La viabilidad política de la RBC (IV): Condiciones para la viabilidad psicológica
(Este es el cuarto post de una serie de 5 sobre viabilidad política de la RBC. Si quieres leer la serie empezando por el primer post puedes hacer clic aquí).
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| Si la RBC se presenta como dinero fácil y seguro a cambio de nada, será inviable porque es inaceptable para la mayoría |
Siguiendo la
clasificación propuesta por De Wispelaere y Noguera la viabilidad
psicológica se refiere a la percepción emocional de la propuesta por la
mayor parte del electorado. Para que una propuesta política pueda reunir la
mayoría de los votos es necesario conseguir que el electorado la perciba como
consistente su sistema de valores, es decir, con los valores generalmente
aceptados. Los valores sociales van cambiando con el tiempo y una idea
fuertemente rechazada en un momento dado puede ser aceptada más adelante, y
viceversa. Pero buscar el apoyo del electorado para una idea que choca con
alguno de los valores esenciales es una estrategia condenada al fracaso.
En el caso de la
garantía de rentas tenemos que ser conscientes de que la mayoría de los
ciudadanos consideran un deber social la lucha contra la pobreza y piensan que
un exceso de desigualdad social es injusto e indeseable. Este “principio de
solidaridad” tiene carácter universal
y se acepta sin discusión por amplias capas de la población en cualquier país
del mundo. Una propuesta de garantía de rentas, en la medida en que conecta con este valor
universal puede recibir un amplio apoyo. Si embargo, también es universal el
“principio de reciprocidad”, que podríamos expresar como que se espera que
las personas que reciben ayuda económica de la sociedad deben mostrarse agradecidas y
esforzarse por salir de su situación de necesidad lo antes posible consiguiendo
un empleo remunerado, además de respetar la legalidad y las normas sociales. Quizá la propuesta de la renta básica pueda ser apoyada por algunas personas que de forma ingenua creen que es posible que el Estado conceda a todos una renta a cambio de nada. Pero la mayoría de los votantes saben, aunque solo sea intuitivamente, que eso no es posible, porque todos sabemos que nada es realmente gratis.
Por ello, una propuesta de RBC que se presente como dinero fácil a
cambio
de nada, será psicológicamente inviable, porque es automáticamente inaceptable para la mayoría, sin discusión. Los valores sociales profundamente arraigados funcionan como prejuicios y es muy poco probable que la discusión racional o las pruebas científicas vayan a modificar estos prejuicios. La palabra prejuicio tiene connotaciones negativas, pero es un mecanismo psicológico natural que todos tenemos porque se trata de un mecanismo útil y eficaz para defendernos de lo desconocido.
de nada, será psicológicamente inviable, porque es automáticamente inaceptable para la mayoría, sin discusión. Los valores sociales profundamente arraigados funcionan como prejuicios y es muy poco probable que la discusión racional o las pruebas científicas vayan a modificar estos prejuicios. La palabra prejuicio tiene connotaciones negativas, pero es un mecanismo psicológico natural que todos tenemos porque se trata de un mecanismo útil y eficaz para defendernos de lo desconocido.
Dificultades para la viabilidad psicológica de una política de garantia de rentas en España
En España
venimos soportando tasas de desempleo muy elevadas desde hace décadas. Las
tasas de desempleo de España vienen ocupando los primeros puestos de Europa desde
al menos 1975. Prácticamente todas las familias españolas conocen el problema
de cerca y cuentan con familiares directos que sufren o han sufrido el paro,
las grandes dificultades que representa encontrar un empleo, y la dificultad todavía mayor de encontrar hoy día un empleo a tiempo completo y bien remunerado. Es decir, en España el
empleo es un bien escaso y muy deseado. Por ello cualquier medida relacionada con el empleo es un asunto muy serio que no se puede tomar a la ligera.
Partiendo
del nivel de desempleo que tenemos en España y la proporción de empleos precarios, un sistema de garantía de garantía de rentas debe diseñarse de modo que aumente el empleo, facilite un mejor reparto del
empleo existente y mejore las condiciones laborales de los trabajadores. En la medida en que la política de rentas demuestre este potencial podrá lograr un gran apoyo
electoral. Pero existen dos grandes dificultades para ello.
