ingreso
por impuestos sobre el beneficio de las empresas.
Dado que España recauda en general menos impuestos, cuando se compara con Europa la recaudación en relación al PIB es inferior en casi todos los conceptos. Destaca en particular la menor recaudación por IVA y por IRPF. En la gráfica a continuación se puede observar cómo España recauda en general menos por todos los conceptos, pero donde recaudamos realmente muy poco comparativamente es sobre el consumo, siendo la recaudación sobre el capital homologable a la de otros países o superior y quedando la imposición sobre la renta de las personas por debajo del promedio.
Dado que España recauda en general menos impuestos, cuando se compara con Europa la recaudación en relación al PIB es inferior en casi todos los conceptos. Destaca en particular la menor recaudación por IVA y por IRPF. En la gráfica a continuación se puede observar cómo España recauda en general menos por todos los conceptos, pero donde recaudamos realmente muy poco comparativamente es sobre el consumo, siendo la recaudación sobre el capital homologable a la de otros países o superior y quedando la imposición sobre la renta de las personas por debajo del promedio.
Un caso
particularmente interesante es el de las cotizaciones a la Seguridad Social. En
la gráfica a continuación se puede ver que España está por encima de la media
de la UE en tipos, y todavía más si se compara con el promedio de la OCDE.
Llama la atención que Dinamarca sea el país con menor carga de cotizaciones
sociales. La carga de las cotizaciones se divide usualmente entre cuota
empresarial y del trabajador, pero en la práctica la suma de ambas es un coste
salarial por lo que cuotas de cotización
social elevadas implican en la práctica un impuesto al empleo, tanto si son
cuota empresarial como si se califican como cuota del trabajador.
En la gráfica
siguiente vemos que los tipos máximos de la imposición sobre la renta no son
muy diferentes en Europa, siendo los españoles relativamente elevados. Esta
gráfica no recoge la última reforma fiscal del IRPF que ha reducido el tipo
máximo, pero incluso con la reducción
aplicada el tipo máximo español sigue quedando por encima del promedio europeo.
Más relevante que el
tipo máximo es el “tipo marginal medio”
que es el tipo que pagan en promedio los ciudadanos por el último euro ganado. En este caso España se sitúa por debajo del
promedio, incluso antes de la última rebaja fiscal que lo ha reducido.
La gráfica siguiente es
muy significativa ya que se aprecia que España
es el país de toda la UE en que menos proporción del PIB se recauda por IVA y
otros impuestos al consumo (gasolinas, tabaco, alcohol, etc.). La
diferencia es realmente importante, de poco más del 7% del PIB en España a casi
el 14% en Dinamarca y más del 14% en Bélgica.
Otro impuesto en el que España parece recaudar poco es el
impuesto a los beneficios de las Sociedades, aunque en este
caso las diferencias entre los grandes países de Europa son pequeñas.
En resumen podemos
concluir que:
-
España tiene una presión fiscal reducida comparada con el promedio de la UE, de un
33% comparado con un promedio del 40%. Unos 7 puntos menos.
-
La
escasa recaudación se debe en gran parte a una recaudación muy inferior en
impuestos sobre el consumo, en particular el IVA.
España también recauda menos por impuestos especiales (combustibles, alcohol,
tabaco) y por impuestos medioambientales.
-
La
carga impositiva sobre el trabajo España está cerca de los promedios europeos.
Aunque con menor imposición sobre la renta y mayor carga en forma de
cotizaciones sociales que el promedio. Además las cotizaciones figuran como
“cuota empresarial”, lo que da la falsa impresión de que no son los
trabajadores los que la pagan cuando en realidad sí se trata de un coste salarial.
-
La recaudación del impuesto sobre el beneficio
de las empresas ha disminuido sensiblemente desde 2008, aunque esto puede
deberse en parte a que la crisis ha reducido los beneficios y por tanto también la
recaudación.
-
La imposición sobre el capital es en España relativamente
elevada comparada con otros países europeos, incluso comparado con los países
nórdicos. Dado que el capital es un recurso que puede huir fácilmente del país
no parece que se pueda recaudar mucho más por este concepto.
