La necesidad de no infravalorar la dimensión de la crisis social en España

Los datos de afiliación a la Seguridad Social muestran que, en febrero o marzo de 2013, el ciclo económico cambia de sentido en España. A partir de esa fecha, se observa una progresiva reducción en los ritmos de caída interanual de la afiliación. Aunque será necesario esperar a febrero de 2014 para que este cambio de tendencia se traduzca en creación neta de nuevos empleos, lo cierto es que el inicio del nuevo ciclo puede situarse en aquellas fechas.

Sería absurdo por tanto negar que nos enfrentamos a una nueva dinámica económica alcista. En realidad, deberíamos alegrarnos de ello, sobre todo porque esta vez parece que unas inadecuadas políticas económicas, en España y en Europa, no acabarán por frustrar las perspectivas de recuperación. Porque eso es precisamente lo que ocurrió, en torno a abril-mayo de 2011, un periodo en el que la evolución de los datos de afiliación permitía vislumbrar una recuperación del empleo para los meses siguientes. Pero, ante la imposición de más medidas restrictivas y de una nueva reforma laboral, aquella primera recuperación iba a verse frustrada. Empezaba la segunda fase de la crisis.

Pero tan absurdo como rechazar la realidad del proceso de recuperación económico sería negar la persistencia de las consecuencias sociales que ha tenido la recesión en España. El cambio de ciclo no ha sacado a España del fondo de la crisis. Aún nos encontramos en ese fondo y es preciso recordarlo. Los siguientes datos ayudan a entender el contexto en el que nos encontramos.

Apenas se ha empezado a recuperar, en términos cuantitativos, el empleo perdido

Los datos de empleo sólo permiten indicar que hemos empezado al salir del pozo. Los datos de la Contabilidad Nacional Trimestral de España muestran que, en el último trimestre de 2014, los puestos de trabajo a tiempo completo en España eran 16,67 millones. Aunque se avanza respecto a los 16,28 millones de 2013, superando levemente los 16,58 de 2012, apenas se ha recuperado algo del grueso del empleo perdido.

De los 3.652.600 empleos equivalentes a tiempo completo destruidos entre el último trimestre de 2007 y el último de 2013, España sólo ha recuperado un 10,7% a finales de 2014. La recuperación del 89,3% del empleo destruido desde finales de 2007 sigue siendo, por tanto, una tarea pendiente. 

Fuente: Contabilidad Nacional de España. INE

Nuestras tasas actuales de crecimiento del empleo no son indicación de ningún liderazgo de país sino del impacto diferencial de nuestra caída durante la crisis

Alegrarse de que volvamos a la senda correcta no significa perder el sentido de las cosas. En el contexto definido por una caída del empleo como la señalada, nada tiene de extraño que un país en fase de recuperación tenga tasas de crecimiento superiores a la de vecinos que han sufrido menos el impacto de la recesión. Eso ocurre en la actualidad en España.

Los datos de Eurostat muestran de forma inequívoca el impacto diferencial de la crisis de empleo en España. En comparación con la ocupación media del último trimestre de los años 2005 a 2007, la cifra registrada por España en el último trimestre de 2014 refleja la pérdida de un 12,8% de la ocupación media existente en aquellos años, sólo superada por el 14,5% del conjunto formado por Portugal, Malta, Chipre y Grecia (Resto de países del Sur).

Pero esta caída contrasta con el incremento del 5,3% de la ocupación durante el mismo periodo en Alemania y en los países de su área de influencia más directa (Austria, Eslovenia y Croacia, Chequia y Eslovaquia, Hungría y Polonia). El aumento del empleo es del 2,6% en el conjunto formado por Francia y los países del norte de Europa (Irlanda, Reino Unido, los países del Benelux y los tres estados escandinavos de la UE). Aunque Italia pierde un 3,3% del empleo en el periodo considerado, la caída no tiene comparación con la de España. Nuestra recuperación no es por tanto modelo para nadie, al menos no por ahora.

                                                                        Fuente: Labor Force Survey. Eurostat

Los indicadores de riesgo de pobreza grave de España son entre cuatro y cinco veces superiores a los de Francia y Alemania. La privación más grave se previene en España dejando descapitalizados a los hogares

Contrariamente a lo que a veces se sostiene, el riesgo de pobreza grave es muy alto en España. Lo pone claramente de manifiesto una comparación de los datos basada en umbrales comparables, por ejemplo los umbrales de riesgo de los países con los que queremos compararnos, ajustados para la comparación con España en términos de paridades de poder de compra (PPC).

Si se toma como referencia el umbral del 40% de la mediana equivalente en PPC de esos países, se constata que España tiene en 2013 una tasa de riesgo de pobreza grave cuatro veces superior a la de Alemania (15,9 frente a 4,2% en términos del umbral alemán) y cinco a la de Francia (15,4% frente a 3% en términos del umbral francés).

          Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la UE-SILC, Eurostat, ECV, INE, y EDSS-ENS, DEPS Gobierno Vasco

Es verdad que la solidaridad social y familiar limita en España el impacto de la crisis, en especial en lo relativo a los problemas de alimentación. Pero también lo es que el mantenimiento del gasto en familias en riesgo se realiza en gran medida con cargo a los ahorros, provocando un alto nivel de deterioro en la situación patrimonial de los hogares en riesgo de pobreza. Un 12,4% de las personas viven en España en hogares que no hacen frente a los pagos a los que están obligados y un 42,6% en hogares que no podrían hacer frente a gastos extraordinarios. Son cifras claramente superiores a las de Francia o Alemania, tal y como puede observarse en el siguiente gráfico.

                                                Fuente: UE-SILC, Eurostat y EDSS-ENS, DEPS Gobierno Vasco

El deterioro de los indicadores de carencia es indiscutible en España y se acentúa en 2014

El efecto del proceso de descapitalización de los hogares es notable durante la crisis. Entre 2008 y 2014, la proporción de hogares sin capacidad para hacer frente a gastos extraordinarios aumenta de 29,9 a 42,6%. El porcentaje de hogares que no afrontan sus pagos y obligaciones económicas frente a terceros aumenta, por su parte, de 8,2 a 12,4% en ese mismo periodo.

En este contexto de descapitalización, el riesgo se traduce de manera inevitable en crisis social. Lo muestran los indicadores de privación material severa. Éstos pasan de un 3,6% en 2008 a un 5,8% en 2012, prolongándose la subida hasta un 7% en 2014. El incremento del bienio 2012-2014 es de los más altos del bienio.

En todos los indicadores considerados, 2014 marca de hecho un nivel máximo en el nivel de impacto de los problemas. La crisis social no ha terminado por tanto, aún sigue en realidad profundizándose. 

                                                                   Fuente: UE-SILC, Eurostat y ECV, INE

Los datos comparados entre Euskadi y el conjunto de España muestran el impacto diferencial de la existencia de un sistema de garantía de ingresos

La euforia que se transmite en la actualidad desde algunos sectores políticos y económicos no sería en exceso peligrosa si sólo reflejara una estrategia de supervivencia y mantenimiento ante la adversidad, a la espera de los resultados de la recuperación económica. Pero sí lo sería si pretendiera negar la necesidad de las reformas sociales.

Una de ellas pasa por la ampliación de las políticas de garantía de ingresos. Los datos de una comunidad en la que se han desarrollado sistemas de garantía de recursos más cercanos a los de Europa, como es el caso de la Comunidad Autónoma de Euskadi, muestran  que han alejado a ese tipo de territorios de la intensidad de la crisis social que ha afectado al resto de España.

A pesar de la recesión, los indicadores del País Vasco se acercan más a Francia y Alemania que a los de España. Así, en lo relativo al indicador del 40% de la mediana, Euskadi se sitúa (con datos de 2014) entre 3,5 y 4 puntos por encima de los de esos países pero no en los alrededor de 12 puntos más de España. A diferencia del conjunto de España, además, el haber apostado por un sistema más desarrollado de protección permite al País Vasco situarse por debajo de Italia en el indicador de riesgo de pobreza grave, a pesar de haber sufrido mucho más intensamente la crisis de empleo que el país transalpino. En términos del umbral PPC de Italia, la tasa de riesgo española de pobreza grave es del 10,6% por 8,3% en Italia. En términos de ese indicador, el riesgo de pobreza grave es sólo del 3,6% en el País Vasco.

En la dimensión más estructural asociada a las carencias, los indicadores de Euskadi resultan incluso mejores que los de los países europeos considerados. Así, la proporción de hogares con problemas para hacer frente a gastos extraordinarios no sólo se sitúa 20 puntos por debajo de la de España (22,5 frente a 42,6%) sino más de 10 por debajo de los indicadores de Alemania o Francia (con cifras de 32,9 y 33,9%).

Garantizar una mínima estabilidad económica a los hogares resulta por tanto una reforma necesaria para que España no se quede atrás en materia social y económica.

