El coste de las políticas de garantía de ingresos. Bonificación al empleo, ayudas de emergencia y algunas breves consideraciones finales (IV)

El coste de las políticas de garantía de ingresos (IV). Bonificación al empleo, ayudas de emergencia y algunas breves consideraciones finales.

(Este artículo es el cuarto artículo de una serie de 4. Si quieres leer el primer artículo de la serie puedes pincuar aquí)

Las medidas de bonificación al empleo

Como se señalaba en las entregas I y II de esta serie, tanto el modelo vasco -como algunas de las propuestas alternativas que se planteaban- se asociaba a la aplicación paralela de un sistema de bonificación al empleo. El objetivo de éste es garantizar una protección más amplia a las personas que, a través de su actividad económica, contribuyen al mantenimiento del sistema productivo.

Se considera en este apartado, de forma separada, el coste de estos programas de bonificación al empleo. Para ello se tienen en cuenta los tres modelos básicos de las entregas I y II. El resultado aparece en la siguiente tabla.

Coste de aplicación de algunos sistemas de bonificación al empleo (en euros)
Tamaño de la unidad de convivencia	MODELO 426+Bon.empleo: Cobertura mínima (mensual)		MODELO 500+Bon.Empleo Cobertura intermedia (mensual)		Modelo similar al del País Vasco con bonificación al empleo (mensual)
	Ingresos act.económica		Ingresos act.económica		Ingresos act.económica
	0	> 250 euros	0	> 350 euros	0	> 350 euros
1 persona	426	639	500	750	600	900
2 personas	576	806	675	945	810	1.134
3 personas	661	892	775	1.046	930	1.256
4 personas	746	988	875	1.159	1.050	1.391
5 personas	831	1.080	975	1.268	1.170	1.521
6 o más personas	916	1.191	1.075	1.398	1.290	1.677
	Coste		Coste		Coste
	1.239.459.630		1.923.390.651		3.915.105.416
	0,12		0,18		0,37
	APROXIMACIÓN ALTERNATIVA CON APORTACIÓN MÁXIMA DE 2.000 € AL AÑO
	Coste		Coste		Coste
	775.997.929		963.047.120		1.554.514.968
	0,07		0,09		0,15

Como puede comprobarse, el coste específico de estos programas de bonificación al empleo varía entre un mínimo de 1.239,5 millones de euros, en la aproximación más conservadora, y unas cifras en 3.915,1 millones de euros en la aproximación similar a la del modelo vasco. En relación al PIB, la variación se sitúa entre un mínimo del 0,12% y un máximo del 0,37% del PIB.

Una alternativa a la aproximación planteada, que requeriría la gestión de una cobertura mensual de las necesidades de la población trabajadora más pobre, sería pensar en una aproximación más cercana a la del EITC estadounidense, asociada a una liquidación anual de la ayuda. En este caso, el planteamiento alternativo es facilitar una aportación anual de un máximo de 2.000 euros a los hogares de personas trabajadoras con bajos salarios. 

Dentro del modelo planteado de baremos en cada modelo, y teniendo en cuenta ese máximo anual (susceptible de realizarse en una o dos entregas), el coste podría reducirse sustancialmente. Se situaría entre un mínimo de 776 millones de euros en la aproximación más conservadora y en un máximo de 1554,5 en la versión adaptada del modelo vasco. En términos del PIB, se trataría de un gasto situado entre 0,07 y 0,15% del PIB.

Aunque en esta segunda aproximación la ayuda es menor, la experiencia del EITC demuestra que podría tener un efecto claramente positivo al aportar un ingreso de forma acumulada que, habitualmente, sirve para hacer frente a necesidades especiales de los hogares con menos recursos.

Las ayudas complementarias y de emergencia

La experiencia de las políticas de garantía de ingresos en territorios como Euskadi revela que no es posible atender correctamente todas las necesidades a través de una prestación de garantía de ingresos. Son necesarias ayudas complementarias para atender los siguientes tipos de situaciones:

• Emergencias sociales, por ejemplo situaciones de desahucio.
• Gastos de acceso y mantenimiento en la vivienda, tanto los relacionados con alquileres e hipotecas como los requeridos para hacer frente a la pobreza energética, etc.
• Gastos necesarios para mantener una vivienda en mínimas condiciones.
• Modalidades especiales de gasto entre colectivos en situación de riego de pobreza, etc.

Este tipo de problemáticas han sido atendidas en el País Vasco a través de las llamadas Ayudas de Emergencia Social y de la Prestación Complementaria de Vivienda. Su coste es importante, pudiendo estimarse en el caso vasco en torno a un 20% de lo que representa la prestación de garantía de ingresos en sentido estricto.