A la luz de estos datos
es necesario hacer una reflexión sobre la dimensión de la “economía sumergida”
y el fraude fiscal en España. La dimensión del problema se aprecia con claridad
en el caso del IVA. La escasa recaudación por IVA contrasta con el hecho de que
los tipos e IVA en España se encuentran aproximadamente en el promedio europeo
¿Cómo explicar entonces una recaudación tan baja? El motivo esencial por el que España recauda menos impuestos es el
enorme fraude fiscal existente debido a la economía sumergida. Algo parecido
ocurre con la recaudación de impuestos sobre la renta que también tenemos tipos
homologables a los europeos pero recaudamos bastante menos. La dimensión de la
economía sumergida en España varía de unos estudios a otros, pero hay consenso
en que podría estar entre el 22.5 y el 28% del PIB. Pongamos que sea del 25%
del PIB. Esto significa que lo que se deja de recaudar por impuestos podría
estar en torno al 8-9% del PIB, es decir, unos de 90.000 millones de euros
anuales. En esto España se diferencia también de Europa donde el promedio de la
economía sumergida suele quedar por debajo del 10% del PIB. Erradicar la
economía sumergida es prácticamente imposible, pero si consiguiésemos reducirla
al estándar europeo el Estado estaría recaudando unos 60.000 millones de € más
al año.
Líneas para una reforma fiscal para España
En este artículo contemplamos sólo las líneas gruesas de la reforma fiscal, esto es, las que se refieren a los tres grandes instrumentos de recaudación: Cotizaciones a la SS, IRPF e IVA. Estas tres figuras recaudan el 70% de los ingresos del Estado. Como se verá la idea fuerza de las medidas propuestas es: no se trata de aumentar los impuestos sino de hacer que todo el mundo pague lo que le toca:
1. Cotizaciones a la SS. Las cotizaciones, tanto la cuota empresarial como la del trabajador, son en la práctica un impuesto al trabajo y la tendencia a largo plazo debería ser intentar bajarlas para que España pueda competir mejor en el entorno europeo e internacional. Las cotizaciones no suelen tener carácter progresivo sino proporcional. En la práctica suelen tener un carácter regresivo al tener topes mínimos u máximos en las bases de cotización. El mayor problema actualmente se encuentra en la falta de proporcionalidad de las cotizaciones del régimen de autónomos. Los autónomos tienen un mínimo que en muchos casos resulta elevado y un incentivo muy fuerte a iniciar la actividad en la economía sumergida. Al mismo tiempo la decisión de qué pagar el libre por lo que muchos autónomos de ingresos elevados se limitan a pagar el mínimo. En conjunto la cotización de autónomos es deficitaria y totalmente regresiva. Cambios que se necesitan:
1.1. Eliminar el mínimo de autónomos y ajustar la cotización de autónomos a una cuota proporcional al ingreso real. Esta medida debería ayudar a luchar contra el fraude y la economía sumergida, así como facilitar el afloramiento temprano de la actividad económica privada de los autónomos.
1.2. Eliminar la libertad de cotización de los autónomos obligando a pagar una proporción razonable de los ingresos reales.
1.3. Elevar los topes máximos de cotización del régimen general y de autónomos para permitir cuotas de cotización más elevadas en personas de ingresos levados.
1.4. Dado que se elimina el tope superior convendría crear un sistema público de capitalización de las cotizaciones, al menos para las cotizaciones más elevadas, de modo que una parte de las cuotas pagadas por los trabajadores o autónomos a lo largo de toda la vida laboral se acumulen a modo de capital personal de pensión. Este fondo puede invertirse en deuda del Estado y generará rendimientos económicos positivos por lo que el capital acumulado se revalorizará en el tiempo como sucede con los fondos de pensiones privados:
2. IRPF. Modificar los tipos impositivos no es un debate relevante. Lo importante es recaudar mejor y para ello lo relevante en el caso del IRPF es simplificar el impuesto y hacerlo más transparente. Este impuesto es la estructura ideal para gestionar la progresividad del sistema tributario en su conjunto al proporcionar información sobre los ingresos personales de las personas. Por tanto tiene valor como herramienta de información tanto como por su capacidad recaudatoria. Cambios que se necesitan:
2.1. Inicialmente se pueden mantener los tipos impositivos aprobados en la última reforma. Lo relevante es eliminar deducciones y extender las bases de declaración para incluir a toda la población en edad de trabajar y sus beneficiarios. O sea, incluir básicamente a toda la población española.