Luis Sanzo

Breve crónica de la Jornada de los Inspectores de Hacienda sobre Desigualdad social y sistemas tributarios

El pasado día 16 de marzo tuvo lugar en Barcelona, en ESADE, la Jornada "Desigualdad social: ¿pueden jugar algún papel los sistemas tributarios para reducirla?" organizada por la asociación profesional de los instectores de hacienda. Es la primera vez que esta jornada se realiza en Barcelona, ya que anteriormente se ha realizado siempre en Madrid.

La jornada dio inicio con un análisis resumido de la situación de la pobreza y la desigualdad en el Mundo y en España en particular, a cargo de Teresa Cavero y Susana Ruiz, ambas de Oxfam-Intermon.Teresa desgranó de forma sintética los datos ya comentados en este Blog que confirman la creciente desigualdad en el mundo. Quizá el dato más llamativo: en 2016 el 1% de la población del planteta puede tener más que el 99% restante. Atajar esta situación requeriría encontrar formas efectivas de reducir la elusión fiscal que se canaliza a nivel mundial a través de los paraísos fiscales.

La segunda mesa trató de la lucha contra las actividades ilegales para combatir la desigualdad. En particular sobre las actividades relacionadas con la corrumpción y el fraude fiscal delictivo (gran fraude fiscal. Armando Fernandez Steinko puso de manifiesto que la corrupción y el fraude fiscal delictivo tienen un volumen económico muy superior a actividades delictivas como el narcotráfico, la trata o el tráfico de armas. El cálculo para España de lo que se deja de recaudar por estos conceptos, estimado de forma muy conservadora, alcanzaría al 6% del PIB. El profesor Santos Ruesga añadió que si tenemos en cuenta el conjunto de la actividad económica sumergida podría encontrarse en España enbtre el 25-28% del PIB.  Por suparte, Victor Morales, Inspector de Hacienda del Estado informó que, en la actualidad, no existen teóricamente los paraísos fiscales porque todos ellos se ha apresurado a firmar los compromisos de transparencia que la comunidad internacional les ha exigido. El problema es que tales compromisos implican un nivel de transparencia ridículo. Por ejemplo, se comprometen a informar sobre las cuentas de las personas sobre las que se pida información, pero no a dar el nombre de las personas. Es decir, que para solicitar información sobre el delito los países peticionarios deberíano tener ya pruebas de que las personas en cuestión son delincuentes, que justamente es lo que los países peticionarios no tienen.

La última mesa de la mañana trató sobre la imposición patrimonial como elemento para compatir la desigualdad. El Profesor Miró Ayats de ESADE y Domingo Carbajo, Inspector de Hacienda, coincidieron en que la imposiciójn del patrimonio requiere una reforma sustancial ya que en España genera importantes desigualdades entre CCAA y estrategias de competencia fiscal. Ambos coincidieron en que es necesaria, aunque necesita ser reformada. Por el contrario José Ramón Rallo hizo una intervención epatante negando que la desigualdad sea un problema y abogando por la completa eliminación de la imposición patrimonial. Explicó que países como Dinamarca o Suecia, muy igualitarios en rentas, tenían al mismo tiempo los mayores niveles de desigualdad en riqueza. Al ser preguntado si entonces abogaba por gravar la renta de forma elevada como hacen Suecia o Dinamarca respondió que si si su modelo de país fuese Dinamarca así debería ser, pero en realidad su modelo para España no es ese sino el de Honk-Honk, Singapur o Suiza.

Finalmente la Jornada de la tarde versó sobre la imposición negativa sobre la renta y la renta básica como formas de lograr una mayor igualdad. Fua la mesa que contó con más cantidad de público en el auditorio. Antonio Espinosa presentó con mayor detalle la propuesta de Ciudadanos sobre el complemento salarial anual para salarios bajos en forma de impuesto negativo sobre la renta que ya hemos comentado en este blog. Alberto Montero, de Podemos, hizo una crítica general al sistema fiscal español sin llegar a concretar qué propuesta fiscal defienden y el Profesor Joan Pages analizó las distintas concepciones de igualdad y la dificultad para plasmarlas legalmente. Mi intervención fue la última y tuve ocasión de explicar de forma resumida las ideas que defendemos en este blog con un ejemplo de propuesta de garantía de rentas que combinaría un nivel de renta mínima garantizada de unos 426€ para personas solas (algo más para hogares de más personas) que podría ser complementado por una bonificación para las personas que realizan y declaran una actividad laboral remunerada. El nivel de renta garantizado en este caso se elevaría al entorno del salario mínimo o superior en el caso de hogares con más de una persona. El coste de una reforma de este tipo con estos niveles para toda España se estima en unos 6.000 millones de € anuales. En los próximos días explicaré con más detalles de esta propuesta que serviría prácticamente para erradicar la pobreza severa en España.

Rafael Pinilla

¿Por qué es preferible garantizar el derecho a la renta en vez de garantizar el derecho al trabajo? (II)

En un artículo anterior vimos que la mayoría de las personas no vive de su trabajo sino de transferencias de renta, ya sea de sus familiares o del Estado. También vimos que históricamente el pleno empleo ha sido más la excepción que la regla. Sin embargo, las ideologías políticas que han dominado la política europea durante el siglo XX (democratacristianos, liberales, conservadores, socialistas y comunistas) tienen en común la glorificación del empleo remunerado y continúan mitificando el pleno empleo como el mejor medio para lograr una distribución más equitativa de la renta. Consecuentemente, para combatir los fenómenos de la pobreza y la desigualdad excesiva siguen proponiendo políticas basadas esencialmente en "crear empleo" a cualquier precio, y para ello no les importa culpabilizar de su condición a los pobres y a quienes no tienen empleo. Después de varias décadas  implantando  "reformas estructurales y políticas activas orientadas a mejorar el empleo" sólo han conseguido degradar las condiciones de trabajo en Europa. En los mejores casos, han conseguido mantener el empleo (en países como Alemania que se presenta a sí misma como modelo), pero a costa de incrementar la precariedad de parte del empleo, un incremento en la desigualdad y de exportar parte de la carga de sus errores a otros países del sur de Europa. ¿No deberíamos empezar a pensar que estas políticas no han sido precisamente las mejores posibles? ¿Y si el Estado, en vez de tratar de asegurar que todo el mundo tenga un trabajo, tratase de garantizar sencillamente que todo el mundo tenga una renta, tanto si trabaja como si no?

El 2% de los trabajadores pueden producir todos los alimentos

Si lo que queremos es mejorar la calidad de vida de las personas, la clave está en la productividad

Cuando se habla de superar la crisis hay dos enunciados que se repiten constantemente:

1. Necesitamos que la producción de la economía crezca (el PIB) para crear empleo

2. Necesitamos mejorar la productividad de los trabajadores para poder competir

Estas dos afirmaciones se suelen aceptar sin discusión. Pero hay un problema. El crecimiento del PIB se puede conseguir aumentando el número de empleos (sin aumentar la productividad) o aumentando la productividad de los trabajadores (sin aumentar el empleo o incluso disminuyéndolo).

La productividad del empleo es justamente el resultado de dividir la producción total por el número de empleados. Es decir, que cuanto más aumentamos la productividad menos trabajadores se necesitan para conseguir el mismo nivel de producción. Las empresas aumentan la productividad cuando despiden trabajadores. El aumento de la productividad destruye empleo.

El 10 % de los trabajadores pueden producir todo lo demás

Desde que se inició la revolución industrial la productividad del trabajo humano ha aumentado de forma espectacular. Esto es un gran logro. La productividad aumenta como consecuencia del deseo humano de vivir mejor y trabajar menos. Naturalmente queremos tener una vida más cómoda, reducir el trabajo penoso y peligroso. Es una aspiración legítima de cualquier persona inteligente, vivir mejor. Gracias a la aplicación del conocimiento en estos momentos un 2% de los trabajadores podrían producir todos los alimentos necesarios para la humanidad y un 10% de los trabajadores serían más que suficientes para producir todos los bienes materiales que necesitamos. 

Hasta finales del siglo XX los incrementos de productividad se habían centrado en la agricultura y la industria, pero en las últimas décadas está aumentando también de forma espectacular la productividad de los servicios. Piensen en el sector financiero. Su crecimiento ha sido enorme en las últimas décadas. Sin embargo compañías de seguros y bandos han reducido drásticamente el número de los empleados en el sector. La banca online hace lo mismo que la convencional con una décima parte de personal. Lo mismo está sucediendo en cualquier sector intensivo en trabajo administrativo gracias al uso intensivo de los ordenadores. Incluso la administración pública está aumentando su productividad y reduciendo el empleo.

Es verdad que han aparecido nuevos sectores productivos que requieren de nuevos empleos, pero esto no cambia la tendencia general al aumento de la productividad. Y esto es lo que cabe esperar en cualquier sector tradicional o nuevo.

En último término, la mejora de la calidad de vida de las personas depende de la mejora de la productividad, es decir, depende de que seamos capaces de producir más con menos. Por tanto, si queremos mejorar la condición humana desde el punto de vista económico hemos de fijarnos ante todo en la productividad. La clave está en la productividad, no en el crecimiento económico.