1.
Los
defensores de la RBC hemos insistido con demasiada frecuencia en la universalidad del derecho a la RBC, esto es, que el derecho es
de todos los ciudadanos, incluso de los que no la necesitan y de los que no
quieren trabajar. Y no hemos dedicado suficiente atención a matizar que es perfectamente legítimo que la comunidad política que garantiza
el derecho establezca las condiciones en que se podrá ejercer y las
circunstancias en que se puede limitar. Del mismo modo en que podemos decir que todos tienen derecho a ser libres, pero la comunidad puede restringir las libertades de los que no respetan las leyes y cometen delitos. El problema es que resulta muy fácil atacar
el concepto de universalidad indiscriminada. ¿La cobrarían
también los ricos? ¿Se la darían también a los vagos? Si queremos tener alguna
posibilidad es necesario definir la política de garantía de rentas de modo que quede muy claro
que los ricos no la cobrarán, y los vagos tampoco.
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| La sociedad economicista atribuye escaso valor a las actividades y trabajos no remunerados |
2.
La
otra gran dificultad es lo que podríamos denominar “economicismo imperante”. El hecho es que la sociedad actual tiende a medir todo en términos monetarios. Y por ello tiende a sobrevalorar
todo lo que tiene un precio y a infravalorar lo que no lo tiene. En el caso del
trabajo, se concede gran valor social a
los trabajos que están bien remunerados, mientras que no se valoran apenas las actividades sin remuneración. Pongamos un par de ejemplos opuestos para ilustrar el problema. Se asigna
un gran valor social al trabajo que realizan los intermediarios financieros (brokers) porque
ganan mucho dinero. Se supone que pueden crear mucho "valor para el
accionista", pero también es verdad que la crisis económica cuyas consecuencias
todavía sufrimos la provocó el “trabajo” de estos profesionales. En el extremo
opuesto, se asigna escaso valor al trabajo doméstico, al tiempo
dedicado al estudio, o al tiempo no profesional dedicado a
cuidar a niños o personas mayores… Es decir que el mercado, tal como funciona en la práctica, asigna grandes remuneraciones a personas que hacen más daño que otra cosa y deja sin remuneración a millones de personas que hacen cosas buenas y útiles. Y tendemos a confundir el valor social de las actividades humanas con la remuneración que el mercado paga por ellas. ¿No deberíamos diseñar algunos mecanismos para corregir esto?
Cómo mejorar la viabilidad psicológica de las políticas de garantía de rentas
Es evidente
que en una sociedad democrática cualquier
propuesta política que aspire a ser implantada debe formularse de modo que pueda ser votada por la mayoría
del electorado, y en particular por la mayoría de los contribuyentes. Y para
ello es esencial diseñar las propuestas de garantía de rentas de modo que sean eficaces en llegar
esencialmente a quienes más la necesitan.
Además, es muy importante que podamos presentar la propuesta de forma
consistente con el principio de reciprocidad. He aquí algunas ideas para
mejorar la viabilidad política de las políticas de rentas. No pretenden ser originales sino
efectivas:
1.
Presentarla como una política cuyo objetivo esencial es la reducción de la pobreza. La reducción de la desigualdad no es un objetivo tan claro porque al menos parte de la desigualdad se puede justificar. Para ello es
importante que exista un mecanismo eficaz para asignar la prestación económica a las personas, empezando por quienes más la necesitan. Por ejemplo, en un modelo de renta básica pura
se supone que todos reciben la RB y luego se aplican los impuestos de modo
que los “ricos” cobran inicialmente la RB, pero luego han de pagar una cantidad
de impuestos muy superior, pero se trata de un mecanismo complicado de explicar y provoca incomprensión que todos reciban una renta cuya finalidad esencial debería ser reducir la pobreza. De algún modo es necesario controlar los medios económicos disponibles para decidir quien recibe ayuda económica de la política de rentas. Pero para ser eficaz y llegar a todo el que la necesita es importante que el control de
medios no se convierta en un obstáculo previo en el que el beneficiario tiene
de “demostrar” que necesita la RBC. Hay al menos dos formas en que se puede
garantizar el derecho a la RBC, con un control de medios “a posteriori”:
a.