2.2. Simplificar el impuesto eliminando todas o la mayor parte de las deducciones de carácter específico. El IRPF no es un instrumento para hacer política social o familiar, salvo en el caso de la política de rentas. Mantener sólo las deducciones de tipo general: 1. Deducción personal de mínimo vital y familiar por personas dependientes del contribuyente, 2. Bonificación general a las rentas del trabajo personal (igualando el tratamiento del trabajo dependiente y del trabajo autónomo).
2.3. Tanto la deducción personal y familiar como la bonificación general al trabajo aplicarlas como deducción en la cuota, no como mínimo exento. El sistema actual de mínimos exentos implica un beneficio fiscal mayor para las rentas más altas, lo que es injusto. Esto es importante porque el IRPF actual tiene tipos más altos para las rentas más altas. Entonces el mínimo exento implica un descuento mayor para las rentas más altas. En cambio si la deducción se aplica en la cuota es igual para todos. Si la filosofía del mínimo vital es garantizar a todos un mínimo de renta, la cantidad debería ser igual para todos, no mayor para los que más tienen.
2.4. Todos los ciudadanos deben tener derecho a realizar la declaración del IRPF y a cobrar las cuotas que resulten negativas. Este procedimiento garantizaría a todos los ciudadanos un ingreso modesto. Además, al existir una bonificación al empleo en la cuota garantizaría también que todas las personas que trabajan (asalariados o autónomos) tengan un ingreso garantizado superior al de los que no trabajan. Esta bonificación al empleo se podría aplicar de forma mensual (en asalariados) por el mismo procedimiento de cálculo de retenciones mensuales del impuesto en los salarios o trimestrales en los autónomos. En el caso de resultar cuotas negativas darían lugar a un ingreso a pagar por la Agencia tributaria. La extensión de la declaración a todos los ciudadanos incrementaría la información de la Agencia Tributaria facilitando enormemente la lucha contra el fraude.
2.5. Incorporar un procedimiento de deducción en la renta de pagos con factura (con IVA) o salarios pagados a otras personas por trabajos realizados a nivel particular. Cualquier trabajo pagado que implique una factura con IVA o un salario con pago de SS debería dar derecho a una deducción --al menos una deducción parcial por el importe de IVA o SS que incluye el pago— en el IRPF de la persona que realiza el pago. Esta medida eliminaría el incentivo del pagador a “pagar sin IVA” o a “contratar sin SS”. De hecho crearía un incentivo a favor de que los ciudadanos afloren voluntariamente ingresos ocultos (el pagador al poder deducirse parte del pago declara los pagos realizados identificando al receptor y la cantidad recibida). Esta medida combinado con un incremento de la presión inspectora podría conducir a una reducción sustancial y rápida de la economía sumergida.
3. IVA. No tiene ningún sentido bajar los actuales tipos de IVA. En realidad todavía no llegan al promedio europeo. El promedio europeo está en el 22%, en Dinamarca y Suecia el IVA es del 25%. La potencia recaudatoria del IVA es necesaria para poder implementar la reforma descrita en el IRPF y hacer aflorar las rentas actualmente ocultas. La extensión del Impuesto Negativo a todas las familias y trabajadores puede explicarse como una forma de “devolución del IVA”. Pero sí es esencial reducir la evasión y el fraude en este impuesto que parece particularmente extendido en España. Cambios que se necesitan:
3.1. Mantener los actuales tipos de IVA. No sucumbir a la presión para rebajarlos. Es necesario mantener esta herramienta de recaudación y hay que recordar que estamos a la cola de Europa en este impuesto. Si queremos un sistema social de corte europeo necesitamos recaudar con los impuestos europeos.