El crecimiento económico no es un objetivo deseable en sí mismo. En la historia de la humanidad el crecimiento económico aparece asociado a la mejora del bienestar y es por ello que nos parece deseable, pero el responsable último de la mejora del bienestar no es el crecimiento económico sino la mejora de la productividad. 

Asociamos crecimiento económico a bienestar, pero el crecimiento económico también puede tener efectos negativos. El crecimiento económico es como el colesterol, hay del bueno y del malo. Es bueno el crecimiento que proviene de la productividad (ser capaces de producir más con menos recursos), pero en un mundo de recursos limitados es malo el crecimiento que promueve el despilfarro de recursos escasos (producir más utilizando cada vez más recursos). 

El crecimiento económico puede descomponerse en dos fracciones. Una parte del crecimiento se consigue empleando más recursos (más trabajadores, más capital y en ultimo término más recursos naturales). La otra parte del crecimiento se consigue por la mejora de la productividad (gracias a nuevos conocimientos se puede producir más valor con los mismos o incluso con menos recursos). 

Las grandes tasas de crecimiento logradas durante el siglo XX se consiguieron con una mezcla de ambos componentes. Se ha multiplicado la utilización de recursos naturales, se ha multiplicado la población humana sobre el planeta como nunca antes y se ha multiplicado también las infraestructuras y la maquinaria. Y también se ha multiplicado la productividad gracias el incremento del conocimiento. Pero el uso creciente de recursos llevado a cabo durante el siglo XX no es sostenible. Al ritmo del siglo pasado no llegaríamos al siglo XXII. 

Afortunadamente el ritmo de crecimiento basado en el uso de recursos ha empezado a disminuir. En particular ha empezado a disminuir el crecimiento de la población humana. El gran reto que tenemos como humanidad, como ciudadanos del mundo en el siglo XXI, es encontrar el modo de mantener el crecimiento del bienestar haciendo un uso responsable de los recursos naturales. Esto sólo es posible si nos concentramos en lograr crecimiento del bueno, es decir, el basado en la mejora de la productividad mediante el uso del conocimiento. Por eso hablamos de la necesidad de cambiar el modelo de crecimiento para ir desde el modelo de economía basado en el trabajo humano hacia una economía basada en el conocimiento humano.

Hacia una economía basada en el conocimiento

Cuando hablamos de conocimiento nos referimos al basado en la experiencia y el aprendizaje. El que mayor potencial ha demostrado es el conocimiento de tipo científico, es decir, el que comienza observando la realidad para entenderla y a partir de la comprensión de la realidad ser capaces de hacer innovaciones. El conocimiento científico aplicado a la agricultura y a la industria ha creado innovaciones técnicas que han mejorado la productividad de forma asombrosa. Y poco a poco el mismo método de conocer se ha ido extendiendo a otros ámbitos. ¿Por que no extender este método también al ámbito de la gestión política y social? De hecho, ya viene ocurriendo desde hace tiempo, aunque en este ámbito el progreso es más lento. 

En los países con mayor tradición democrática y científica (ambas tradiciones suelen coincidir), hace ya tiempo que se empezaron a utilizar métodos de evaluación y análisis objetivo de la realidad social para mejorar el funcionamiento de las instituciones políticas y económicas. Son métodos lentos, pero implacables. Los resultados pueden tardar en llegar, pero cuando llegan es para quedarse. Así, hoy día contamos con mucha información estadística fiable sobre la población, la economía, los recursos... Tenemos modelos matemáticos que nos permiten predecir el crecimiento de la población o el comportamiento de la economía en función de las decisiones que se tomen hoy... Los modelos de conocimiento científico de la realidad social y económica siguen teniendo grandes limitaciones, pero mejoran año a año. A nuestro modo de ver, en el análisis de la historia del desarrollo económico no se ha prestado la suficiente atención a la innovación social y económica. Sin embargo, en las próximas décadas la innovación social puede ser un factor crítico para superar el reto al que nos referíamos antes y encaminar el desarrollo humano hacia la calidad de vida.

La institucionalización de la economía del crecimiento basada en el trabajo: el Estado del Bienestar y su crisis

A principios del siglo XX, en Europa, ya se habían creado máquinas sofisticadas y grandes innovaciones transformaban el mundo. Durante el siglo XX gran parte del trabajo físico realizado por hombres y animales va a ser sustituido progresivamente por motores movidos por energía eléctrica o combustibles derivados del petróleo. Pero el ritmo de innovación era relativamente lento si lo comparamos con el ritmo de innovación actual. Los productos y las infraestructuras se hacían para durar. Los  hombres empezaban a trabajar muy jóvenes, muchos empezaban todavía niños, y tenían una profesión para toda su vida. Además, había una clara división del trabajo por géneros. La mayoría de las mujeres se casaban pronto y tenían muchos hijos. La esperanza de vida no llegaba a los 50 años de edad. Y, un dato muy importante, la mayor parte de la producción se creaba y se consumía dentro de cada país. Hace solo 100 años de esto. En este contexto se extendió por Europa una innovación social reciente (se implantó por primera vez en Alemania entre 1983 y 1989) que ha sido determinante: los sistemas de seguridad social que son el origen del Estado del Bienestar. 

Mediante la Seguridad Social el Estado complementa el modelo privado de crecimiento económico basado en el trabajo. Por una parte asegura que los trabajadores sigan obteniendo rentas aunque no puedan trabajar en caso de enfermedad, incapacidad o vejez. Por otra parte asegura una función distributiva. Asegura que el dinero llegue a quienes no pueden obtener sus ingresos del trabajo. De este modo las transferencias del Estado juegan un importante papel en el mantenimiento del consumo de la demanda agregada de la economía. A lo largo del siglo XX se extienden también la educación pública obligatoria y los sistemas sanitarios públicos. Todos estos sistemas se fundamentan en el modelo de crecimiento basado en el trabajo. Y se financian con cargo al trabajo. 

La Seguridad Social se financia con cotizaciones que pagan trabajadores y empresarios. Aunque desde el punto del empresario ambas cuotas son un coste salarial, por lo que se puede decir que el coste recae 100% sobre los salarios. Adicionalmente los salarios son cargados con el impuesto sobre las rentas. Este sistema llego a su esplendor en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial llegando a denominarse al conjunto del sistema como Estado del Bienestar. 

Pero este sistema empezó a tener problemas en los años setenta. En parte debido a su propio éxito y en parte por los efectos positivos de la mejora del conocimiento. El éxito del sistema garantizando restas, sanidad y educación de forma extensiva propicia el crecimiento de la esperanza de vida (lo que le obligará a pagar pensiones durante mas años) y la incorporación de las mujeres al trabajo (que cada vez tienen menos hijos con la previsible reducción de población en próximas generaciones). Pero también por la aceleración de la innovación tecnológica y la "globalización". Es difícil separar unos efectos de otros porque se dan conjuntamente y se refuerzan unos en otros. El resultado de todos estos efectos es un tipo de estructura social muy diferente a la de hace 100 años. Y el sistema de Seguridad Social que funcionó muy bien durante décadas resulta disfuncional con la estructura social y económica de principios del siglo XXI. Necesitamos un nuevo modelo adaptado a las nuevas realidades. 

Los retos más importantes de un nuevo modelo de protección son los siguientes:

1. Debe ser capaz de hacer llegar ingresos suficientes a todos en un mundo en que los jóvenes permanecen mucho más tiempo educándose (en promedio hasta más allá de los 20 años) y se incorporan tarde al trabajo remunerado (muchos con más de 25 o 30 años). Además, va a ser raro que trabajen en lo mismo durante toda su vida laboral. Las profesiones aparecen y desaparecen en pocos años. Cada vez es más normal perder un empleo y necesitar aprender otro diferente. Incluso los que mantienen una misma profesión deben dedicar cada vez más tiempo a la formación para incorporar nuevos conocimientos.

2. Los hombres y las mujeres tienen los mismos derechos y las mismas capacidades. La pequeña ventaja física de los hombres ha desaparecido por completo en un mundo donde lo que tiene valor es el conocimiento y la capacidad de aprendizaje. Pero entonces es preciso encontrar también una solución al problema de la renovación demográfica.

3. Debe ser capaz de recaudar suficiente en un mundo donde la mayor parte del trabajo lo hacen las máquinas, no las personas. Si cada vez tenemos menos personas trabajando no es una buena idea que la mayor parte de los ingresos procedan de impuestos al trabajo.

4. La esperanza de vida es alta y va a seguir creciendo. Está aumentando mucho el número de personas mayores en buen estado de salud, pero también el número de personas mayores con problemas de dependencia que necesitan mayores cuidados.

5. La globalización ha llegado para quedarse. Ahora la mayor parte de los bienes de consumo de cualquier parte del mundo han sido producidos en cualquier otra. Esto es bueno. Pero nos obliga a estar en condiciones de competir en los mercados internacionales y en ese contexto los sistemas de bienestar tal como se concibieron hace 100 años son un lastre.

