La Declaración de Pamplona de 2009 sobre inclusión social y pobreza en España: una propuesta a recordar en 2015
El 10 y 11 de diciembre de 2009, dos centenares de
profesionales, voluntarios e investigadores pertenecientes a diversas
universidades, ONGs y administraciones públicas de todo el Estado se reunieron
en Pamplona en un Foro Propositivo. Elaboraron, debatieron y apoyaron una
declaración conjunta para una Estrategia Inclusiva, con 40 propuestas concretas relacionadas con la lucha contra la pobreza y
la inclusión social. Es la llamada Declaración
de entidades sociales, profesionales y personal investigador por una estrategia
inclusiva, durante y después de la crisis o Declaración de Pamplona.
Dos aspectos resaltan el interés de aquella Declaración. El
primero es que se trata de uno de los escasos ejemplos en los que los
profesionales del sector social en España han planteado una actuación
específica para abordar los problemas vinculados a la crisis, en aquel momento
en plena fase emergente. El segundo es que se realizan algunas propuestas
relacionadas con las cuestiones objeto de debate en este blog y es por ello que resulta muy relevante recordarlas ahora. Como se podrá ver, muchas de las propuestas que apoyamos en este blog son propuestas que ya recibieron ael apoyo consensuado de los principales expertos en pobreza y exclusión social en España hace 6 años.
Se presentan a continuación los aspectos más destacados de
la Declaración de Pamplona en lo relativo a los aspectos
vinculados directamente con la lucha contra la pobreza. Se recogen
directamente los términos utilizados en la Declaración.
Situar en un lugar destacado de la agenda el debate de cómo enfrentar la pobreza y la exclusión social crecientes para acabar con ellas, al menos en sus expresiones más severas
Ahora que “los
impagos se han multiplicado, las visitas a los bancos de alimentos son cada vez
más frecuentes, las colas en los comedores sociales son cada día más largas y
está creciendo la visita a la parte trasera de las grandes superficies”, ahora
que las solicitudes de rentas mínimas se han disparado en toda España, y que
las demandas registradas en las entidades sociales han experimentado un notable
aumento en estos dos años, es ineludible
que la sociedad española sitúe en un lugar destacado de la agenda el debate de
cómo enfrentar la pobreza y la exclusión social crecientes.
Por desgracia, no se
ha avanzado significativamente en el largo periodo de bonanza económica para
resolver los problemas de crisis social estructural que venimos padeciendo: los
niveles de desigualdad social se han mantenido inalterados, las carencias de
nuestros sistemas de protección social no han sido resueltos y las mejoras en
las condiciones de vida de los más pobres se han debido más al aumento general
de los recursos que a una transformación de nuestra estructura social.
La respuesta a la
crisis debería ser ... la ocasión para hacer frente con
decisión a este déficit estructural de una “España social escasa”: no se trata
sólo de lograr un patrón de crecimiento más equilibrado entre los sectores
económicos, sino de mejorar la cohesión social, de reducir las desigualdades y
de acabar con la pobreza y la exclusión
social, al menos en sus expresiones más severas.
Se plantea así una línea específica de actuación priorizando
la lucha contra la pobreza como estrategia social.
La pobreza debe ser considerada ilegal y la pobreza infantil, en particular, debe ser erradicada
La pobreza y la
exclusión social, antes de la crisis y ahora que estamos instalados en ella, es
una injusticia social que afecta a la dignidad de las personas y conculca los
derechos humanos de un modo inadmisible en una sociedad que dispone de recursos
y de riqueza suficiente para todos. Debería por ello ser declarada ilegal.
Deberá garantizarse
especialmente la erradicación de la pobreza infantil.
Es posible actuar contra la pobreza
El impacto de la
crisis económica ha puesto de manifiesto … la necesidad ineludible de
consolidar una última red de seguridad que haga realidad el derecho de toda la
población española a unos recursos mínimos suficientes para hacer frente a las
necesidades básicas. La experiencia de algunos sistemas de rentas mínimas
autonómicas en los últimos 20 años demuestra la posibilidad de consolidar adecuadamente este objetivo con un coste
limitado, situado entre el 0,25 y el 0,35% del PIB.