3.2. Eliminar progresivamente el sistema de módulos para sustituirlo por el pago efectivo según facturación. Por una parte, la facturación con datos identificativos del receptor del pago es necesaria para que los ciudadanos puedan “deducir” los gastos que corresponda. Por otra parte, hoy día no supone ningún problema especial emitir facturas electrónicas por todas las transacciones. El actual sistema de módulos de IVA con estimación “objetiva” es una aproximación torpe a la realidad que perjudica a algunos negocios y beneficia a otros de forma arbitraria. Tuvo sentido en su momento, pero cada vez tiene menos justificación. La mera existencia del sistema de módulos favorece el fraude mediante la emisión de facturas falsas por parte de los negocios en régimen de módulos que otras empresas pueden compensar. Es preciso acabar con esta práctica.
3.3. Establecer una pauta inteligente de casos en que sea posible la “deducción” del IVA documentado por factura en las declaraciones personales del IRPF. De este modo se incentiva al comprador a informar a la Agencia Tributaria. De este modo los receptores de los pagos se ven inducidos a declarar también ya que son muy conscientes de que aumenta la probabilidad de que el evasor de impuestos sea detectado por la Agencia.
Modelo productivo y competitividad internacional
Las épocas de mayor crecimiento de la economía española desde 1960 se han asociado a burbujas inmobiliarias. La preponderancia del sector turístico facilita que el sector de construcción haya protagonizado tanto las etapas de crecimiento económico como las crisis. Desgraciadamente el sector público no ha actuado como contrapeso de racionalidad sino como acelerador del desastre alimentando el crecimiento de las burbujas con desgravaciones fiscales a la vivienda y proporcionando incentivos a la especulación inmobiliaria.
La debilidad de la economía
española para hacer frente a la crisis económica tiene mucho que ver con una
estructura productiva con un peso excesivo del sector de la construcción que
emplea mano de obra poco cualificada, mientras que los sectores industrial y
tecnológico que hacen uso intensivo de conocimiento son relativamente débiles. Hoy día parece haber consenso en la
necesidad de cambiar de modelo productivo y potencial los sectores de la
economía del conocimiento. Pero ¿Cómo se hace eso en un país con desempleo
superior al 20%? La economía más productiva y eficiente se caracteriza
precisamente por emplear pocas personas de elevada cualificación.
En un contexto europeo
y mundial en el que cada vez existe mayor competitividad internacional es
esencial que al realizar una reforma fiscal tengamos en cuenta la necesidad de retener y atraer a los
factores clave de una economía del conocimiento: el capital financiero y el
capital humano. En España contamos con el gran aliado del clima y la
calidad de vida. A las personas que pueden elegir dónde vivir porque disponen
de capital o de conocimiento suficiente “les gusta España”. Está en nuestras
posibilidades convertirnos en “la California de Europa”, podemos aspirar a ser el destino ideal para las personas con talento.
Las personas con talento no desean vivir en un paraíso fiscal, pero sí desean
transparencia, tolerancia, libertad, un sistema judicial no arbitrario,
facilidades para el emprendimiento, ausencia de trabas administrativas y
controles superfluos, facilidades para contratación y creación de riqueza… No
nos falta tanto para ello, pero es necesario establecer con claridad este deseo
y realizar una política consistente con ello.
Un discurso de
hostilidad contra los ricos o el capital no ayuda. Se puede llevar a cabo una
política eficaz de garantía de rentas y erradicación de la pobreza sin amenazar
a los ricos ni a los capitalistas. Si lo que queremos es recaudar más
conveniente que los ricos que pagan sus impuestos sepan que no deben temer un
aumento de los impuestos. De la comparación de la estructura impositiva que
tenemos en España en la Europea parece evidente que el mejor modo de financiar aquí el gasto social sería mediante el
incremento de recaudación del IVA y el IRPF para lo que no es necesario elevar
los tipos impositivos sino que ¡bastaría con reducir el fraude fiscal!