6. El medio ambiente y los recursos naturales están en riesgo y dan muestras de agotamiento. En los medios de comunicación se habla del calentamiento global o el posible agotamiento de combustibles fósiles como los mayores problemas, quizá porque parecen tener un impacto económico más inmediato. Pero podemos adaptarnos a eso. Lo que no tiene solución son los cambios irreversibles que significan la extinción masiva de especies biológicas con reducción de la biodiversidad o la acumulación de deshechos químicos y físicos de efectos imprevisibles que van a durar cientos o miles de años.

Diseñar un modelo capaz de conseguir todo esto al mismo tiempo es una tarea realmente difícil. Pero a estos 6 retos hay que añadir uno más, el de conseguir una transición desde el viejo modelo del Estado del Bienestar al nuevo modelo de garantía de la calidad de vida. Este proceso de transformación ya ha comenzado tratando de poner parches a los principales agujeros del sistema. Por ejemplo, ante las amenazas incontestables como el envejecimiento demográfico se han introducido reformas en los sistemas de pensiones que intentan alargar los periodos de cotización, reducir los niveles de prestaciones y favorecer que las personas mayores puedan trabajar más tiempo. Este tipo de reformas no van a resolver los problemas, aunque sí permitirán ganar algo de tiempo y concienciar a los jóvenes de que no pueden esperar jubilarse a la misma edad que sus padres y cobrar una pensión de jubilación elevada durante dos o tres décadas.

Los sistemas de Seguridad Social y el Estado del Bienestar están enfrentando serias dificultades. Y no es solo por la crisis económica reciente, las raíces de las dificultades del Estado de Bienestar son más antiguas. Por ello necesitan una transformación profunda. Los sistemas de Seguridad Social se financian mediante cotizaciones sociales, por ello deben restringir las prestaciones a quienes reúnen unos mínimos de cotización. Pero cada vez hay más grupos de población que no reúnen los requisitos. Los más perjudicados son los jóvenes que necesitan dedicar mayor tiempo a formarse aunque ni siquiera un buen nivel de educación les asegura encontrar un empleo homologable a los empleos que eran normales en el siglo XX. También están los desempleados que agotan su prestación o las mujeres que se ven forzadas a elegir entre tener hijos (pocos) o una carrera profesional y en general cualquier persona que no pueda acreditar un número suficiente de años cotizados. Dado que los sistemas de Seguridad Social financiados por cotizaciones no alcanzan a toda la población ha sido necesario crear sistemas asistenciales de último recurso a cuyas ayudas se puede tener acceso sin necesidad de haber cotizado antes, aunque normalmente se exige reunir toda una serie de requisitos bastante estrictos que incluyen demostrar que no se dispone de medios económicos y una disposición favorable al trabajo. El problema es que cada vez hay más personas que quedan excluidas del sistema de Seguridad Social y los sistemas de asistencia social no pueden atenderlos a todos. El resultado es que la pobreza y la desigualdad, después de haber disminuido durante décadas han comenzado a aumentar de nuevo. Y esto está sucediendo en los países más desarrollados de la Tierra. ¿Realmente no sabríamos hacerlo mejor?

Necesitamos un nuevo modelo de protección social adaptado a la economía del conocimiento

El nuevo modelo debería ser más robusto y ofrecer mejor respuesta a los 6 retos comentados anteriormente. El nuevo sistema debería ser capaz de:

1. Garantizar a todos los ciudadanos una renta básica de forma universal que les permita sobrevivir independientemente del trabajo de modo que las personas puedan dedicar los periodos en los que no tienen trabajo a formarse y puedan arriesgar su tiempo en proyectos de emprendimiento.

2. Las personas que tienen hijos y cuidan de ellos deben recibir también de la sociedad una renta básica por sus hijos ya que están contribuyendo al mantenimiento demográfico.

3. En una economía en la que cada vez mayor parte del trabajo lo realizan las máquinas, los impuestos sobre el trabajo no son la mejor base de financiación. Sería conveniente desplazar gradualmente la base de la financiación de los impuestos al trabajo hacia los impuestos al consumo, en concreto al IVA. Esto permitiría reducir las cotizaciones sociales y mantener los impuestos a la renta en niveles no excesivos.

4. La garantía de una renta básica debería extenderse hasta el final de la vida.

5. Con el sistema actual los países que tenemos una carga elevada de cotizaciones sociales e impuestos sobre el trabajo estamos en desventaja ya que nuestros productos de exportación llevan incorporados dichos impuestos y los países que no protegen a sus trabajadores tienen costes laborales más reducidos. Una solución obvia sería bajar los impuestos que gravan los salarios y elevar en la misma medida el IVA. Por una parte, el precio de nuestros productos de exportación bajaría y podríamos competir mejor, por otra parte, el IVA recae sobre todos los productos, incluidos los productos importados por lo que también dentro del nuestro propio país nuestro productos serían más competitivos.

6. Sin la presión de crear empleos a toda costa nos podríamos evitar las políticas de obras públicas innecesarias de corte keynesiano.

Por supuesto, el cambio de modelo no se puede hacer demasiado rápido. Existen muchos derechos adquiridos y cualquier cambio en el escenario económico de esta magnitud requiere plazos de reforma relativamente largos. Además, cualquier innovación de gran alcance conviene realizarla con prudencia. El conocimiento de tipo científico se adquiere de forma gradual, por ensayo y error, realizando experimentos y aprendiendo de ellos. Hace tiempo que deberíamos haber comenzado a experimentar. El tiempo perdido ya no se puede recuperar, pero esté en nuestras manos lo que podemos hacer a partir de ahora.

Rafael Pinilla

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La reforma del sistema de bonificación al empleo en Francia

Dentro de su plan plurianual contra la pobreza y por la inclusión social, el primer ministro de Francia, Manuel Valls, presentó el pasado 3 de febrero la reforma del sistema de bonificación al empleo para la población trabajadora con bajos ingresos. La reforma, cuyas ideas generales ya había adelantado en agosto del pasado año, entrará en vigor a partir del primero de enero de 2016, aunque la aprobación de la ley reguladora se adelantará a la segunda mitad de 2015, probablemente en septiembre. La reforma consiste en refundir en una nueva y única Prima de Actividad (PA) el llamado RSA Actividad y la Prima Para el Empleo (PPE), actualmente en vigor.

Manuel Valls durante la presentación de su plan contra la pobreza y por la inclusión social. 3 de marzo de 2015

La reforma trata de hacer frente a las insuficiencias de los dos dispositivos existentes, sujetos ambos a fuertes críticas en los últimos años. Pretende, por una parte, mejorar la efectividad en la reducción de la pobreza entre la población trabajadora, evitando que parte de las prestaciones, como sucede con la PPE, llegue a grupos ocupados en situación acomodada. En lo relativo al RSA Actividad, por otra, busca facilitar un método de cálculo de la prestación que resulte más sencillo para no disuadir la demanda entre sus potenciales beneficiarios. Apenas un 30% de ellos acceden en la actualidad al RSA.

En cualquier caso, el objetivo principal del sistema seguirá centrándose en incitar el acceso al empleo y, dentro de él, en aumentar las horas trabajadas. De esta forma, el sistema de protección social francés sigue apostando por prestaciones que contribuyan a aumentar el nivel de ingresos de la población trabajadora con menores salarios o ingresos por actividad autónoma. Busca, al mismo tiempo, disuadir a la población desempleada que prefiriera contentarse con las prestaciones sociales, acelerando el proceso de búsqueda activa de empleo.

Los principios básicos de la reforma

Los principios básicos de la reforma planteada por Manuel Valls son los siguientes:

1. El acceso a la nueva PA seguirá asociada al nivel de recursos. El umbral máximo para el acceso a la prestación se sitúa en 1,2 veces el salario mínimo (SMIC) para una persona sola. Teniendo en cuenta que se computa este SMIC en términos netos, descontadas las cotizaciones sociales obligatorias, dicho umbral se sitúa en 1.363,19 euros. En términos de Paridad de Poder de Compra, equivale a una cuantía de 1.098,61 euros para España.

2. El gasto principal se concentrará entre la población trabajadora que gane entre 568 euros y los 1.363,19 establecidos como límite máximo. La población que gane menos de 568 euros recibirá algún complemento pero de nivel inferior en términos relativos. Se trata con ello de no incentivar las formas más extremas del trabajo a tiempo parcial. Según el gobierno francés, el dispositivo debe tratar de incitar no sólo a trabajar sino a trabajar durante más tiempo.

3. El acceso a la PA se amplía a la población menor de 25 años aunque sobre la base de cuantías de protección algo más bajas y de la consideración de topes máximos ligados al nivel de ingresos del hogar. En la actualidad, estas personas jóvenes pueden beneficiarse de la PPE pero no del RSA.