Invertir la carga
de la prueba en los sistemas actuales de Rentas Mínimas de las CCAA (RMI) es necesario reunir gran cantidad
de papeles y demostrar que se necesita la RMI. El sistema parece diseñado
para mantener reducido el gasto más que para llegar con eficacia a quien realmente necesita la RMI. Es decir, el sistema presume que el pobre es “culpable” mientras no
demuestre lo contrario. La carga de la prueba debería asumirla la administración. Sería más eficaz que la administración sistema acepte la información aportada por los solicitantes y en función de ello reconozca inmediatamente el derecho a la RMI correspondiente, aunque lógicamente las
declaraciones de los interesados estarán sujetas a comprobación e inspección posterior. Quienes incluyan datos erróneos o falsos en la solicitud siempre pueden ser sancionados, obligados s devolver las cantidades percibidas no merecidas, o ser castigados con algún tipo de multa o trabajo a realizar para la comunidad. En realidad así es como funcionan las declaraciones de impuestos como
el IRPF, en forma de declaración. Esta idea es consistente con las ideas expuestas en el post anterior
sobre viabilidad administrativa.
b.
Utilizar la
infraestructura de la Agencia Tributaria para gestionar las transferencias de la política de rentas. Esta idea es
compatible con la anterior. La gestión del IRPF ya funciona con declaración previa y control posterior. La utilización de la infraestructura administrativa del IRPF para la gestión de la política de rentas permitiría la “universalización” del derecho de un
modo práctico y comprensible al que la ciudadanía ya está acostumbrada. El derecho a la RBC de cualquier persona con ingresos medios o altos se materializaría como descuento
en la cuota del impuesto. Los pobres tendrían exactamente el mismo derecho,
pero por su condición de tener bajos ingresos su descuento en la cuota del
impuesto se convertiría en una “cuota de impuesto negativa”, esto es, en una
renta a percibir. No plantea ninguna dificultad en especial la práctica de
estos cálculos de forma mensual para garantizar que los beneficiarios reciban
su transferencia de ayuda mensualmente, en una cuantía ajustada a los ingresos que puedan conseguir por otros medios. La capacidad demostrada de la Agencia Tributaria para capturar y gestionar grandes cantidades de datos de los ciudadanos por medios informáticos facilita
un control efectivo del sistema.
2. Presentar la política de rentas de forma complementaria y consistente con las políticas de promoción del empleo. Según las encuestas, el desempleo
es el problema que más preocupa a los ciudadanos en España. La pobreza y la
desigualdad son en parte consecuencia del desempleo. Pero crear empleo no es
suficiente para acabar con la pobreza, ni garantiza reducir la desigualdad. Los
más pobres entre los desempleados no son los primeros que conseguirán un empleo
ni los que tienen mayor probabilidad de mantenerse empleados. Además, en un mercado de trabajo
en el que hay muchos demandantes de empleo y poca oferta de puestos de trabajo
los salarios tienden a bajar sin que el mercado por sí mismo pueda garantizar que los salarios sean
suficientes para evitar la pobreza (se puede tener trabajo y seguir siendo
pobre si los salarios son muy bajos). Por ello, en una situación de desempleo
muy elevado la introducción de un sistema de garantía de rentas debe ser compatible con los ingresos del trabajo. Podemos diseñar la política de garantía de rentas de modo que favorezca la creación de empleo, mejorando el nivel de ingresos de los trabajadores
pobres y sin aumentar los costes de las empresas. Para ello es necesario que el
sistema de garantía de rentas tenga estas características:
a.
Que las transferencias de la política de rentas sean compatibles con los ingresos procedentes del trabajo remunerado. Esta característica es esencial
para evitar la llamada “trampa de la pobreza” de los programas clásicos de asistencia
social (los beneficiarios que encuentran un empleo corren el riesgo de perder
la ayuda social). Para ello basta con que los beneficiarios puedan
conservar al menos una parte significativa de su ayuda a medida que van logrando ingresos
por sí mismos.
b.