Además, pensando en
favorecer una economía del conocimiento, si fuese necesario subir algún
impuesto habría que pensar en el IVA antes que en el IRPF o las cotizaciones
sociales. Y si hubiese margen para reducir alguna carga, no bajar el IRPF sino reducir
las cotizaciones sociales que gravan esencialmente el trabajo. Es decir, la tendencia de futuro que favorece la
economía del conocimiento es la que tiende a reducir la carga tributaria del
trabajo a elevar la carga tributaria del consumo.
¿Por qué defendemos
que es preferible tender a subir el IVA y a bajar los impuestos sobre el
trabajo? Porque los impuestos del
trabajo recaen sólo sobre los bienes y servicios que se producen en España
(tanto si se venden aquí como si los queremos exportar) mientras que el IVA recae igualmente sobre los bienes y servicios que se
consumen en España tanto si los producimos nosotros como si los importamos,
pero no sobre los que exportamos. O
sea, en el comercio internacional los impuestos que recaen sobre nuestro
trabajo perjudican a nuestra producción tanto en el mercado interno como en el
exterior, mientras que el IVA es neutral en el interior y deja sin carga las
exportaciones. Se trata de un argumento de mucho peso si queremos garantizar la
sostenibilidad del sistema de protección social. Por este motivo los países nórdicos tienen el IVA más elevado de Europa
y pueden permitirse ser competitivos con salarios más altos.
Hemos indicado desde el inicio que para evaluar la capacidad de redistribución del sistema tenemos que contemplar conjuntamente los ingresos y los gastos del Estado. Un impuesto no puede ser redistributivo en sí mismo por muy progresivo que sea. Por ejemplo, cualquier reforma de rebaja de tipos del IRPF va a dejar fuera de los beneficios fiscales al 30% de personas de menor renta que son a priori los beneficiarios netos potenciales de una política de protección social. Como España carece prácticamente de un sistema estatal de garantía de ingresos y los recursos de protección social de que dispone son en general raquíticos ocupamos esa posición bochornosa en la gráfica inicial de este artículo en el pelotón de países mediterráneos junto con México y Turquía.
Impacto distributivo neto
Hemos indicado desde el inicio que para evaluar la capacidad de redistribución del sistema tenemos que contemplar conjuntamente los ingresos y los gastos del Estado. Un impuesto no puede ser redistributivo en sí mismo por muy progresivo que sea. Por ejemplo, cualquier reforma de rebaja de tipos del IRPF va a dejar fuera de los beneficios fiscales al 30% de personas de menor renta que son a priori los beneficiarios netos potenciales de una política de protección social. Como España carece prácticamente de un sistema estatal de garantía de ingresos y los recursos de protección social de que dispone son en general raquíticos ocupamos esa posición bochornosa en la gráfica inicial de este artículo en el pelotón de países mediterráneos junto con México y Turquía.
Ajustando con
delicadeza las líneas gruesas de reforma fiscal que he propuesto anteriormente
podemos lograr que este 30% de población más desfavorecida de España mejore
sustancialmente su posición asegurando además una mayor estabilidad al volumen
de la demanda interna. Hemos estimado que se
necesitarían entre 15.000 y 20.000 millones anuales para establecer un nivel de
garantía de rentas adecuado para erradicar la pobreza extrema y reducir
sustancialmente el nivel de empleo proporcionando un adecuado incentivo al
empleo (complementando los salarios bajos y proporcionando una renta
siempre superior a quienes participan en el mercado laboral). Esta cantidad
viene a ser solo una cuarta parte de lo que se deja de recaudar anualmente
debido a la extensión de la economía sumergida en España. Es por ello que
pensamos que es posible proporcional este nivel de protección sin necesidad de
elevar los tipos impositivos. Sólo se necesita reformar el sistema para que
evadir impuestos sea mucho más difícil y pagarlos sea mucho más fácil. Por tanto, para corregir el déficit de presión
fiscal en España no es necesario que nadie que esté pagando los impuestos que
le corresponden pague más de lo que paga ahora.
Rafael Pinilla, 4 de mayo de 2015
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