4. Las personas trabajadoras vinculadas a familias monoparentales se beneficiarán de una prestación relativamente mayor que la correspondiente a la población en parejas.

5. Se simplificará la gestión por tres vías. En primer lugar, el cálculo de la cuantía de la prestación tendrá en cuenta las circunstancias existentes en el momento de la demanda y de las posteriores revisiones trimestrales. Una vez concedida, la prestación se mantendrá durante tres meses, con independencia de que cambie la situación de la persona.

    En segundo lugar, la prima se aplicará en lo fundamental teniendo en cuenta los ingresos de cada persona trabajadora. No obstante, se completará con otra parte que tenga en cuenta la composición y los recursos del conjunto del hogar. Los recursos máximos del hogar no podrán pasar de 2.200 euros para una pareja o una familia monoparental con un hijo y de 2.900 euros para familias compuestas por una pareja con dos hijos o hijas en las que dos de sus miembros se encuentren trabajando.

    En tercer lugar, una vez inscritos en el sistema, la actualización de la información sobre ingresos podrá realizarse por las propias personas interesadas, sin necesidad de presentarse ante las oficinas, por Internet o a través del correo normal.

En cuanto a las cuantías, el máximo de la ayuda se centrará en torno a la población trabajadora con ingresos en torno a los 800 euros, equivalentes a 667,75 euros en términos de PPC para España. Entre los ejemplos planteados por el gobierno francés para señalar el nivel de las cuantías de la futura PA, destacan los siguientes aspectos:

a) Para una persona sola que trabaja a tiempo completo por el valor del SMIC, la PA se situaría en torno a los 130 € mensuales.

b) El máximo de ayudas previsto alcanzaría los 280 euros mensuales en el caso de una persona sola con un único hijo o hija a cargo con acceso al SMIC a tiempo completo.

Llama la atención que se trata de cuantías reducidas, en general inferiores a las previstas en el sistema de estímulos al empleo existente en el País Vasco. Así, la bonificación estándar para un hogar con ingresos equivalentes al salario mínimo se sitúa en torno a los 300 euros (unos 360 euros en términos ajustado a paridades de poder de compra). Aunque la extensión del grupo protegido es más limitada que en Francia, se trata por tanto  de cuantías claramente superiores a las que se plantean en el país vecino. La proporción de acceso de población potencialmente beneficiaria al sistema resulta además superior en el País Vasco.

Según el documento presentado por el gobierno francés, la ayuda beneficiará a entre cuatro y cinco millones de personas, en torno al más del 15% de la población empleada en Francia. En la actualidad, la RSA llega a 700.000 personas, por una cuantía media de 176 euros mensuales. La PPE llega, por su parte, a 6,3 millones, aunque sobre la base de una media mensual de apenas 36 euros. Esta prestación se pagará por última vez en septiembre de 2015.

El coste previsto de la prestación es de unos 4.000 millones de euros. Se trata de un coste similar al actualmente existente, con un gasto de alrededor de 2.450 millones en la PPE y de 1.600 en el RSA. Teniendo en cuenta el coste previsto de la prestación, esto supone la aplicación de cuantías medias de ayuda bajas, situadas en torno a los 800-1.000 euros anuales de apoyo.

El modelo francés sigue así apostando por la extensión de ayudas de baja, e incluso muy baja cuantía, a un volumen relativamente amplio de población frente a modelos que protegen más favorablemente a la población con bajos salarios pero centrando el apoyo en la minoría con menores recursos.

La aplicación de un sistema similar en España

La introducción de un sistema de bonificación al empleo en el sistema español debería tener en cuenta el importante nivel de protección a los muy bajos salarios del sistema vasco, frente a las cuantías claramente insuficientes del modelo francés. Las diferencias de ingresos asociados al trabajo deben ser suficientes para que los sistemas de bonificación resulten relevantes para evitar la llamada trampa de la pobreza. En ese aspecto, los datos disponibles muestran un mayor éxito comparado del sistema vasco que del sistema hasta ahora vigente en Francia.

En este contexto, los datos avanzados no aseguran del todo que la reforma francesa vaya a superar una de las críticas de las que había sido objeto, en particular la de tratar de llegar a un colectivo demasiado amplio con unos recursos limitados que acaban traduciéndose en un efecto redistributivo muy limitado. Sin embargo, en España debería tenerse en cuenta la voluntad de actuación más amplia introducida en Francia, tratando de mejorar las condiciones de vida del conjunto de la parte más desfavorecida de la población trabajadora. En ese punto, es evidente que Francia ha ido más lejos que el sistema vasco, muy centrado en la parte más baja de las capas de trabajadores con bajos salarios.

La aproximación más realista podría pasar por combinar distintas modalidades de actuación. Por una parte, podría aplicarse una modalidad de ayuda mensual a los muy bajos salarios, en la línea del sistema establecido en el País Vasco, aunque garantizando la aplicación estructural, y no sólo temporal, del modelo de garantía. Esta aproximación podría complementarse con un sistema más extendido de créditos fiscales, de cuantía modesta, pero significativa. Se trataría de aplicar un sistema similar al EITC para el grupo amplio de población trabajadora de bajos salarios pero no tan bajos como para hacer imprescindible una aportación complementaria mensual.

Es probable que un modelo de este tipo resultara mucho más efectivo que el programa planteado en Francia, de perfil bastante continuista respecto a la realidad hoy existente. De hecho, todo parece indicar que el modelo de funcionamiento de la nueva PA será muy similar al del actual RSA. Los objetivos de cobertura de la población beneficiaria se mantienen de hecho en niveles reducidos, situándose en un 50% el nivel esperado de cobertura de la población potencialmente beneficiaria.

Luis Sanzo

¿Por qué es preferible garantizar el derecho a la renta en vez de garantizar el derecho al trabajo? (I)

Vídeo documental sobre la renta básica universal

En un artículo anterior empezamos a explicar porqué queremos garantizar una renta básica de ciudadanía. La razón fundamental es que la garantía de los derechos humanos requiere de medios económicos. Os dejo aquí un vídeo de youtube donde se explica muy bien. Es un poco largo (unas 2 horas). A continuación resumo los que a mi juicio son los principales motivos.

Prácticamente todos los países del mundo han firmado la declaración universal de derechos humanos, pero ¿cuantos de ellos han puesto medios eficaces para garantizar que todos los ciudadanos puedan defender sus derechos individuales? Tener un sistema judicial, como poder independiente a los otros poderes del Estado, al que todo ciudadano pueda recurrir para defender sus derechos de los abusos de otras personas o del propio Estado es básico. Pero antes de recurrir al sistema judicial los ciudadanos deben poder ejercer los derechos por sí mismos y derechos humanos fundamentales como el derecho a la vida y a la libertad pueden quedar vacíos de contenido si no garantizamos que las personas puedan procurarse razonablemente medios económicos para la subsistencia y para hacer frente a la coacción.

El derecho fundamental a la vida y a la libertad no consiste sólo en que no te maten. Es necesario también que las personas no estén sometidas a la amenaza latente de la pobreza. Es necesario que las personas puedan vivir libremente, es decir, que puedan tomar con libertad las decisiones más importantes sobre su propia vida. En una sociedad en la que el dinero se ha convertido en el medio general de intercambio la gente no puede ejercer sus derechos a la vida y la libertad sin un mínimo de dinero. El mercado funciona como una democracia donde la gente vota a favor de lo que necesita o le gusta comprándolo con su dinero. Cuando existe libertad de empresa (para producir) y libertad de consumo (para elegir), las decisiones de compra de los consumidores gobiernan adecuadamente la economía para que produzca todo aquello que es necesario o sencillamente deseado por los ciudadanos. Pero si una parte de la población no puede comprar lo que necesita estamos negando a esa parte de la población el derecho a votar qué debe producir el mercado. El mercado es un buen mecanismo para decidir qué debemos producir (mecanismo de asignación). En general el mercado es un mecanismo de asignación mejor que el Estado, descentralizado y democrático. Pero para que el mercado funcione como un mecanismo democrático para todos es necesario que todos tengan algo de dinero y puedan votar comprando.

El mecanismo del mercado funciona bien para decidir la producción de la economía, pero tiende a generar desigualdad y pobreza

Si no garantizamos de algún modo que todos los ciudadanos consigan el mínimo de dinero que es necesario para su supervivencia el mercado no funcionará correctamente como mecanismo de asignación. A las personas que no tienen dinero y no pueden comprar lo que necesitan el mercado no les sirve. Creo que hasta aquí casi todos estaremos de acuerdo. Y algunos dirán: bueno, el que quiera dinero no tiene más que trabajar, para eso está el mercado de trabajo. El problema del mercado de trabajo es que funciona igual que el mercado de bienes y servicios, pero en este caso no se trata de productos sino de personas. Si en el mercado de bienes producimos demasiado y nos sobran algunos productos ¿qué pasa? el precio de los productos sobrantes baja, y si no hay modo de colocarlos los tiramos a la basura, y no pasa nada. Pero en el mercado de trabajo aplica las mismas reglas a las personas. Si sobra gente que quiere trabajar... ¿les bajamos el sueldo y si no hay modo de colocarlos los enviamos al extranjero? Pues sí, así es como funciona. Quien defiende el mecanismo de mercado a ultranza está defendiendo esto. Pero quienes defienden esto no pueden pretender que no pase nada. Los productos no tienen derechos, las personas sí. Y el mecanismo del mercado de trabajo atenta contra los derechos de las personas (derecho a supervivencia, derecho a la libertad de residencia). El mercado de trabajo es un mal mecanismo de distribución de la renta porque no garantiza que todas las personas consigan el mínimo de renta que es necesario para vivir y ejercer sus derechos fundamentales.