Que los
beneficiarios de la política de rentas tengan derecho preferente a participar en programas de
formación y mejora para el empleo. Pero la participación en estos programas debe
ser voluntaria para un mejor aprovechamiento de los recursos escasos.
c.
Establecer un
sistema de bonificación al empleo de los trabajadores con bajos salarios. Se trata de
asegurar que exista una diferencia significativa entre los ingresos que
consigue un beneficiario de la ayuda que no trabaja y los que puede conseguir con
un empleo remunerado, al mismo tiempo que se eleva el poder adquisitivo de los trabajadores con bajos salarios para evitar el fenómeno de los "trabajadores pobres".
d.
Hacer de la garantía de rentas la
contrapartida fundamental a las medidas de flexibilización del mercado de
trabajo. Un sistema de garantía de rentas bien
diseñado debe defender al trabajador de los riesgos de la flexibilidad (que favorecen esencialmente a las empresas). La garantía de rentas ofrece al trabajador mayor capacidad de negociar salario y condiciones de
trabajo, lo que estimula a las empresas a crear puestos de trabajo productivos. Por otra parte permite al empresario mantener los costes contenidos ya
que puede complementar el salario con la ayuda recibida de la política de rentas. La política de garantía de rentas es una pieza clave para implantar en
España el concepto europeo de flexiseguridad.
3.
Utilizar la política de rentas para reconocer y poner en valor determinadas actividades de carácter no
remunerado que tienen valor social. Se trata de llenar de contenido el concepto
de “ciudadanía”.
Hace ya tiempo que el economista británico Anthony Atkinson, uno de los
impulsores más vigorosos de la idea de la renta básica por motivos de
eficiencia económica, expuso el problema de la “viabilidad psicológica” y
propuso como solución lo que denominó “Renta de Participación” (participation
income). Desde su punto de vista, la sociedad puede estar preparada para
entender y admitir que existen muchas actividades de valor social más allá del trabajo remunerado, tales como el
cuidado de hijos, el trabajo voluntario en el sector público o en entidades sin
fines de lucro (ONGs), o el tiempo dedicado a estudiar, y no tendría problema
en reconocer que cualquiera que esté realizando este tipo de actividades reciba
una ayuda económica por ello. Sin embargo, la sociedad no admitirá que reciba una renta básica aquellas
personas que no desean hacer nada útil e incluso tienen comportamientos
antisociales. De modo que propuso el concepto de Renta de Participación que
podrían recibir todos aquellos que pudieran acreditar que realizan alguna
actividad de utilidad social y respetan la legalidad. Si combinamos esta idea
con la anteriormente comentada de “invertir la carga de la prueba” podríamos
tener un sistema muy eficaz de llegar a pagar una RBC a todos aquellos que
realizan actividades de utilidad social y respetan la legalidad (en definitiva
se comportan como buenos ciudadanos), excluyendo únicamente a quienes rechazan
colaborar al bien común. El sistema se podría implementar fácilmente por el
procedimiento ya comentado al proponer ideas para mejorar la viabilidad
institucional: que los solicitantes
firmen un compromiso de ciudadanía. Este compromiso no debería incluiría la
obligatoriedad de trabajar ni de intentarlo, pero sí podría incluir una serie
de obligaciones como las siguientes:
a.
Declarar mensualmente cualquier tipo de ingresos del trabajo
para ajustar la renta recibida en función de ello, así como rellenar mensualmente un
cuestionario informativo sobre el tipo de actividades de utilidad social
realizadas
b.
Compromiso de respetar la legalidad y cumplir con las
obligaciones fiscales
c.
Mostrar una buena disposición para participar en las
actividades de formación y de inserción que se le propongan
Al igual que en los post anteriores tan sólo hemos tratado de exponer
una serie de ideas que podrían facilitar la creación de un programa eficaz y
eficiente de lucha contra la pobreza y la desigualdad. Ideas expuestas a la crítica
y el debate.
Rafael Pinilla