La propuesta de una renta equivalente de 600 euros para toda la población
En materia de garantía de ingresos, la principal propuesta
que se realiza en el Documento es la siguiente:
Garantizar unos
ingresos adecuados para todos los ciudadanos y ciudadanas de forma que nadie se
encuentre por debajo de una renta equivalente de 600 € (según la composición
del hogar).
Las medidas concretas para hacer operativo el objetivo de garantía de ingresos
Se defiende conseguir el objetivo anterior “reformando y articulando el sistema de
garantía de ingresos mínimos, desde el subsidio por desempleo o los
complementos de mínimos de pensiones hasta las pensiones no contributivas o las
rentas mínimas”.
En su versión detallada, el planteamiento se consolidaría:
·
Reformando y articulando el sistema de
garantía de ingresos mínimos,
desde el subsidio por desempleo o los complementos de mínimos de pensiones
hasta las pensiones no contributivas;
·
Ampliando las modalidades de protección, con
una atención especial a los hogares con menores de forma que pueda romperse el ciclo de reproducción de la pobreza.
·
Y
participando, en coordinación con las comunidades autónomas, en la
consolidación del sistema de rentas mínimas autonómicas, en especial en la
dimensión financiera. La articulación de
este sistema con las modalidades generales de protección de la Seguridad Social
y de la protección al desempleo resulta fundamental.
·
Este conjunto de actuaciones debería
desarrollarse en un contexto de superación de la actual fragmentación y
dispersión del sistema de prestaciones de garantía.
El objetivo se consolidaría asimismo:
Manteniendo el esfuerzo en la mejora progresiva de las pensiones
mínimas y del salario mínimo.
En coherencia
con el papel atribuido a las instituciones autonómicas, el documento planteaba:
Que las Comunidades Autónomas asuman su responsabilidad como gestoras de una buena parte de las
políticas sociales e incorporen una lógica inclusiva en todas ellas:
Desarrollando, en coordinación con la Administración del Estado, un
sistema de rentas mínimas autonómicas que garantice, desde una perspectiva de
derecho, unos ingresos suficientes para cubrir las necesidades básicas de toda
la población. Este sistema deberá
tener en cuenta las experiencias históricas de las distintas comunidades
autónomas, particularmente en lo relativo a los aspectos siguientes:
·
La
aplicación del doble derecho a una
prestación de garantía y a acciones de apoyo a la inserción, desligando la gestión del sistema de
prestaciones de la aplicación de las políticas de inserción, tanto en su
dimensión social como laboral. Debe tenerse en cuenta, en este sentido, que
tanto la población objeto de atención de ambos tipos de actuaciones como las
lógicas y modalidades de aplicación de estos derechos resultan diferentes.
Habría que considerar especialmente la
situación de las personas que no tienen posibilidades de acceso al empleo,
garantizándoles una modalidad de protección no sujeta a controles periódicos ni
a exigencias asociadas a un objetivo imposible de inserción laboral, sin
perjuicio de la necesidad de seguir garantizando su acceso a los programas
generales de apoyo de los servicios sociales.
·
La consideración de un sistema múltiple de
prestaciones que incorpore actuaciones orientadas a la cobertura de las
necesidades básicas pero también a hacer frente a gastos especiales necesarios
para superar la pobreza y el riesgo de exclusión.
·
La introducción de mecanismos de
bonificación al empleo.
La Administración
Central del Estado y las comunidades autónomas, cada una en su ámbito
competencial, tienen la obligación de actuar de forma coordinada en el objetivo
de consolidar este sistema de rentas mínimas autonómicas. La definición de unos niveles mínimos comunes para el conjunto del
Estado, a financiar por el Estado, debe ser objeto de una iniciativa
legislativa conjunta, de acuerdo con lo previsto en la Constitución, los
Estatutos de Autonomía y otras normas legales de aplicación.
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