El mecanismo de mercado conduce a una distribución de la renta que se concentra cada vez más en unas pocas manos y tiende además a dejar a muchas personas con muy pocos ingresos o ninguno. Es decir, el mecanismo de mercado tiende a generar una distribución de los ingresos muy desigual y no es capaz de acabar por sí mismo con la pobreza. No hay nadie que discuta esto. Por ello todos los Estados, incluidos todos los capitalistas, han creado mecanismos "redistributivos" que normalmente pasan por la intervención del Estado en algunas áreas.

Durante el siglo pasado se han ido generalizando los sistemas de Seguridad Social. La Seguridad Social se financia mediante cotizaciones sociales que recaen sobre empresas y trabajadores, es decir, se financia mediante un impuesto al trabajo. La Seguridad Social nació para asegurar que llegue dinero a los que no pueden trabajar por un motivo u otro (accidente de trabajo o enfermedad profesional, vejez, enfermedad enfermedad común, incapacidad, embarazo y maternidad, prestaciones familiares, etc.). Además, los Estados crean directamente empleo al realizar parte de la producción que el mercado no proporciona en suficiente cantidad (obras públicas, seguridad, educación, sanidad...). El empleo generado directamente por el Estado (empleados públicos) puede estar entre el 10 y el 20% de los puestos de trabajo y el empleo generado indirectamente por el Estado (Inversiones y compra pública) puede alcanzar fácilmente otro 20%. Los gastos del Estado se financian mediante impuestos que en teoría deberían ser progresivos (pagan proporcionalmente más los que más tienen). Así, a finales del siglo XX todos los países de la OCDE tenían un sistema de Seguridad Social relativamente fuerte y un presupuesto del Estado que en conjunto pueden estar manejando entre el 35% y el 50% de la economía. Es una intervención muy importante que se acompaña además de toda una serie de regulaciones sobre lo que se puede hacer en el sector privado como salarios mínimos, prohibición de trabajar a los jubilados, etc. Todos estos mecanismos se han creado suponiendo que de algún modo todo el que quiera trabajar encontrará un empleo. Pero en España no hemos tenido "pleno empleo" desde 1975... ¿Por qué no puede trabajar todo el que quiera? ¿por qué el mercado no está ofreciendo el mercado suficientes puestos de trabajo para que todo el que quiera pueda conseguir el mínimo de ingresos necesario para defender sus derechos individuales? ¿Las elevadas tasas de desempleo actuales son un efecto transitorio de la crisis o la escasez de empleos refleja una tendencia de fondo más general?

El empleo garantizado es imposible y además es indeseable

Ya hemos visto que el mercado por sí mismo no crea tantos empleos como para llegar a una situación de pleno empleo. Con ayuda del Estado se ha conseguido el pleno empleo en algunas épocas de gran crecimiento económico, pero cuando el ritmo de crecimiento baja no se puede mantener el empleo por lo que sólo se ha demostrado que el pleno empleo es posible, de forma transitoria, con ayuda del Estado para mantener tasas de crecimiento muy elevado.

Si observamos la historia económica de la humanidad parece evidente que el pleno empleo no ha sido la norma sino la excepción. Al menos si en el empleo como puestos de trabajo remunerado que producen ingresos suficientes para cubrir las necesidades básicas de una familia. Las estadísticas de empleo actuales son engañosas porque en la Encuesta de Población Activa una persona que haya trabajado una hora de forma remunerada la semana anterior a la encuesta se clasifica como "empleado". Esta forma de establecer la categoría de empleado es estándar en Europa y homologable al resto de países de la OCDE. El supuesto "pleno empleo" de EEUU no impide que una proporción significativa de los empleados (10-20% según estados) obtengan sólo ingresos por debajo del umbral de la pobreza. Y es preciso tener en cuenta que en EEUU existe un complemento salarial para los salarios bajos (el Earned Income Tax Credit) que puede suponer en algunos estados hasta el 50% del salario. Es decir, en EEUU los salarios bajos del sector privado están subvencionados por el Estado. Por cierto que este es el sistema que propone aplicar en España el nuevo partido Ciudadanos. Pero incluso con la subvención del Estado a los bajos salarios en EEUU existe una elevada proporción de "trabajadores pobres" y unos niveles de pobreza elevados que desmerecen los grandes logros que presenta en otros campos este gran país.

Por otra parte, existen varias experiencias a nivel internacional en las que se ha intentado conseguir el pleno empleo por la vía del empleo público directo: los países del área de la Rusia soviética, China en su etapa comunista, Cuba, etc. Con estos antecedentes resulta realmente anacrónico que alguien proponga el "trabajo garantizado" como alternativa a la renta básica universal para España en 2015. Sobre el complemento salarial garantizado para los salarios bajos vale la pena entrar a discutir sobre sus ventajas e inconvenientes en contraste con políticas de renta garantizada. Después de todo, el complemento a los salarios bajos reconoce la realidad: la tendencia de la economía de mercado es incapaz de generar suficiente número de empleos con una remuneración mínima adecuada. Por supuesto, la demanda de trabajo de las empresas es prácticamente infinita eso no es un problema, el problema es que la empresa privada no puede pagar más salario que el valor de mercado que producen los empleados. Reconocida esta realidad los EEUU --o en España Ciudadanos-- proponen como solución que el Estado subvencione los salarios bajos, que viene ser lo mismo que subvencionar a las empresas para que utilicen mano de obra barata en vez de destruir empleo sustituyendo mano de obra cara por maquinaria, que es lo que harían sin la subvención.

¿Quien puede creer hoy día que el Estado o la empresa pública va a ser capaz de crear suficientes empleos productivos para emplear a toda la población cuando la empresa privada no puede hacerlo? La verdad es que nadie lo cree porque no es posible. El Estado, al igual que la empresa privada, sólo puede crear un número limitado de empleos productivos. Y el Estado, como la empresa privada, debe intentar ser lo más eficiente posible para producir los bienes que debe producir. Es decir, debe intentar producir más con menos, ser más productivo. Y es lo que están haciendo, correctamente, todos los Estados modernos cuando incorporan las tecnologías de la información y agilizan los procedimientos administrativos, lo que en la práctica significa que el Estado puede hacer más trabajo con menos funcionarios. Es posible que se necesiten más funcionarios y más empleados públicos para realizar algunas tareas (policías, profesores, personal sanitario...), pero siempre será un número limitado cuyo crecimiento deberíamos mantener controlado. Proponer como estrategia de garantía de rentas el empleo público garantizado implica comprometerse a pagar a la gente un salario mayor que el valor de lo que producen y esto es totalmente indeseable por motivos económicos y éticos.

1. Desde el punto de vista económico, que el Estado pague a los empleados públicos más de lo que producen (más de lo que les pagaría el sector privado) es indeseable porque distorsiona el mercado de trabajo haciendo competencia desleal al sector privado y creando un sistema dual en el que los empleados públicos gozarían de un salario más alto y con mayor seguridad en el empleo que el que ofrece el sector privado. A corto plazo es malo, pero a largo plazo peor. El sector privado solo pagaría a los trabajadores muy productivos y el Estado tendría que ir absorbiendo a un número creciente de trabajadores improductivos mientras que los trabajadores realmente productivos del sector público tendrían fuertes incentivos para irse al sector privado. El resultado sería un Estado hipertrofiado, muy ineficiente y unos servicios públicos desastrosos.

2. Desde el punto de vista ético el trabajo garantizado no es más deseable de lo que pueda ser la esclavitud o la servidumbre. Significa que el Estado le dice a la gente "el que no trabaje, que no coma".

¿El que no trabaje que no coma? Afortunadamente ningún país de la OCDE sigue ya esta doctrina

La realidad es que nunca ha existido ni existirá una sociedad en la que todas las personas consigan sus ingresos por medio del trabajo. Por eso mismo resulta chocante la frecuencia con la que hoy día políticos y periodistas de todas las tendencias hablan del trabajo remunerado como si fuese la única fuente legítima de ingresos. El problema es que en cualquier discusión sobre el trabajo remunerado se suelen mezclar argumentos económicos con valores y creencias profundas. No se trata de un debate racional, se trata de cuestiones de fe. Estas creencias no son estúpidas, tienen su razón de ser histórica. En la antigüedad el trabajo duro lo realizaban los esclavos o los siervos. Pero una economía basada en trabajo esclavo o en la servidumbre es muy poco productiva. Tanto en la guerra como en el trabajo, el rendimiento mejora mucho cuando la gente cree que defiende su propio país o cuando cree que trabaja para sí mismo. El rendimiento de quien lucha o trabaja por algo en lo que se cree es muy superior al de quien lucha por miedo al castigo o al látigo. Nuestra civilización democrática y de garantía de las libertades debe mucho a la ética del trabajo.