Esto supondría, en aplicación al conjunto español de estas ayudas, y teniendo en cuenta los distintos modelos alternativos analizados, un gasto suplementario de entre 920 y 3.058 millones de euros, entre un 0,09 y un 0,29% del PIB.

Unas breves consideraciones finales

El objetivo de las cuatro entregas realizadas ha sido tratar de situar el contexto económico que supondría poner en marcha una política complementaria de garantía de ingresos en España, señalando el coste de distintas medidas alternativas. Es conveniente, en este sentido, que el debate sobre la Renta Básica o las Rentas Mínimas se sitúe en un contexto económico real, facilitando con ello la toma de decisiones. 

En relación a los datos económicos presentados, debe señalarse que se trata de estimaciones generales, suficientemente ajustadas aunque lógicamente sujetas a revisión. Sería necesaria una aproximación minuciosa por parte de las personas responsables de desarrollar las distintas medidas pero los costes planteados en las entregas son suficientemente orientativos.

El análisis de los datos presentados refleja en mi opinión lo siguiente:

1. En primer lugar, las necesidades a las que es preciso atender son muy llamativas. La aplicación de un modelo complejo, pero aun así de objetivos de cobertura limitados, como el que representa el conjunto del modelo vasco de rentas mínimas y prestaciones complementarias, implicaría un gasto suplementario en España cercano a los 18.000 millones de pesetas en España, un 1,71% del PIB. Esta elevada cuantía refleja sin duda el retraso de casi 30 años que acumula el resto del Estado respecto al País Vasco en la aplicación de este tipo de media
2. A pesar del coste, lo cierto es que se trata de una cuantía que un Estado como el español puede asumir sin problemas a medio plazo. No actuar en los próximos cuatro años sería dramático, inasumible y no fundamentado en la realidad de la economía española (en especial la de sus grupos favorecidos, totalmente capaces de asumir ese coste).
3. La aplicación de programas de Renta Básica implica un gasto suplementario mucho más alto, incluso en el caso de aplicarse en exclusiva a algunos colectivos limitados. Quiénes asumieran esta vía de intervención a corto plazo se verían condicionados por esta realidad, en especial en un contexto de alto endeudamiento del país y de presión sobre las pensiones asociada al envejecimiento.

Las opciones que se plantean a partir del escenario señalado dependen sin embargo de la voluntad política y social, en última instancia de las decisiones de los electores y electoras. Es a ellos a quiénes les corresponde decidir entre los distintos planteamientos que se puedan realizar.

En el caso de que tuviera que proponer un programa concreto de actuación para los próximos cuatro años, mi recomendación se traduciría en los siguientes puntos:

1. Introducir inicialmente un programa estatal de rentas mínimas, gestionado y complementado en su caso desde las comunidades autónomas. Este programa, en especial si se fundamenta en cuantías de protección limitadas, debería complementarse con un sistema de ayudas de emergencia asociado que tenga cierta ambición. En su versión más moderada, esta política costaría alrededor de 6.000 millones de euros, alrededor del 0,57% del PIB. Podría introducirse en dos fases, introduciendo inicialmente un Fondo Social para situaciones de emergencia a atender y al cabo de un año el sistema de rentas mínimas.
2. Introducir un programa de bonificación al empleo vinculado al IRPF que garantizara hasta 2.000 euros anuales complementarios a la población trabajadora con salarios más bajos. El coste de este programa, en una versión relativamente ambiciosa, se situaría en torno a 1.500 millones, un 0,15% del PIB.
3. Introducir un sistema de Renta Básica para menores que, en los próximos cuatro años, llegara hasta los 6, 7 u 8 años, con un coste potencial entre los 2.994 y los 3.992 millones de euros, entre el 0,28 y el 0,38% del PIB.
4. Mejorar en lo posible, y de forma complementaria a las propuestas anteriores, el sistema de subsidios y prestaciones no contributivas (PNC).

En conjunto, las medidas propuestas podrían situarse en un gasto cercano al 1% del PIB anual, claramente asumible en una perspectiva a cuatro o cinco años.

Pasado los cuatro o cinco años de puesta en marcha inicial de estas medidas, podrían plantearse entonces avances más ambiciosos, evaluando previamente los resultados alcanzados con las medidas iniciales.

Por supuesto, otras personas considerarán demasiado conservador este escenario. Queda en sus manos defender otras líneas de actuación que puedan considerar más apropiadas. El debate sobre todo ello resultará sin duda enriquecedor. Es necesario ese debate sobre cifras en un país en el que, habitualmente, se descalifica a los demás antes de analizar sus propuestas.

En mi opinión, el único escenario que, de partida, debería por completo rechazarse sería el de no hacer nada o centrarse en actuaciones casi simbólicas. España necesita una inversión sustancial en el futuro de su población más desfavorecida. Debe romperse la inercia que ha presidido en este punto la experiencia de los últimos 20 años.

Luis Sanzo

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