La ética del trabajo se remonta al relato bíblico de la expulsión del hombre del paraíso: "te ganarás el pan con el sudor de tu frente". Esta idea fue remachada en el Nuevo Testamento por Pablo de Tarso (San Pablo) con esta frase lapidaria: "el que no trabaje, que no coma". Este principio nos suena bien, suena a un acuerdo social lógico para superar penalidades, que todo el mundo debe arrimar el hombro y el que quien no lo hace es un insolidario y debe ser castigado. Un pacto de camaradas. Hemos sido educados para que este principio nos suene bien. Comparado con la organización de la economía basada en la esclavitud de hace 2.000 años no hay duda de que se trata de un principio más que razonable. Pero, ¿hasta dónde queremos hacer llegar ese principio?¿Sigue teniendo vigencia hoy día? y suponiendo que siga en vigor ¿Por cuánto tiempo podremos mantenerlo?

En 2014, España tenía una población de 46,5 millones de personas y de algún modo todos ellos consiguían ingresos para sobrevivir. ¿Cuantos consiguen sus ingresos de su trabajo? Según la última encuesta de población activa a final de 2014 había en España 17,5 millones de ocupados. Ya hemos comentado que esta cifra incluye autónomos y trabajadores por cuenta ajena que en la semana anterior a la encuesta trabajaron al menos una hora a la semana de forma remunerada, de modo que en esta cifra hay personas que realmente no consiguen todos los ingresos necesarios por el trabajo, pero vamos a suponer que fuese así. El cálculo es sencillo, en España hay unos 29 millones de personas que consiguen comer sin trabajar. De algún modo estos 17,5% de ocupados (38% de la población) dan de comer al resto. Este 62% de personas que reciben ingresos sin trabajar de forma remunerada los consiguen de alguna de estas otras tres formas:

• Un 25% son niños o jóvenes a quienes mantiene su familia mientras estudian, ya sea porque son menores de edad (15%) o porque siguen estudiando o buscando empleo. Es decir, viven de transferencias de rentas directas de sus familiares.
• Un 18% son mayores de 65 años y disfrutan de una pensión de jubilación o de viudedad. Es decir, viven de transferencias de rentas proporcionadas por la Seguridad Social.
• Un 19% son adultos en edad de trabajar que no tienen empleo ni se encuentran en una edad en que parece lógico que pueda estar manteniéndoles su familia (no incluimos aquí a los jóvenes menores de 25 años no independizados, pero sí a los mayores de esa edad). Algunas de estas personas viven de su pareja, otras de prestaciones de desempleo o de tipo asistencial, otras de la ayuda de familiares. 

 La situación en otros países europeos es algo diferente, sobre todo por el ehcho de que en España la proporción de desempleados es más elevada, pero no modifica el hecho esencial: el porcentaje de ocupados que consiguen sus ingresos por su trabajo ronda en toda Europa y en general en los países de la OCDE el 40%. El resto de la población no vive de su trabajo sino de transferencias. Es decir, que afortunadamente estamos muy lejos de aplicar el principio de "quien no trabaje que no coma".

Conclusiones provisionales sobre política de rentas por la vía del trabajo

• El mercado es un buen mecanismo para asignar medios materiales y trabajo a la produccion de los bienes y servicios que una sociedad necesita. Si se produce poco los bienes son escasos, su precio sube y las empresas producen más. Si se produce demasiado los precios bajan y en caso de sobrar se destruye, por lo que las empresas se acaban adaptando a producir menos. 
• El mercado de trabajo funciona igual que el mercado de bienes, pero las personas no pueden ser tratadas como los bienes. Si hay poca oferta de trabajo suben los salarios y aumenta el empleo. Esto nos parece bien a todos porque las personas tienen derechos que corren el riesgo de ser vulnerados. Si hay más oferta de trabajo que demanda bajan los salarios y si los salarios no bajan lo bastante aumenta el desempleo y la gente se ve forzada a emigrar. Esto no nos parece bien a casi nadie. El mercado de trabajo es eficiente, pero los resultados de distribución que produce no nos gustan: concentración de ingresos, desigualdad creciente y pobreza.
• Una solución provisional que puede funcionar es que el Estado subvencione los salarios bajos, lo que reduce el coste de las empresas. Las empresas pueden mantener el empleo que de otro modo sustituirían por máquinas o tecnología. La parte buena de esto, a corto plazo, es que mantienen el empleo. La parte mala, a medio y largo plazo, es que tienen menos incentivos para mejorar la productividad. 
• El empleo garantizado es sencillamente una mala idea tanto desde el punto de vista económico como ético. Es anacrónico, económicamente imposible de alcanzar y todavía más insostenible. Y desde el punto de vista ético se parece demasiado a la esclavitud o a algún tipo de servidumbre que nadie queremos. No vale la pena perder mucho tiempo escribiendo sobre esto.

Ya hemos visto que en todos los países de la OCDE la mayoría de las personas no vive de su trabajo sino de transferencias de renta. ¿Y si el Estado en vez de tratar de asegurar que todo el mundo tenga un trabajo tratase de garantizar sencillamente que todo el mundo tenga una renta tanto si trabaja como si no?  En el próximo artículo argumentaremos las ventajas en el corto y el medio plazo de que un Estado moderno reforme sus políticas de rentas para caminar hacia un sistema de garantía universalista y desligado del empleo. Veremos que económicamente puede ser mucho mejor. Tanto en el corto plazo como --sobre todo-- en el largo plazo. Y que desde el punto de vista ético está perfectamente alineado con la garantía de los derechos humanos fundamentales.

Rafael Pinilla

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Revisamos el proyecto económico de Ciudadanos contra el paro, la pobreza y la desigualdad (3/3)

Hoy concluimos con la serie de Luis Sanzo, que ha analizado el programa económico de Ciudadanos en sus aspectos relacionados con el complemento salarial anual (CSAG) y sus relaciones con el salario mínimo y la renta de ingresos garantizada de otros países europeos, con el análisis de su propuesta de contrato único.

 El contrato único y la temporalidad

Ciudadanos plantea “Un nuevo marco de relaciones laborales que elimine la temporalidad y acabe con la precariedad”, señalando que aspira a que la norma habitual de contratación laboral sea un contrato indefinido al que define como Contrato para la Igualdad de Oportunidades. Ve en esta aproximación “el germen de un nuevo marco de relaciones laborales en el que sean compatibles la flexibilidad empresarial y la estabilidad laboral de los trabajadores”.

El planteamiento contractual de Ciudadanos recoge, por tanto, la propuesta de FEDEA de contrato único como solución a la eliminación de la dualidad en el mercado de trabajo entre unos trabajadores indefinidos protegidos y temporales desprotegidos. El problema, no obstante, es que la dualidad real no es ésa, ni se reduce limitando la protección a los trabajadores indefinidos. El problema central es la existencia de una inseguridad básica en las condiciones de acceso al mercado de trabajo. Trabajar en sectores, ramas, empresas o profesiones con empleo más o menos seguro o no es la base real de la dualidad económica existente en España.

Aunque el sistema de créditos fiscales podrá contribuir a mejorar uno de los graves problemas, la existencia de una baja remuneración en algunos sectores, no sirve para resolver el problema de la inestabilidad de ciertos ámbitos de la economía española. El problema de fondo, que explica parte de la importancia de la contratación eventual –fraudulenta y abusiva en ocasiones pero en otras no- no es la modalidad de contrato, es la debilidad de una parte del sistema productivo español.

Este problema no se resolverá con el establecimiento de un sistema de falsos contratos indefinidos, con escasa protección asociada. La ruptura de esos contratos equivaldrá a la finalización de los contratos temporales, en especial en las crisis recurrentes que afectan a la economía española.

Hay otra cuestión, quizás menor pero igualmente relevante, que debería aclararse en la aproximación basada en el sistema de contrato único y es el tratamiento de las circunstancias atípicas en la contratación. En un sistema muy sujeto al ciclo productivo, por ejemplo en el turismo, es evidente que será necesario mantener formatos abiertos a modalidades de contratación temporal si se pretende mantener el empleo. Esto promete abrir una vía amplia a las excepciones en el contrato único, una cuestión que sin embargo es necesario abordar desde quienes defienden ese planteamiento.

Otro problema se relaciona con un hecho destacable en una economía muy sujeta al ciclo, tanto en el corto como en el medio y largo plazo, con amplios ámbitos de actividad relativamente precarios. Se trata de que las potenciales limitaciones a la contratación temporal podrían llevar a traducirse en una caída de la contratación. Hay suficientes datos para sostener que, tanto en el inicio como en el final de los ciclos alcistas, la contratación temporal minimiza el riesgo que supone la apuesta por la creación o el mantenimiento del empleo en determinadas ramas o ámbitos de actividad. El avance de la contratación indefinida, vía conversión de contratos temporales en indefinidos, que caracterizó el proceso de auge económico hasta 2008, muestra que la apuesta realizada hasta aquel año puede tener sentido como alternativo a la progresiva reducción del coste del despido que se esconde detrás del planteamiento del contrato único.

¿Por qué no mirar dentro de nuestras fronteras?

Las propuestas de Ciudadanos se fijan de forma llamativa en los modelos desarrollados fuera de nuestras fronteras. Las referencias son híbridas, como hemos podido comprobar, dado que no incorporan modelos socio-económicos integrales sino parte de los mismos. El ejemplo más claro hace referencia a la apuesta por un modelo de flexiseguridad sin renta garantizada. Ese modelo no existe en ninguna parte en los países económica y socialmente más desarrollado. Ni en los escandinavos ni en Estados Unidos o el Reino Unido.

La realidad, sin embargo, es que no siempre resulta necesario salir del Estado para encontrar experiencias de interés. Dentro de sus limitaciones, que un Estado potente como el español podría resolver y superar con facilidad, el modelo vasco es ejemplo de una experiencia de cierto éxito a la hora de combinar renta garantizada y sistemas de bonificación al empleo. En el periodo de crisis de 2008 a 2013, no ha habido otra comunidad autónoma que haya tenido mejores resultados en términos de mantenimiento de la población, contención en el aumento del desempleo y posición comparada en los niveles de afiliación. Tras la reconversión industrial, el País Vasco, y de forma particular el Gran Bilbao, constituían sin embargo la más pura expresión del riesgo de decadencia postindustrial de un país. Eran el Detroit de España que sin duda un Michael Moore español habría querido retratar.

El País Vasco es, en este contexto, un ejemplo de cómo la aplicación de un sistema mínimamente efectivo de renta garantizada resulta positivo para prevenir otro de los problemas señalado por Ciudadanos, el del excesivo endeudamiento. Lo demuestran no sólo las bajas tasas comparadas de desahucios sino también indicadores de acceso a niveles de ahorro suficiente para hacer frente a gastos extraordinarios que sólo pueden encontrarse en algunos de los países europeos socialmente más desarrollados.

Luis Sanzo

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Revisamos el proyecto económico de Ciudadanos contra el paro, la pobreza y la desigualdad (2/3)

Ayer comenzamos a analizar la propuesta de complemento salarial anual garantizado (CSAG) de Ciudadanos, hoy Luis Sanzo continúa analizándola y plantea por qué esa propuesta debe ser acompañada por un sistema de rentas mínimas garantizadas.

Hay países socialmente desarrollados de Europa sin sistema de salario mínimo, sí, pero ninguno sin un sistema de rentas mínima garantizada

Es probable que Ciudadanos señale, para rebatir el argumento establecido en el punto anterior, que hay países socialmente desarrollados en Europa que carecen de un sistema de salario mínimo. Cuando Ciudadanos señala que “Existen sociedades, sobre todo en el norte de Europa, que han demostrado ser capaces de combinar la flexibilidad para encajar en la economía mundial con la igualdad de oportunidades y la seguridad para sus ciudadanos”, es muy probable que esté pensando en Austria o en los países escandinavos donde no existe salario mínimo estatuido en las normales estatales generales.

Presentación del programa económico de Ciudadanos el pasado día 17

A esto habría que replicar con dos precisiones importantes. En primer lugar, en los países señalados, con una todavía muy viva impronta socialdemócrata, la ausencia de un sistema de salario mínimo es en realidad relativa. Se compensa en general con la obligación de aplicación de los mínimos establecidos en convenios que tienen a cubrir a prácticamente toda la población ocupada. Así ocurre, por ejemplo, en los países escandinavos. En Austria, la carencia de sistemas de convenio colectivos se suple, por su parte, introduciendo normas sectoriales de garantía de un salario mínimo en los sectores no sujetos a convenio. Alemania que, hasta ahora, mantenía un sistema similar ha adoptado recientemente una norma general de salario mínimo.

En segundo lugar, y éste es un elemento fundamental, en los países europeos socialmente más desarrollados en los que no hay un sistema estatal de salario mínimo siempre está presente un desarrollado sistema de renta mínima garantizada.

La centralidad del sistema de bonificación al empleo CSAG no implica necesariamente que Ciudadanos se oponga a un sistema de rentas mínimas autonómicas, tal como el que existe en la actualidad, aunque no se hable de ello en el programa presentado recientemente. Pero sí presupone con casi total seguridad que no se priorizará el esfuerzo presupuestario en ese campo. Así parece adelantarlo el hecho de que Ciudadanos contraponga su CSAG a lo que definen como “una renta garantizada, que desincentiva el trabajo”.

La realidad, sin embargo, es que los modelos en los que dicen inspirarse en el Norte de Europa cuentan todos ellos con sistemas de renta garantizada, especialmente desarrollados de hecho en los países escandinavos y en Austria. En el contexto de los países mediterráneos, otro país sin salario mínimo, Chipre, se caracteriza también por tener uno de los modelos más efectivos de renta garantizada.

Los países con sistemas desarrollados de bonificación al empleo cuentan también con estos sistemas de renta garantizada. Así sucede en Francia donde el sistema de renta garantizada y el de bonificación al empleo convergen en una misma prestación, el Revenu de Solidarité Activa (RSA). Pero también ocurre en el Reino Unido y Estados Unidos donde los dos tipos de sistemas se plantean como complementarios. En el caso estadounidense, el EITC forma parte del modelo social junto a los programas estatales TANF de renta garantizada y los Food Stamps del Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP), orientados a garantizar el acceso a niveles mínimos de alimentación.

En 2013, los fondos TANF supusieron un gasto federal y estatal acumulado de 31.649 millones de dólares. Por su parte, en noviembre de 2014 había 46,3 millones de personas con tarjeta de acceso a los Food Stamps, con un coste para ese año de más 76.000 millones de dólares. El gasto equivalente al realizado en estas partidas en Estados Unidos se situaría en un gasto de unos 13.500 millones de euros en el caso de la población española.

Es verdad que Ciudadanos plantea un programa de lucha contra el paro de larga duración que debería garantizar que la protección efectiva de los trabajadores despedidos sea más elevada que la que reciben en la actualidad. Plantean el modelo austriaco como una de las vías para conseguirlo pero, como hemos señalado, Austria también se caracteriza por un efectivo, y descentralizado, modelo de renta garantizada para proteger a su población.

Es importante que la apuesta por los sistemas de renta garantizada no se plantee como una fantasía de radicales sino como lo que verdaderamente es: una recomendación de las instituciones europeas. De esta forma, la Recomendación de la Comisión de 3 de octubre de 2008 “sobre la inclusión activa de las personas excluidas del mercado laboral” [notificada con el número C(2008) 5737] establece que “La Recomendación 92/441/CEE del Consejo, de 24 de junio de 1992, sobre los criterios comunes relativos a recursos y prestaciones suficientes en los sistemas de protección social, sigue siendo un instrumento de referencia de las políticas comunitarias en lo que respecta a la pobreza y la exclusión social y no ha perdido su pertinencia, aunque es necesario hacer un mayor esfuerzo para poder aplicarla plenamente”.

Con vistas a modernizar los sistemas de protección social, la Recomendación de 2008 señala a continuación que “es preciso combinar un apoyo a la renta adecuado con el vínculo al mercado de trabajo y el acceso a unos servicios de calidad en una estrategia integrada de inclusión activa. Esta estrategia es plenamente complementaria del enfoque de flexiseguridad, si bien está orientada a las personas situadas en los márgenes del mercado de trabajo”.

En virtud de ello, la Comisión recomienda a los Estados miembros que “Conciban y apliquen una estrategia global integrada para la inclusión activa de las personas excluidas del mercado laboral en la que se combinen un apoyo a la renta adecuado, unos mercados de trabajo inclusivos y acceso a unos servicios de calidad”. El apoyo a las políticas activas de empleo no se concibe por tanto como incompatible con las políticas de renta garantizada.

Al referirse al apoyo adecuado a la renta, la norma recomienda que los Estados “Reconozcan el derecho fundamental del individuo a los recursos y la ayuda social suficientes para llevar una vida compatible con la dignidad humana como parte de un dispositivo global y coherente para combatir la exclusión social” y que lo hagan de conformidad con lo previsto en la Recomendación 92/441/CEE del Consejo.

En definitiva, es necesario que los sistemas de renta garantizada no desincentiven al empleo, para lo que es conveniente que existan mecanismos como el CSAG planteado por Ciudadanos, pero es imprescindible que esos sistemas complementarios de renta garantizada existan.

Luis Sanzo

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